nombre reservado con DIRECCIÓN NACIONAL DE PERSONAL DE CARABINEROS

nombre reservado, nombre reservado y otras Dirección Nacional de Personal de Carabineros Recurso de protección Rol N° 265-2023.

La Serena, veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, por sí y doña Consuelo Varas Catalán, abogada, en representación de doña nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, RUT N° RUT reservado, representada por el Director General de Carabineros don nombre reservado, en razón de los actos ilegales y/o arbitrarios materializados en el documento electrónico 177689146 contenido en el acta de notificación de fecha 23 de febrero de 2023 por el cual se le informa al señor nombre reservado el rechazo del recurso de reposición deducido contra la Orden N° 411, de 29 de diciembre de 2022, que identifica como acto recurrido, el que dispone el traslado desde su actual dotación ubicada en la comuna de La Serena a otra ubicada en Valparaíso, acto que conculca, según lo afirma, los derechos fundamentales contenidos en el artículo 19 de la Constitución Política numerales 1° inciso primero, esto es el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona; 2° incisos 1° y 2°, la igualdad ante la ley y la prohibición de diferencias arbitrarias y 3° inciso 5° referido a la proscripción de ser juzgado por comisiones especiales.

Explican latamente los motivos que llevaron a don nombre reservado a ingresar a Carabineros de Chile, afirma la falta de fundamentación suficiente del acto recurrido y realiza una referencia al origen de la decisión de ingresar a la referida institución, a su vida funcionaria y personal, exponiendo el haber conocido a doña nombre reservado, madre de su hija y otros aspectos personales.

Agregan referencias a problemas que se habrían suscitado con personal de Asuntos internos de Carabineros, relatando sobre el traslado a la Subcomisaría de La Florida unidad que no afectaba su vida familiar y personal.

Prosiguen explicando que con el fin de independizarse junto con doña nombre reservado emprendieron un negocio propio, que en el año 2010 nace su hija nombre reservado y que al término de la relación sentimental se procedió a la regulación de alimentos y de la relación directa y regular en la causa que identifica del Juzgado de Familia de Coquimbo.

Expone aspectos relativos a su relación con su hija, para luego referirse a la llegada, en el año 2011, del capitán nombre reservado a la Subcomisaria de La Florida con el cual habría tenido algunos problemas y es trasladado a la Primera Comisaría de La Serena.

Continúan haciendo referencias a diversos aspectos de su vida personal, que realizó críticas por una red social por el tratamiento institucional al personal lo que le habría generado una sanción disciplinaria y por lo que decide con un abogado que conocía interponer un recurso de protección del que luego se desistió, señalando que la situación que lo afectó fue objeto de un reportaje en el diario El Día y luego a nivel nacional, pudiendo prever que ello le implicaría a futuro alguna consecuencia adversa en su desarrollo profesional.

Refieren que el señor nombre reservado fue trasladado a diversas unidades policiales de la zona, relatando situaciones particulares en relación a un procedimiento ocurrido el 19 de octubre de 2019 con motivo de un saqueo en el Mall Plaza La Serena y en el cual había sido nuevamente sancionado disciplinariamente con 30 días de arresto.

Prosiguen en su exposición señalando que continuó luchando contra la envidia de sus superiores, con diversos problemas laborales, incluyendo un accidente sin lesionados en un patrulla policial en el año 2021 a consecuencia de lo cual se le aplica una nueva sanción de arresto, donde se le niega la posibilidad de defenderse.

Relatan más episodios ocurridos en su vida funcionaria incluyendo que era seguido por la SAICAR y que es nuevamente sancionado con 25 días de arresto, afirmando que todas las investigaciones en que ha sido sancionado son manejadas y tienen como oficial investigador al teniente Riquelme, con quien también tuvo problemas.

Sigue una extensa relación de hechos y de episodios en que se vio involucrado en febrero de 2022 mientras se desempeñaba en la Sexta Comisaría de La Serena, donde se le propone una nueva sanción de arresto.

Afirman que en el curso de su carrera y luego de tantas persecuciones durante su carrera solo ha aspirado a tener un futuro mejor y que su hija no tenga las falencias económicas que vivió en su niñez y adolescencia.

Estiman, en base a lo expuesto, que la decisión de traslado es una forma de castigo o de una forma de buscar que nombre reservado se retire de la institución.

Identifican el acto que se pretende revocar, el documento electrónico 177689146 que no accede a la solicitud de reposición que dedujo contra la Orden 411 de 29 de diciembre de 2022 de la Dirección de Personal y que ordena diversos traslados, entre ellos el del recurrente, señor nombre reservado, desde la Primera Comisaría de La Serena a la Quinta Comisaría de la Prefectura Valparaíso N° 9.

Explican que el día 2 de febrero de 2023 tomó conocimiento informal del acto administrativo que dispone su traslado, notificándose tácitamente de ella, percatándose que dispone hacer efectivo el mismo el día 16 de diciembre de 2022, insistiendo en que no había sido informado previamente de la misma, subrayando que la orden es de fecha 29 de diciembre de 2022 y, por tanto, posterior a la fecha misma en que se dispuso el traslado y a la publicación en el boletín oficial.

Agregan que el 21 de octubre de 2022 fue diagnosticado con una hernia, que las molestias comenzaron luego de un accidente en actos de servicio, lo cual se fue agravando, debiendo hacer uso de licencias médicas en diversas fechas, reincorporándose el 26 de enero de 2023, sin que fuera notificado de su traslado en los días en que trabajó.

