nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Salud Coquimbo y otro Recurso de protección Rol N°273-2026 La Serena, diecisiete de abril de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece Jaime Thenoux González, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, médico cirujano, funcionaria del Hospital de La Serena, en contra del SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO y del DIRECTOR DEL HOSPITAL DE LA SERENA, por la omisión ilegal y arbitraria consistente en la falta de adopción de medidas mínimas de resguardo y protección por denuncia de maltrato laboral, lo que señala ha permitido la mantención de un escenario de vulneración actual y permanente de los derechos fundamentales de la recurrente, consagrados en los numerales 1 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Aclara que, la acción de protección ha sido interpuesta dentro de plazo, pues la vulneración de derechos fundamentales denunciada, no constituye un hecho único y aislado, sino que deriva de una omisión ilegal y arbitraria de carácter permanente, consistente en la falta de adopción de medidas de resguardo efectivas en favor de la actora, pese a la existencia de una denuncia formal por agresión, la instrucción de un sumario administrativo y la acreditación de afectación a su integridad psíquica, cuya omisión se mantiene vigente hasta la fecha, produciendo una afectación actual y continua de las garantías constitucionales de la recurrente, razón por la cual el plazo para recurrir se encuentra plenamente abierto, conforme a la jurisprudencia reiterada de los tribunales superiores de justicia, que ha reconocido que, tratándose de vulneraciones de carácter permanente, el cómputo del plazo se renueva mientras subsista la conducta lesiva.

Expone que la recurrente el 24 de septiembre de 2025 fue víctima de agresión verbal y físico por un superior jerárquico en el recinto hospitalario, por lo que realizó la denuncia, y se instruyó un sumario el 30 de septiembre del año pasado, el cual aún no se concluye, sin avances sustantivos, por lo que a la fecha no se han adoptado medidas de resguardo efectivas destinadas a proteger la integridad psíquica y seguridad laboral de la denunciante. Añade que, pese a la acreditación de la afectación psicológica de la recurrente, y las solicitudes realizadas a la autoridad hospitalaria y al Servicio de Salud de Coquimbo, el funcionario denunciado continúa desempeñando funciones en el mismo espacio físico que la actora, lo que la obligó a ausentarse de su lugar de trabajo para resguardar su salud.

Indica que, no pretende obtener por medio de este recurso una sanción administrativa, pues no corresponde a esta sede, sino que busca tutela constitucional urgente frente a una omisión ilegal y arbitraria de los recurridos, consistente en la falta de adopción de medidas mínimas de resguardo y protección, lo que ha permitido la mantención de un escenario de vulneración actual y permanente de los derechos fundamentales de su representada.

Continúa relatando detalles del acto de violencia sufrido por la actora el 24 de septiembre de 2025, y que refiere existir testigos como cámaras que grabaron el hecho que le afectó gravemente su integridad psíquica; arguye que el proceso sancionatorio se ha demorado por dilaciones en su tramitación, y con ausencia de medidas preventivas o de resguardo en favor de la denunciante, y que ya han transcurrido más de cuatro meses desde la resolución que ordenó la instrucción del sumario, sin que éste se encuentre afinado, sin formulación de cargos, sin resolución y sin que se haya adoptado decisión alguna que permita restablecer condiciones mínimas de seguridad laboral para su representada, lo cual califica de irracional, vulnerando principios de celeridad, eficacia e impulsión de oficio que rigen el actuar de la Administración, trasladando injustificadamente a su representada las consecuencias de la desorganización del servicio.

Refiere que, en la tramitación del sumario, no se adoptó medida alguna de separación funcional o física, ni se dispuso la suspensión preventiva del denunciado, pese a que la normativa vigente, en particular la Ley N°21.643 llamada “Ley Karin”, autoriza y exige la adopción de medidas de protección destinadas a resguardar la seguridad y la integridad de la persona denunciante frente a hechos de esta naturaleza, incluso desde el inicio del procedimiento.

Hace presente que, el 24 de enero de 2026, la actora dedujo denuncia ante la Contraloría General de la República en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena, encontrándose actualmente en etapa de análisis por el órgano contralor, lo que da cuenta de la seriedad y verosimilitud de los hechos denunciados, así como del incumplimiento persistente del deber de resguardo por parte de la autoridad recurrida, pese a la gravedad de los antecedentes y a la existencia de procedimientos administrativos en curso.

