nombre reservado con LLANQUIHUE S.A

nombre reservado

Llanquihue S.A.

Recurso de Protección Rol N° 272-2018.- La Serena, treinta de octubre de dos mil dieciocho.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

Que con fecha 27 de marzo de 2018 comparece nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección contra nombre reservado, quien actúa bajo razón social de empresa Llanquihue S.A., con domicilio en domicilio reservado, terminal de buses, segundo piso, y en contra de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, en base a los siguientes antecedentes.

Expone que ingresó a trabajar para la empresa señalada el 01 de Mayo del año 2015, bajo contrato indefinido, y con fecha 15 abril 2016 notificó a su empleador de su condición de embarazo. Desde ese momento, señala que su empleador se negó a tramitar y firmar las licencias médicas, actitud que fue permanente durante todo su embarazo, ejerciendo conductas discriminatorias, cuestionándole por qué había quedado embarazada, no atendiéndola, o tratándola de manera insultante.

Toda esta situación obligaba a que fuera ella misma la que debía llevar la licencia al local, pelear que fuera firmada, y luego llevarla a la Caja de Compensación Los Andes, un trámite que evidentemente debía hacer el empleador, situación que fue denunciada ante la Inspección del Trabajo en más de una oportunidad. No obstante, por razones que desconoce la Inspección del Trabajo nunca curso sus reclamos debidamente, limitando su actuar siempre a meras fiscalizaciones y haciendo posible de ese modo, la prolongación y continuidad del abuso.

Destaca que no ha podido reintegrarse a sus funciones debido a que el empleador no le asigna horarios y labores ni tampoco la llama a dicho reintegro. Del mismo modo, desde el mes de agosto del año 2017 el empleador no paga sus cotizaciones previsionales.

Agrega que en el mes de agosto entregó una licencia médica por 21 días, pidiéndole a la administración que dejara la licencia porque esta vez la tramitarían debido a sus continuos reclamos, no obstante dicha licencia no se cursó.

Así las cosas, desde el mes de agosto se comunicó reiteradamente con la empresa sin recibir respuesta alguna, posteriormente llamó a Gerencia a fin de que se le concedieran sus vacaciones y le explicaran su condición actual respecto al trabajo, sin que tampoco hubiera respuesta alguna.

Agrega, que desde el mes de agosto (cuando venció la última licencia que pudo hacer efectiva), se le retuvieron los cheques de pago por concepto de carga familiar, lo cual también reclamó ante la Inspección del Trabajo.

De esta forma, al no recibir respuestas por parte de la empresa concurrió personalmente en el mes de noviembre a consultar su situación, oportunidad en la cual la encargada del local le señaló de manera explícita que no figuraba en la lista de empleados, y que por tanto estaba despedida. Esta situación también fue reclamada ante la Inspección del Trabajo, cursando nuevamente solo una fiscalización y diciéndole que no habían encontrado nada raro.

Posteriormente, concurrió, una vez más, a la Inspección del Trabajo para ingresar el debido reclamo por todo lo anteriormente dicho, y por despido ilegal, como daría cuenta documento adjunto de fecha 3 de Enero del presente año, signado bajo número 1531, e ingresado nuevamente como mera fiscalización separación ilegal del trabajador con fuero. En aquella oportunidad concurrió la representante de la empresa, y se le ofreció firmar un nuevo contrato, lo que significaba el no reconocimiento de sus años de servicios, indicando que nunca la habían despedido y negando que jamás respondieron sus llamados y peticiones. Además, dicho documento no hacía referencia alguna a las cotizaciones impagas desde el mes de agosto apareciendo la empresa dispuesta a otorgar vacaciones pero solo a razón de 15 días, lo que no guardaba relación con los años de servicios. La propuesta de un nuevo contrato en los términos ofrecidos le pareció a todas luces ilegal y no aceptó, negándose a firmar.

Posteriormente cursó otro reclamo contra la empresa por despido injustificado, no pago de cotizaciones, no pago de asignaciones familiares y maternales, y otras causales. Nuevamente tal reclamo y sus denuncias se tramitaron como mera fiscalización, y la respuesta que recibió del funcionario del organismo fue que según lo visto por él todo el accionar de la empresa estaba en orden.

Después de ello nuevamente ingresó reclamo por los mismos motivos, en la búsqueda de llevar su caso a juicio, sin embargo nuevamente se cursó como mera fiscalización de lo cual recibió un llamado de un funcionario que decía que habiendo realizado fiscalización la empresa no tenía falta alguna y que ellos argumentan que yo no he asistido a trabajar, por lo cual la ponen como ausente en el libro de asistencia.