Adicionan que debido a su enfermedad se encuentra en espera de una fecha para una cirugía, debiendo realizar tareas livianas conforme lo ordenó el médico, deduciendo el presente recurso dado que además de no haber sido notificado como corresponde del traslado contenido en la Orden y posteriores actos administrativos recurridos, el mismo provoca una serie de vulneraciones a los derechos fundamentales de los recurrentes consagrados en la Constitución Política vigente.

Argumentan que el acto impugnado, no se encuentra debidamente fundado dado que no se desprende cuáles son los motivos por los cuales se rechazó la reconsideración.

Afirman que el denegar el recurso de reposición se torna arbitrario, dado que se basa únicamente en lo dispuesto en el Reglamento Número 9 de Carabineros que regula Feriados, Licencias y Otros Beneficios, y también lo regulado en el Manual de Traslados, indicado así que es facultad de la autoridad respectiva “destinar al personal en los diversos cargos y empleos, según los requerimientos de la función policial, existiendo el deber de los funcionarios de desempeñar en forma eficiente sus labores en todo el territorio nacional, sin distingo de lugar o cargo que le sea asignado”. Agrega también, que, conforme a la jurisprudencia administrativa, esa atribución “no puede verse limitada por la conveniencia personal de quienes son trasladados pues el objetivo perseguido por esta medida es lograr optimizar las funciones asignadas por la Constitución Política y las leyes a esta institución policial.”

Estiman que se está frente a argumentaciones generales que no se vinculan a las alegaciones efectuadas en la reconsideración, que si bien no discute las atribuciones de la autoridad, el Manual de Traslados establece diferentes criterios que debieran motivar una decisión para que sea efectivamente legítima en el ejercicio de las facultades, ya que, de otra manera, todo acto administrativo que no se apoya en razones que la sustenten es arbitrario.

Refieren a los argumentos sostenidos en el recurso de reposición administrativa, resaltando que la autoridad debe seguir diversos criterios que se regulan en el Manual de Traslados, entre ellos los “Aspectos Personales” que deben tomarse en cuenta al momento de decidir destinar a los funcionarios a otro lugar del territorio.

Exponen sobre lo argumentado en la reconsideración, donde se argumentó en base al Numeral 2.4.2 letra a): Trabajo y/o estudios del cónyuge o conviviente civil, además de estudios del personal o de sus hijos, y otras debidamente calificadas, haciendo presente que don nombre reservado es padre de nombre reservado, de 12 años, respecto de quien existe un régimen de relación directa y regular determinado judicialmente en la causa que identifica del Juzgado de Familia de Coquimbo, haciendo referencia a su vinculación paterno filial con la adolescente y su buena relación, siendo un factor importante en ello su trabajo en la ciudad de La Serena, que ha favorecido el poder estar presente en momentos de relevancia y en otras actividades lo que, de vivir en otro lado, no le sería posible.

Prosiguen con el numeral 2.4.2 letra b), “Salud del personal o de los miembros de su grupo familiar, fundamentalmente en caso de que alguno de ellos requiera atención profesional especializada o, por indicación médica, demande una especial permanencia física en algún lugar determinado, o fuera de este”, explicando que desde que tomaron conocimiento del traslado se encuentran sumamente afectados, puesto que las posibilidades de mantener el vínculo familiar tan estrecho, ciertamente se vería perjudicado al no poder seguir relacionándose de la manera en que a lo largo de estos años lo han hecho y que, como todo padre, merece mínimamente compartir con su hija.

Explican que la orden de traslado ha afectado la salud de nombre reservado, quien ha presentado dificultades para dormir y alta irritabilidad, recibiendo atención psicológica con la profesional nombre reservado, profesional que ha emitido un informe donde se manifiesta, entre otros aspectos, que la adolescente se visualiza afectada por la situación, con incontinencia afectiva, refiriéndose a otros aspectos de su situación afectiva y familiar, todo lo cual le lleva a afirmar la existencia de una afectación a la salud psicológica.

Analizan el numeral 2.4.2 letra c) del ya citado manual, referido a encontrarse sometido a procesos disciplinarios o judiciales, formalizado y/o acusado por el Ministerio Público en un proceso penal, para hacer referencia a que don nombre reservado mantiene diversos procesos disciplinarios en actual tramitación, lo que identifica.

Afirman que la orden de traslado no le permite ejercer al señor nombre reservado su derecho a una relación directa y regular con su hija, lo que trasciende en el estado anímico de ella, cuestión que la institución no ha tenido en cuenta a pesar de lo informado por la psicóloga.

Se extienden en relación a que la decisión impugnada afecta la vida familiar, la estabilidad emocional de los recurrentes y que además importa un menoscabo económico dado que la unidad en que es trasladado tiene un 10% menos de zona que la ciudad de La Serena.

Analizan la normativa que no se tuvo en consideración, haciendo hincapié en la normativa que debería haberse aplicado, especialmente en relación al ya citado Manual de Traslados contenido en la Orden General N° 2707 de 13 de noviembre de 2019, citando diversas disposiciones de la referida regulación, sosteniendo además que el personal de Carabineros de Chile desconoce la normativa, a pesar de la obligación de capacitar al personal sobre ello.

Prosiguen con un acápite referido a la protección de la familia en cuanto principio institucional de Carabineros de Chile y en la formación de su personal, haciendo alusión a diversas referencias que el Código de Ética de Carabineros de Chile hace a ello, entre las que se encuentra el “Fomentar la unión, la comunicación y el afecto familiar, previniendo el empleo de la violencia al interior del hogar”, lo que manifiestan no es acorde a la conducta arbitraria que han adoptado los superiores del recurrente.

