Protección contra HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Hospital San Pablo de Coquimbo y otro Recurso de Protección Rol N°262-2020 La Serena, ocho de junio de dos mil veinte.- Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que comparece el abogado Alejandro Villegas Contreras, en favor de nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del HOSPITAL SAN PABLO DE COQUIMBO, representado por su Director, don nombre reservado, funcionario público y en contra de nombre reservado, funcionaria pública, Jefa de la Unidad de Remuneraciones del Hospital San Pablo de Coquimbo. El recurso se interpone con la finalidad que se adopte de inmediato las providencias que estime necesarias para el restablecimiento del imperio del Derecho, asegurándome la debida protección, ante las acciones de privación, perturbación y amenaza realizados por las recurridas, en contra de sus garantías constitucionales, que se indican, con costas.

Expone que ingresó a trabajar al Hospital San Pablo de Coquimbo el día 13 de abril del año 2016, efectuando un reemplazo en calidad de contratado; y se mantuvo de manera ininterrumpida trabajando en el Hospital recurrido, efectuando diversos reemplazos al interior de la Unidad de Remuneraciones.

Agrega que en el mes de enero del año 2018 pasó a ocupar un cargo que se encontraba vacante, en calidad de contratado, en la Unidad de Remuneraciones del Hospital, en grado 22 de la Escala Única de Sueldos. Desarrolló sus labores sin mayores problemas, obteniendo siempre buenas calificaciones, en lista 1 de distinción, en los periodos 2018 y 2019; es más, el día 9 de septiembre del año 2019 recibió una anotación de mérito en su hoja de vida funcionaria, a causa de su compromiso profesional y personal en el desarrollo del cargo.

Añade, que no obstante lo anterior, en el mes de julio del año 2019 se produjo un cambio de jefatura al interior de la Unidad de Remuneraciones en el Hospital San Pablo de Coquimbo: fue nombrada como jefa la recurrida, doña nombre reservado. Desde ese momento comenzó a ser hostigado laboralmente por parte de esta funcionaria, al punto que debió solicitar el cambio de puesto de trabajo al Subdirector de Recursos Humanos del Hospital, para poder desarrollar sus labores de manera normal. De la misma forma, el día 11 de noviembre del año 2019 le solicitó directamente a doña nombre reservado el cambio de servicio, atendido su estado de salud y los conflictos laborales que se estaban presentando, al interior de la Unidad de Remuneraciones.

Señala que a tanto llegó el hostigamiento que le fue concedida una licencia médica por el estrés que lo aquejaba; esta licencia médica se le otorgó el día 21 de noviembre del año 2019, y se extendió ininterrumpidamente, por sucesivas prórrogas otorgadas por el médico tratante, hasta el 13 de febrero del año 2020. A causa del acoso laboral que se encontraba sufriendo a manos de nombre reservado, hizo también una denuncia al Director del Hospital, quien instruyó una investigación sumaria, por medio de la Resolución Exenta N° 20.304, de fecha 13 de diciembre del año 2019.

Refiere que mediante el Memo N° 110, de fecha 6 de noviembre del año 2019, se informó, por parte de nombre reservado, Jefa de la Unidad de Remuneraciones a don nombre reservado, Jefe de la Unidad de Personal, la prórroga para el año 2020. Esta solicitud, realizada por parte de una de las recurridas, se realizó para cumplir con lo ordenado por el circular número 22 del Ministerio de Hacienda, que fija el procedimiento para la renovación de los cargos a contrata para el año siguiente, al interior de la Administración Pública. Por lo demás, con esta comunicación enviada por la recurrida al Jefe de la Unidad de Personal, se cumplía con lo establecido en el inciso 1° del artículo 10 del DFL N° 29 del año 2005, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.884 sobre Estatuto Administrativo.

