nombre reservado con MINISTERIO PÚBLICO FISCALIA DE LA SERENA

nombre reservado

Fiscalía Regional – IV Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 264-2022.- La Serena, veinticinco de marzo de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que comparece doña nombre reservado, domiciliada en domicilio reservado, funcionaria administrativa del Ministerio Público, interponiendo acción de protección en contra de FISCALIA REGIONAL – IV REGION DE COQUIMBO, representada por su Jefe de Recursos Humanos don nombre reservado, domiciliado en domicilio reservado.

Primeramente, indica que trabaja para el Ministerio público desde noviembre del año 2000, y que ha acumulado, 357 días de reposo médico desde el 05 de marzo de 2020, hasta el 05 de marzo de 2022.

Luego, refiere que mediante carta certificada, de fecha 25 de febrero de 2022, y recibida en su domicilio el pasado 28 de Febrero del mismo año, el Jefe de la Unidad de Recursos Humanos, Fiscalía Regional, IV Región de Coquimbo, comunica que atendido a los antecedentes existente en torno a la situación de salud, el Sr. Fiscal Regional ha decidido iniciar el proceso de desvinculación por las razones señaladas en el artículo 81 letra b) de la Ley N° 19.640 y artículo 91 letra b) del Reglamento del Personal de funcionarios del Ministerio Público, dado que se configura una situación de salud incompatible con el cargo o la existencia de una enfermedad irrecuperable.

Arguye que el Ministerio Público, a través del Fiscal Nacional, como empleador, excediendo el marco establecido en la ley, presume que su estado de salud sería incompatible con el cargo de Secretaria que ha desempeñado durante 21 años, por el sólo hecho de sumar días de licencia, fundado en el artículo 93 del Reglamento, el cual refiere una mera facultad del empleador, desprovista de motivaciones que la justifiquen, por lo que estima que es arbitraria e ilegal, pues sanciona drásticamente a quien sin su voluntad sufre una enfermedad común y por disposición medica debe guardar reposo.

Estima que los hechos referidos vulneran su derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a la no discriminación y la libertad de trabajo, pues, a su juicio, la causal es improcedente, injustificada y atentatoria de sus derechos fundamentales, formulada en la escueta notificación que da por iniciado el proceso del término de su contrato aduciendo exclusivamente salud incompatible con el cargo por una cuestión meramente numérica, esto es, la cantidad de días de licencia médica de que ha usado para recuperar su quebrantado estado de salud por factores ajenos a su voluntad.

Arguye que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), debiera ser la instancia idónea para calificar si a su edad 49 ha perdido la compatibilidad para desempeñar el cargo, o bien que presumiblemente estuviera en la situación de acceder a una pensión por invalidez total o parcial según así lo permite su sistema previsional.

Solicita en definitiva que, acogiendo el recurso, se restablezca el imperio del derecho sobre la base de dejar sin efecto el citado proceso de desvinculación que le ha sido notificado desde la Fiscalía Regional IV Región de Coquimbo según carta de fecha 25 de febrero de 2022.

Acompaña 1. Carta de notificación de la Fiscalía Regional IV Región Coquimbo, firmada por don nombre reservado, Jefe de Recursos Humanos, Región de Coquimbo. Remitida a su domicilio particular de fecha 25 de febrero de 2022. 2. Certificados Médicos.- SEGUNDO: Que comparece evacuando informe por la recurrida don nombre reservado, Fiscal Regional del Ministerio Público de la IV Región, quien señala que la recurrente el día 12 de marzo de 2021 y hasta la fecha en que se le comunica la decisión de iniciar el proceso de desvinculación, registra 357 días de licencia médica, y actualmente se encuentra bajo reposo médico de 30 días que comenzó el día 06 de marzo y hasta el 04 de abril con lo cual sumaría 387 días de ausencia por las razones señaladas, correspondientes a enfermedad común.

Sostiene que conforme lo expuesto precedentemente, se configuraría la causal de término del contrato de trabajo de los funcionarios por salud incompatible con el cargo, causal establecida en la Ley Orgánica Constitucional (LOC) N° 19.640 que permite el cese de funciones de fiscales y el término de contrato de trabajo de funcionarios.

