nombre reservado con PREFECTURA DE CARABINEROS nombre reservado N° 6

nombre reservado, nombre reservado

Prefectura de Carabineros nombre reservado

Recurso de protección Rol N° 262-2023.

La Serena, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece doña Karla Victoria Gaete Vásquez, abogada, en representación de don nombre reservado, deduciendo acción constitucional de protección en contra de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, representado por el nombre reservado don nombre reservado y por el abogado procurador Fiscal de nombre reservado don nombre reservado, ello con motivo de los actos ilegales y/o arbitrarios materializados en la Resolución Exenta N° 106, de fecha 03.02.2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, que dispone la “baja con conducta mala con efectos inmediatos” de su representado, decisión que se habría adoptado en razón que el día 02 de febrero de 2023, a las 15:40 horas aproximadamente, en circunstancias que éste se encontraba de servicio en la Tenencia Guanaqueros en compañía del Sargento 2° nombre reservado y Carabinero nombre reservado, concurrieron a prestar cooperación al sector territorial de la Tenencia Tongoy por un procedimiento de riña, trasladando hasta el cuartel de la Tenencia de Tongoy a dos imputados identificados como nombre reservado, de 38 años y el menor de edad de iniciales J.A.M.M, de 17 años y en el interior del cuartel policial, en circunstancias que realizaban el ingreso de ambos imputados a los respectivos calabozos, el nombre reservado nombre reservado, procedió a agredir con golpes de puños y manos al imputado de iniciales J.A.M.M., lo que fue observado por el Carabinero nombre reservado, quien dio las cuentas al nombre reservado de Primera Guardia, Cabo 2° nombre reservado, el que, luego de haber tomado conocimiento de los hechos antes descritos, le informó al Jefe de Tenencia Tongoy, Subteniente nombre reservado, quien procedió a realizar revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas al interior del Cuartel, constatando que efectivamente el nombre reservado nombre reservado había agredido al imputado ya singularizado mientras el mismo se encontraba esposado, por lo cual procedió a informar de lo ocurrido al Mando de Unidad, como asimismo, a adoptar el procedimiento de rigor, trasladando al imputado de iniciales J.A.M.M., al CESFAM de Tongoy para el respectivo trámite de constatación de lesiones, siendo atendido por el médico de turno quien diagnóstico sin lesiones, según consta en el Dato de Atención de Urgencia N° 36102125. Agrega que con motivo de esos hechos a las 19:55 horas del día 02 febrero de 2023 y previa lectura de sus derechos legales, personal policial procedió a la detención del nombre reservado nombre reservado, dando cuenta de los hechos a la Fiscalía Local de nombre reservado mediante el Parte Detenido Nro. 93 de fecha 02.02.2023, de la Tenencia (T) Guanaqueros, por el delito de "Apremios Ilegítimos", haciéndose presente que conforme a las instrucciones impartidas por el fiscal de turno, el detenido debía pasar a audiencia de control de detención ante el Juzgado de Garantía de nombre reservado el día 03.02.2023. Expone que ello determinó, conforme se concluye en el acto impugnado la infracción y configuración por parte del nombre reservado nombre reservado de las faltas que en el mismo se singularizan en el acto impugnado y que están comprendidas en el Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nro. 11.

Afirma que la decisión impugnada se ha materializado sin la tramitación que en derecho corresponde, correspondiendo a actos que están amenazando, perturbando y privando el libre ejercicio de los derechos fundamentales de su representado, garantizados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República de Chile, en específico los del inciso 1° del numeral 2°, que garantiza "La igualdad ante la ley”, señalando y precisando, en el inciso 2°, que "Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias".

Expone, en el acápite referido a los hechos, que el día 02 de febrero del año, 2023, cerca de las 15.30 horas, mientras su representado se encontraba de servicio como nombre reservado de Carabineros y Jefe del Retén de Carabineros Guanaqueros, dependiente de la Tenencia de Carabineros Tongoy, recibió en formas reiteradas diferentes llamados telefónicos a su teléfono particular y WhatsApp por parte del Jefe de Tenencia de Carabineros Tongoy Subteniente Sr. nombre reservado, quién en forma alterada le ordenó que concurriera con personal a su cargo a prestar cooperación a un procedimiento de agresión y amenazas de muerte a personas que se encontraban trabajando en la línea de colectivos Tongoy de nombre Alfamar, ubicado en Av. Fundición Sur esquina con calle Gómez Carreño, Tongoy, ante el requerimiento realizado por el Sr. Delegado Municipal de dicha localidad.

Añade que su representado cumplió la orden, concurriendo en forma inmediata al procedimiento en compañía del Sargento 2° nombre reservado y un Carabinero identificado como nombre reservado, todos del Retén Guanaqueros. Una vez en el procedimiento, se entrevistan con una de las victimas identificada como nombre reservado, que les señaló que había sido víctima de agresión y amenazas de muerte, sindicando a dos sujetos como los autores del delito, quienes se daban a la fuga a unos metros del lugar, por lo que fueron en su persecución, oponiendo uno de ellos resistencia a su fiscalización y detención, comenzando a propinarle diferentes golpes de puños y pies, en diferentes partes del cuerpo de su representado, y principalmente a la altura de su tórax, quedando en estado de shock con taquicardia, haciendo presente que su defendido mantiene dos bypass y una prótesis en su tórax, perdiendo brevemente la noción, donde luego los sujetos pudieron ser reducidos y esposados por los otros funcionarios policiales, quienes lo trasladaron a la Tenencia de Carabineros Tongoy, para tomar el procedimiento por el delito de Maltrato de Obra a Carabineros de servicio, amenazas de muerte con resultados de lesiones.

Manifiesta que después de haber finiquitado e informado todos los antecedentes al ministerio público, en un tiempo posterior los funcionarios aprehensores, correspondiente al Subteniente nombre reservado y nombre reservado, de dotación de la Tenencia de Carabineros Tongoy, cegados por su actuar, ordenaron a su representado que firmara un acta de salud, donde se indicaba que no tenía lesiones, haciendo presente su representado que si las tenía, quienes solo se abocaron a la conducta realizada por su mandante, para luego percatarse del mal estado de su salud, dado que no podía respirar y siendo visibles sus lesiones respecto de la agresión que había sufrido, trasladándolo al CESFAM de la localidad de Tongoy, en donde el médico de turno diagnosticó “traumatismo en región facial y región anterior de tórax, posterior agresión vía pública (sic), paciente refiere aumento de volumen y dolor en región malar derecha y hemitórax izquierdo, paciente luce hemodinamicamente estable, tórax simétrico normo expansible, dolor en hemitórax izquierdo durante la respiración dolor profundo a la respiración, discreto aumento de infra clavicular izquierda, cabeza se evidencia aumento de volumen en región malar derecha, dolor a la palpitación, discreto aumento de volumen en región parietal izquierdo y dolor a la palpitación neurológico conservado”, de carácter menos grave, conforme al certificado médico, antecedentes que fueron omitidos por el oficial cuando informa los hechos al Ministerio Publico, estimando -a su entender- que el procedimiento no fue ajustado a derecho, ni se realizó bajo los estándares mínimos de un debido proceso, ocultando el personal aprehensor información del delito de maltrato de obra a Carabineros de servicio y amenaza de muerte, donde su representado fue víctima, quien resultó con lesiones menos graves, actuando de manera arbitraria e ilegal, omitiendo denunciar el hecho al fiscal de turno del Ministerio Público, don Juan Pablo Aguilera Ponce, quien lisa y llanamente se queda con la impresión e imagen que su representado agredía a dicha persona, por el solo hecho de ser Carabinero y no tuvo a la vista el real contexto de los hechos, donde producto de lo anterior, su patrocinado tuvo que guardar reposo producto de la agresión desde el día 03 al 07 de febrero del presente año, existiendo antecedentes médicos que lo acreditan, además de su condición de salud previa. Expresa que existe un video que da cuenta de la agresividad con la que el imputado se encontraba al momento de su detención y copia del DAU del imputado donde se evidencia que resultó sin lesiones, siendo testigo del hecho el Sargento 2° nombre reservado.

Destaca que resulta llamativo que el personal aprehensor, Subteniente nombre reservado y nombre reservado, ambos de dotación de la Tenencia de Carabineros Tongoy, pasaran en calidad de detenido a su representado, sin ni siquiera ser testigos de los hechos producto del cual fue imputado, toda vez que a la hora de ocurridos los hechos en el sector territorial de la Tenencia Tongoy (15:20) ambos se encontraban en un almuerzo estando de servicio, celebrando el cumpleaños del nombre reservado nombre reservado, quienes se trasladaron en vehículo fiscal hasta un restaurant de la localidad de Tongoy, en compañía del señor nombre reservado, administrador de La Minera “La Niña” y conocido empresario de dicha localidad, es por esta razón que al generarse el procedimiento su representado tuvo que trasladarse desde Guanaqueros a Tongoy distante a 14 Km., con la finalidad de prestar cooperación en el procedimiento ya que el Jefe de Tenencia, Subteniente nombre reservado, le ordena a su representado que concurra a dicho procedimiento ya que él estaba en un almuerzo de cumpleaños del nombre reservado nombre reservado, del cual sostienen una conversación mediante la aplicación WhatsApp, agregando al libelo fotografías que dan cuenta de diversos mensajes.