Manifiesta que nunca hubo real intención de reintegrarla y con todo lo sucedido se lesionó su salud y se afectó a su hijo recién nacido, ya que el no pago de sus cotizaciones significó no tener derecho al sistema de salud, razones por las cuales solicita a esta Corte arbitrar las medidas conducentes a restablecer sus derechos, como asimismo, que se derive su caso al Juzgado Laboral y se le designe abogado de turno, ya que tampoco ha sido atendida en la Defensoría Laboral bajo el argumento que la causa debe ser remitida desde la Inspección del Trabajo.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Fiscalización separación ilegal de trabajador con fuero fechado 03 de Enero 2018 N° 1531 en el cual no se llegó a acuerdo sin que se derivara a la acción de juicio por parte del organismo fiscalizador; 2.- Declaración jurada tramitación licencia (reclamo negativa a firmar licencias médicas por parte del empleador) fechado 25/07/2017; 3.- Declaración jurada tramitación licencia (reclamo negativa a firmar licencia médica por parte del empleador) fechado 09/12/2016; 4.- Constancia (negativa firma licencia médica fechada 24/07/2017); 5.- Fiscalización reclamo por no pago cotizaciones, retención de pagos de asignaciones familiares, (fechada 21/12/2016); 6.- Fiscalización reclamo despido verbal (29/12/2017) no otorgar trabajo convenido, cotizaciones impagas, retención asignación familiar, condicionar contratación, protección maternidad; 7.- Fiscalización reclamo, cotizaciones impagas, incumplimiento (contrato fechado 11/01/2018); 8.- Copia de escrito denunciando despido injustificado, discriminación, malos tratos, no pago de cotizaciones ingresado con fecha 29 de febrero 2017.

Evacuando el informe la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, solicita el rechazo del presente recurso en todas sus partes, con costas, en atención a que todos los requerimientos planteados por la recurrente han sido tramitados conforme a la ley y a los procedimientos de dicho Servicio.

En este sentido, expone latamente el contenido de los reclamos efectuados por la actora con fecha 09.12.2016, 21.12.2016, 05.01.2017, 24.07.2017, 25.07.2017, 29.12.2017, 11.01.2018 y 04.04.2018, los procedimientos inspectivos generados como consecuencia de dichas denuncias y los resultados de los mismos, de los cuales se desprende en términos generales que, si bien se efectuaron diversas fiscalizaciones a la empresa recurrida, no se lograron constatar infracciones a la normativa laboral vigente o bien las faltas constatadas fueron subsanadas durante el curso de la fiscalización, de tal forma que en ninguna de aquellas oportunidades se cursaron infracciones.

En cuanto al derecho, hace mención a la eventual extemporaneidad del recurso, al haber culminado el último proceso (Nº 0404.2018.57) el día 31 de enero de 2018. Luego, efectúa alegaciones relativas a la inexistencia de acciones u omisiones arbitrarias o ilegales por parte de la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, la ausencia de vulneración de garantías, como asimismo la inexistencia de actuaciones pendientes por parte de dicho organismo.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del presente recurso, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: 1.- Declaración jurada tramitación licencia médica de fecha 09.12.2016 prestada ante Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Nº 0404.2016.535; 2.- Informe de fiscalización Nº 0404.2016.1645 de fecha 26.12.2016, incluyendo sus documentos anexos; 3.- Declaración jurada tramitación licencia médica de fecha 05.01.2017 prestada ante la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Nº 0404.2017.7; 4.- Declaración jurada tramitación licencia médica de fecha 05.01.2017 prestada ante la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo Nº 0404.2017.8; 5.- Constancia de fecha 24.07.2017 efectuada ante la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, Nº 0401.2017.487; 6.- Declaración jurada tramitación licencia médica de fecha 25.07.2017 prestada ante la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena Nº 0401.2017.373; 7.- Informe de fiscalización Nº 0404.2017.762 de fecha 22.08.2017, incluyendo sus documentos anexos; 8.- Informe de fiscalización Nº 0404.2017.1531 de fecha 10.01.2018, incluyendo sus documentos anexos; 9.- Informe de fiscalización Nº 0404.2018.57 de fecha 31.01.2018, incluyendo sus documentos anexos; 10.- Informe de reclamo administrativo Nº 0404.2018.751.

Con fecha 29 de mayo de 2018 la recurrente amplia y complementa su recurso de protección, efectuando observaciones al informe evacuado por la Inspección del Trabajo de Coquimbo y haciendo presente que la empresa Llanquihue S.A. transfirió el establecimiento comercial a la empresa nombre reservado, Almacenes Pequeños E.I.R.L.

Asimismo, acompañó a dicho escrito los siguientes documentos: 1.- Acta de comparendo de conciliación de fecha 13 de abril de 2018; 2.- Carta de despido enviada por su empleador al término de su fuero maternal; y 3.- Certificado de cotizaciones extendido por A.F.P. Plan Vital.