Hacen referencia al debido proceso, haciendo hincapié a la Circular Digcar N° 1.624, de 10 de diciembre de 2002, subrayando que la referida garantía debe observarse en toda clase de actuaciones administrativas, lo cual lo recoge la Ley N° 19.880 y otros cuerpos legales, todo ello en relación a la obligación de toda autoridad de respetar el mismo y al pleno ejercicio del derecho a la defensa, a impugnar los actos administrativos y, en general, a gozar de las garantías establecidas.

Citan diversas sentencias de los tribunales superiores de justicia, que identifican, en relación a la materia que es objeto del presente recurso, citando y transcribiendo parte de las decisiones, para luego proseguir con un acápite en que se analiza la ilegalidad y arbitrariedad del acto administrativo impugnado.

Hacen referencia a la acción de protección y su definición doctrinaria, para luego referirse al artículo 20 de la Constitución Política, la que transcriben, ello a fin de sostener que el acto que se impugna es ilegal y arbitrario, afectando los derechos fundamentales contenidos en los números 1°, 2° y 3° del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Sostienen la ilegalidad de la Orden 411, de 29 de diciembre de 2022, ello afirmando la infracción al principio de legalidad contemplado en el artículo 7° de la Constitución Política y analizando diversos cuerpos legales que inciden en la actuación de Carabineros de Chile.

Alegan como ilegalidades la circunstancia el que se disponga el traslado para hacerlo efectivo el 16 de diciembre de 2022, en circunstancia que la orden que la determina es de fecha posterior, 29 de diciembre del mismo año. Como segunda ilegalidad se sostiene las infracciones a los aspectos personales de los recurrentes y que deben considerase en el proceso de traslados. Como tercer elemento, se afirma la falta de capacitación del personal en relación al contenido del Manual de Traslados, infringiendo así la Orden General N° 2707.

Afirman la arbitrariedad de la Orden N° 411, de 29 de diciembre de 2022, para lo cual analiza el concepto y lo vinculan a el actuar infundado o injustificado, estimando que existe una interpretación antojadiza del Manual de Traslados, de forma que la Orden impugnada y la respuesta al recurso deducido carecen de motivación y es contraria a los principios consagrados, no respetando el procedimiento administrativo, sin que exista antecedente que justifique la decisión, lo que la torna en arbitraria o infundada.

Prosiguen con una cita a una sentencia de nuestro máximo tribunal que identifica, para sostener que la obligación de fundamentar o motivar se traduce en tres aspectos: i.- La relación lógica de los hechos; ii.- los elementos probatorios que los acreditan o desvirtúan; y, iii.- la correcta valoración de las consideraciones presentadas por los interesados en sus defensas.

Sigue la argumentación a otros aspectos de la decisión, especialmente al de justificación de la misma y la posibilidad de comprender la lógica de la autoridad, explicando que al estar ello ausente de un acto administrativo hace que este se torne en arbitrario, al carecer de fundamentación racional.

Afirman afectado el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona, artículo 19 N° 1 de la Constitución, derecho fundamental que explican en su contenido, para sostener que la orden de traslado lesiona el mismo ya que ello implica la separación total de los recurrentes, vulnerando ello también a nombre reservado quien se encuentra con terapia psicológica por el temor a que su padre deba irse a otra región.

Complementan lo argumentado con un análisis de la familia en cuanto a base fundamental de la institucionalidad en el actual texto constitucional, efectuando una transcripción del artículo 1° del mismo, para luego analizar a la familia como grupo intermedio y referirse a su importancia y al amparo constitucional que se le otorga, lo cual además hacen otros cuerpos legales, tratados internacionales, alegando que el traslado afecta el proyecto de formación familiar, sosteniendo la afectación de otras garantías constitucionales como el derecho a la honra y al de inviolabilidad del hogar.

En el contexto referido, citan decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humamos referidas a las políticas públicas y su incidencia en la protección de la familia y como pueden incidir negativamente en los niños, niñas y adolescentes, incluyendo que la separación de ellos de sus familias es una violación a su derecho a la vida familiar. Ello lo complementan con un análisis a la Convención de Derechos del Niño y referencias a la normativa nacional, concretamente al artículo 74 de la Ley de Tribunales de Familia, todo ello junto con opiniones doctrinarias en relación al ámbito de protección de la familia.

Afirman la lesión al derecho a la igualdad ante la ley, contenida en el N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política, garantía que analizan en base a las opiniones de los profesores don nombre reservado y don nombre reservado, a quienes citan.

Centran la afectación a la referida garantía fundamental en la falta de fundamentación del acto impugnado, al carecer de argumentos contundentes que justifiquen el traslado, tornando el acto en ilegal y arbitrario, conforme se analiza profusamente, citando, además, decisiones de la Excelentísima Corte Suprema.

Alegan amagada la garantía constitucional al juez natural y al derecho a no ser juzgado por comisiones especiales, contenido en el N° 3 del artículo 19 de la Carta Magna, analizando su contenido y aspectos principales por vía de una cita a los profesores nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

Analizan el concepto de comisión especial, ello citando decisiones de la Corte Suprema que a su vez cita el profesor Pfeffer Urquiaga.

Todo lo expuesto, afirman, permite decidir sobre la duda de si, en relación a los hechos, el órgano administrativo que dispuso el traslado es o no una comisión especial, especialmente considerando las ilegalidades en relación al Manual de Traslados.