Resalta, como curioso, el hecho que el Jefe de Tenencia Subteniente nombre reservado, más el nombre reservado nombre reservado, estando en la misma localidad le haya mencionado al delegado municipal de Tongoy, nombre reservado, que su personal se encontraba en procedimiento y se iban a demorar en llegar, unido a ello, tomando en consideración que como Jefe de Tenencia, más el nombre reservado y el Carabinero nombre reservado, quien se encontraba ese día disponible en la Tenencia, con la finalidad de pasarlo a buscar y cooperar en el procedimiento, cuestionando que, existiendo personal suficiente para atender el requerimiento de la ciudadanía, más aún que se encontraban de servicio, porque tuvo que venir personal del Retén de Carabineros Guanaqueros a prestar cooperación y dejar sin personal el sector territorial de Guanaqueros, sólo con la finalidad de que el Jefe de Tenencia continuara en la celebración de un cumpleaños en un local de la citada localidad, donde más aún el mismo Delegado Municipal, Sr. nombre reservado, mediante comunicación vía WhatsApp, con el Jefe de Tenencia le manifiesta: “Me avisaron que venían los carabineros lamentablemente, no sé qué pasará, aún no llegan, siguen insultando y amenazando a los colectiveros”, antecedentes que el mismo Jefe de Tenencia le reenvía a su representado a fin que apurara su concurrencia.

Explica que finiquitado el procedimiento donde su representado es agredido por el imputado, al llegar a la Tenencia de Carabineros Tongoy, el mismo imputado de iniciales J.A.M.M., 17 años, le propina nuevamente un cabezazo a la altura de su pecho mientras avanzaban al servicio de guardia para entregar el procedimiento, siendo evidente que el imputado mantenía una estatura de 1.80 cms., aproximadamente, versus su representado 1,64 cms., de altura, quedando obviamente adolorido, inclusive faltándole el aire y lógicamente ante esta situación y por sobre todo una reacción humana inconsciente por parte de su defendido ciertamente y ante un estímulo que reciba de esta característica, se pueda reaccionar así, sin embargo, y por sobre todo no existe una acción dolosa o antojadiza por parte de su patrocinado, el haberle lanzado un golpe en su cara donde tampoco fue con fuerza dicha conducta, quedando en evidencia que, al ser trasladado posteriormente al CESFAM de Tongoy, para el respectivo trámite de constatación de lesiones, el médico de turno lo diagnóstico sin lesiones, según consta en el Dato de Atención de Urgencia Nro. 36102125. La referida acción que fue observada por el Carabinero nombre reservado, quien dio las cuentas al nombre reservado de Primera Guardia, Cabo 2° nombre reservado, el que, a su vez al tomar conocimiento de los hechos, informó al Jefe de Tenencia Tongoy, Subteniente nombre reservado, quien recién ahí se pudo constituir a dependencias de la Tenencia, donde sin autorización alguna quebranta la Orden General N° 2732, toda vez que, no cuenta con la debida autorización para manipular y/o extraer imágenes de las grabaciones de las cámaras de seguridad ubicadas al interior del Cuartel, para luego generar el procedimiento que derivo la medida expulsiva de su representado.

Sostiene que queda de manifiesto que la conducta desplegada por el Subteniente Sr. nombre reservado y nombre reservado, a fin de suplir su ausencia laboral y el incumplimiento de deberes militares, se colocan como aprehensores a objeto de demostrar al Mando de Repartición, que el proceder era el correcto, sin ni siquiera ilustrarlos e indicar que el Carabinero nombre reservado, fue quien constató lo indicado anteriormente, pero curiosamente no figura como aprehensor, solo se limita a dar las cuentas al Subteniente Sr. nombre reservado y nombre reservado, quienes actúan contrario a derecho y de manera arbitraria, solo con el afán de perjudicar a su representado.

Asevera que es evidente el real abandono a sus funciones policiales, sólo por celebrar un cumpleaños de un funcionario de su dotación, estando ante un delito de “Abandono del servicio”, Art. 407 del Código de Justicia Militar, “Incumplimiento de Deberes Militares”, Art. 299 N° 3, del mismo cuerpo legal, ya que claramente prevaleció la camaradería por sobre el servicio policial unido a ello, existe la tabla servicio correspondiente al mes febrero de 2023, como antecedente de respaldo y que es posible requerir como un antecedente para mejor resolver.

Reitera que, en consecuencia y producto de lo anterior, su representado ha quedado en plena indefensión, toda vez que, solo por un procedimiento mal adoptado, el mando llamado a resolver toma la drástica decisión de aplicar la medida más gravosa que existe para el Personal de Nombramiento Institucional, (P.N.I.), sin ni siquiera tomar en consideración el Principio de inocencia de su representado, Principio del Debido Proceso, sino más bien, se opta por la medida administrativa antes indicada para supuestamente limpiar una imagen institucional, pero resulta del todo gravoso, toda vez que es evidente que primero se elimina de la institución a su representado y después se ordena instruir sumario para algunos casos constitutivos de delito y para otros investigación, conclusión que el recurrente sostiene en base a diversos casos que agrega en su recurso y que identifica con los respectivos partes policiales, donde, en su concepto se advierte que no existe un equilibrio procesal administrativo en hechos de similares características al momento de resolver.

Concluye, conforme el análisis realizado, que en los casos de los partes policiales que identifica en su libelo se evidencia de manera concluyente que a pesar de ser delitos diferentes, mantienen un patrón similar respecto al tipo de procedimiento, primeramente los involucrados son dos funcionarios de carabineros, ambos, pasaron a control de detención, el primero formalizado por el eventual delito de apremio ilegítimos, sin lesiones, el segundo por el delito de violencia intrafamiliar con resultado de lesiones leves, ambos quedaron sujetos a medidas cautelares, plazo de investigación, además ambos imputados resultaron con lesiones, sin embargo, queda en evidencia que su representado desempañándose como Jefe de Retén, con intachable hoja de vida, muy buenas calificaciones, se adopta el procedimiento administrativo de la Eliminación de las Filas de la institución con efecto inmediatos, y respecto del Sgto. 1° nombre reservado, de dotación de la Oficina de Derechos Humanos dependiente de IV Zona de Carabineros nombre reservado, conforme al Parte Policial N° 211, se procede administrativamente, totalmente distinto a su representado, solo se instruye una investigación, pese a existir lesionados en el contexto del delito de violencia intrafamiliar, donde ciertamente surge la interrogante de cuáles son los parámetros que se utilizan para aplicar las medidas supuestamente ejemplificadoras en contra de cualquier miembro de la institución.

Prosigue, haciendo ver que el Sr. nombre reservado se desempeñaba en una Oficina que depende directamente del Sr. Jefe de Zona, ante lo que se toma otra medida, y actualmente continua laboralmente ejerciendo sus labores en otra oficina administrativa de la misma Alta Repartición, quedando en evidencia que para algunos existe el debido proceso y para otros, como es el caso de su representado, terminantemente se le aplica la baja de las filas de la institución.

Expone que los hechos en los que se vio involucrado don nombre reservado están siendo investigados por el Ministerio Público, sin embargo, sólo le asiste en esta etapa procesal el derecho que consagra el artículo 4 del Código Procesal Penal, relativo a la presunción de inocencia. Agrega que se referirá en adelante al procedimiento administrativo aplicado al Sr. nombre reservado y que dicen relación actos arbitrarios e ilegales que amenazan, perturbación y privan el ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el artículo 19 N° 2, 3 inciso 4º, Art. 19 N° 9 y Art. 19 N° 24, y de la Constitución Política de la República, específicamente los derechos de “Igualdad ante la Ley”, “A no ser juzgado por comisiones especiales”, “De Propiedad”, y el “Derecho a la Protección de Salud” respectivamente, según se desprende de la Resolución Exenta Nº 106, de fecha 03 de febrero de 2023 de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, dictada por el referido Prefecto de Carabineros de nombre reservado N° 6 y mediante la cual dispone la baja de las filas de la Institución de su representado con efectos inmediatos.

Explica que, antes de referirse al procedimiento aplicado al Sr. nombre reservado, para disponer su baja de las filas de la institución, que según la normativa institucional, específicamente el artículo 23 Número 2, del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile Nº 11, establece distintas alternativas de sanciones disciplinarias para el Personal de Nombramiento Institucional (P.N.I.) y que pueden ir desde la menos gravosa como lo es la sanción de “amonestación”, hasta la más lapidaria como lo es la sanción de “baja por conducta mala”, transcribiendo la disposición.

Agrega que la sanción disciplinaria de “baja por conducta mala”, aplicada, es la más grave que contempla la reglamentación institucional, explicando que esa forma de eliminación es tratada en el Art. 127° Nº 4 del Reglamento se Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8, aprobado mediante Decreto N° 5.193 del 30 de septiembre de 1959 del ex Ministerio del Interior, en ese precepto se observa que la autoridad institucional facultada y que ostente la potestad disciplinaria para disponer la baja por conducta mala de un Carabinero, deberá establecer esa responsabilidad administrativa previamente en un sumario administrativo, según lo indica el inciso 1º del numeral 4) del artículo 127, disposición que transcribe.

Hace ver que al disponer el texto reglamentario que para que se pueda sancionar a un Carabinero con la sanción de “Baja por Conducta Mala”, debe previamente ser establecida su responsabilidad de un sumario administrativo o por investigación simple, resulta ser una medida ajustada a derecho y comprensible, ya que tratándose de la manifestación del “ius puniendi”, y constituyéndose la facultad de castigar es una opción de “ultima ratio”, máxime aún, cuando se aplica esta sanción más lapidaria, resulta entonces justo y razonable que para su aplicación se exija a los Mandos de Carabineros la instrucción de un Sumario Administrativo previo y así otorgar las garantías mínimas de un debido proceso al inculpado.

Refiere que el inciso 5º de la letra b) del mismo numeral 4) del artículo 127°, establece una situación de excepción que permite al Jefe que dispuso el sumario eliminar inmediatamente a un Carabinero cuando se cumplan los requisitos copulativos que la referida norma exige, transcribiendo en lo pertinente la disposición.

Explica que según la norma referida y contrario a la observancia de un proceso justo y debido, la reglamentación institucional permite en definitiva una decisión alejada de todo respeto a las garantías constitucionales y procesales que aseguran un debido proceso, en este sentido, lo que el reglamento está permitiendo es primero imponer el castigo (Baja por conducta mala) y después investigar, lo que claramente es una aberración jurídico-procesal en materia de derecho administrativo sancionatorio.