Agrega que no obstante haberse enterado de la solicitud de prórroga de su contratación para el año 2020, que lo hacía acreedor del cargo público hasta el 31 de diciembre del año 2020, el día 24 de enero del año en curso tomó conocimiento de la anómala situación que motiva este presente recurso de protección. Hace presente que el día 24 de enero de 2020, correspondía el pago de su remuneración del mes de enero, que regularmente se realizaba a través de una transferencia a su cuenta bancaria, como por lo general lo realizan todos los servicios públicos del país, pero su sorpresa fue mayúscula cuando pudo corroborar que su remuneración no fue depositada ese día; por esta razón tomó contacto con otros compañeros de trabajo, ya que se encontraba aun gozando de licencia médica, lo que le impedía acudir directamente al Hospital de Coquimbo.

Acudió al gremio al cual se encuentro adscrito, a fin de que se interviniera a su favor, investigando que había ocurrido y la respuesta que recibió de parte de doña nombre reservado, era que había sido desvinculado directamente por ella, en el mes de diciembre del año 2019. Pero esto último no es efectivo, ni tampoco pudo serlo, ya que doña nombre reservado no cuenta con las facultades legales para desvincularlo, ya que esa potestad sólo radica en el Director del Hospital San Pablo de Coquimbo, por alguna causa legal, puesto que su contratación ya había sido solicitada ser prorrogada, dentro del plazo que establece el artículo 10 del Estatuto Administrativo para el año 2020.

Por otra parte, tampoco le fue notificada, dentro de plazo, esto es, antes del 30 de noviembre del año 2019, alguna decisión de no renovar su contratación para el año 2020; la ausencia de esta notificación es de toda lógica, ya que tal como se acredita con el memo N° 110, que acompaña, la decisión administrativa era de renovación para el año 2020.

Agrega que tuvo conocimiento que, contrariando la decisión establecida en el memo N° 110, el Hospital San Pablo de Coquimbo abrió un concurso, mientras se encontraba con licencia médica, para proveer el mismo cargo de técnico de la unidad de remuneraciones, en el grado 22 de la E.U.S, que se encontraba sirviendo.

Refiere que hasta el momento que se percató de que su remuneración no había sido pagada (el día 24 de enero del año 2020), tuvo la justificada confianza en que su contratación pública se había prorrogado por el año 2020; prueba de ello es la existencia, del Memo N° 110, y el hecho que llegó a su domicilio domicilio reservado, fechado el 30 de diciembre del año 2019, firmado por la recurrida nombre reservado, en donde se le comunicaba que debía reintegrar la suma de $14.289, por el pago indebido de la bonificación de artículo 21 Ley N° 19.429, en diciembre del 2018, el cual sería descontado en la remuneración de enero del 2020.

En suma, al día de hoy, se encuentra desvinculado de hecho del Hospital de Coquimbo, sin que se le haya pagado la remuneración de enero y febrero, correspondiente al año 2020; tal desvinculación, según lo que se le informo a él y a los personeros de la asociación gremial a la que adscribe, obedece a la “decisión”, tomada por la recurrida nombre reservado, que ha sido corroborada de facto por parte del Hospital de Coquimbo, aun cuando tal funcionaria carece de esa potestad legal; y lo que es más grave, se ha contrariado una norma legal expresa, y las propias decisiones administrativas del órgano público recurrido.

Añade que el acto que se impugna por medio de este recurso es la decisión adoptada por la recurrida doña nombre reservado de desvincularlo de su cargo público, que se ha materializado a través de la omisión de la dictación del acto administrativo que correspondía en su caso, específicamente la Resolución Exenta de prórroga de su contratación del año 2020, que debió ser una consecuencia necesaria del acto preparatorio contenido en el memo N° 110, de fecha 6 de noviembre del año 2019.

Indica que la decisión adoptada por doña nombre reservado, de desvincularlo, y la omisión de parte del Hospital San Pablo de Coquimbo de dictar el acto administrativo que renovara su contratación, es completamente ilegal y arbitrario. En primer lugar, es ilegal, toda vez que se contraría el artículo 10 inciso primero del Estatuto Administrativo, que señala “Los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En su caso, ya se había dictado el acto administrativo preparatorio que servía como fundamento para la Resolución Exenta de prórroga. Por otro lado, la recurrida doña nombre reservado, no contaba, ni cuenta, con las facultades legales para desvincularlo y no ha incurrido en causal alguna para que sea destituido. Demás está señalar que tampoco ha sido sometido a algún proceso disciplinario que haya desembocado en su desvinculación. Simplemente, se actuó al margen de la legalidad vigente.

