Protección contra Ilustre Municipalidad de Canela

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Canela Recurso de Protección.

Rol N° 254-2018.- La Serena, dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece don nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, nombre reservado, comuna de Renca, e interpone recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de Canela, representada por su Alcalde Jaun Leyton Camus, con domicilio en domicilio reservado, por su actuación arbitraria e ilegal que priva, perturba o amenaza su derecho de propiedad, garantizado por la Constitución Política.

Indica que ingreso a trabajar a la Municipalidad de Canela el 2 de enero 2015, en calidad de jefe de especialidad mecánica industrial en el liceo polivalente de Canela y que fue despedido el día 28 de febrero de 2017 por la causal de necesidades de la empresa.

Señala que ante sus reclamos, la Contraloría Regional mediante oficio 2726 de fecha 4 de mayo 2017, determinó que tal despido era nulo, pues la relación laboral debió regirse por el estatuto de los profesionales de la educación, y no por el Código del Trabajo, por lo que a su juicio la recurrida debió otorgar las remuneraciones y derechos propios de su cargo, desde el 1 de marzo de 2017, sin embargo el 29 de agosto de 2017 la Municipalidad recurrida informó que no daría cumplimiento a lo ordenado por la Contraloría.

Agrega que con el afán de reincorporar a sus funciones al inicio del año escolar 2018, concurrió a la Contraloría, para obtener el cumplimiento de lo ya ordenado, sin embargo, a la fecha aún no ha sido reincorporado.

Estima que dicho actuar vulnera su garantía constitucional amparada en el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental. Señala que el accionar de la Municipalidad es ilegal y arbitrario, puesto que no existe norma legal que justifique su accionar, y distinguir entre los distintos docentes y asistentes de la educación, por lo que no correspondía que se le aplicaran las causales de término de la relación laboral previstas en el Código del Trabajo.

Finalmente, solicita a esta Corte, que se acoja el recurso interpuesto, ordenando su reintegro a sus funciones como Jefe de Especialidad Mecánica Industrial del Liceo Polivalente de Canela, junto con el pago de las prestaciones que se encuentran pendientes Evacuando el informe solicitado, comparece DAVID ESTEBAN TAPIA ARAYA, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Canela, representada por su alcalde don Bernardo Leyton Lemus, ambos domiciliados en domicilio reservado.

Señala el informe que en el texto del recurso se señala que este tiene por objeto solicitar el reintegro del recurrente, por haberlo ordenado supuestamente el oficio 2726 de fecha 04 de mayo de 2017, de la Contraloría General de la República.

Lo anterior, señala que no es efectivo, y que para que proceda el recurso de protección se requiere que se hayan efectuado actos u omisiones, con carácter de arbitrarios o contrarios a la ley, que priven, perturben o amenacen el legítimo ejercicio de los derechos y garantías a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Señala que el recurso es extemporáneo, por haberse interpuesto fuera del plazo de treinta días corridos establecido en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que lo regula.

Esto, porque el recurrente fue notificado del término de su relación por aplicación de la causal de necesidades de la empresa, el día 28 de febrero de 2017, y el día 03 de marzo de 2017, firmó el finiquito de trabajo recibiendo a satisfacción el pago de todas y cada una de sus prestaciones laborales. Posteriormente el recurrente con fecha 03 de marzo de 2017, presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, solicitando el pago del total de las remuneraciones del año escolar completo año 2017, por estimar que le resultaba aplicable el artículo 60 inciso 1°de la ley 19.070, sin perjuicio además de retener, los pagos ya estipulados y ofrecidos en la carta de término de trabajo.

Es decir, el recurrente solicitaba el total de las remuneraciones correspondientes a la ley 19.070 y por otro lado, solicitaba la retención del pago que ya se había efectuado conforme a Código del Trabajo en el finiquito de término de relación laboral. Es decir invoca una suerte de ambigüedad laboral que nuestro ordenamiento jurídico no reconoce.

La Contraloría General de la República dictaminó mediante oficio 2726 de fecha 04 de mayo de 2017, que: “la vinculación entre el señor nombre reservado y el municipio, al tenor de los antecedentes tenidos a la vista, debieron regirse por la normativa contenida en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, lo que esa entidad edilicia deberá regularizar... Sin perjuicio, por cierto de las normas sobre prescripción aplicables sobre la materia”.