Manifiesta que en relación al procedimiento y normativa reglamentaria que se ha aplicado a su defendido, según lo que se observa en la propia Resolución Exenta Nº 106, de fecha 03 de febrero de 2023 y mediante la cual dispone la baja de las filas de la Institución del recurrente con “efectos inmediatos”, invoca en su parte “Resolutiva letra A)”, el artículo 127 Nº 4) Inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8, norma que se refiere a la situación excepcionalísima de poder “eliminar Inmediatamente”, al Sr. nombre reservado.

Destaca que la propia Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile Nº 18.961 establece como conducta básica para el ejercicio de la potestad disciplinaria, que ésta sea mediante un procedimiento racional y justo, en efecto, el artículo 36 de la referida Ley dispone lo siguiente: “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales y ministeriales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo”, en este sentido, la locución adverbial “a través” que incluye este artículo, da a entender indubitadamente que la potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades institucionales y ministeriales competentes por medio de un racional y justo procedimiento, escenario que lleva a concluir que la regla general en el ámbito de la protestad disciplinaria administrativa al interior de esta institución policial uniformada es precisamente ofrecer un procedimiento previo al inculpado (Sumario o Investigación) y posteriormente si el mérito de los antecedentes lo ameritan aplicar sanción. Lo que no ocurrió en la especie.

Expresa que el art. 43 de la misma Ley Orgánica Constitucional al referirse a las distintas causales en las que procede el retiro absoluto de un funcionario de Carabineros y en su letra d) considera como causal: “Por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo”.

Destaca que, conforme a ello, el legislador está garantizando es precisamente la existencia de un debido proceso y frente a una sanción de carácter expulsiva, como la que se aplicó erradamente al Sr. nombre reservado, debe ser determinada esa medida en un proceso indagatorio administrativo previo, en la especie un sumario o investigación y posterior a ello, se podrá aplicar una eventual sanción de expulsión, si así lo ameritan los antecedentes que el sumario o investigación acopió.

Estima que la aplicación de la expulsión inmediata del ex nombre reservado de Carabineros Sr. nombre reservado, sin esperar el término del sumario administrativo que se ha dispuesto incoar, resulta ser una decisión ilegal y arbitraria, ya que, lo priva del derecho a defensa, sin que previamente se hubiese tramitado y concluido el procedimiento previsto, impidiendo que el inculpado presentare sus descargos y pudiese defenderse en la etapa procesal respectiva, impidiéndosele además allegar medios de prueba en aras de sus derechos, máxime aún, cuando esta medida de castigar y después investigar que establece el artículo 127° Nº 4) Inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8 es de carácter excepcionalísima y que de acuerdo a los antecedentes que hasta aquí existen, estimamos que no concurren los requisitos copulativos que la propia norma exige para ser aplicada, a saber, “que la comisión de la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidentes”, nada de esto último se cumple para que faculte al Sr. nombre reservado adoptar esta sanción más lapidaria y en forma inmediata, en efecto, pues ésta precisamente deberá ser determinado en el sumario dispuesto.

Afirma la derogación tácita del inciso 5º de la letra b) del numeral 4° del artículo 126 del Reglamento de Selección y Ascenso de Carabineros Nº 8, que permite a los mandos de Carabineros, primero, imponer el castigo (baja por conducta mala) y después investigar, que data del 30 de septiembre del año 1959, en atención a que colisiona abiertamente con las normas que garantizan un debido proceso, por consiguiente, se evidencia la producción de una antinomia con la Carta Política y, por cierto, con el Derecho Público contemporáneo, resultando insólito que la reglamentación Institucional de Carabineros permita y ampare este tipo de conductas y que pugnan con un Estado Democrático, donde se deben respetar y observar ciertos principios orientadores en los procesos disciplinarios, tales como; el debido proceso, la presunción de inocencia, la proporcionalidad de las sanciones, legalidad, entre otros.

Explica que el principio del debido proceso administrativo en materia disciplinaria consiste en la posibilidad de todo inculpado de hacer valer, en un procedimiento previo, sus alegaciones y defensas en todas las etapas del proceso, mediante la presentación de descargos y medios de prueba, la solicitud de un término probatorio, así como la interposición de recursos, en este sentido, es el artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Carta Fundamental que preceptúa que "Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos", principio que se encuentra reiterado en materia de responsabilidad administrativa por el artículo 18 inciso 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, al disponer que "en el ejercicio de la potestad disciplinaria se asegurará el derecho a un racional y justo procedimiento", por lo tanto, el debido proceso disciplinario exige como derecho y garantía mínima un procedimiento previo establecido por la ley, es decir, que el proceso disciplinario se encuentre regulado, al menos en sus bases o elementos esenciales.

Afirma que la Resolución Exenta N°106, de fecha 03.02.2023 que juzgó al Sr. nombre reservado y le impuso la sanción administrativa más gravosa de las posibles, todo sin que previamente se hubiese tramitado y concluido el procedimiento previsto, impidiendo que el inculpado presentare sus descargos y prueba en la etapa procesal respectiva, está amparada en una norma que, por cierto, no se aviene con el derecho administrativo sancionatorio y por ende colisiona con la Carta Política y también vulnera las exigencias de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que las normas y principios del debido proceso se aplican a toda forma de procedimiento sancionatorio del Estado, es decir, cada vez que el Ius Puniendi se ejerce por éste debe respetarse las normas del Debido Proceso.

Citando al profesor nombre reservado, expone que, aunque el artículo 8 de la Convención Americana no enuncia garantías mínimas en material civil, laboral, fiscal o de cualquiera otra clase, como si lo hace en materia penal, todos esos conceptos deben proyectarse en esos otros procedimientos en la medida en que sean compatibles con su naturaleza, el referido profesor además, para tratar el debido proceso, o el justo proceso , se refiere al conjunto de garantías de éste, y entre ellas, al acceso a la jurisdicción o a la tutela judicial efectiva, la cual la considera como un instrumento de defensa de toda persona, establecida por la sociedad civil en reemplazo de la auto tutela, por lo que de esta forma, es deber del Estado garantizar por todos los medios el acceso a los tribunales, y para todo tipo de procedimiento, administrativo, judicial o de cualquier naturaleza que implique el ejercicio de jurisdicción, y su medio es la efectividad, la que se alcanza con la sentencia dictada al final del proceso llevado con el respeto de las garantías mínimas o básicas que faciliten el logro de la justicia.

Prosigue, citando a nombre reservado, para quien el artículo 8 de la Convención sólo impone “…ciertas garantías mínimas e inorgánicas que determinan el debido proceso legal…” , el que se expande a todos los procedimientos, “…sean de esencia penal, civil, laboral o de cualquier otro carácter…”, son las denominadas “garantías dinámicas”, así también el profesor Vallespin habla, en lo que respecta al debido proceso, que éste es considerado como un “proceso garantizado”, es decir, un proceso que cumple con las exigencias y estándares adecuados para que el resultado de dicho proceso sea justo; un proceso que cumpla con todas las garantías que la Constitución establece, pero además que sea un procedimiento que permita, de forma real o material, la defensa de cualquier derecho que pueda verse afectado por la acción de un tercero.

Expone que el magistrado de la Corte IDH, nombre reservado, expresa que dicha Corte ha distinguido entre presupuestos del debido proceso y elementos del debido proceso; constituyendo los primeros una categoría de mayor rango, y cuya vulneración implica una vulneración total del debido proceso. Sobre esto, constituye un presupuesto ineludible del debido proceso, la existencia de un juez natural; Independiente, imparcial y competente y en el mismo sentido, son principios y presupuestos ineludibles, la presunción de inocencia, la igualdad, el contradictorio y el derecho a la defensa efectiva, todos ellos constituyen un derecho fundamental de todo proceso y no sólo penal.

Afirma que la facultad que otorga el inciso 5º de la letra b) del numeral 4) del art. 127 del Reglamento 8 de Carabineros, en el sentido de poder desvincular inmediatamente a un Carabinero, sin previo sumario que se instruya para establecer su verdadera responsabilidad administrativa, resulta ser una norma retrógrada y no acorde con los actuales tiempos y lo más grave aún, pone énfasis, primero en el castigo y no en investigar para establecer responsabilidad y después castigar, soslayando todos los principios que orientan el debido proceso en la potestad disciplinaria y por cierto, el respeto a la dignidad de las personas, a la presunción de su inocencia , entre otros.

Expone que resulta importante referirse a la derogación tácita del inciso 5º de la letra b) del numeral 4) del Art. 127° del Reglamento 8 de Carabineros, en este sentido y como es claramente sabido por Usía Ilustrísima la declaración de derogación permite al juez no aplicar el precepto legal previo que contradice la norma constitucional posterior al caso concreto, al haber cesado su vigencia, cuyo efecto es relativo o inter parte, en este sentido, ha sido la Excelentísima Corte Suprema que a partir de la reforma a la Constitución mediante la Ley Nº 20.050 se ha pronunciado al respecto y ha reconocido expresamente su facultad y la de los demás tribunales de justicia para declarar tácitamente derogados los preceptos legales u otros preconstitucionales.

Afirma que la Corte Suprema, a partir de la reforma constitucional del año 2005, ha dictado una serie de fallos en los que reconoce su facultad y la de los demás tribunales de justicia para declarar tácitamente derogados los preceptos legales preconstitucionales, una de estas sentencias es la que corresponde a la causa Rol 35.236-2016 y que en lo pertinente se refiere a ciudadanos extranjeros que solicitaron hora para contraer matrimonio en la oficina del Registro Civil, la que fue denegada por la autoridad por no contar uno de los contrayentes con cédula de identidad para extranjeros, el que no pudo obtenerse por registrar pendiente un decreto de expulsión del país, fue por ello que los recurrentes dedujeron acción de protección invocando la afectación al derecho a la igualdad ante la ley y que la conducta de la autoridad administrativa representaba una discriminación arbitraria. La autoridad recurrida, el Servicio de Registro Civil e Identificación, arguyó que su actuación era legal por cuanto procedió con apego a lo dispuesto en el artículo 76 del Decreto Ley Nº 1.094 de 1975.