Prosiguen con un análisis del derecho fundamental de propiedad, artículo 19 N° 24 de la Constitución Política, analizando su contenido y extensión, afirmando que el acto impugnado afecta dicha garantía al incidir sobre la expectativa que mantiene actualmente el recurrente de recibir su sueldo mes a mes y que, según afirma, arbitraria e ilegalmente se verá reducido en 10% por una decisión de la autoridad, identificando el valor en que se verían disminuidas las remuneraciones, para luego proseguir con un análisis del derecho fundamental que afirma amagado, ello en base a citas de decisiones del Tribunal Constitucional.

Refieren a los presupuestos de admisibilidad del recurso, afirmando que se cumplen en el caso concreto con todos ellos, señala que el documento electrónico N° 177689146, que contiene el acta de notificación de 23 de febrero de 2023, donde se le comunica el rechazo del recurso de reposición deducido en contra la Orden N° 411, de 29 de diciembre de 2022 constituye el acto impugnado.

Hacen referencia al plazo de interposición, señalando que el mismo debe contabilizarse desde el 23 de febrero del año 2023.

Culminan solicitando tener por interpuesto recurso de protección en contra de la Dirección Nacional De Personal De Carabineros, admitirlo a tramitación y, en definitiva, acogerlo, ordenando se dejen sin efecto el documento electrónico Número 177689146 de fecha 21 de febrero de 2023 y la Orden 411 de fecha 29 de diciembre de 2022, en la parte que dispone el traslado del recurrente, al ser ilegal y/o arbitrario e infringir diversas garantías constitucionales, otorgando protección urgente, adoptando todas las medidas que estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y, en particular, se ordene a la recurrida abstenerse de ejecutar cualquier acto que perturbe o amenace a las recurrentes a usar y gozar del inmueble entregado por la misma autoridad, todo con expresa condena en costas.

Acompaña en sustento de su acción los siguientes documentos: 1.- Copia Informe de Ecotomografía Inguinal Izquierda a nombre de nombre reservado, firmada por el doctor nombre reservado Valdivia con fecha 21 de octubre de 2022; 2.- Copia certificado médico a nombre de nombre reservado, firmada por el Teniente nombre reservado, cirujano general del Hospital de Carabineros, emitido con fecha 24 de noviembre de 2022; 3.- Certificado de nacimiento de nombre reservado; 4.- Certificado de alumna regular de nombre reservado; 5.- Copia certificado de atención psicológica a nombre de nombre reservado, emitido por la profesional nombre reservado, con fecha 07 de febrero de 2023; 6.- Copia de informe psicológico a nombre de nombre reservado, emitido por la profesional nombre reservado, con fecha 07 de febrero de 2023; 7.- Copia certificado de atención psicológica a nombre de nombre reservado, emitido por la profesional nombre reservado, con fecha 27 de febrero de 2023; 8.- Copia de pasaporte de nombre reservado, número de Pasaporte RUT reservado, con timbre de fecha 26 de abril del año 2022, por parte de la autoridad de Quintana Roo, México; 9.- Copia Orden 411, de fecha 29 de diciembre del año 2022, emitido por la Dirección Nacional de Personal, timbrado por nombre reservado, General Inspector de Carabineros, Director Nacional de Personal; 10.- Copia de Recurso de Reposición Administrativa, deducido por nombre reservado, con timbre de recepción de la 1º Comisaría de La Serena, Prefectura de Coquimbo y, 11.- Copia de Acta de Notificación de fecha 23 de febrero de 2022, sobre el contenido íntegro del Documento Electrónico Número 177689146, firmado por el Teniente de Carabineros nombre reservado, Subcomisario Administrativo.

Que con fecha 19 de abril de 2023, se dio a lugar a la orden de no innovar solicita en estos autos.

SEGUNDO: Que, mediante oficio 518, de 6 de abril de 2023, evacúa el informe de rigor la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, representada por don nombre reservado, Director Nacional de Personal, que reconoce que el Sargento 2º nombre reservado, nombre reservado ingresó a la Institución el 16 de mayo de 2005, mediando diversos traslados siendo su última destinación desde el año 2007, en la 1 ª Comisaría La Serena, dependiente de la Prefectura Coquimbo Nº 6 y que por Orden Nº 411, de 29 de diciembre de 2022, publicada en el Boletín Oficial Nº 5.042, se dispuso su traslado, con los derechos reglamentarios, a contar del 16 de diciembre de 2022, a la 5ª Comisaría de la Prefectura Valparaíso Nº9, considerando motivos de índole operativo, asociados a la misión constitucionalmente asignada a esta Institución Policial, como consta en el aludido acto administrativo.

Añade que el recurrente interpuso un recurso de reconsideración, el cual fue resuelto por el Departamento Personal de Nombramiento Institucional de la Dirección Gestión de Personas, mediante su documento electrónico N.C.U. 177673015, de 21.02.2023, el que en lo pertinente no accedió a lo resuelto señalando: “ … toda vez que dicho movimiento dispuesto obedeció al trabajo realizado por este departamento con la zona carabineros coquimbo, en conjunto con esa repartición, de acuerdo al material entregado por cada una de las unidades dependientes". El referido documento, conforme consta en el acta de 23 de febrero de 2023, le fue notificado personalmente.

