nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO)

nombre reservado, nombre reservado

Superintendendia de Seguridad Social Recurso de Protección.

Rol N° 260-2023.- La Serena, diez de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintiocho de febrero de dos mil veintitrés comparece MATÍAS ALEJANDRO VALENZUELA nombre reservado, Abogado, en representación de doña nombre reservado, interponiendo Acción de Protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

Expone que, con fecha de 06 de febrero del año 2023 la institución recurrida notifica a su representada la resolución exenta N° R-01-UME-16413-2023, indicando que se rechaza la reclamación realizada respecto al rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 30 días a contar del 18 de noviembre del año 2022, por reposo no justificado.

Sostiene que la decisión formulada por la recurrida en caso alguno se ajusta al mérito del proceso, toda vez que su representada acompañó diversas certificaciones que indicaban que su patología continuaba y explicaba incluso las causales de aquello; existen certificaciones médicas por Médico Cirujano y por Psiquiatra que dan cuenta que las patologías de su representada son efectivas, los cuales transcribe.

Precisa que la razón por la cual su representada padece de depresión y ansiedad de carácter grave dice relación con los episodios que ha vivido su hija quien se encuentra en un estado de anorexia grave y que a pesar de que se ha recurrido a todas las instituciones de salud la misma sigue sin presentar mejoras, por lo cual tanto los documentos aportados en la reclamación como la contextualización de los hechos de su representada dan cuenta de que efectivamente existe una situación que afecta su capacidad laboral por cuanto la depresión, intentos suicidas, autolesiones, ansiedad grave no permiten que ella desarrolle una actividad lucrativa, por lo cual corresponde que se le otorgue y paguen las licencias médicas que le son otorgadas.

Lo cierto es que, de los antecedentes de autos, en particular la resolución exenta N° R-01-UME-16413-2023 no se da cuenta que la decisión adoptada por la recurrida se haya apoyado en un elemento de convicción que le avale, no existe siquiera un factor objetivo para el rechazo de las licencias médicas en comento, sino que más bien, el dictamen demuestra la carencia de la resolución sin señalar los motivos por los cuales se priva de la licencia médica a su representada, en consecuencia no ofrece los elementos de juicio necesarios que permitan comprenderla y entender la razón por la cual se le niega el derecho a reposo prescrito.

Así, la actuación ilegal y arbitraria dice relación con que la conducta del organismo no se ajustó a la perspectiva que gobierna la cuestión, pues, no ha decretado nuevos exámenes o disponer de una evaluación médica con el propósito de esclarecer la condición de su representada, sino que más bien otorga un argumento genérico.

Aduce que la actuación de la recurrida ha infringido y vulnerado los derechos de su representada señalados en los artículos:

1. 19 N° 1, esto es el Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona.

2. 19 N° 2, esto es, La Igualdad ante la Ley, toda vez que el actuar de la recurrida ha implicado en los hechos una discriminación respecto en su trato, en atención a que demás personas en igualdad de condiciones están haciendo uso de su derecho que le otorga la ley.

3. 19 N° 24, por cuanto dicho numeral protege el derecho a la propiedad toda clase de bienes, corporales e incorporales, y lo cierto es que en atención a que su representada se ha visto privada del pago legítimo de sus licencias médicas es que se ha afectado a no percibir un sustento que le permita solventar no solo sus necesidades sino que las de su hija quien además se encuentra en un estado de salud complejo.

Por estas consideraciones solicita se deje sin efecto la resolución recurrida y en consecuencia se autorice y ordene el pago de las licencias médicas rechazadas a su representada doña nombre reservado, lo anterior, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución exenta N° R-01-UME-16413-2023, de fecha 06 de Febrero del año 2023; 2. Informes médico de fecha 04 de Noviembre del año 2022; 3. Informe Médico de fecha 21 de Diciembre del año 2022; 4. Informe Médico de fecha 30 de Diciembre del año 2022: 5. Informe médico de fecha 11 de Enero del año 2023; 6. Informe médico de fecha 17 de Febrero de 2023.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente Acción de Protección por haber sido ésta interpuesta en forma EXTEMPORÁNEA.

En efecto, consta de la copia del expediente administrativo que acompaña, que por presentación de fecha 22 de diciembre de 2022, la Sra. nombre reservado reclamó contra la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, que confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 30 días a contar del 18 de noviembre de 2022, por reposo no justificado.

Al respecto, mediante RESOLUCIÓN EXENTA N° R-01-UME-16413-2023 de 06 de febrero de 2023 su representada señaló que: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos que se aportan no informan de la sintomatología, ni la evolución clínica de la patología señalada en las licencias médicas reclamadas. Tampoco detallan el historial de tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, ni se acredita que paciente se encuentre en psicoterapia”.