Relata que, como consecuencia directa de esta inactividad de las recurridas, su representada ha visto afectada gravemente su integridad psíquica, debiendo hacer uso de licencias médicas de carácter psicológico, no por voluntad propia, sino por la imposibilidad fáctica de desempeñar sus funciones en un ambiente laboral seguro, lo que configura una vulneración actual y continua del derecho a la integridad física y psíquica garantizado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República. Del mismo modo, se ha visto perturbado su derecho a la libertad de trabajo y a ejercer su profesión en condiciones dignas y seguras, protegido por el artículo 19 N°16 del mismo texto constitucional, toda vez que la omisión del empleador público le ha impedido desarrollar normalmente sus funciones asistenciales, no existiendo una causa legal legítima que justifique dicha restricción.

Concluye solicitando acoger la acción deducida y, en definitiva ordenar a la autoridad recurrida la adopción inmediata y efectiva de medidas de resguardo en favor de la recurrente, destinadas a proteger su integridad psíquica y a asegurar el ejercicio de su trabajo en condiciones dignas y seguras; además, ordenar el impulso inmediato y efectivo del sumario administrativo, disponiendo su sustanciación continua hasta su afinamiento, dentro de un plazo razonable y conforme a los principios de celeridad, eficacia e impulsión de oficio. Disponer que la recurrida se abstenga de incurrir en nuevas conductas u omisiones que importen la reiteración o mantención de la vulneración denunciada, mientras se encuentre pendiente el procedimiento administrativo; o en subsidio, se adopte todas las medidas que estime necesarias para el pleno restablecimiento del imperio del derecho y la debida protección de los derechos fundamentales de su representada, con condena en costas en caso de oposición.

Acompaña a folio 5: 1.- Resolución de Calificación del Origen de los Accidentes y Enfermedades, Ley N°16.744, emitida por la Asociación Chilena de Seguridad el 5 de noviembre de 2025, que califica la contingencia como enfermedad común y dispone derivación a sistema previsional común; 2.- Oficio de la Contraloría Regional de Coquimbo, Ref. N°E139925/2025, de 21 de noviembre de 2025, mediante el cual se solicita informe al Hospital de La Serena; 3.- Correo electrónico de 20 de octubre de 2025, remitido por la recurrente a autoridades del Hospital de La Serena, informando falta de avance del sumario administrativo y afectación laboral; 4.- Correo electrónico de la Contraloría General de la República de 24 de enero de 2026, que confirma recepción de solicitud de pronunciamiento jurídico; 5.- Correo electrónico de la Contraloría General de la República de 24 de enero de 2026, que confirma recepción de denuncia y asignación de folio N°215012; 5.- Correo electrónico del Colegio Médico Santiago de 27 de enero de 2026, que confirma recepción de denuncia ante Tribunal de Ética.; 6.- Certificado de Derivación a Sistema Previsional por Enfermedad Común, emitido el 1 de diciembre de 2025.; 7.- Informe psiquiátrico emitido por la Dra. nombre reservado, de 2 de diciembre de 2025, que diagnostica reacción aguda al estrés (CIE-10 F43.0) vinculada a evento laboral; y 8.- Certificado médico de 30 de enero de 2026, emitido para SUSESO, que diagnostica trastorno adaptativo post traumático de origen laboral.

A folio 6, la recurrente hace presente un nuevo antecedente, el Oficio N°OF38200/2026, de 23 de febrero de 2026, emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo, no disponible al momento de interponer el recurso, el que da cuenta que el Órgano Contralor se abstiene nuevamente de emitir pronunciamiento por encontrarse el procedimiento disciplinario aún en tramitación, confirmando así la subsistencia actual del sumario administrativo y la inexistencia de un acto terminal que permita entender restablecida la situación denunciada.

Acompaña oficio del Ente Controlador.

SEGUNDO: Que, a folio 15, evacua informe la recurrida SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO.

