nombre reservado con MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS

nombre reservado

I. Municipalidad de Los Vilos Recurso de protección Rol Nº262-2026 La Serena, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado Fernando Castillo Aguirre en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS, representada por su alcalde don Cristian Gross Hidalgo, por el actuar arbitrario e ilegal consistente en la decisión de no renovar el pago de patente comercial y de alcoholes para el año 2026, invocando que el terreno que ocupa su representado es un bien de uso público, vulnerando el principio de confianza legítima y con ello sus garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N°2, N°21 y N°24 de la Carta Fundamental.

Expone que, su representado es dueño del terreno ubicado en Salvador Allende N°830 Los Vilos desde el año 2023, y anteriormente a esa fecha, su representado para adquirir dicha propiedad efectuó un estudio de título para la instalación de su negocio, consistente en un Restaurante de Sushi. Señala que, al no existir obstáculos administrativos para su funcionamiento decide a partir del año 2023 construir una terraza dentro de su terreno lo que actualmente es cuestionada en forma arbitraria e ilegal por el órgano Municipal.

Indica que desde el 2023 a la fecha el local del recurrente ha adquirido un gran prestigio, dando fuente de trabajo a los habitantes de Los Vilos funcionando en forma pacífica y tranquila, con sus patentes al día, tanto comercial como de alcoholes.

Señala que, el pasado 2 de febrero inspectores municipales con el propósito de fiscalizar le hicieron observaciones que debía pagar los derechos correspondientes.

Hace presente, que el acto recurrido ya fue notificado, y produce efectos inmediatos, encontrándose obligado su representado a pagar derechos que no le corresponden con advertencia de clausura y demolición de un trabajo de años.

Concluye solicitando que, se acoja el recurso en todas sus partes.

Acompaña a su recurso escritura de adjudicación, participación y liquidación.

SEGUNDO: Que el 9 de febrero pasado la Sala Tramitadora solicita la aclaración del recurso interpuesto, lo cual se cumple a folio 3 y expone que, el acto ilegal e arbitrario que se impugna ocurrió el 14 de enero del 2026 cuando el recurrente se disponía a renovar su patente comercial de restaurante diurno en el terreno que es de su dominio, y de forma arbitraria se le indicó que el espacio que ocupaba era bien de uso público, y que, mientras no regularizara dicha situación no podría pagar su patente. Señala que, el 2 de febrero pasado, el recurrente recibió una notificación que lo conminaba a regularizar el espacio que ocupa su restaurante en un plazo de 5 días, lo que señala que no es posible realizar pues el predio es privado y no de uso público como sostiene el recurrido.

Sobre las garantías conculcadas señala la igualdad ante ley, pues la autoridad no puede establecer diferencias arbitrarias, y la igual protección ante la ley en el ejercicio de sus derechos; así también invoca la libertad de trabajo, pues el acto impugnado ha producido una afectación concreta, actual y directa en los derechos del recurrente en términos de ganarse la vida honestamente.

Concluye solicitando, se acoja el recurso, y en definitiva se deje sin efecto el acto impugnado de prohibición del pago de patente diurna, ordenando a la recurrida que permita el pago de su patente diurna en bien de uso privado como lo ha hecho estos últimos dos años.

TERCERO: Que, a folio 9, comparece el abogado Patricio Andrades Tordecilla, en representación de la Ilustre Municipalidad de Los Vilos, evacuando el informe ordenado, solicitando su rechazo, con costas.

Señala que, el recurso pretende, bajo la apariencia de una supuesta vulneración de garantías fundamentales, instrumentalizar a la Corte para consolidar una situación de abierta ilegalidad urbanística, pues lo pretendido es validar en sede jurisdiccional la ocupación irregular de un bien nacional de uso público (en adelante, "BNUP") y la mantención de una estructura —terraza y container— erigida sin permiso de edificación, al margen de las disposiciones de la Ley General de Urbanismo y Construcciones (en adelante, "LGUC") y del Plan Regulador Comunal de Los Vilos. Añade que, la acción adolece de vicios formales insubsanables y carece de sustento fáctico mínimo, toda vez que se ataca una actuación administrativa inexistente, pues el actor edifica su acción sobre la premisa de que la Municipalidad habría adoptado una decisión de no prorrogar o no renovar sus patentes comerciales y de alcoholes para este año 2026, lo cual es un error de hecho, pues la municipalidad no ha dictado decreto alguno que deniegue la renovación de patentes, así refiere que el recurrente cuenta con dos patentes las que fueron procesadas sin inconvenientes.

Aclara que la única situación pendiente con el recurrente es una deuda por la patente Rol N°250350, que corresponde única y exclusivamente a los "Derechos por ocupación de bien nacional de uso público destinado a terraza", cuyo monto impago asciende a $796.612.

Expone que, el 2 de febrero pasado en el marco de una fiscalización, la Dirección de Obras Públicas concurrió al local del recurrente, y del informe técnico se constató que el recurrente mantiene instalado un container y una estructura sólida de terraza que exceden los límites de su propiedad, ocupando 10,12 metros cuadrados de bien nacional de uso público. Señala que lo anterior, fue ratificado por Memorándum DOM N°122, siendo las construcciones del recurrente una transgresión directa al artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

Afirma que el recurrente no puede alegar sorpresa frente al accionar municipal, pues los registros históricos acreditan que el 7 de enero de 2016 se le cursó la Notificación N°004297 por la misma infracción: ocupación irregular del espacio público. Y que, en dicho documento, se le otorgó plazo para regularizar o retirar, y han transcurrido diez años desde aquella advertencia oficial, tiempo durante el cual el recurrente ha mantenido su rebeldía frente a la normativa urbanística, desvirtuando cualquier alegación de buena fe o confianza legítima.