Señala que la decisión que se impugna por medio de este recurso, adoptada por nombre reservado, de desvincularlo y la posterior omisión del acto administrativo, que prorrogaría su contratación para el año 2020, es un acto, además de ilegal, completamente arbitrario y todo lo actuado es completamente contrario a las normas constitucionales que le aseguran el derecho a no ser discriminado de manera arbitraria, como ha ocurrido en la especie.

Añade que el acto ilegal y arbitrario que se impugna por medio de este recurso también vulnera su derecho de propiedad, puesto que la decisión de desvinculación, y la falta del pago de la remuneración de enero de 2020, afecta directamente su patrimonio. Si bien su calidad jurídica de funcionario a contrata no le otorga propiedad del cargo, no es menos cierto que la desvinculación y el no pago de su remuneración de enero de 2020, afecta directamente su patrimonio, ya que su cargo en la institución recurrida es su única fuente de ingresos, y la de su familia.

Según se desprende, invoca como garantías conculcadas las contempladas en los numerales dos y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Pide se acoja el recurso en todas sus partes y en especial, que se ordene su reincorporación inmediata al cargo público que desempeño hasta diciembre de 2019 y el pago de las remuneraciones del mes de enero del año 2020 y las sucesivas que se devenguen durante la tramitación del recurso, con expresa condenación en costas.

Que en sustento de sus alegaciones acompaña los siguientes documentos; 1. Oficio Ordinario N° 3721, de fecha 6 de diciembre de 2016, emitido por Director Nacional del Servicio Civil, que imparte las instrucciones para la renovación del personal a contrata; 2. Listado de Méritos de mi hoja de vida, del Hospital San Pablo de Coquimbo; 3. Copia de Memo N° 110 de prórroga para el año 2020, de fecha 6 de noviembre de 2019, emitido por nombre reservado, Jefa de Unidad de Remuneraciones Hospital Coquimbo; 4. Solicitud de cambio de servicio, de fecha 11 de noviembre de 2019; 5. Liquidaciones de remuneraciones del mes de diciembre de 2019 (2); 6. Certificado N° 128, de fecha 30 de diciembre de 2019, emitido por nombre reservado; 7. Listado de mis calificaciones, correspondientes a los años 2017, 2018, 2019, emitido con fecha 30 de enero de 2020; 8. Certificado de relación de servicio, de fecha 30 de enero de 2020, emitido por nombre reservado, Jefe de Unidad de Personal del Hospital de Coquimbo; 9. Copia de comprobante de licencia médica electrónica, de fecha 17 de diciembre de 2019; 10. Copia de comprobante de licencia médica electrónica, de fecha 31 de diciembre de 2019; y 11. Copia de comprobante de licencia médica electrónica, de fecha 17 de enero de 2020.

SEGUNDO: Que, comparece la abogada Paola Garmendia Lavados, en representación de las recurridas Hospital San Pablo de Coquimbo y nombre reservado, quien al informar el recurso de protección deducido en contra de sus representadas solicita en lo principal de su presentación, el rechazo del recurso por improcedente, y refiere que esta acción no resulta procedente, por cuanto dicha acción constitucional no es la vía para discutir aspectos controvertidos y los cuales deben ventilarse y probarse en un juicio ordinario.