Indica que con fecha 20 de julio de 2022 el recurrente interpuso un recurso de protección caratulado "nombre reservado/Prefectura de Carabineros Coquimbo", Rol Nº 5.398-2022, por medio del cual alegó en contra de la Resolución Exenta Nº 126, de 15 de junio de 2022 de la 6ª Comisaria Las Compañías, dependiente de la Prefectura Coquimbo, que lo sancionó con una medida disciplinaria consistente en "ocho días de arresto con servicios", a consecuencia de un sumario instruido en su contra, acción que fue rechazada en razón que: “… en la especie, se ha intentado impugnar un acto administrativo, que ha sido dotado por el legislador con un sistema propio de impugnación, el que aún no se ha agotado íntegramente, no siendo por tanto ésta la via idónea para las pretensiones del recurrente, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.”, decisión que fue confirmada con fecha 09 de febrero de 2023 por la Excma. Corte Suprema, causa Rol Nº 5.574.

Hace presente que al momento de confeccionar el presente informe el traslado dispuesto en la citada Orden Nº 411 aún no se ha materializado y el Sargento 2º nombre reservado se encuentra desempeñando sus funciones en su respectiva Unidad.

Refiere a la normativa aplicable y jurisprudencia en la materia haciendo presente que la facultad de trasladar al personal institucional y los derechos que de ello emanan, se encuentran debidamente regulados por la legislación, reglamentación y normativa interna de Carabineros de Chile, la cual resulta aplicable indistintamente al Personal de Nombramiento Supremo e Institucional.

Señala que el artículo 31 de la Ley Nº 18. 961, Orgánica Constitucional de Carabineros, establece que le corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial.

Añade que ello se ve reafirmado en el artículo 10 del Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y otros Beneficios, Nº 9, al indicar que los traslados del personal de la Institución serán dispuestos por el General Director, a través de la Dirección Nacional de Personal.

Hace ver que el nuevo Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, aprobado mediante la Orden General Nº 2.707, de 13 noviembre de 2019, tiene como finalidad definir, ordenar, regular, coordinar, resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de los distintos escalafones institucionales, junto con establecer los procedimientos de rigor.

Detalla que el citado manual determina en forma clara y precisa las políticas institucionales relativas a los traslados, pudiendo mencionarse, entre otras consideraciones, que todo miembro de la Institución, de cualquier grado y escalafón, por el sólo hecho de ingresar a la misma, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio.

Agrega que la señalada obligación tiene variados alcances, entre los cuales cabe consignar aquel que se relaciona con el sistema jerárquico y disciplinario de Carabineros de Chile, el cual se fundamenta en la obediencia y acatamiento de las normas y disposiciones existentes, destacándose la facultad que posee el órgano institucional competente para disponer los traslados que sean necesarios para el cumplimiento de los fines e intereses institucionales.

Argumenta que la facultad de trasladar al personal de Carabineros de Chile ha sido reafirmada mediante la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, señalando en sus dictámenes Nros. 25.116, de 2014 y 35.593, de 2016, entre otros, que sólo la autoridad pertinente de Carabineros de Chile es la que destina a sus empleados de acuerdo con las necesidades de la labor policial, por lo que se advierte que es ésta la que evalúa y determina la oportunidad y utilidad de ordenar esa medida.

Hace ver que el ente contralor ha sostenido en sus dictámenes Nros. 32.071 y 4.181, ambos de 2017, que Carabineros de Chile, por razones de servicio, está facultada para trasladar a sus funcionarios a las distintas localidades del país, atribución que no puede verse limitada por la conveniencia de quienes son destinados, pues en su ejercicio debe primar el interés público por sobre el particular del servidor, toda vez que, el objetivo perseguido por esta medida es optimizar las tareas asignadas por la Constitución Política y las leyes a la Institución.

Indica que los artículos 6º y 7º, de la Constitución Política de la República, en relación con el artículo 2º, de la Ley Nº 18.575, que consagran el principio de juridicidad, en cuya virtud los órganos de la Administración del Estado -dentro de los cuales se encuentra Carabineros de Chile-, no pueden ejercer más potestades que las que expresamente les han sido otorgadas.

Complementa que, en ese sentido, la Contraloría General de la República, acorde con el criterio contenido en el dictamen Nº 63.534, de 2014, ha manifestado que debe tenerse en cuenta que el ejercicio de facultades discrecionales, como la de la especie, por parte del Director Nacional de Personal, de ningún modo puede implicar arbitrariedad, lo que conlleva que la decisión adoptada tiene que ser suficientemente motivada y fundamentada, a fin de asegurar que las actuaciones sean concordantes con el objetivo considerado por la normativa pertinente al otorgarlas, de manera que no signifiquen, en definitiva, una desviación del poder.

Refiere que, sobre la notificación tácita del traslado y la existencia de un Manual de Traslados para el Personal de Carabineros, es necesario señalar que todas las Órdenes de Traslado del Personal Institucional son publicadas en el Boletín Oficial Institucional, el cual es el medio idóneo y válido para todos los efectos legales y reglamentarios; no pudiendo desconocer su existencia.

Destaca que el recurrente reconoce en su acción que se notificó de manera tácita de su traslado, lo que le permitió ejercer la instancia recursiva sobre el particular, por lo que no puede argumentar que esto le haya causado algún perjuicio.

Hace presente que el recurrente al momento de ingresar voluntariamente a la Institución se obligó al cumplimiento de las normas que rigen a la misma, y específicamente en cuanto a la materia recurrida, por la naturaleza de la función que sirve y el interés público prevaleciente, no siendo posible sostener que gocen de una suerte de inamovilidad en el ejercicio del cargo en su actual Unidad, máxime que el precitado Manual de Traslados tiene por finalidad establecer tiempos máximos de permanencia, situación que es conocida por todo el personal de Carabineros y declarado en el referido manual, no pudiendo alegar desconocimiento al respecto.