En primer término alega la extemporaneidad del recurso, puesto que la presunta acción u omisión que la recurrente reclama, particularmente la ausencia de la adopción de medidas preventivas o de resguardo en su favor, en el marco de una denuncia de presuntos hechos constitutivos de acoso laboral ocurridos el 24 de septiembre de 2025 o desde la instrucción del proceso sumarial, mediante Resolución Exenta N°25.369 de 30 de septiembre de 2025, por lo que carece de fecha cierta, la omisión que alega la recurrente como ilegal o arbitraria. Y habiéndose presentado el recurso de protección el 6 de febrero pasado, efectivamente han transcurrido más de 30 días corridos desde la presunta omisión que la recurrente reclama, por lo que el recurso debe ser rechazado por extemporáneo.

Luego alega la improcedencia del arbitrio, por cuanto esta acción constitucional no es la vía para discutir aspectos de mérito respecto de sumarios administrativos, particularmente en actuaciones, diligencias y medidas que adopte el fiscal, en el marco de una investigación de un sumario administrativo y en la especie, en los casos de investigaciones por acoso laboral, adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 136 inciso 2 del Estatuto Administrativo, invoca jurisprudencia que avala su tesis.

Continúa alegando falta de legitimación pasiva del Servicio de Salud de Coquimbo, pues señala que, en la especie, la recurrente efectúa su reclamación respecto del sumario administrativo instruido por Resolución Exenta N°25.369 del 30 de septiembre de 2025 del Hospital de La Serena, siendo designado como fiscal un funcionario de dicho establecimiento, el cual se encuentra actualmente en tramitación de acuerdo a lo informado por el Hospital. Añade que, la resolución que instruyó el proceso sumarial fue dictada por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, Establecimiento de Autogestión en Red, de la Red Asistencial del Servicio de Salud Coquimbo, funcionalmente desconcentrado del Servicio de Salud, conforme a lo establecido en el artículo 31 del D.F.L. 1 de 2005 del Ministerio de Salud, y que, tanto la facultad de instruir procesos sumariales respecto de un funcionario de la dotación de un Hospital Autogestionado, se encuentra en el marco de atribuciones y competencias que le corresponden al Director del Establecimiento Autogestionado en Red en conformidad al artículo 23 letra f) del Decreto Supremo N°38 de 2005 del Ministerio de Salud, por lo que la Dirección de Servicio debe abstenerse de emitir un pronunciamiento respecto de los actos administrativos del Establecimiento Autogestionado y, en la especie, no puede interferir en las decisiones autónomas que adopte el Hospital de La Serena, respecto de estas materias y la organización y funcionamiento interno de su establecimiento como tampoco pronunciarse respecto del mérito de los procesos disciplinarios instruidos por ese establecimiento, como tampoco de las decisiones que éste adopte en el marco de sus facultades disciplinarias, por lo que carece de legitimación pasiva.

Por último, como cuestión previa al fondo, alega que la recurrente carece de un derecho indubitado que pueda ser cautelado por medio de la acción de protección, pues lo buscado por la recurrente es restablecer el imperio del derecho frente a una infracción urgente, flagrante o inmediata, cuestión que no se visualiza en su petitorio.

En cuanto al fondo del asunto, señala que en la especie no concurre omisión ilegal ni arbitraria imputable al Servicio de Salud Coquimbo, pues los hechos que motivan el presente recurso se enmarcan en un procedimiento disciplinario instruido por el Hospital San Juan de Dios de La Serena, establecimiento de autogestión en red, dotado de competencias propias en materia de organización interna, gestión de personal y ejercicio de la potestad disciplinaria, conforme a la normativa vigente.

Concluye solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 16, evacua informe el HOSPITAL DE LA SERENA, solicitando el rechazo íntegro el recurso.

Expone que ha actuado de manera oportuna en el caso de la recurrente, dando cumplimiento a lo dispuesto tanto por el Estatuto Administrativo cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el D.F.L. N°29, de 2004, del Ministerio de Hacienda, así como por la Ley N°21.643. Y afirma que, con ocasión de la denuncia formulada por la recurrente, se dispuso en forma inmediata la instrucción de un sumario administrativo, a objeto de indagar sobre eventuales responsabilidades administrativas que pudieran caberle al funcionario denunciado, lo cual se concretizó mediante Resolución Exenta N°25.369 del 30 de septiembre de 2025 del Hospital de La Serena. Añade que el sumario se encuentra actualmente en tramitación en etapa acusatoria, y conforme a lo dispuesto en el Estatuto Administrativo, reviste el carácter de secreto mientras no se encuentre afinado, por lo que no resulta procedente ni jurídicamente posible emitir pronunciamiento sobre el contenido específico de las diligencias realizadas, antecedentes recabados o decisiones que deban adoptarse en su seno.