Luego de efectuar citas legales, indica que la regulación de esta causal en el Ministerio Público es idéntica a la del Estatuto Administrativo, de forma tal que, previo a aplicarla, se debe requerir el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva (COMPIN) respecto de la condición de “irrecuperabilidad” de la salud del funcionario.

En consecuencia, si la COMPIN determina que la salud de la funcionaria es irrecuperable, debe darse curso al procedimiento de jubilación o pensión por invalidez. Por el contrario, si la salud es recuperable, la autoridad administrativa queda facultada para aplicar la causal de desvinculación por salud incompatible.

En estas condiciones, por disposición legal y reglamentaria, corresponde dar curso a una tramitación previa, antes de la decisión respecto de la continuidad en el cargo de la funcionaria, siendo aquello lo que, indica, se ha notificado a la recurrente, por lo que no puede calificarse como arbitrario o ilegal el actual de la institución, y tampoco puede afirmarse que se haya afectado, en cualquier forma los derechos que invoca.

Añade que el Fiscal Nacional ha impartido instrucciones precisas para la eventual aplicación de esta causal de término del contrato de los funcionarios, determinando los procedimientos a seguir, y precisando que no procederá su aplicación, además de en los casos de enfermedades señaladas en el reglamento (por accidente del trabajo o enfermedades profesionales calificadas como tales por la Comisión Médica de Medicina Preventiva e Invalidez del Servicio de Salud que corresponda, ni las licencias otorgadas de conformidad al Título II del Libro II del Código del Trabajo), tratándose de lo que se califica de enfermedades catastróficas.

Acompaña 1.- Copia de la carta comunicando inicio proceso a doña nombre reservado; 2.- Copia de correos de RRHH impartiendo instrucciones y procedimiento; 3.- Reglamento del Personal para los Funcionarios del Ministerio Público; 4.- Escrito de descargos de la funcionaria nombre reservado; 5.- Procedimiento para salud incompatible de 2021; 6.- Pantallazo de la solicitud de salud incompatible de la Fiscalía Regional a la Fiscalía Nacional; 7.- Informe licencias médicas de nombre reservado período 2021-2022.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en atención a lo expuesto por las partes y revisados los antecedentes acompañados, se observa que lo que se pretende es impugnar la decisión de la recurrida de iniciar un proceso de desvinculación de la recurrente conforme a lo dispuesto en los artículos 81 b) de la Ley 19.640 y 91 b) del Reglamento de Personal del Funcionarios del Ministerio Público, comunicado mediante carta fechada el 25 de febrero de dos mil veintidós.

Así las cosas, el acto impugnado es únicamente un acto trámite que busca poner en conocimiento a la recurrente el inicio del proceso de desvinculación, el cual no contiene ninguna decisión de término que pueda estimarse vulneratoria de alguna garantía constitucional cautelada por la presente acción.

A mayor abundamiento, el procedimiento, conforme a lo informado, se ha ceñido estrictamente a las normas procedimentales, disponiéndose en él, previo a su resolución, la evaluación a la recurrente por la Comisión de Medicina Preventiva e invalidez, trámite este último que, de conformidad a lo expuesto por la recurrente en presentación de fecha veintitrés de marzo del corriente, es justamente lo buscado con el presente recurso.

SEXTO: Que de esta manera el acto impugnado, en cuanto fue desplegado en cumplimiento de la legislación que rige esta materia y cuya finalidad apunta a dictar el acto administrativo terminal, que es resolver la procedencia de desvincular a la recurrente por salud incompatible con el cargo, carece de la aptitud necesaria para amenazar cualquier garantía constitucional, pues como actos intermedios no pueden generar efecto alguno en tal sentido y, por lo demás, no se advierte alguna falta a la normativa que rige esta facultad del señor Fiscal.

SÉPTIMO: Que, acorde a lo antes expuesto, el recurso de protección no puede prosperar porque no concurre el presupuesto favorable a esta acción de que el acto denunciado tenga la aptitud de privar, perturbar o amenazar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales cautelados mediante este recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, asimismo, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara, que SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don doña nombre reservado, en contra de FISCALÍA REGIONAL – IV REGION DE COQUIMBO.

Comuníquese, regístrese y archívese.

Rol N° 264-2022 Protección.