Señala que, como resultado de la acción de protección anterior, la Corte Suprema decide revocar la sentencia de primera instancia y en definitiva acoger el recurso de protección, declarando además tácitamente derogado el mencionado artículo 76, cuyos argumentos jurídicos, concretamente los considerandos 6°, 10° y 11° que son transcritos por el recurrente en lo pertinente.

Afirma, consecuente con lo anterior, que el inciso 5º de la letra b) del numeral 4) del Art. 127 del Reglamento Nº 8 de Carabineros, al considerar la posibilidad de poder desvincular inmediatamente, a un Carabinero, es decir castigarlo, sin previo sumario que se instruya para establecer su verdadera responsabilidad administrativa, norma reglamentaria que data del día 30 de septiembre de 1959, ha cesado en su vigencia y por tanto resulta ser del todo contradictoria al producirse una evidente antinomia con lo que preceptúa el artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Carta Fundamental, la que transcribe. Agrega que además se observa tal falta de correlatividad con lo que prescribe el artículo 18 inciso 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, la que transcribe en lo pertinente para sostener la derogación tácita del referido precepto reglamentario, con un efecto relativo o inter parte.

Sostiene que la contemporaneidad de las normas de derecho público y que regulan los procesos administrativos sancionatorios, cuentan y consideran el respeto a las garantías de un debido proceso, es así como la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo en el inciso 2º del artículo 119 de la Ley 18.834 establece que “Los funcionarios incurrirán en responsabilidad administrativa cuando la infracción a sus deberes y obligaciones fuere susceptible de la aplicación de una medida disciplinaria, la que deberá ser acreditada mediante investigación sumaria o sumario administrativo”, en las mismas condiciones actúa la Policía de Investigaciones de Chile, en efecto, el artículo 22 del Reglamento de Disciplina de esa Institución Policial al señalar que: “Las medidas disciplinarias de petición de renuncia y separación y baja por mala conducta serán aplicadas previo sumario administrativo”, en virtud a lo anterior, no resulta aceptable que aún se apliquen normas legales o reglamentarias que no garanticen un irrestricto respeto a un proceso previo, justo y racional, como el que aún contempla Carabineros de Chile en el inciso 5º de la letra b) del numeral 4) del art. 127 del Reglamento 8 de esta Institución Policial Uniformada y que a todas luces contraviene nuestra Carta Política y que fue aplicada a Don nombre reservado, resultando aún más grave su aplicación cuando la decisión del Sr. nombre reservado de eliminarlo inmediatamente de Carabineros de Chile, le es notificada al Sr. nombre reservado, sin importar realizar un juicio previo y justo, antes de tomar una resolución de esta magnitud aplicada en contra de su representado, solo evidenciando una ánimo gravoso en su contra.

Refiere a la admisibilidad de la acción de protección, afirmando que ella cumple con el requisito del plazo que establece el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales. En este caso, el recurrente toma conocimiento del acto administrativo sobre el cual se recurre el día 03 de febrero de 2023, según Acta de Notificación levantada al efecto por la que se le notificó de la Resolución Exenta N° 106, de fecha 03.02.2023, dictada por el Sr. Prefecto de Carabineros de nombre reservado N° 6.

Señala que los hechos arbitrarios e ilegales que en el referido acto se comenten, dicen relación con la amenaza, perturbación y privación del ejercicio legítimo de las garantías establecidas en el artículo 19 N°2, 3 inciso 4º, art. 19 N° 9, y art. 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, específicamente los derechos de “Igualdad ante la Ley”, “A no ser juzgado por comisiones especiales”, “Derecho a la Protección de Salud” y “De Propiedad” respectivamente, en efecto y según se desprende de la Resolución Exenta Nº 106, de fecha 03.02.2023, dictada por el Prefecto de Carabineros, dicho acto vulnera las garantías ya invocadas, en este sentido.

Analizando el derecho a la igualdad sostiene que ha sido consagrado a nivel interno en el artículo 1 de la Constitución Política de la República señala que “Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”, recogiendo esta norma -que se encuentra en el capítulo de Bases de la Institucionalidad- el artículo 19 N° 2 de la misma Carta Política establece la garantía de igualdad ante la ley, disponiendo que: “En Chile no hay persona ni grupo privilegiados”.

Expresa que, a nivel nacional, el Tribunal Constitucional y los Tribunales Superiores de justicia, (STC Rol N° 1254 y SCA de Valparaíso Rol N° 3331-2014, confirmada por Excma. Corte Suprema Rol N°5053/2015), han señalado que la igualdad ante la ley consiste en tratar de la misma manera a las personas iguales y de manera distinta a los que se encuentran en situaciones distintas. Así entendida, la igualdad supone una distinción razonable entre quienes no se encuentren en las mismas condiciones, por lo que se ha considerado que la razonabilidad es el estándar con el que debe apreciarse la medida de igualdad o desigualdad.

Indica que se ha concluido que la Constitución Política de la República no prohíbe las diferencias por sí solas -vale decir, no existe un derecho absoluto de igualdad-, sino que, lo que prohíbe son las diferencias arbitrarias. Al respecto, el Excmo. Tribunal Constitucional ha explicado que la discriminación arbitraria corresponde a: “(…) toda diferenciación o distinción realizada por el legislador o cualquier autoridad pública que aparezca como contraria a la ética elemental o a un proceso normal de análisis intelectual; en otros términos, que no tenga justificación racional o razonable. Por discriminación arbitraria se ha entendido siempre una diferencia irracional o contraria al bien común”. (STC Rol N° 1204).

Indica que, en relación al derecho de igualdad ante la ley de don nombre reservado, consagrado y garantizado en el artículo 19 N°2, de la Constitución Política de la República, éste se ve conculcado ante la acción arbitraria e ilegal y que genera privación del mismo, cuando la institución policial uniformada ha tenido un trato distinto, en situaciones similares o incluso más gravosas, en efecto, una muestra de esta desigualdad es lo que está ocurriendo con el nombre reservado de Carabineros nombre reservado, quien en el año 2018, mientras ostentaba el cargo de Comisario de la Cuarta Comisaría de Carabineros Coronel es denunciado por uno de sus subalternos quien se percató de una serie de irregularidades ejecutadas por el referido nombre reservado de Carabineros y que decían relación con el manejo de los fondos destinados a hacer efectivo el beneficio “comisión de rancho” otorgado a personal de carabineros. En razón, de ello, dio cuenta de esta situación a sus superiores, iniciándose en el año 2018 un sumario administrativo que aún no ha sido finalizado.

Agrega que, debido a la gravedad de esta denuncia, el Consejo de Defensa del Estado interpuso en el Juzgado de Garantía de Coronel una querella criminal en contra del nombre reservado de Carabineros, don nombre reservado por el delito consumado de fraude al fisco, ilícito previsto y sancionado en el artículo 239 del Código Penal, acción que fue declarada admisible, todo lo cual obra en Causa RIT 1605-2021 del referido Juzgado de Garantía de Coronel.

Destaca que, a pesar de la gravedad de los hechos anteriores y que involucran a un Oficial Jefe de Carabineros como lo es el nombre reservado Sr. nombre reservado, nunca fue desvinculado, eliminado o separado del servicio, como lo ha sido su representado, en efecto, el referido Oficial aún permanece en la institución y a pesar de que no ha concluido el sumario administrativo que se ordenó instruir en el año 2018, el nombre reservado Sr. nombre reservado ha continuado prestando sus servicios en Carabineros de Chile y en la actualidad es el Comisario de la 4ª Comisaría El Salvador dependiente de la Prefectura de Carabineros Atacama, según da cuenta la propia página web institucional.

Manifiesta que, en virtud a lo anterior, resulta arbitrario e ilegal que se conculque el legítimo ejercicio del derecho de Igualdad ante la Ley del Sr. nombre reservado, al haberse resuelto su expulsión inmediata de la Institución, sin esperar el término del sumario administrativo que se ha dispuesto incoar, cuya responsabilidad debe ser establecida ese proceso previo.

Refiere que la institución de Carabineros de Chile al imponer primeramente el castigo y después investigar, actuó como una comisión especial que no respetó el debido proceso máxime aún, cuando la medida de “Baja Por Conducta Mala”, es de ultima ratio y según el artículo 127° Nº 4) Inciso 5° del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros Nº 8 es de carácter excepcionalísima y por consiguiente no se visualizan los requisitos copulativos que la propia norma exige para ser aplicada, entre ellos que el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente”, nada de esto último se cumple para que faculte al Sr. nombre reservado a adoptar esta sanción más lapidaria y en forma inmediata, actuando así deliberadamente, confundiendo la discrecionalidad que le otorga la reglamentación institucional con la arbitrariedad, en consecuencia, privó, perturbó y/o amenazó el derecho a no ser juzgado por comisiones especiales del Sr. nombre reservado, garantizado en el artículo 19 N° 3, inciso cuarto, de la Constitución Política de la República, que dispone “Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho”.

Indica que, dado que no existe un sumario previo instruido que acredite las faltas a la disciplina eventualmente cometidas por don nombre reservado, debe considerarse que Carabineros de Chile, al entender lo contrario y considerar a don nombre reservado como el autor de estas supuestas faltas y desvincularlo inmediatamente, ha actuado como una comisión especial, sin respetar el debido proceso e impidiendo su derecho a defensa, todo lo cual permite sostener que la recurrida se ha arrogado facultades que no le corresponden y lo ha privado del derecho a no ser juzgado por comisiones especiales.