Añade que, en la especie, el recurrente pretende discutir aspectos de hecho referidos a su no renovación de contrato en el Hospital San Pablo de Coquimbo, no siendo ésta la vía idónea para hacerlo. En efecto, el recurrente en diversos pasajes de su presentación, narra hechos en los cuales imputa presuntas conductas de hostigamiento y acoso laboral por parte de su representada, doña nombre reservado, las cuales se encuentran siendo investigadas a través de un sumario administrativo, instruido por la Dirección del Hospital de Coquimbo, mediante Resolución Exenta N° 20304 del 13.12.2019 que ordenó instruir proceso sumarial a fin de indagar las eventuales responsabilidades administrativas , dando así cumplimiento a lo indicado en el “Manual de procedimiento interno para la recepción y actuación frente a denuncias de acoso laboral y/o sexual, maltrato, mal clima laboral y conflicto de relación interpersonal” vigente. Lo mencionado en la denuncia es materia de análisis del proceso sumarial el cual se encuentra actualmente en tramitación, y en el cual rige el principio de secreto y reserva contemplado en el artículo 137 inciso 2 del Estatuto Administrativo.

Asimismo, alega la extemporaneidad del recurso, toda vez que se ha presentado fuera de plazo legal de 30 días corridos desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión establecido en el Autoacordado de la Corte Suprema, puesto que lo que pretende el recurrente es dejar sin efecto su no renovación de contrato para el año 2020.

En este sentido, su no renovación de contrato operó por el sólo ministerio de la ley el día 31 de diciembre de 2019, en virtud de lo dispuesto en los artículos 10 inciso 1° y 153 del Estatuto Administrativo, respecto del cual ha transcurrido más de 52 “meses” (sic) a la fecha de la presentación del recurso, estos es el 21 de febrero de 2020. A mayor abundamiento, la omisión que alude el recurrente, respecto de la dictación de la resolución que prorrogara su contratación, debió haberse dictado a más tardar el día 30 de noviembre de 2020, en virtud de lo dispuesto en el propio artículo 10 del Estatuto Administrativo, lo que confirma la extemporaneidad de la acción de protección, ya que habrían transcurrido 83 días de aquella omisión que alude el Sr. nombre reservado a la fecha de la presentación del recurso.

A su vez, en subsidio y evacuando derechamente el informe decretado en autos, se refiere que, en relación a sus representados, el escrito del recurrente señala que el acto que se impugna es la decisión adoptada por la recurrida nombre reservado de desvincularlo de su cargo a través de la omisión del acto administrativo que correspondía, específicamente la Resolución Exenta de prórroga de su contratación para el año 2020.

En definitiva, lo que reclama el recurrente es la ilegalidad o arbitrariedad de la omisión descrita precedentemente realizada por sus representados, que causó que no se le haya renovado su contratación para el año 2020, encontrándose con licencia médica y no se le haya enterado su remuneración en el mes de enero de 2020; lo que en su opinión causaría menoscabo en las garantías previstas en el Art. 19 N° 2 y N° 24 de la Constitución Política de la República.

Expresa que respecto de la ilegalidad del acto, no se advierte la existencia de una omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, por cuanto la terminación del contrato del recurrente operó por el sólo ministerio de la ley, el día 31 de diciembre de 2019, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 10, inciso 1°, del Estatuto Administrativo, el cual dispone que “los empleos a contrata durarán, como máximo sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el sólo ministerio de la ley…”

Agrega que el fundamento radica en que no es el empleador quien decide poner término al contrato, sino que éste se extingue por su naturaleza transitoria, no teniendo facultades el empleador para prorrogarlo, si carece de una disponibilidad presupuestaria para ello. Del mismo modo, el hecho de encontrarse el recurrente, con licencia médica, no es óbice para los efectos de la terminación de esta contratación transitoria, ya que no le confiere inamovilidad, por cuanto la terminación del contrato operó por el sólo ministerio de la ley el día 31 de diciembre de 2019.

Manifiesta que, en la especie, efectivamente el recurrente se desempeñó en el Hospital de Coquimbo a partir del año 2016, como contrata de reemplazo y que recién a partir del 01 de enero de 2018 comenzó a desempeñarse en una modalidad distinta a la de un reemplazo y que, al momento de producirse su cese de funciones por el sólo ministerio de la ley, no se configuraban los supuestos necesarios para la aplicación del principio de confianza legítima, tal como se informó en ORD. N° 087 de fecha 09 de enero de 2020 del Hospital de Coquimbo.