En relación a la alegación sobre la supuesta vulneración al derecho a la integridad física y psíquica de su persona y el núcleo familiar, el informante destaca que el movimiento decretado respecto del recurrente no resulta atentatorio contra la referida garantía, por cuanto no se advierte la concurrencia de un acto arbitrario y lesivo de dichas dimensiones personales, dado que todo lo que la Institución ha realizado, es el ejercicio de una atribución legal y reglamentariamente encomendada a los Mandos intervinientes, aplicada con la debida razonabilidad y proporcionalidad, en consideración a objetivas causales y a necesidades operativas, dentro del marco general de un proceso anual respecto del cual todo el personal de Carabineros puede ser objeto, sin distinción alguna, lo que trasciende los intereses particulares del servidor, no siendo ello óbice, bajo ningún concepto, a que pueda prestar en cualquier modalidad los debidos cuidados y auxilios a su grupo familiar.

Hace ver que el funcionario parece confundir la tutela de la garantía en análisis al invocar supuestas vulneraciones de su hija, cuestión que no se concilia con el contenido del precitado artículo, esto es, la indemnidad física y psicológica de los particulares; derecho que, en la especie, no puede verse conculcado con un traslado pues aquello no comporta alguna afectación como la descrita ni constituye un impedimento absoluto al cumplimiento de sus deberes paternales.

En cuanto a la supuesta vulneración al principio de igualdad ante la ley, artículo 19 Nº 2 y 3 de la Constitución Política de la República, destaca que el acto administrativo que dispuso el traslado, cumple con el estándar de fundamentación para todos los actos de autoridad similares, no habiéndose aplicado a su respecto un procedimiento distinto al del resto del personal de la Institución, las que fueron decretadas por razones de índole operativa, circunstancia que es motivo de suyo suficiente para ser incluido en el plan anual de traslado, toda vez que la destinación del personal es un elemento de la esencia de Carabineros, por su naturaleza operativa que exige, constitucionalmente, primar el interés general sobre el particular.

Agrega que la destinación del recurrente se ha decretado en consideración a necesidades operativas y, en particular ponderando un motivo útil de aquellos contemplados en el reseñado manual de traslados institucional, instituto cuyo espíritu radica en la idea de un desarrollo de carrera del personal en distintas áreas del país, en miras de una mejor preparación de éste, es que los intereses particulares del servidor deben supeditarse a las necesidades institucionales, según la invariable jurisprudencia administrativa de Contraloría General de la República, por cuanto es de rango constitucional, la misión encomendada a Carabineros de Chile, cuyos integrantes debe cumplir por su sola incorporación al escalafón de Orden y Seguridad.

Manifiesta que resulta evidente la existencia de un antecedente objetivo que habilitó a los Mandos competentes para determinar su nueva destinación en una Unidad diversa, considerando que aquello debe ser acatado en razón de la naturaleza jerarquizada de la Institución Policial, como miembro voluntario del Escalafón de Orden y Seguridad, circunstancia que no es óbice a la necesidad de fundamentación, que, en el caso de especie, se cumple de manera palmaria a la luz de la normativa legal y reglamentaria del ramo, atendida la casuística en estudio.

En cuanto a la supuesta vulneración al derecho de propiedad. Articulo 19 Nº 24, de la Constitución Política de la República, argumenta que en la presente acción no se acompañó ningún elemento de convicción que compruebe lo alegado por parte del recurrente, tales como boletas, certificados de deudas o documentos que acrediten tal aseveración.

Agrega que, al integrarse voluntariamente a Carabineros de Chile, los funcionarios, sin distinción de grado, asumen el compromiso de prestar sus servicios en cualquier cargo o destinación, naturaleza móvil propia de una Institución cuyo cometido constitucionalmente asignado, es la preservación del orden público y dar eficacia al derecho a través de los servicios que en ese sentido se puedan desplegar, lo que depende, en una esencial medida, del correcto, eficaz y necesario manejo de su recurso humano.

Afirma que para que el actor promueva su alegación, debe estar en posesión de un derecho indubitado, esto es, un derecho cuya titularidad no dé lugar a dudas o interpretaciones, el que -a juicio del recurrente- sería la inamovilidad del cargo que actualmente desempeña en su Unidad de origen y la supuesta arbitrariedad de los actos administrativos que dispusieron su traslado, por lo que aquello que pretende el actor, es obtener por parte de la Iltma. Corte de Apelaciones, la declaración de un derecho del que no es poseedor, evidenciando la intención de tratar de utilizar la vía de protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de un asunto de lato conocimiento, por lo que esta acción constitucional no puede prosperar.

Cita en apoyo de su argumentación la sentencia de la Excma. Corte Suprema, en la causa Rol Nº 25.121-2015, que sostuvo: "( ... )Es menester- señalar- que tal petición no se concilia con la naturaleza de la vía elegida, que no es declarativa de derechos sino que sólo persigue satisfacer la cautela urgente de garantías constitucionales que dan cuenta de derechos indubitados, cuya no es la situación de la especie, por lo que la pretensión hecha valer- no podrá prosperar".

Sostiene que, en consecuencia, como presupuesto básico de esta acción se exige la existencia de un derecho indubitado, lo cual en la especie no concurre.

Señala que la acción de protección siendo de naturaleza cautelar, de emergencia, extraordinaria y sumarísima, tiene por finalidad restablecer el imperio del derecho en aquellos casos en que clara y efectivamente se haya vulnerado. En consecuencia, y dado su carácter perentorio, se prescinde de las garantías procesales de un procedimiento de lato conocimiento, necesarias en cualquier juicio.