Añade que la jurisprudencia del Excmo. Tribunal Constitucional, según sentencia Nº 184, ha introducido el siguiente concepto de comisiones especiales: “Que, como consecuencia de lo anterior, dicho precepto en análisis vulnera también lo dispuesto en el artículo 19, Nº 3, inciso cuarto, de la Constitución, que reconoce a toda persona el derecho al juez natural y prohíbe el ser juzgado por comisiones especiales, como denomina el constituyente a todo órgano que usurpa atribuciones jurisdiccionales y pretende asumirlas sin haber sido atribuido de ellas conforme a derecho. g) Que todo lo dicho comporta, asimismo, la vulneración de los artículos 1º, inciso cuarto, 5º, inciso segundo, 6º y 7º, de la Constitución Política, que prohíbe expresamente a todo órgano del Estado vulnerar los derechos esenciales de la persona humana, le imponen el deber de respetarlos y promover su ejercicio, y le obligan a someter su acción a la Constitución, sancionando su infracción con la nulidad de los actos que la vulneren o infrinjan”.

Afirma que es manifiesto que el acto recurrido no sólo es ilegal y arbitrario, sino además que, en éste intervino una comisión especial que no otorgó un justo proceso.

Agrega que la medida adoptada lo ha dejado en la más absoluta desprotección en lo que respecta a la seguridad social y de salud del ex nombre reservado de Carabineros, ya que, siendo parte de un sistema de previsión llamado “Dipreca”, sin embargo, a contar del momento de ser notificado de su baja inmediata fue despojado de la legitima titularidad de estos derechos conculcados, acto administrativo que lisa y llanamente repercutirá terminantemente en los respectivos controles médicos a su favor, pero producto de dicho suceso, dicho tratamiento se verá interrumpido, en atención a los antecedentes vertidos ya que no contará con los beneficios de salud con que cuenta un funcionario activo.

Señala que en el actuar de la recurrida, en cuanto dispuso dar de baja de la filas de Carabineros de Chile a su defendido, antes de ordenar incoar el procedimiento administrativo, ha afectado a la estabilidad en el cargo que éste último desempeñada, afectando el derecho de propiedad contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, entendiéndose como el derecho de propiedad en sus diversas especies, atributo que sólo puede verse alterado cuando un procedimiento judicial o administrativo afinado, así lo decida, lo que no acontece como se ha venido exponiendo.

Explica que el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes que consagra y garantiza de la Carta Magna, éste se ve conculcado ante la acción ilegal y arbitraria y que genera privación del mismo, cuando la institución policial uniformada priva al Sr. nombre reservado, de su derecho a percibir sus remuneraciones mensuales como activo y que en derecho corresponde.

Prosigue explicando que de las normas sobre igualdad en nuestra Constitución han de deducirse los test respectivos para definir hasta dónde es plausible examinar el control de una norma y su aplicación a partir de la evolución histórica del principio de igualdad. El test de menor intensidad es el control de la igualdad formal de ley. Esto es que todos los destinatarios de la norma se encuentren bajo esos supuestos. Este test es el resultado de una inferencia lógica y una regla de aplicación coherente. El segundo test es el de arbitrariedad. Lo anterior, implica que es necesario fundar unos criterios básicos de justicia y no habrá arbitrariedad cuando haya fundamentos razonables, objetivos y claros. Este es el estándar exigible en casos de esta naturaleza. De las resoluciones y determinaciones de los órganos de Carabineros se aspira que su definición sea solamente razonable. Ello lo será con examen externo de la medida. Basta que supere un estándar de objetividad, transparencia y determinación lógica para que se estime, en lo global, la naturaleza racional de su decisión. En el fondo, con una base técnica suficiente se supera este estándar y no nos encontraremos frente a un caso de arbitrariedad. En síntesis, un acto administrativo terminal que afecta derechos constitucionales de quienes está dirigido, si no está debidamente fundado, ese acto será arbitrario.

Cita y transcribe el artículo 20 de la Constitución Política de la República, para afirmar que la acción interpuesta, tiene plena coherencia con lo anterior, ya que, los hechos versan sobre la ilegalidad y arbitrariedad en el actuar de la recurrida, perturbando el legítimo ejercicio de garantías constitucionales y tales son las materias propias de esta acción cautelar.

Sostiene que a jurisprudencia ha señalado: “7.- En efecto, si bien la recurrida tiene facultades para disponer la baja inmediata de un funcionario o funcionaria, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 127° inciso 5 número 4 letra b) del Reglamento de Carabineros, dicha facultad queda reservada para aquellos casos en que se trate de hechos que atenten gravemente contra el sistema jerárquico institucional y que el funcionario confiese su participación en los hechos o que esta resulte evidente; en la especie, ello no concurre, pues una conducta que jamás quiso realizar su representado, solo se quedan con la primera impresión, donde jamás se preocuparon del real estado de salud de su representado, ya que ni siquiera se ilustró al Sr. Fiscal de turno, respecto al real suceso, porque de haber sido de esa manera, estaríamos en un escenario totalmente distinto.

Concluye, que, por lo tanto, cuya decisión de baja se encuentra encuadrada en un acto arbitrario realizado por el Sr. nombre reservado.

Afirma que la decisión contenida en la Resolución Exenta N°106 de 03 de febrero de 2023, es una decisión arbitraria pues resulta del todo desproporcionada, afectando con ello derechos fundamentales del recurrente que lo pueden ser tutelados acogiendo la acción incoada.

Solicita tener por interpuesto el recurso de protección y previa tramitación se disponga: 1.- Dejar sin efecto, Resolución Exenta N° 106, de fecha 03 de febrero de 2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6; 2.- Que, se ejerzan por esta Ilustrísima Corte las facultades conservadoras y de protección de los derechos fundamentales declarando la derogación tácita con efecto relativo o inter parte del inciso 5º de la letra b) numeral 4) del artículo 127 del Reglamento de Selección y Ascensos de Carabineros de Chile Nº 8, en atención a la evidente antinomia con lo que preceptúa el artículo 19 Nº 3 inciso 6º de la Carta Fundamental y la falta de correlación con lo que prescribe el artículo 18 inciso 2º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; 3.- Que ordene reestablecer el imperio del derecho adoptando toda otra medida que estime pertinente conforme al mérito de autos y, 4.- Que condene en costas a la recurrida.

Acompaña en sustento de su acción los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta N° 106, de fecha 03 de febrero de 2023, de la Prefectura Carabineros nombre reservado N° 6; 2.- Copias simples de los Partes policiales de los funcionarios involucrados en dos procedimientos distintos y se adoptan desiguales medidas disciplinarias; 3.- Copia de video digital virilizado en las redes sociales donde indica la agresividad del imputado, adjuntando un link de acceso; 4.- Epicrisis medica de fecha 02 de abril de 2021 a nombre de su representado; 5.- Copia obtenida de la página web del poder judicial que da cuenta del historial delictual de la supuesta víctima; 6.- Datos de atención de urgencia a nombre de su representado de fecha 02 de febrero de 2023; 7.- Parte detenidos de fecha 02 de febrero de 2023; 8.- Parte detención de fecha 18 de enero de 2023; 9.- Notas curso jefe de reten de su representado.

SEGUNDO: Que, mediante oficio N° 46, de 14 de abril de 2023, la Prefectura de Carabineros nombre reservado, por intermedio de su nombre reservado don nombre reservado evacúa el informe de rigor, exponiendo que la arbitrariedad e ilegalidad sostenida por la recurrente en su acción constitucional no resulta procedente, ya que el actuar administrativo se encuentra ajustado a derecho, por cuanto la medida administrativa impuesta respecto del ex nombre reservado nombre reservado, estuvo sometida a la reglamentación y potestades que otorgan al recurrente todas las instancias reglamentarias y legales para ejercer los derechos que estime pertinentes, respetándose cada una de sus garantías con estricto apego a los principios de defensa, del debido proceso, y legalidad.

Detalla los hechos que motivaron la imposición de la medida administrativa de por "Baja por conducta Mala, con efectos inmediatos" del recurrente, conforme se consignare en el Parte de detenidos Nro. 93 del 02 de febrero de 2023n, de la Tenencia (T) de Carabineros "Guanaqueros" dependiente de la 2da. Comisaría de Carabineros "nombre reservado", a través del cual se da cuenta de la detención del nombre reservado nombre reservado, por el delito de apremios ilegítimos.

Explica que, raíz de los antecedentes informados por el nombre reservado de Primera Guardia de la Tenencia de Carabineros "Tongoy", Cabo 2do. nombre reservado, y de acuerdo a lo prescrito en el en artículo 44 Quater de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, Nro. 1 8 . 9 6 1 , el que en su parte pertinente señala que el personal de la institución "se encuentra obligado a denunciar ante la autoridad competente los hechos de que tomare conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que revistieren el carácter de faltas administrativas, especialmente aquellas que contravengan el principio de probidad administrativa. Lo anterior es sin perjuicio del deber establecido en el artículo 175 del Código Procesal Penal, cuando los hechos sean constitutivos de delito", mientras que su artículo 44 Quinquies establece que "Carabineros de Chile elaborará un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas, tales como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios, el que se radicará en una Alta Repartición y deberá contar con un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia Institución dar cuenta de este tipo de conductas en forma anónima y garantizar que no sufrirán consecuencias negativas por ello."; es que el Prefecto de la Prefectura de Carabineros nombre reservado informante, dispuso la realización de las diligencias indagatorias a fin de esclarecer los hechos denunciados, previo a determinar la adopción de las medidas conducentes a reprimir las eventuales conductas constitutivas de faltas administrativas.

Detalla que conforme a la evaluación de los antecedentes, el Mando de Repartición de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institucional, se formó la convicción de que los hechos, y en consecuencia, las inconductas en las que incurrió el ex nombre reservado nombre reservado, eran de tal gravedad y trascendencia que hacían meritoria la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como lo es la "Baja por conducta mala, con efectos inmediatos".

Sostiene que lo resuelto en la Resolución Exenta Nro. 106, de fecha 03.02.2023, encuentra sustento normativo en el artículo 127, Nro. 4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8, que precisa que ello tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del Sumario Administrativo que sobre el particular se haya ordenado instruir, asistiéndole al recurrente de autos, el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nro. 15.