En este sentido, la Contraloría Regional de Coquimbo, mediante oficio N° 415 de fecha 29 de enero de 2020, se pronunció respecto de una reclamación del propio recurrente sobre su no renovación para el año 2020, señalando que de acuerdo a la revisión del Sistema de Información y Control de Personal de la Administración del Estado-SIAPER, desde el 13 de abril de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, “sólo sirvió en virtud de sucesivas contratas de reemplazo, cuyo computo, según se precisó, no resulta útil para completar el tiempo necesario para configurar la anotada confianza legítima, que requiere que las reiteradas renovaciones de las contratas-desde la segunda al menos-tengan una extensión de tiempo que supere los dos años.”

Agrega dicho pronunciamiento que “En ese contexto, habiendo comenzado a correr el tiempo útil para dicho efecto solo a partir del 01 de enero de 2018, al momento del cese de funciones del señor nombre reservado no se completaba el aludido tiempo mínimo exigido para dicho efecto, de manera que su desvinculación se produjo por expreso mandato de la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con el artículo 153 de la ley N° 18.834, sin que esta Contraloría advierta una ilegalidad o irregularidad en dicha circunstancia, motivo por el cual su reclamo debe ser desestimado, no asistiéndole tampoco el derecho al pago de remuneraciones correspondientes al mes de enero de 2020, como quiera que a esta data ya no poseía la condición de funcionario público.”

Expone que, respecto de la arbitrariedad del acto, que el fundamento, motivo o causal de su no renovación de contrato es el propio texto legal, artículo 153 del Estatuto Administrativo, que dispone que “El término del periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”.

Añade que, por los argumentos expuestos, no se ha incurrido en ninguna arbitrariedad, toda vez que la no renovación de su contratación, obedece a la aplicación de una causal establecida por la ley y no en el mero capricho o voluntad tanto de la Dirección del Hospital de Coquimbo como tampoco de doña nombre reservado, como se pretende atribuir en el texto del recurso, tal como lo señaló la Contraloría Regional de Coquimbo.

Solicita se rechace el recurso de protección interpuesto en su contra, con expresa condenación en costas.

TERCERO: Que el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, establece que “El que por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales sufra privación, perturbación o amenazas en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidas en el artículo 19, números 1°, 2°, 3° inciso quinto, 4°, 5°, 6°, 9° inciso final, 11°, 12°, 13°, 15°, 16° en lo relativo a la libertad de trabajo y al derecho a su libre elección y libre contratación, y a lo establecido en el inciso cuarto, 19°, 21°, 22°, 23°, 24°, y 25°, podrá recurrir por sí o por cualquiera a su nombre, a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, sin perjuicio de los demás derechos que puede hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”.

CUARTO: Que el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece que el recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasione privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos. Agrega el inciso segundo del artículo 5° que la Corte apreciará de acuerdo con las reglas de la sana crítica los antecedentes que se acompañen al recurso y los demás que se agreguen durante su tramitación.

QUINTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, es una acción de cautela destinada a resguardar el ejercicio de las garantías y derechos que en esa misma disposición se enumeran, a través de medidas de resguardo para establecer el imperio del derecho y garantizar la protección al afectado que ha sido objeto de un acto u omisión arbitrario o ilegal que priva, perturba o amenaza dicho ejercicio.

SEXTO: Que por lo tanto, es requisito indispensable del recurso de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto, contrario a derecho, en cuanto se vulnera un precepto normativo obligatorio aplicable al caso concreto, de manera que el actuar u omitir es ilegal, cuando basándose en algún poder jurídico que se detenta, se extralimita en su ejercicio; o bien arbitrario, vale decir, derivado del mero capricho, de modo que la arbitrariedad indica ausencia de razonabilidad en la actuación u omisión, pero además se requiere que el acto u omisión ilegal o arbitrario, afecte a las garantías resguardadas con el referido recurso de protección.