Precisa que, conforme al régimen jurídico aplicable a los funcionarios públicos, especialmente a partir de las modificaciones introducidas por la Ley N°21.643, la adopción de medidas de resguardo en el contexto de un procedimiento sumarial no corresponde al jefe del servicio ni a la institución en abstracto, sino que constituye una facultad legalmente radicada en el fiscal instructor del sumario, quien debe ponderar la procedencia de dichas medidas atendida la gravedad de los hechos, la seguridad de la persona denunciante y las condiciones del entorno laboral. Al efecto, el inciso segundo del artículo 136, entrega al Fiscal del sumario, la facultad de adoptar medidas de resguardo.

Indica que, las medidas de resguardo, en favor del denunciante, están normadas taxativamente en el artículo 90 A del Estatuto Administrativo, aplicables en los procedimientos de investigación de acoso sexual o laboral, según lo establece el artículo 14 de la Ley N°18.575, introducido en virtud del artículo 2 de la Ley N°21.643, y que estas medidas son sin perjuicio de la facultad del Fiscal de suspender de funciones al denunciado, en virtud del inciso primero del artículo 136 del Estatuto Administrativo.

Reitera que, en el ámbito público, la facultad de suspender de funciones a un denunciado o cambiarlo de puesto de trabajo dentro de un proceso sumarial, radica exclusivamente en el Fiscal a cargo de la investigación. Sin perjuicio de lo anterior y aun cuando la adopción formal de tales medidas no le corresponde directamente, el Hospital de La Serena, sí implementó medidas preventivas concretas orientadas a disminuir la exposición de la recurrente y resguardar su situación, así señala que, el equipo de trabajo, con el objeto de evitar suspensiones en la atención y reducir el riesgo de exposición, modificó la agenda de la doctora recurrente y trasladó sus atenciones a un sector distinto, precisamente por el constante riesgo de encontrarse con el funcionario denunciado, y que estas medidas fueron adoptadas en un contexto clínico, e implicaron ajustes operativos relevantes, lo que demuestra una actuación diligente y orientada a la protección de la funcionaria, dentro de las posibilidades de organización del establecimiento.

Concluye que, de los antecedentes del caso, no existe la omisión que se denuncia, sino que, por el contrario, el Hospital de La Serena ha dado cumplimiento a sus obligaciones legales, ha activado el procedimiento disciplinario correspondiente y ha adoptado medidas razonables dentro de su ámbito de actuación, respetando al mismo tiempo la distribución de competencias que rige la materia, y en consecuencia, no concurre en la especie el presupuesto básico que habilita la presente acción constitucional.

Solicita el rechazo el rechazo del recurso, con condena en costas.

Acompaña a su informe Resolución N°25369 de 30 de septiembre de 2025 del Hospital San Juan de Dios de La Serena, que da inicio al proceso sumarial.

CUARTO: Que a folio 22, encontrándose agregado el recurso para su vista y fallo, se ordenó como trámite previo e indispensable para la resolución del asunto, que el Hospital recurrido acompañara los antecedentes escritos de las medidas de protección que señaló en su informe haber tomado en el lugar de trabajo de la recurrente.