Detalla que la precitada Resolución no solo señala en su letra F), que si se le aplicase en definitiva una sanción disciplinaria que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la Institución, caso en el cual le corresponderá percibir las remuneraciones devengadas durante el tiempo que duró su licenciamiento. Asimismo, se consigna en la citada letra, que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el ex nombre reservado nombre reservado será desvinculado de las Filas de la Institución, por lo que desde esa data no tienen derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en sus Dictámenes Nros. 53 .449 y 60.053, ambos de 2019, y 31.214 de 2011, entre otros.

Expone que en razón de lo previamente expuesto, la Prefectura de Carabineros "nombre reservado", dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo mediante la Orden de Sumario Nro. 18102/2023, de fecha 03.02.2023, a cargo de la Fiscalía Administrativa de esta dependencia, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos precedentemente; formal proceso que fuera suspendido mediante Resolución Exenta Nro. 378, de fecha 14.04.2023 de esta Repartición, conforme a lo previsto en el Artículo 84º Ter de la Ley Nro. 21.427 que "Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y Transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública" y que conforme a lo dispuesto en su Artículo primero transitorio, entró en vigencia a contar del 17.08.2022.

Cita el referido precepto legal, transcribiendo su inciso final que dispone: "se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal"; el cual encuentra total aplicación en la especie, por cuanto mediante el Parte de detenidos Nro. 93, de fecha 02.02.2023, de la Tenencia Temporal "Guanaqueros" se denunciaron los hechos a la Fiscalía Local de nombre reservado, configurándose los presupuestos establecidos por el Legislador para efectos de disponer la suspensión del proceso administrativo instruido sobre el particular, circunstancia que finalmente se materializó mediante Resolución Exenta Nro. 378, de fecha 14.04.2023, remitiéndose el proceso administrativo a la Fiscalía Administrativa de esta dependencia para efectos de efectuar la notificación correspondiente. En razón de lo anterior, no cabe sino colegir que se ha dado estricto y cabal cumplimiento a lo dispuesto en el citado precepto legal.

Destaca que de las alegaciones expuestas por la recurrente se desprende que el objeto de la interposición de la presente acción constitucional, refiere a la intención por parte del actor de utilizar la vía de protección como una instancia administrativa; lo anterior, toda vez que reprocha el acto administrativo recurrido en lo que refiere a la medida administrativa que por intermedio del mismo se resolvió aplicar, como asimismo, en cuanto a la cesación de sus remuneraciones y derechos previsionales desde la fecha en que se hace efectiva su eliminación de las Filas de la Institución con efectos inmediatos.

Sostiene que la hipótesis del actor resulta errónea, evidenciando la intención de éste de tratar de utilizar la vía de la protección como una instancia, en circunstancias que estamos en presencia de una medida administrativa contemplada en nuestro ordenamiento jurídico institucional, que cumplió con todas y cada una de las etapas procesales administrativas que la normativa aplicable al particular contempla, respetando tanto el derecho a defensa, como el debido proceso, situación que da cuenta de la inexistencia de una supuesta ilegalidad y/o arbitrariedad como se pretende argumentar.

Explica que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, o amenace ese atributo.

Añade que, como se desprende de lo señalado precedentemente, es requisito indispensable de la acción de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión de cualquier recurso como el que se ha interpuesto, en consecuencia, esta acción de cautela de derechos constitucionales constituye una vía destinada a dar protección respecto de garantías cuya existencia se encuentre indubitada.

Afirma que el actor no cuenta con un derecho de carácter indubitado, podemos concluir que no se cumple con el supuesto básico del recurso de protección, esto es, la perturbación, privación, o amenaza de un derecho, que en la especie la parte recurrente ciertamente no posee, como consecuencia de la ilegalidad y/o arbitrariedad de un acto, supuesto fáctico que tampoco se verifica, pudiendo colegirse que la cautela de derechos fundamentales intentada, carece de sustento normativo requerido que permita al actor impetrar la presente acción constitucional.

Explica que Carabineros de Chile posee un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende de lo estipulado en el artículo 84 bis, de la Ley Nro. 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, que dispone "Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle".

Añade que el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nro. 11, establece que sanciones disciplinarias que se les pueden aplicar a los funcionarios, contemplando en su numeral segundo, letra E) la "Baja por conducta Mala, con efectos inmediatos". Seguidamente, el artículo 25, Nro. 9, del citado cuerpo reglamentario dispone que la "Baja por Conducta mala, con efectos inmediatos", se aplicará de acuerdo a lo prescrito en el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8.

Agrega que el artículo 127, Nro. 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8, dispone que en los casos en que la comisión de una falta que dé origen a la instrucción de un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario, y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta sea evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario Administrativo podrá eliminarlo de inmediato, por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la culminación de la pieza sumarial o investigación, oportunidad en la cual se deberá fijar la nota que en definitiva corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o Investigación.

Enfatiza que la normativa transcrita permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra supeditada al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave.

Agrega que la Contraloría General de la República ha indicado que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (Dictámenes Nros. 997 de 2021; 16569 de 2019 ; 4.401 de 2018; 35 .714 de 2017). En otras palabras, es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo.

Precisa que el inciso segundo del artículo 84 bis de la Ley Nro. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, establece que "La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo", los que figuran normados en el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nro. 15, el que contempla la forma de presentar sus alegaciones, los correspondientes recursos que pueden hacer valer los inculpados y las pruebas que a su favor pudieren incidir, observándose con ello el respeto al debido proceso y el libre ejercicio de su derecho a defensa.

Afirma que, al subsumirse legítimamente los hechos en la normativa institucional, como asimismo, a la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, resulta imposible sostener fundadamente que Carabineros de Chile actuó arbitraria o ilegalmente, puesto que el acto administrativo y sus efectos tienen sustentos jurídicos y fácticos; lo anterior sin perjuicio además que cualquier análisis ulterior acerca del Sumario Administrativo instruido al efecto, excede con creces la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, debiendo tramitarse en un juicio de lato conocimiento.

Sostiene que no se vislumbra la conculcación de las garantías fundamentales invocadas por la recurrente, toda vez que el actuar administrativo se encuentra ajustado a la normativa vigente, por cuanto tal como se señaló anteriormente, la eliminación de la Filas de la Institución del ex nombre reservado nombre reservado, reviste el carácter de condicional, pues se encuentra supeditada al resultado final del respectivo Sumario Administrativo, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que estos están involucrados en hechos graves, por tanto están imposibilitados de cumplir con sus servicios, y consecuentemente de recibir la correspondiente remuneración, por cuanto sostener lo contrario implicaría un enriquecimiento sin causa, al no detentar la calidad jurídica que lo habilite a percibirlo.

Reitera que, si bien la recurrente formula alegaciones sobre diversas situaciones dentro del contexto de un Sumario Administrativo que le afecta, es claro, que el objeto de su recurso es dejar sin efecto la "Baja por conducta mala, con efectos inmediatos" que le fuere impuesta mediante Resolución Exenta Nro. 106, de fecha 03.02.2023, como asimismo, se deje sin efecto tanto la decisión de cesar en el pago de sus remuneraciones y derechos previsionales, pues, en su concepto sería ilegal y arbitraria.

Expone que, en lo que respecta a este último punto, y a mayor abundamiento, la Excma. Corte Suprema, en fallo Rol Nro. 969-2018 ha señalado en su considerando quinto que "la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo. Sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida disciplinaria, como la de autos, se produce la desvinculación inmediata de sus labores, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza". A su vez, la Tercera Sala de ese Excelentísimo Tribunal, en causa Rol Nro. 43.121-2017, que revoca la sentencia apelada de la Corte de Apelaciones de Santiago de fecha 03.11.2017, Ro Nro. 66.719-20177, fundó su decisión utilizando similar razonamiento.

Reitera que la Excma. Corte Suprema, en sentencia pronunciada recientemente en causa Rol Nro. 16.057-2019, ha señalado en su considerando sexto que "la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo, y así lo dispone el Artículo 3 3 de la Ley Nro. 18.961: El personal de Carabineros tiene derecho, como retribución por sus servicios, al sueldo asignado al grado de su empleo y demás remuneraciones adicionales, asignaciones, bonificaciones, gratificaciones y estipendios de carácter general o especial que correspondan". Por tanto, si como consecuencia de un procedimiento disciplinario, como sucede en la especie, se produce la desvinculación inmediata de funciones, la lógica consecuencia de ello es que dicho pago sea suspendido, pues la labor a remunerar ya no se realiza".

Destaca que, tal como queda en evidencia, la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema en casos enteramente análogos al presente ha determinado que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida administrativa como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago, conjuntamente con los respectivos derechos previsionales, sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza. Este criterio por lo demás ha quedado reflejado en los Dictámenes Nros. 53.449 y 60.053 de 2009, 20.51 3 de 2011 y 26.406 de 2012, pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6 y 9 inciso cuarto de la Ley Orgánica de esa Entidad son obligatorios para la Institución, de manera que, al denegarse el pago de las remuneraciones del recurrente de autos, Carabineros de Chile actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprocharse ilegalidad ni tampoco arbitrariedad en su actuar.

Afirma que la resolución que dispone la baja de las Filas de la Institución causa ejecutoria, de modo que, si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado, razón por la cual, el recurso necesariamente debe ser desestimado.