SEPTIMO: Que el inciso primero del artículo 10 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, dispone que “ Los empleados a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el sólo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.”, a su vez, el inciso primero del artículo 153, del mismo estatuto, señala que “El término del periodo legal por el cual es nombrado el funcionario, o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado, produce la inmediata cesación de sus funciones”, añadiendo el inciso segundo “Con todo, el empleado continuará ejerciéndolas, con los mismos derechos y prerrogativas que los funcionarios en servicio activo, si fuere notificado, previamente y por escrito, de encontrarse en tramitación el decreto o resolución que renueva su nombramiento o contrato”.

OCTAVO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad esta se desechará pues no existe antecedente concreto para descartar la afirmación del reclamante en cuanto a la fecha en que tomó conocimiento del acto que impugna, amén que, del Dictamen n° 415 del 29 de enero de 2020, de la Contraloría Regional se desprende, por aplicación del artículo 54 de la Ley n° 19.880, que al plantearse este recurso el 23 de febrero de este año, se hizo dentro del plazo a que se refiere del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales.

NOVENO: Que, para rechazar el presente recurso se tiene presente que, en la especie, según los antecedentes aportados por las partes, no aplica la doctrina de protección de la confianza legítima pues no se dan los parámetros de tiempo que Contraloría General de la República y la Excma. Corte Suprema han dado para ello pues según se desprende de lo expuesto por ambas partes no es controvertido que el reclamante asumió el cargo que desempeñaba en calidad de contrata el 1 de enero de 2018.

En efecto, el Dictamen n° 6400 del año 2018 del ente contralor precisa que la práctica de renovación de contratas de un funcionario que genera la confianza legítima de este está determinada por una extensión de tiempo que alcanza más de dos años continuos “ya que la existencia de algún lapso de alejamiento genera por esencia una duda razonable en torno a la mantención de esa relación funcionaria y, por lo mismo, se opone a la confianza legítima”. A su vez, el máximo tribunal ha dicho que “Octavo: Que en la actualidad, es un verdadero axioma que si una relación a contrata excede los dos años y se renueva reiteradamente una vez superado ese límite, se transforma en una relación indefinida, conforme al principio de confianza legítima que la Contraloría General de la República comenzó a aplicar decididamente con ocasión del Dictamen N°85.700, de 28 de noviembre de 2016, cuya normativa cubre, entre otros, a los funcionarios designados en empleos a contrata regidos por la Ley N° 18.884”. (Rol n° 38.681-2017)

Por lo que, al no configurarse los presupuestos para hacer aplicable la doctrina de protección de la confianza legítima, se concluye que, en este caso, bastaba para la no renovación de la contrata de la reclamante la aplicación de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 18.834, tal como sucedió, de tal manera no hay acto arbitrario ni ilegal que reprochar lo que es suficiente para descartar esta acción constitucional.

Y de conformidad con lo dispuesto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del Recurso de Protección, se RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto.

Se previene que el Fiscal Judicial, don nombre reservado, si bien está acorde en rechazar el recurso de protección, compartiendo íntegramente los considerandos primero a séptimo, estima que dicho recurso debe ser rechazado de la forma que se indica en los siguientes considerandos:

1° Que el artículo 54 de la Ley 19.880,la cual establece Bases de los Procedimiento Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, establece en su inciso primero, que “Interpuesta por un interesado una reclamación ante la Administración, no podrá el mismo reclamante deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, mientras aquella no haya sido resuelta o no haya transcurrido el plazo para que deba entenderse desestimada”, añadiendo el inciso segundo que “ Planteada la reclamación se interrumpirá el plazo para ejercer la acción jurisdiccional. Este volverá a contarse desde la fecha en que se notifique el acto que lo resuelve o, en su caso, desde que la reclamación se entienda desestimada por el transcurso del plazo”, sin embargo el inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, que consagra el recurso de protección ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales que priven , perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que indica, permitiendo concurrir, a quien se considere afectado, a la respectiva Corte de Apelaciones, señala en su parte final ” sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, de manera que tratándose esta última disposición de rango constitucional, prima sobre una ley, y por ende la prohibición temporal para deducir igual pretensión ante los Tribunales de Justicia, si se ha interpuesto ya una reclamación ante la Administración, según el inciso primero del artículo 54 de la referida Ley N°19.880, y la consiguiente interrupción del plazo para ejercer la respectiva acción jurisdiccional indicado en el inciso segundo de dicha ley , no rige cuando se trata de un recurso de protección, ya que el propio inciso primero del artículo 20 de la Constitución Política de la República, dispone que el recurso de protección puede interponerse, sin perjuicio de los demás derechos que se puedan hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, por lo demás el recurso de protección atendida su naturaleza, pretende la adopción de cautelares de urgencia y no puede una normativa de menor rango al constitucional frenar la procura de dicha cautela de quien pueda sentirse afectado, pero además de manera coetánea surge la obligación del mismo de recurrir de protección dentro del plazo de treinta días corridos, sin que rija la prohibición temporal e interrupción del referido artículo 54 de la ley N°19.880. Por lo tanto, la reclamación efectuada por el recurrente ante la Contraloría General de la República, no ha interrumpido el plazo para interponer el presente recurso de protección.

2° Que establecido lo anterior y tal como se adelantó, el artículo 1° del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establece un plazo de treinta días corridos para interponer el recurso de protección contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, aconteciendo que en la especie y conforme al inciso primero del artículo 153 de la Ley N° 18.834, el término del periodo legal por el cual fue contratado el recurrente, aconteció el 31 de diciembre de 2019, y para haber operado la prórroga de su contrata esta debió haberse propuesto con treinta días de anticipación, lo que en la especie no aconteció, ya que no consta la tramitación de algún decreto o resolución al respecto, y si bien el recurrente acompaña copia del MEMO N°110, de fecha 6 de noviembre de 2019, dirigido por doña nombre reservado, Jefa de la Unidad de Remuneraciones, a don nombre reservado, Jefe de la Unidad de Personal, mediante el cual le informa la prórrogas para el año 2020, según lo solicitado en la Circular 22, entre los cuales se indica a don nombre reservado, tal documento no tiene el carácter de decreto o resolución que se encuentre en tramitación respecto a la renovación de la contrata, de manera que la contrata terminó el 31 de diciembre de 2019, sin haberse prorrogado con treinta días de anticipación a dicha data, resultando factible concluir que después del 31 de diciembre el indicado recurrente no siguió trabajando, ya que no se había dictado algún decreto o resolución de prórroga de la contrata, cabiendo desprender, por ende, que tenía conocimiento que ya no se prorrogaría dicha contrata, aun cuando se le haya notificado el Certificado de fecha 30 de diciembre de 2019,en el cual se consignaba que debía reintegrar la suma de $14.289, por el pago indebido de la bonificación del artículo 21 de la Ley N° 19.429 y que sería descontada en la remuneración de enero del 2020, según documento que acompaña, sin embargo el recurso de protección se presentó el 21 de febrero de 2020, resultando de toda evidencia que dicha acción constitucional ha sido ejercitada de manera extemporánea, esto una vez transcurrido el plazo de treinta días corridos, contados desde la ocurrencia de la omisión en la dictación del decreto o resolución de prórroga de la contrata, por lo demás el recurrente acompaña dos Comprobantes de Licencias Médica Electrónica, la primera desde el 16 al 30 de diciembre de 2019 y la segunda desde el 31 de diciembre de 2019 al 14 de enero de 2020,señalando que en “estos últimos días he tomado conocimiento que contrariando la decisión establecida en el memo N°110, el Hospital San Pablo de Coquimbo abrió un concurso, mientras me encontraba con licencia médica, para proveer el mismo cargo de técnico de la unidad de remuneraciones, en el grado 22 de la E.U.S., que yo me encontraba sirviendo”, sin embargo no especifica qué día preciso habría tomado dicho conocimiento, sin perjuicio de que si después del 31 de diciembre de 2019 el recurrente no volvió a su trabajo, resulta de toda lógica que ello se debió a que su contrata no había sido renovada y estaba en conocimiento de ello. Las circunstancias antes anotadas, desfavorables al recurrente, bastan por si solas para rechazar el recurso de protección por extemporáneo.