Señala que, el recurso es inadmisible por inexistencia de un acto administrativo terminal, pues las fiscalizaciones de la Dirección de Obras y los informes internos de febrero de 2026 son actos trámite, de carácter preparatorio o de mera constatación, no constituyendo una resolución decisoria del Alcalde, por lo que, lo impugnado por el recurrente es una actuación en etapa de fiscalización.

Alega que, el recurso de protección no es la vía, pues el actor pretende que por medio de la presente acción se determine que los 10,12 metros cuadrados que ocupa corresponden a su propiedad, y no a la faja pública establecida en el Plan Regulador Comunal, lo que excede los márgenes de la presente acción cautelar, careciendo el actor de un derecho indubitado, que debe ser resuelto por los tribunales civiles.

Refiere que la conducta del recurrente desconoce la naturaleza jurídica de los bienes de uso público, los cuales, conforme al artículo 589 del Código Civil, son inalienables e imprescriptibles, no pudiendo transformarse en dominio privado por el solo transcurso del tiempo, y frente a ello, la Municipalidad, en virtud del mandato imperativo de custodia que le impone el artículo 5° letra c) de la Ley N°18.695, se encuentra obligada a ejercer su potestad fiscalizadora, por lo que el actuar del ente edilicio se enmarca en el más estricto apego al principio de legalidad, al buscar restituir el bien al uso común de todos los habitantes.

Añade que, el recurrente pretende ampararse en el pago previo de derechos de terraza para alegar un "derecho adquirido" sobre la ocupación del bien nacional de uso público, lo que constituye un error jurídico, así la Contraloría General de la República ha establecido, mediante los Dictámenes N°56.771 de 2003 y N°058219N08 de 2008, que estos permisos son actos unilaterales precarios, dependiendo exclusivamente de la voluntad de la autoridad. A mayor abundamiento, señala que, la confianza legítima resulta inaplicable en la especie, pues el recurrente se encuentra en infracción permanente a la Ley General de Urbanismo y Construcciones al carecer del debido Permiso de Edificación.

Solicita el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Correo electrónico del Departamento de Patentes Comerciales (09.02.2026), que certifica la vigencia de las patentes y la inexistencia de acto denegatorio; 2.- Correo electrónico de la Dirección de Obras Municipales (02.02.2026), que constata instrumentalmente la invasión de 10,12 m2 en BNUP y la falta de permisos de edificación; 3.- Memorándum DOM N°122 (12.02.2026), que corrobora la vigencia del Plan Regulador Comunal respecto al ancho de la faja vial afectada; 4.- Estado de cuenta municipal con detalle de patentes ROL 250350 (impaga), ROL 250780 y ROL 400463 (pagadas); 5.- Copia de resolución y antecedentes de regulación de costas en causa Rol N°1962-2024 de esta Iltma. Corte, demostrativa del patrón de litigación temeraria de la contraparte; y 6.- Copia del Dictamen N°058219N08 de la Contraloría General de la República (11 de diciembre de 2008).

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado por el actor es la negación de la Municipalidad del 14 de enero del 2026, a no permitir el pago de su patente comercial de restaurante diurno en el terreno que es de su dominio, indicando como fundamento del rechazo que el espacio que ocupaba era un bien de uso público, y que, mientras no regularizara dicha situación no podría pagar su patente, notificándolo el 2 de febrero pasado para regularizar el espacio que ocupa su restaurante, lo que señala vulnerar su garantías constitucionales de los numerales 2, 21 y 24 de la Carta Magna, solicitando en concreto, se deje sin efecto el acto impugnado de prohibición del pago de patente diurna, ordenando a la recurrida que permita el pago de la misma.

A su turno la recurrida informa que el actor cuenta con tres patentes municipales, dos de las cuales no se ha negado su renovación y se encuentran pagadas; y que, respecto de la N°250350 es sobre el uso de un bien nacional de uso público, y que respecto de esta mantiene una deuda que no ha sido pagada por el actor. Niega que se haya dictado acto o resolución que no permita la renovación o pago de patente, sino que lo discutido en definitiva es que el recurrente se encuentra haciendo uso de un terreno clasificado como bien nacional de uso público, por lo que las construcciones allí edificadas por el actor contravienen lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Urbanismo y Construcción.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes arribados al recurso, se constata que lo alegado por el actor, en cuanto que es el dueño de aquel retazo de 12,10 metros cuadrados, es debatido por las partes, siendo una controversia que debe plantearse en sede de lato conocimiento, excediendo de la naturaleza cautelar de la presente acción.

Además, el recurrente no acompañó documento alguno que acreditara sus dichos, en cuanto no se le ha permitido pagar sus patentes, por el contrario, acompaña dos de ellas pagadas con vigencia durante el presente año, y en cuanto a la patente con deuda por uso de un bien nacional de uso público, no se acompaña antecedente que diera cuenta de aquella deuda obstaculiza el desarrollo de sus actividades comerciales, cuyas patentes municipales, como ya se señaló, se encuentran plenamente vigentes.

Por lo anterior, tampoco se vislumbra la vulneración de los derechos del actor, descartándose la afectación de las garantías consagradas en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

Todo lo anterior lleva, necesariamente, al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°262-2026 (Protección).