Estima que ha quedado en evidencia que la adopción de la medida administrativa en contra de la cual se recurre, se ha ajustado a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la forma de proceder ante la comisión de faltas administrativas de tal gravedad que hagan inconveniente la permanencia de un funcionario en las Filas de la Institución, no pudiendo considerarse que exista ilegalidad o arbitrariedad en el cumplimiento de la obligación legal que pesa sobre los funcionarios policiales de poner en conocimiento de las autoridades competentes la existencia de un hecho que puede revestir caracteres de delito (tal y como aconteció en la especie), ni de la determinación de aplicar una medida administrativa, como asimismo, de instruir el correspondiente Sumario Administrativo en cuyo contexto la recurrente, y una vez que cese la suspensión que sobre el mismo pesa, podrá hace valer sus alegaciones y medios de prueba de que disponga, sin que a la fecha se haya adoptado alguna decisión de carácter terminal que pueda ser impugnada por esta vía, ni se aprecie que la sola instrucción del sumario para efectos de establecer o descartar la efectividad de las faltas administrativas en que habría incurrido el recurrente, así corno la baja condicional de la Institución en tanto culmina el sumario antes referido, importe una actuación realizada al margen del derecho.

Solicita que, conforme lo informado rechazar el recurso de protección, con expresa condenación en costas, declarándose que el actuar de este recurrido, se ha ajustado a derecho.

Se acompañó por recurrida, conjuntamente con el informe, los siguientes documentos: a) Parte Policial Nro. 93, de fecha 02.02.2023, de la Tenencia Temporal Guanaqueros, direccionado a la Fiscalía Local de nombre reservado, por el delito de apremios Ilegítimos; b) Resolución Exenta Nro. 106, de fecha 03.02.2023, de la Prefectura de Carabineros "nombre reservado" que dispone la "Baja por Conducta mala, con efectos inmediatos" del ex nombre reservado nombre reservado; c) Constancia de notificación de la Resolución Exenta Nro. 106, ya individualizada; d) Orden de Sumario Nro. 18102/2023/1, de fecha 03.02.2023, de la Prefectura de Carabineros "nombre reservado"; e) Resolución Exenta Nro. 378, de fecha 14.04.2023, de la Prefectura de Carabineros "nombre reservado", que dispone la suspensión de la tramitación del Sumario Administrativo Nro. 18102/2023/1; f) Documento Electrónico N.C.U. Nº 180043487 del 29.03.2023, de la Fiscalía Administrativa de esta dependencia, en el cual se indican los procesos administrativos que involucran al ex nombre reservado nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en la misma disposición se enumeran, ello mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias dirigidas a restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio de tales garantías fundamentales.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- deber ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la acción de protección deducida en estos autos dice relación concreta con la decisión adoptada por el Prefecto de Carabineros nombre reservado en la Resolución Exenta N° 106, de fecha 3 de febrero de 2023, que dispone la baja con conducta mala con efectos inmediatos de don nombre reservado, quien a la fecha de tal acto se desempeñaba como suboficial de Carabineros de Chile, siendo tal decisión la que se califica de ilegal y arbitraria por el actor de protección y la cual, consecuencialmente, generaría la perturbación y lesión a los derechos fundamentales que afirma amagados.

SEXTO: Que, para resolver el asunto que es objeto de la presente acción es necesario considerar, por una parte, que como expone el recurrido, la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, N° 18.961, establece en su artículo 84 bis, incorporado por la Ley N° 21.427, la potestad disciplinaria sobre los funcionarios de la referida institución ello en los siguientes términos: “Todo hecho constitutivo de falta administrativa dará origen a una medida disciplinaria de conformidad al Reglamento de Disciplina y de Sumarios Administrativos, sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal que pueda afectarle”. Por su parte, el inciso segundo de la misma disposición prescribe: “La potestad disciplinaria será ejercida por las autoridades ministeriales e institucionales competentes a través de un racional y justo procedimiento administrativo”. Por consiguiente, resulta indudable que el procedimiento disciplinario seguido en contra de un integrante de Carabineros de Chile, cualquiera sea su grado, forma de designación o contratación, debe sujetarse a un racional y justo procedimiento, conforme lo exige el inciso 5° del N° 3° del artículo 19 de nuestra Constitución Política y lo establecen expresamente los artículos 8.1. de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, disposiciones que por vía del artículo 5° de nuestra Carta Fundamental forman parte del entramado de derechos fundamentales y garantías de que toda persona es titular.

SÉPTIMO: Que, el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en su artículo 126 dispone que: “El personal a contrata podrá ser licenciado administrativamente por las mismas Jefaturas que tengan facultad para contratarlo, por las siguientes causales y en las condiciones que se indican…”, en su número 4 establece la causal de terminación: “Por mala conducta: establecida en sumario administrativo por alguna de las siguientes causas: intemperancia alcohólica, conducta inmoral o impropia que permita calificar a un individuo de vicioso e incorregible; faltas graves, de tal naturaleza, que a juicio de la Dirección General lo hagan acreedor a esta medida, y responsabilidad en crímenes o simples delitos de la jurisdicción ordinaria o militar, establecida en sentencia ejecutoriada”. El inciso final de la misma disposición reglamentaria prescribe: “No obstante, cuando una falta que dé origen a sumario administrativo sea de tal naturaleza que lesione gravemente la disciplina, la moral o el prestigio institucional y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta se haga evidente en el sumario, el Jefe respectivo podrá licenciar de inmediato al afectado "por no convenir al servicio de la Institución", sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial, circunstancia en que se aplicará la baja a firme, modificando, si procede, la causal anterior, e indicando la nota de conducta”. Por su parte, el D.S. N° 900, del Ministerio del Interior del año 1967, que contiene el Reglamento de Disciplina Nº 11 De Carabineros de Chile dispone en su artículo 12: “Cuando la falta se establezca fehacientemente por la observación de la jefatura con facultades disciplinarias, se requerirá explicaciones verbales al inculpado como trámite previo a la aplicación de una sanción. Igual procedimiento se verificará cuando el personal sea sorprendido en falta por un funcionario más antiguo y, por tal razón, sea pasado a presencia de su jefatura con facultades disciplinarias”, dicha facultad aparece sin embargo limitada en el inciso tercero de la misma disposición al establecerse que: “Con todo, cuando se trate de hechos de tal naturaleza que importen la comisión de infracciones disciplinarias graves, o bien, supongan el otorgamiento de beneficios al personal o sus familiares, se procederá a la instrucción de un sumario administrativo”, evento en el cual se debe disponer, como forma previa a la sanción, el correspondiente procedimiento disciplinario.

OCTAVO: Que, en el caso concreto, conforme se desprende de los antecedentes expuestos por las partes -no controvertidos por cierto- se concluye de la normativa disciplinaria legal y reglamentaria citada, que se aplicó a don nombre reservado, ex suboficial don nombre reservado, justamente la norma contenida en el inciso final del artículo 126 del D.S. 5193, del Ministerio del Interior, ya citado, disponiendo su baja por mala conducta con efectos inmediatos en razón de que la autoridad disciplinaria respectiva, el Prefecto de Carabineros de nombre reservado, estimó que “los hechos en los que participó dicho funcionario revisten características de delito y son de tal gravedad que hace inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución” (considerando 5° de la resolución impugnada), ello existiendo un sumario administrativo que justamente se dirigía a determinar la efectividad de los hechos y establecer la eventual responsabilidad disciplinaria, ello, encontrándose suspendido el sumario administrativo ordenado en base a lo que dispone el actual artículo 84 bis de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, el que prescribe en el inciso final del artículo 84 ter: “Con todo, se suspenderá la tramitación del procedimiento disciplinario y el plazo de prescripción de su acción si respecto de los hechos que lo motivaron se formula denuncia o querella por un hecho constitutivo de delito, en los términos que establece la ley, hasta el término de la causa penal”.

NOVENO: Que, de lo anteriormente expuesto y analizado, se concluye que el problema que se plantea en la acción de protección dice relación con la aplicación de una sanción disciplinaria, contemplada en un Decreto Supremo, por hechos que se estiman “revisten características de delito y son de tal gravedad que hace inconveniente la permanencia del funcionario en la Institución”, ello sin incoarse y terminarse el procedimiento disciplinario dirigido a establecer los hechos materiales que se imputan y/o sus circunstancias, dado que el mismo se encuentra suspendido por efectos de lo que dispone perentoriamente el citado inciso final del artículo 84 ter de la Ley N° 18.961 y, por tanto, en el fondo, se está frente a la aplicación de una sanción disciplinaria anticipada o al menos, como señala el propio recurrido, condicionada al resultado definitivo del proceso penal pendiente y del procedimiento disciplinario que actualmente se encuentra paralizado.

DÉCIMO: Que, siendo indudable que el procedimiento disciplinario de que es objeto el recurrente debe regularse por el debido proceso, resulta necesario tener en cuenta que ello comprende “… un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos establecidos en la ley, resoluciones motivadas o fundadas, etc.”. (Corte Suprema, sentencia 09 de enero de 2008, rol 6347-2007). En otros términos, el concepto de debido proceso alude a un conjunto de garantías y derechos que deben existir en el proceso, cualquiera sea éste, a fin de asegurar, en la mayor medida posible, la solución justa de una controversia, sin que nuestro texto constitucional determine, con exactitud y precisión cuales garantías quedan comprendidas en el referido concepto de debido proceso. En tal sentido, el Tribunal Constitucional ha sostenido que: “El legislador está obligado a permitir que toda parte o persona interesada en un proceso cuente con medios apropiados de defensa que le permitan oportuna y eficazmente presentar sus pretensiones, discutir las de la otra parte, presentar pruebas e impugnar las que otros presenten, de modo que, si aquéllas tienen fundamento, permitan el reconocimiento de sus derechos, el restablecimiento de los mismos o la satisfacción que, según el caso, proceda; excluyéndose, en cambio, todo procedimiento que no permita a una persona hacer valer sus alegaciones o defensas o las restrinja de tal forma que la coloque en una situación de indefensión o inferioridad (rol 1411-09). Por su parte, nuestro máximo tribunal ha resuelto en relación al debido proceso que: “… debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada asesoría y defensa por abogado, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores” (Rol N° 478-2006). El mismo tribunal, refiriéndose al contenido o manifestaciones del debido proceso ha sostenido: “El derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, racional y justo, que la Constitución asegura a todas las personas, debe contemplar las siguientes garantías: la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a la ley, el examen y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales inferiores. (STC 478-2006). Por su parte, nuestro máximo tribunal ha sostenido, en relación al debido proceso, que: “En lo que toca a los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigor, y las leyes, entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley, que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas, entre otros (SCS 6902-2012, de 06 de noviembre de 2012)”.(C.S., 05/03/2014, rol N° 17.271-13).