A folio 24, el 7 de abril pasado, la recurrida Hospital de La Serena dando cumplimiento a lo ordenado informa que se han implementado medidas para evitar la exposición de la recurrente al funcionario denunciado, así se refiere al correo electrónico del 8 de octubre de 2025, enviado por doña nombre reservado, funcionaria Encargada de Relaciones Laborales del Hospital de La Serena, en el que se indica lo siguiente: “El equipo de trabajo para evitar suspensiones ha modificado agenda de la doctora y ha trasladado sus atenciones de sector por el constante riesgo de exponerse nuevamente con el agresor. Este cambio de área de atención implica trasladar hasta las dependencias de ginecología equipamiento médico (Colposcopio), elemento fundamental en la atención de las pacientes, pero este constante traslado podría dañar el equipamiento afectando a las pacientes con cánceres ginecológicos". Señala que, dicha medida implicó, en una primera oportunidad, el traslado de las atenciones de la recurrente al área de ginecología del Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT), incluyendo el intento de traslado del colposcopio necesario para la atención de pacientes, sin embargo, la medida no pudo mantenerse en el tiempo, atendidos los riesgos asociados al constante desplazamiento de dicho equipamiento médico, cuya integridad resulta esencial para la adecuada atención de pacientes, particularmente en el ámbito oncológico.

Agrega que, no obstante lo anterior, la propia recurrente solicitó y obtuvo una modificación de su jornada laboral, reduciendo su carga horaria de 22 a 11 horas, decisión adoptada voluntariamente por ella, según da cuenta su certificado de relación de servicio, y además, consta correo electrónico de 23 de febrero de 2026 en que la recurrente remitió una propuesta de agenda programática para el desempeño de sus 11 horas ambulatorias en el Policlínico de Ginecología General, la cual fue gestionada por el establecimiento.

Afirma que, la agenda de la actora actualmente vigente da cuenta de que esta se desempeña exclusivamente en el área de ginecología en el CDT, específicamente en el policlínico correspondiente, lo que permite evitar su coincidencia espacial y funcional con el funcionario denunciado. Por lo que concluye señalando que, el Hospital de La Serena no solo adoptó medidas de resguardo, sino que además ha mantenido en el tiempo una reorganización efectiva de las funciones de la recurrente, orientada a evitar su exposición, garantizando simultáneamente la continuidad de la atención clínica y la adecuada prestación del servicio.

Acompaña a su informe: 1.- Correo electrónico de 8 de octubre de 2025, emitido por doña nombre reservado; 2.- Correos electrónicos relativos a propuesta y definición de agenda de la Dra. nombre reservado, de febrero de 2026; 3.- Agenda programática vigente de la recurrente; y 4.- Certificado de relación de servicio de la recurrente.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, el objeto del presente recurso dice relación con solicitar protección y seguridad para la actora en su lugar de trabajo, el Hospital de La Serena, en atención que en este mismo lugar se encuentra su Jefatura, a quien denunció por hechos de acoso o maltrato laboral acaecidos el 24 de septiembre de 2025, y los cuales dieron inicio a un sumario administrativo en contra del denunciado, instruido por Resolución Exenta N°25.369 del 30 de septiembre de 2025, y que, a la fecha ninguna de las recurridas ha dispuesto alguna medida para la protección de la integridad psíquica de la denunciante y afectada, lo que la ha obligado a mantenerse con licencia médica, omisión que alega vulnerar las garantías constitucionales del artículo 19 N°1 y 16 de la Carta Magna.

OCTAVO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad interpuesta por el Servicio de Salud, y considerando que lo denunciado en esta sede es la omisión en la cual han incurrido las denunciadas, al no tomar medidas de protección en el lugar de trabajo de la recurrente y denunciante frente a actos que podrían ser calificados como acoso laboral según dispone la Ley N°21.643, omisión que, por su propia naturaleza, tiene un carácter permanente, manteniéndose por ende la vulneración alegada en el tiempo en tanto no se adopten a su respecto las medidas de protección dispuestas por ley y en tanto se sustancie el sumario administrativo, por lo que solo cabe concluir que la acción se ha deducido dentro del plazo previsto para tales fines por el Auto Acordado que rige la materia.