Cita, nuevamente, una decisión de la Exma. Corte Suprema, en causa Rol Nº 1.275-2015, la que transcribe en lo medular.

Afirma que, en el caso particular no se dispuso arbitrariamente el traslado del funcionario, sino que aquello obedeció a la observancia de la normativa que rige el traslado del personal de Carabineros de Chile, amparado en los criterios sostenidos por la Contraloría General de la República, por lo que no estamos en presencia de un actuar arbitrario de esta Autoridad Institucional, no existiendo vulneración alguna a los derechos previamente citados, en los terminos esgrimidos por el recurrente.

Sostiene que, al no existir la conculcación de las garantías esgrimidas por el actor, resulta improcedente la acción constitucional impetrada, toda vez que no se verifican los presupuestos básicos de esta acción, principalmente, la supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad en el actuar del Director Nacional de Personal, por lo que es posible colegir que la cautela de derechos fundamentales intentada, al carecer de sustento normativo, no puede prosperar.

En definitiva, teniendo presente que el actor no cuenta con un derecho indubitado, la acción intentada no cumple con el supuesto básico para su procedencia, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho -que en la especie el recurrente no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto fáctico que, tal como fuera precisado, tampoco se verifica- estimado que el presente recurso, no resulta procedente.

Concluye que el traslado del Sargento 2º nombre reservado fue dispuesto con estricto apego al ordenamiento jurídico vigente, junto con haberse procurado el cumplimiento de lo establecido por los dictámenes de la Contraloría General de la República los cuales resultan obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, por lo que no estamos en presencia de un actuar arbitrario de la autoridad, no existiendo la vulneración esgrimida por el recurrente.

Manifiesta que el citado funcionario no tiene en su haber un derecho indubitado que reclamar, más aún, queda en evidencia que la verdadera pretensión es transformar esta vía recursiva en una instancia, con el único objeto de obtener la declaración de un derecho que no posee.

Afirma que el recurrente no cuenta con un derecho indubitado, por lo que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación o amenaza de un derecho -que en la especie el interesado no posee-, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto -supuesto que tampoco se verifica-, careciendo la cautela de derechos fundamentales que nos convoca, de sustento normativo y fáctico.

Solicita, atendiendo las consideraciones expuestas, que no existen antecedentes, argumentos ni elementos de juicio, que permitan acreditar, sustentar y admitir la acción constitucional, requiriendo tener por informado el recurso de protección y, en definitiva, rechazarlo, con costas, por cuanto Carabineros de Chile, no ha vulnerado derecho alguno, actuando conforme al ordenamiento jurídico.

Se acompañó por la recurrida, conjuntamente con el informe, los siguientes documentos: 1.- Copia simple de la Orden Nº 411, de 29.12.2022, de esta Dirección Nacional de Personal, publicada en el Boletín Oficial Nº 5.037 y, 2.- Acta de notificación del documento electrónico N.C.U 17763015 de 21.02.2023, del Departamento Personal de Nombramiento Institucional (P.2.)

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la acción de protección deducida en estos autos dice relación específica con la decisión de rechazo del recurso de reconsideración deducido en contra de la Orden N° 411 de fecha 29 de diciembre de 2022, de la Dirección de Personal de Carabineros de Chile que ordena diversos traslados, entre los que figura el del recurrente, don nombre reservado, desde la Primera Comisaría de La Serena a la Quinta Comisaría de la Prefectura Valparaíso N° 9, decisión denegatoria que se materializa en el documento electrónico N° 177689146, notificado al actor de protección el día 23 de febrero de 2023.

SEXTO: Que, la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en su artículo 31 dispone: “Corresponde sólo a la autoridad respectiva de Carabineros destinar al personal en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial”. Por su parte, el Decreto Supremo N° 625, del año 1964, del Ministerio del Interior, que contiene el Reglamento de Feriados, Permisos, Licencias y Otros Beneficios, Nº 9, dispone en su artículo 1° “El personal de Carabineros de Chile, se regirá en materia de feriados, licencias, permisos, traslados, permutas, viáticos, pasajes y fletes e indemnización para gastos de traslados, por disposiciones del presente Reglamento, pudiendo solicitar su otorgamiento al Supremo Gobierno, a la Dirección General o a sus respectivas Jefaturas, según corresponda”, regulando los traslados en el Título III, Capítulo I, artículos 10 y siguientes. Por su parte, la Orden General N° 2707, de 13 de noviembre de 2019, aprobó el denominado Manual de Traslados para Personal de Carabineros de Chile, el que tiene por objeto “… ‘definir, ordenar, regular, coordinar y resolver la ejecución e implementación del Proceso Anual de Traslados para todo el personal de la planta institucional’, además de otros traslados extraordinarios”, disponiendo en el Capítulo II, sobre Obligación del Personal de Carabineros de Chile, artículo 2.1. que “Todo miembro de la Institución, por el hecho de ingresar a ella, se compromete a prestar servicios en cualquier cargo y zona del país, para desempeñar las tareas encomendadas por la Constitución Política de la República, leyes y reglamentos 1°, a Carabineros de Chile, atendiendo a las necesidades del servicio, planificación estratégica institucional y/o criterios establecidos en el presente Manual”.