UNDÉCIMO: Que, como se ha expuesto en motivaciones precedentes, entre el contenido específico del debido proceso debe encontrarse la posibilidad real y efectiva que cualquier persona pueda defender oportuna y eficazmente sus pretensiones, especialmente si se le imputa una infracción normativa, de forma de poder controvertir ello en base a su propia versión de los hechos, ofreciendo y presentando la prueba que estime necesaria para la defensa de sus derechos e intereses y además la posibilidad real de impugnación aquella prueba y antecedentes que puedan existir en su contra. En el caso del procedo disciplinario la imputación de una infracción a las obligaciones y/o deberes funcionarios debe, necesariamente, ir acompañada de la posibilidad de conocer oportunamente los hechos en que se sustenta, del otorgamiento del tiempo necesario para preparar la defensa, de la posibilidad real y de rendir prueba para contradecir el eventual hecho generador de responsabilidad, el poder contradecir la prueba de cargo y, en general, del derecho de ser oído como única forma de hacer efectivo el derecho a la defensa, ello en el marco de un proceso regido por la bilateralidad de la audiencia y la contradicción, entre otros aspectos que permitan la solución justa de una controversia.

DUODÉCIMO: Tal como se ha analizado previamente y no es discutido en la presente acción de protección, en el caso concreto se ha aplicado una sanción de carácter disciplinario -la baja con efectos inmediatos por mal comportamiento- sin que exista un proceso previo y legalmente tramitado que permita la real defensa de los intereses del protegido, don nombre reservado, dado que se ha hecho uso de una facultad contenida en un cuerpo reglamentario, el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, que aparece en abierta contradicción con la normativa de carácter legal que regula la responsabilidad disciplinaria la que exige, conforme ya se ha analizado al referirse a la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, la obligatoriedad de abrir e incoar un procedimiento disciplinario especifico -sumario administrativo- a fin de determinar la responsabilidad por infracción a deberes u obligaciones funcionarias, proceso que debe concretizar las manifestaciones propias de la exigencia del debido proceso y que es la exigencia previa para la determinación de la responsabilidad y el establecimiento de la respectiva sanción. En el caso específico, dada la suspensión del procedimiento disciplinario, producto de lo prescrito en el artículo 84 ter de la Ley N° 18.961, el ejercicio de las garantías ínsitas al debido proceso, especialmente al derecho a la defensa, al de contradecir la imputación, al de rendir prueba de descargo, al de contradecir la prueba de cargo y al de ser oído con las respectivas garantías de imparcialidad y neutralidad del órgano encargado del procedimiento y de la autoridad llamada a resolver el procedimiento no han existido, dado que, como se viene indicando, el procedimiento disciplinario está suspendido, de forma tal que la sanción disciplinaria aplicada corresponde a una verdadera pena anticipada aplicada condicionalmente a lo que en definitiva se resuelva en el procedimiento disciplinario que se encuentra suspendido.

DÉCIMO TERCERO: Que, la circunstancia que se aplique una sanción de claro contenido disciplinario -baja inmediata por mal comportamiento- encontrándose suspendido el procedimiento disciplinario que por ley debe ser previo a la aplicación de la pena disciplinaria convierte la decisión impugnada, la Resolución Exenta N° 106, de fecha 03.02.2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, en ilegal por cuanto no solo se contraviene la necesidad de un procedimiento previo para aplicar la sanción, conforme lo exige la nuestra Carta Fundamental y la propia Ley N° 18.961, sino que además, la exigencia de un procedimiento previo no resulta compatible con lo que dispone el D.S. 5193, del Ministerio del Interior, del año 1959, que contiene el Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, N° 8, en su artículo 126, al autorizar, por vía reglamentaria, la aplicación de una sanción de contenido disciplinario sin previo proceso y, además, en el caso concreto, cuando el procedimiento disciplinario ordenado está suspendido. Esta última convierte la “baja con conducta mala con efectos inmediatos” en una sanción anticipada, aplicada bajo la condición que en un futuro indeterminado, una vez que culmine la suspensión del procedimiento disciplinario, se confirme tal sanción de exoneración, lo cual, además, claramente, será lo más seguro por cuanto los efectos funcionarios y patrimoniales que son consecuencia de la baja del funcionario afectado ya se habrán materializado en forma anticipada, lo que, claramente condicionará la decisión de la autoridad encargada de aplicar la sanción definitiva. Justamente esto último, condiciona aún más la neutralidad subjetiva que la autoridad administrativa sancionadora debe tener para decidir aplicar la sanción disciplinaria, ya que, si esta se aplica en forma previa o anticipada, como es en el caso concreto, resulta difícil que la misma no se ratifique una vez que la causal de suspensión del procedimiento disciplinario cese y sea necesario determinar si se ratifica o no tal exoneración. A lo anterior, a fin de concluir la ilegalidad que se viene sosteniendo, se agrega la circunstancia que el propio inciso final del artículo 126 del D.S. 5193, del Ministerio del Interior, ya citado, dispone expresamente que no puede hacerse uso de la facultad referida en el numeral 4 de tal disposición “cuando se trate de hechos de tal naturaleza que importen la comisión de infracciones disciplinarias graves, o bien, supongan el otorgamiento de beneficios al personal o sus familiares, se procederá a la instrucción de un sumario administrativo”, hechos que en el caso concreto fueron calificados por el propio Prefecto de Carabineros de nombre reservado como “ … graves faltas al régimen disciplinario Institucional, atentatorias contra los principios básicos que cautela Carabineros de Chile, quedando de manifiesto que se trata de una persona que ha perdido sus condiciones morales y profesionales, no respetando el régimen disciplinario y el deber de observancia a una conducta acorde a la dignidad del cargo y condición de funcionario de Carabineros de Chile, transformándose además en un pésimo ejemplo para sus pares, estimándose necesario la aplicación de esta medida acorde a la gravedad de las faltas cometidas.”, de forma tal que, incluso bajo tal regulación, era esencial aplicar la sanción previo proceso disciplinario dispuesto para tal efecto.

DÉCIMO CUARTO: Que las mismas consideraciones anotadas en la motivación precedente hacen concluir que la decisión impugnada es además arbitraria, por cuando, dada la aplicación anticipada de una sanción disciplinaria que necesariamente debía determinarse por una procedimiento disciplinario sumarial, conforme la normativa analizada en las motivaciones precedentes, hacen que la autoridad recurrida se haya erigido en una verdadera comisión especial, que autocalifica la gravedad de la infracción en que sustenta su propio acto administrativo sancionatorio y en base a ello determina unilateralmente la gravedad de la infracción que hace aplicable la sanción de baja inmediata por mal comportamiento, erigiéndose en una verdadera comisión especial de facto que ha determinado juzgar los hechos al margen de la regulación que la propia Ley Orgánica Constitucional de Carabineros exige, esto es, previo proceso disciplinario incoado para ello.

DECIMO QUINTO: Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad del actuar de la autoridad recurrida resulta forzoso concluir que ella lesiona lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de nuestra Carta Fundamental, dado que la actuación al margen de la regulación legal que exige un procedimiento disciplinario previo para aplicar la sanción disciplinaria que en este caso se ha aplicado de forma anticipada, unido a la circunstancia de autocalificar la gravedad de la misma a fin de decidir la baja de forma inmediata por mal comportamiento, lleva a que sea una misma autoridad la encargada de determinar la gravedad de la supuesta infracción disciplinaria, establecer su existencia y aplicar la sanción respectiva, lo cual erige al señor Prefecto de Carabineros nombre reservado, en el caso concreto, en una comisión especial de facto con la consiguiente lesión a la garantía constitucional del juez natural.

DÉCIMO SEXTO: Que, del mismo modo, dada la conclusión de estar frente a un acto ilegal y arbitrario, determinado por la resolución exenta recurrida, la baja inmediata por mal comportamiento decidida afecta los derechos funcionarios a que el protegido, don nombre reservado, tiene derecho mientras legítima y legalmente no se determine su cesación en el cargo de nombre reservado de Carabineros de Chile, de forma tal que tratándose de un acto ilegal y arbitrario ello conculca el derecho a las remuneraciones y otras prestaciones económicas a que tiene derecho mientras preste efectivamente los servicios inherentes a su cargo y que se encuentran amparadas constitucionalmente en base al derecho de propiedad consagrado en el N° 24 del artículo 19 de la Constitución Política.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, conforme se ha razonado en las motivaciones procedentes, constatada la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta N° 106, de fecha 03 de febrero de 2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, que dispone la baja con conducta mala con efectos inmediatos del grado y función de suboficial de Carabineros de Chile de don nombre reservado y la afectación material que tal acto importa en las garantías constitucionales ya singularizadas, forzoso resulta acoger la presente acción conforme se resolverá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña Karla Victoria Gaete Vásquez, abogada, en representación de don nombre reservado, en contra de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, representada por el nombre reservado don nombre reservado, dejando sin efecto la Resolución Exenta N° 106, de fecha 03 de febrero de 2023, de la Prefectura de Carabineros nombre reservado N° 6, que dispone la baja con conducta mala con efectos inmediatos de don nombre reservado, disponiendo el reintegro del agraviado al cargo de suboficial de Carabineros de Chile que desempeñaba con los derechos subsecuentes a ello, especialmente el pago íntegro de sus remuneraciones, sin solución de continuidad, desde la fecha de su separación y para lo cual se deberá proceder a dictar los actos que en derecho corresponda al debido cumplimiento de lo resuelto.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 262-2023 (Protección).