NOVENO: Que, en cuanto a la falta de legitimación pasiva alegada por el Servicio de Salud, es importante consignar que es un hecho no cuestionado que el Hospital de La Serena está dentro de los establecimientos de salud pública del país que tienen el carácter de autogestionados y, por ende, operan bajo un modelo de gestión con cierta autonomía para administrar sus recursos humanos, financieros y físicos. En efecto, el artículo 25 a) de la Ley N 19.937, señala que los establecimientos de salud dependientes de los Servicios de Salud, que tengan mayor complejidad técnica, desarrollo de especialidades, organización administrativa y número de prestaciones, obtendrán la calidad de "Establecimientos de Autogestión en Red", con las atribuciones y condiciones que señala ese Título, si cumplen los requisitos que se determinen en el Reglamento a que se hace referencia. La misma norma dispone que los establecimientos que obtengan la calidad de "Establecimiento de Autogestión en Red" serán órganos funcionalmente desconcentrados del correspondiente Servicio de Salud, conforme a lo dispuesto en el artículo 33 de la Ley N°18.575 y a las normas de la presente ley y en el ejercicio de las atribuciones radicadas por ley en su esfera de competencia, no comprometerán sino los recursos y bienes afectos al cumplimiento de sus fines propios.

Entonces, a la luz de lo antes consignado, se infiere que el Servicio de Salud de Coquimbo, como entidad recurrida, carece de legitimación pasiva para ser requerido a través de la presente acción constitucional, en atención a que la recurrente ha sostenido que la omisión que reclama en autos el Servicio de Salud contaba con competencias o facultades para pronunciarse sobre medidas de protección en el contexto de su denuncia por abuso laboral, lo cual bajo la normativa invocada no se encuentra dentro de sus facultades, de manera que en estas circunstancias no es posible atribuirle al Servicio de Salud responsabilidad en la omisión que la actora califica de ilegal y arbitraria.

Atento a lo expuesto, se acogerá la alegación formulada por la entidad pública recurrida y, con ello, se desestimará la acción de protección deducida a su respecto.

DÉCIMO: Que, tocando ahora a la recurrida Hospital de la Serena, debe tenerse presente que el artículo 126 del Estatuto Administrativo, dispone que, si se acoge a tramitación la denuncia debe iniciarse una investigación sumaria, la que da lugar un sumario administrativo según dispone el artículo 127; y, de acuerdo al artículo 136 de la Ley N°18.834, en los casos que dicha norma contempla es posible para el instructor de éste adoptar por hechos que vulneren lo dispuesto en el artículo 84 letras l) o m), el o la fiscal deberá adoptar las medidas de resguardo necesarias respecto de las personas involucradas.

De las normas ante referidas se colige que a quien debe requerirse y adoptar las medidas de resguardo, es el Fiscal designado y a cargo del sumario administrativo, funcionario que en el desempeño de su cometido es autónomo e independiente, por lo que debe concluirse que la recurrida Hospital de La Serena también carece de legitimación pasiva, pues no representa al Fiscal del sumario, quien como se dijo es el facultado para decretar cualquier medida de protección, previa ponderación del mérito del expediente sumarial, por lo que no cabe más que rechazar el recurso interpuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, resuelta necesario tener presente que, aunque el Hospital crece de legitimación pasiva, según se advierte de los oficios decretados por esta Corte igualmente adoptó medidas de resguardo en beneficio de la recurrente.

UNDÉCIMO: Que, de conformidad a lo razonado anteriormente, no cabe más que concluir que ambas recurridas carecen de legitimación pasiva en el presente recurso y, por consiguiente, la acción constitucional promovida al efecto debe ser desestimada.

Por estos razonamientos y de conformidad, además, a lo dispuesto en los artículos 19 y artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del recurso de que se trata, se resuelve:

I.- Que, SE RECHAZA la excepción de extemporaneidad reclamada por el Servicio de Salud de Coquimbo.

II.- Que, SE ACOGE la excepción de falta de legitimación pasiva reclamada por el SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO.

III.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del HOSPITAL JUAN DE DIOS DE LA SERENA por carecer este de legitimación pasiva.

Lo anterior acordado con la prevención del Sr. Ministro nombre reservado, quien concurrió al rechazo teniendo presente que no existe discusión que la situación alegada por la recurrente se encuentra sometida al imperio del derecho, a través de un procedimiento administrativo a cargo de un Fiscal, el que de acuerdo al artículo 136 del Estatuto Administrativo le compete adoptar las medidas de resguardo necesarias de acuerdo al mérito de la denuncia que dan origen a dicho procedimiento, no siendo esta la vía para reemplazar aquella competencia, lo que unido a que esta acción constitucional no fue entablada en contra del Fiscal a cargo del sumario, solo cabe concluir que la misma no puede prosperar.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°273-2026 (Protección).