Concluye la mencionada Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, de acuerdo a lo anteriormente expuesto”.

Ahora bien, la recurrente solo ejerció esta acción constitucional con fecha 28 de febrero de 2023, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido, toda vez que en su momento la Sra. nombre reservado, ya tenía conocimiento cierto del rechazo dispuesto por la citada Compin del formulario en comento. En efecto, en virtud de la presentación de fecha 22 de diciembre de 2022 que realizó la Sra. nombre reservado, en la cual acompañó los antecedentes sobre el rechazo de la licencia reclamada, consta que los mencionados formularios fueron rechazados PREVIAMENTE por la señalada Compin, con conocimiento de la Sra. nombre reservado, en una fecha anterior a la de su presentación ante esta Superintendencia. Por lo anterior, se evidencia que ya desde más de 2 meses antes de la fecha de interposición de la presente acción, la Sra. nombre reservado ya tenía conocimiento del rechazo de sus licencias, máxime si este formulario fue emitido A CONTAR DE NOVIEMBRE DE 2022.

En subsidio, solicita se le declare improcedente por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio de las alegaciones anteriores, informa en cuanto al fondo. Expone que consta dentro de los antecedentes, los informes que realizaron las siguientes especialistas de esta Superintendencia:

1.- Informe del especialista Dr. DIEGO BARTTLETE de fecha 6/2/2023 que señala –en lo pertinente-: “Fundamentos de la resolución: Diagnóstico otros trastornos ansiosos Días 208 aprobados, 30 apelados luego de 45 rechazados IMC: Informe médico complementario no describe elementos psicopatológicos que justifiquen extensión de reposo ni plan de tratamiento orientado a reintegro laboral Explicación psicosocial de reposo GAF: no descrito Tratamiento farmacológico insuficiente hasta donde esta descrito Psicoterapia: No informa GES: No aplica Peritaje licencia: No En trámite de pensión invalidez: No Comentarios: discordancia entre diagnóstico de informe y de licencia Resolución: no acoge”

Hace presente que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues su representada se limitó a resolver la situación de la Sra. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencias, tampoco ha existido vulneración y ni siquiera amenaza del derecho a la vida, a la integridad física y psíquica y a la protección de la salud, ni se ha vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocido a todas las personas en el numeral 24 del artículo 19 de nuestra Constitución Política, y en este caso respecto de un eventual derecho al subsidio por incapacidad laboral, como tampoco ningún otro derecho garantido por nuestra Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en el expediente administrativo, relativos al caso de la Sra. nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, la alegación de extemporaneidad de la presente acción constitucional se rechazará, pues de la copia resolución impugnada, acompañada por la recurrente, se desprende que esta fue emitida el día seis de febrero de 2023, resolviendo el recurso de la actora al dictamen que confirmó el rechazo de la COMPIN Región de Coquimbo, lo que permite establecer que es ésta la fecha y no otra del acto de término desde el cual procede computar el plazo de 30 días que establece el auto acordado que regula la tramitación y fallo del recurso de protección, y habiéndose presentado el recurso el 28 de febrero pasado, a juicio de estos sentenciadores se encuentra dentro de plazo.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEPTIMO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UME-16413-2023, de 06 de febrero del año en curso, por la cual la Superintendencia de Seguridad Social rechaza el recurso impetrado por la actora respecto lo resuelto por la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, en orden de mantener el rechazo de las licencias médicas N°s RUT reservado y RUT reservado, extendidas por un total de 30 días a contar del 18 de noviembre de 2022, por reposo no justificado.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar la licencia médica referida previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: “Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos que se aportan no informan de la sintomatología, ni la evolución clínica de la patología señalada en las licencias médicas reclamadas. Tampoco detallan el historial de tratamientos, tanto farmacológicos como no farmacológicos, ni se acredita que paciente se encuentre en psicoterapia”.

OCTAVO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre la paciente de demostrar ella la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo de la recurrente, afectada por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

NOVENO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de las licencias dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por la actora en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

DÉCIMO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio de la recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las alegaciones de extemporaneidad e improcedencia.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, solo en cuanto se dispone que la recurrida deberá realizar a la recurrente todos los exámenes y evaluaciones médicas necesarias para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las licencias médicas N°s RUT reservado, RUT reservado, extendidas por un total de 30 días a contar del 18 de noviembre de 2022, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días hábiles administrativos. En caso que la recurrida no realice el peritaje en el plazo previamente dispuesto, deberá proceder derechamente al pago de las licencias médicas previamente individualizadas.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 260-2023 (Protección).-