Evacuando informe la recurrida nombre reservado, Almacenes Pequeños E.I.R.L, hace presente que con fecha 10 de septiembre de los corrientes arribaron a un avenimiento judicial con la recurrente, en causa RIT 0-408-2018 del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, otorgándose las partes el más completo, total y reciproco finiquito respecto de las obligaciones derivadas de la relación laboral que los ligó.

Por estas consideraciones y sin perjuicio de las alegaciones relativas a la inexistencia de los supuestos procesales de procedencia de este recurso, solicita su rechazo, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Copia de compraventa de establecimiento comercial entre Llanquihue S.A y nombre reservado respecto al establecimiento comercial que opera en el Local 34, de fecha 21 de Noviembre del año 2017; 2.- Copia de compraventa de establecimiento comercial entre Llanquihue S.A y nombre reservado respecto al establecimiento comercial que opera en el Local 39, de fecha 22 de Noviembre del año 2017; 3.- Copia de anexo de contrato de fecha 21 de Noviembre de 2017; 4.- Demanda deducida por nombre reservado de nulidad del despido, despido indebido y cobro de prestaciones laborales en contra de Llanquihue S.A; Sergio Vega Munizaga E.I.R.L y de nombre reservado todos en calidad de demandados solidarios, en causa RIT O-408-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena; 5.- Resolución de la demanda interpuesta, en causa RIT O-408-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena, de fecha 22 de Junio de 2018; 6.- Contestación de la demanda en causa RIT O-408-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena; 7.- Avenimiento celebrado en causa RIT O-408-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena, de fecha 10 de septiembre de 2018; 8.- Comprobante de transferencia realizada por nombre reservado a nombre reservado con fecha 10 de septiembre de 2018, por la suma de $1.500.000.

Con fecha 08 de octubre de 2018 se trajeron los autos en relación.

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que atendido el mérito de los antecedentes allegados a los autos, lo señalado por el recurrente y lo informado por las recurridas, se desprende que el conflicto entre las partes, es decir, recurrente y empleador (nombre reservado, Almacenes Pequeños E.I.R.L), fue solucionado mediante el equivalente jurisdiccional de avenimiento, en causa laboral RIT O-408-2018 del Juzgado del Trabajo de La Serena, con fecha 10 de septiembre de 2018. En consecuencia, en relación a dicha situación, el recurso ha perdido oportunidad, toda vez que los hechos denunciados han sido judicializados y aún más, han sido solucionados por las partes involucradas, otorgándose el más amplio y completo finiquito, en cuanto a las obligaciones y derechos originados en la relación laboral que los vinculó.

CUARTO: Que, por su parte, es necesario indicar que en relación a la otra recurrida, a saber, Inspección del Trabajo de Coquimbo, en conformidad a los antecedentes denunciados y las alegaciones efectuadas por los interesados, no se visualiza afectación alguna a las garantías constitucionales garantizadas por Carta Fundamental, en relación a la recurrente. En efecto, de la revisión de la documentación acompañada, se desprende que cada denuncia efectuada por la recurrente fue debidamente tramitada por el organismo fiscalizador. Es así como se iniciaron las fiscalizaciones de rigor y se corroboró que los hechos denunciados no se ajustaban a los denunciados, o en su defecto, fueron solucionados por el empleador, por lo que no se procedió a imponer multa alguna. Es dable señalar que la autoridad fiscalizadora posee las facultades y atribuciones, para realizar las fiscalizaciones respecto de hechos que se hayan denunciados, pero es una potestad de la autoridad, aplicar o no sanciones, según el mérito de la fiscalización. En la especie, no hubo imposición de multas, lo cual se encuadra dentro de la esfera de las atribuciones de la Inspección del Trabajo, por lo que tal decisión no es objeto de impugnación a través de la presente acción constitucional.

QUINTO: Que en conformidad a lo expuesto, en cuanto a que el recurso perdió oportunidad en contra de la recurrida, ex empleadora y por otra parte, la Inspección del Trabajo no puede ser objeto de recurso de protección por el ejercicio legítimo de sus facultades legales, no cabe más que desestimar la acción constitucional interpuesta.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de nombre reservado, Almacenes Pequeños E.I.R.L. y la Inspección Provincial del Trabajo de Coquimbo, sin costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción a cargo del abogado integrante don Marcos López Julio.

Rol N° 272-2018 (Protección).- Pronunciado por la Primera Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro titular señor Fernando Ramírez Infante, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y el abogado integrante señor Marcos López Julio. No firma el Ministro señor Ramírez no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con permiso.

En La Serena, treinta de octubre de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.