3° Que, sin perjuicio de lo anteriormente concluido, en cuanto a que el recurso de protección ha sido interpuesto en forma extemporánea, en todo caso no existe afectación de las garantías constitucionales que el recurrente considera conculcadas, esto es las contempladas en los numerales dos y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

4° Que en efecto, respecto de la primera garantía invocada, esto es la igualdad ante la ley, fundada en que la decisión que se impugna, adoptada por doña nombre reservado de desvincularlo y la posterior omisión del acto administrativo que prorrogaría su contratación para el año 2020, es un acto además de ilegal, completamente arbitrario, contrario a las normas constitucionales que le aseguran el derecho a no ser discriminado, cabe señalar, como ya se adelantó, que la contrata del recurrente terminó por el sólo ministerio de la ley el 31 de diciembre de 2020, sin que se haya prorrogado con treinta días de anticipación a dicha fecha, todo conforme a la legalidad vigente, ya especificada, del Estatuto Administrativo, de manera que no se puede atribuir a los recurridos un acto u omisión ilegal o arbitraria, por lo demás el recurrente no señala que para casos análogos al suyo se haya procedido de manera contraria, y aunque así hubiere sido, el análisis debe hacerse caso a caso, siendo atribución de la autoridad en uso de sus facultades legales, prorrogar o no la contrata, siendo un hecho público y notorio que en las reparticiones públicas no todas las contratas deben necesariamente renovarse, e incluso si no se renovara expresamente, dicho vínculo termina por el sólo ministerio de la ley, sin perjuicio de que en la especie no ha operado la denominada confianza legítima, ya que para ello se requiere la renovación de una contrata por dos periodos consecutivos, sin embargo el recurrente cumplió un solo periodo a contrata, la cual expiró el 31 de diciembre de 2019 por el sólo ministerio de la ley.

5° Que a su vez, respecto de la segunda garantía invocada, esto es el derecho de propiedad, fundada en que se ha vulnerado dicha garantía, debido a que la decisión de desvinculación y la falta de pago de la remuneración de enero de 2020, afecta directamente su patrimonio, cabe señalar, como ya se ha dicho, que la contrata del recurrente terminó por el sólo ministerio de la ley el 31 de diciembre de 2019, sin que se haya prorrogado con treinta días de anticipación a dicha data, y a lo más el recurrente sólo tenía una mera expectativa para que su contrata fuera renovada, de manera que su desvinculación operó por el sólo ministerio de la ley el referido día 31 de diciembre de 2019 y por ende no cabía el pago de remuneraciones por el mes de enero de 2020, por lo demás cabe reiterar que en la especie no ha operado la denominada confianza legítima, ya que para ello se requiere la renovación de una contrata por dos periodos consecutivos, mientras que el recurrente cumplió un sólo periodo a contrata, la cual expiró el 31 de diciembre de 2019 por el sólo ministerio de la ley.

6° Que en consecuencia, cabe reiterar que sin perjuicio de que el recurso de protección se ha presentado en forma extemporánea, en la especie los recurridos no han incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal que haya privado, perturbado o amenazado las garantías constitucionales contempladas en los numerales dos y veinticuatro del artículo 19 de la Constitución Política de la República, procediendo rechazar el recurso de protección impetrado, y previo análisis, no modifican en nada las conclusiones arribadas la restante documentación allegada al presente recurso.

Redacción del Fiscal Judicial don nombre reservado.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 262-2020 Protección.-.

Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señora nombre reservado, señor nombre reservado y el Fiscal Judicial señor nombre reservado.

En La Serena, a ocho de junio de dos mil veinte, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.