SÉPTIMO: Que, del marco normativo referido en la motivación precedente, resulta indudable que el personal de Carabineros de Chile puede ser objeto de traslados o destinaciones en los diversos cargos y empleos según los requerimientos de la función policial, lo cual se vincula a la continuidad de la función pública y que, como destaca el ya referido Manual a la exigencia de “atender las necesidades de seguridad pública de manera continua y permanente”, lo que lleva a la necesidad de “disponer, permanentemente, del recurso humano necesario para cubrir los distintos cargos, comisiones, cursos u otras funciones determinadas en conformidad a la estructura organizacional”, de forma tal que los traslados y el proceso anual de traslados está íntimamente vinculado al principio de continuidad del servicio público, lo que implica la prestación regular e ininterrumpida de los mismos a fin de no generar perjuicios a los usuarios, en este caso, de todos los habitantes del país en atención al fin institucional de Carabineros de Chile definido en la Ley N° 18.961, esto es “garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República y cumplir las demás funciones que le encomiendan la Constitución y la ley”.

OCTAVO: Que, determinada la facultad legal y reglamentaria de que el personal de Carabineros de Chile puedan ser trasladados y destinados a los diferentes cargos y empleos, ello según los requerimientos de la función policial y la necesidad de satisfacer permanentemente el servicio público que por mandato Constitucional y legal debe ejercer, es necesario determinar si en la Orden N° 411 de fecha 29 de diciembre de 2022, de la Dirección de Personal de Carabineros de Chile que ordenó, entre otros, el traslado del recurrente, don nombre reservado, se ha incurrido en una ilegalidad y/o arbitrariedad, conforme se denuncia en la acción de protección.

NOVENO: Que, la presente acción de protección se sustenta en la falta de la debida fundamentación y/o justificación del acto administrativo que dispone el traslado del actor, lo que se extendería también a la decisión de rechazo de la solicitud de reconsideración del traslado dispuesto en la Orden N° 411, ya singularizada. Ahora bien, el análisis de la debida justificación de la decisión de traslado debe partir del supuesto del carácter de servicio público de Carabineros de Chile, dado que, como se analizó, la función encomendada a la referida institución se vincula, principalmente, a garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior en todo el territorio de la República, fin público que se rige por el principio de continuidad de la función pública y que obliga a la referida institución de adecuar sus servicios a la disponibilidad de personal y a las necesidades de cubrir una demanda cada vez mas creciente de seguridad pública, lo cual, como reconoce expresamente el Manual de Traslados ya tantas veces referido, importa deber trasladar y destinar a su personal a diversas ciudades y regiones, a fin de cumplir con el mandato constitucional y legal que se le impuso como fin institucional. Tales elementos están expresamente considerados en el citado Manual de Traslado, conforme se analizó en motivaciones previas, siendo dicho instrumento un conjunto de criterios y reglas de razonabilidad para poder aplicar, en forma igualitaria y transparente a todo el personal institucional, la política institucional de traslados y, especialmente, efectuar el proceso anual de traslados a que se refiere el Capitulo I de la referida regulación.

DÉCIMO: Que, los actos administrativos impugnados, conforme a lo analizado, no resultan ni ilegales ni arbitrarios, dado que por una parte, el ordenamiento jurídico contempla expresamente la facultad de trasladar y destinar al personal de Carabineros de Chile a otras reparticiones a lo largo del territorio nacional, ello a fin de poder cumplir de debida forma la función pública que se le ha encomendado, contemplándose incluso procesos anuales de traslado que son de conocimiento de quienes se desempeñan en la institución, dado que, por una parte, ingresaron voluntariamente a ella y, por otra, conocen las condiciones y reglas en que se debe prestar la labor institucional a la que, en el caso de autos, han prestado por varios años. Adicionalmente, conforme se desprende de los antecedentes acompañados por las partes y el propio manual, no se observa un incumplimiento en los tiempos de permanencia fijados por el referido cuerpo normativo, efectuándose el traslado en la época a que se refiere el mismo.

UNDÉCIMO: Que, en relación a los argumentos expuesto por los recurrentes, en orden a la existencia de una supuesta infracción normativa en la decisión cuestionada, por infringir determinados criterios reguladores, concretamente aquellos a que se refieren los artículos 2.4.2 letras a), b) y c), debe tenerse en consideración que ellos no tienen el carácter de vinculantes para la autoridad que decide el traslado, sino que como la misma normativa lo establece, corresponde a antecedentes orientadores para adoptar las decisiones respectivas atendiendo una mejor y adecuada administración del recurso humano, pero en ningún caso, conforme se insinúa en el recurso, reglas que determinen la decisión administrativa, dado que la decisión de traslado y la destinación, conforme ya se ha hecho referencia, dice relación con la necesidad de adecuar la dotación a la demanda de servicios en cumplimiento del fin público que regula la actuación y fines institucionales de Carabineros de Chile y que debe también regular a sus integrantes que, en cuanto servidores públicos, conocen y tenían pleno conocimiento de la posibilidad de ser trasladados a las diversas unidades policiales que existen a lo largo del país.

DUODÉCIMO: Que, no existiendo un acto ilegal ni arbitrario en los actos administrativos que se impugnan en la presente acción de protección, no se hace necesario analizar los restantes requisitos de procedencia de la misma, debiendo rechazarse el recurso intentado conforme se resolverá en lo dispositivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, por sí y por doña Consuelo Varas Catalán, en representación de doña nombre reservado, en contra de la Dirección Nacional de Personal de Carabineros, en relación a los actos administrativos materializados en el documento electrónico 177689146 que contiene el acta de notificación de fecha 23 de febrero de 2023 por el cual se le rechaza el recurso de reposición deducido contra la Orden N° 411, de 29 de diciembre de 2022, actos que no poseen el carácter de ilegales y/o arbitrarios.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 265-2023 (Protección).

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Enrique Labarca Cortés.

En La Serena, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.