Señala que en el referido oficio, no aparece que el ente fiscalizador haya dictaminado el reintegro, como erróneamente lo sostiene el recurrente. Sólo se limita a calificar que “ la vinculación debieron regirse por la normativa contenida en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, lo que esa entidad edilicia deberá regularizar”, es decir, se debían dictar los actos administrativos que ajusten retroactivamente la vinculación del Señor nombre reservado a contrata, y que como consecuencia, se liquidara el respectivo saldo remuneracional a favor de la municipalidad, puesto que, del sometimiento de su vinculación conforme al Estatuto Docente, iba a resultar una remuneración ostensiblemente menor a la que recibió́ por el Código del Trabajo. A esto se refería el dictamen al aludir a las normas prescripción.

Agrega que a esto se debe agregar los términos de la propia solicitud del recurrente, donde peticionaba el pago del total de las remuneraciones del año 2017, más la retención de lo pagado por concepto de finiquito. Es decir, en ningún momento alegó por el término de su relación laboral, solicitando reincorporación alguna.

Señala que debe tenerse por cierto que el recurrente tomó conocimiento cabal del acto que impugna, el día 28 de febrero de 2017 cuando se le notificó el término de su relación laboral, y a mayor abundamiento el día 03 de marzo de 2017, fecha en que se firmó el finiquito con el recurrente. Por otra parte, agrega el informe, que respecto del reclamo original presentado a la Contraloría General de la República, el recurrente recibió́ respuesta mediante oficio 2726 de fecha 04 de mayo de 2017. Por lo que la nueva presentación que efectúa, sólo es una reiteración de lo resuelto originariamente, cuando alega que recurrió nuevamente (sin indicar fecha), para que la municipalidad lo reincorporara.

En consecuencia, habiéndose interpuesto el recurso con fecha 22 de marzo de 2018, según consta del sistema del Poder Judicial, éste resulta efectivamente extemporáneo.

Sin perjuicio de la extemporaneidad alegada, la recurrida señala que se puso término al contrato del recurrente fundamentado en la causal de necesidades de la empresa, puesto que las subvenciones del liceo no alcanzaban para solventar la remuneración del Señor nombre reservado, manteniéndose hasta el día de hoy este supuesto de hecho.

Al existir un Contrato Laboral vigente, se optó por terminar la vinculación aplicando las formalidades de artículo 162 y siguientes del Código de Trabajo, evitando de esta manera que, posteriormente el despido fuera calificado de incausado e injustificado en sede judicial laboral.

De la desvinculación efectuada, el señor nombre reservado recurrió a la Contraloría General de la República, invocando erróneamente el derogado artículo 60 inciso primero de la ley 19.070, y requiriendo que se le pagara el total de las remuneraciones del año 2017, por ejercer funciones docentes, pero que no obstante también, le permitiera retener lo obtenido por indemnización del término de su relación laboral conforme a Código del Trabajo, basado en una suerte de superposiciones de calidades jurídicas contractuales en una misma persona, lo que es imposible, según el principio de realidad que inspira las relaciones laborales. Por su parte, la Contraloría General de la República, dictaminó que el vínculo laboral se debió́ regir por la ley 19.070, y que la municipalidad debía regularizar administrativamente.

El informe indica, que esta situación era evidentemente desventajosa para el señor nombre reservado, por lo que la municipalidad procedió́ a dictar el respectivo decreto, sin exigir el reintegro de indemnizaciones ni de saldos remuneratorios, fundamentado en que estos fueron percibidos de buena fe por el recurrente. Sin aludir a las normas de prescripción del dictamen, que de hecho, se indicaron para determinar los periodos de reintegro de remuneraciones por parte del señor nombre reservado.

De esta forma, refiere el informe, el municipio dio por cumplido el dictamen oficio 2726 de fecha 04 de mayo de 2017. Dictando el decreto Alcaldicio n°44 de fecha 06 de diciembre de 2017, el cual regulariza administrativamente los nombramientos anteriores a modalidad contrata conforme Estatuto Docente y, aplica la causal de término conforme al mismo, esto es, la del artículo 72 letra d) término del período por el cual se efectuó el contrato.

En cuanto a la no reincorporación, se informa que la municipalidad jamás ha incurrido en tamaño incumplimiento u omisión, ilegal y arbitrario, puesto que, el ente fiscalizador nunca dictaminó aquello, ni cuestionó la facultad del municipio de desvincular conforme a derecho al señor nombre reservado, sólo que esta, debió́ ser por la llegada del plazo de la contrata y sin indemnización. Pero en ningún caso alteró el hecho de la desvinculación.

Finalmente, solicita la recurrida a esta Corte el rechazo del recurso, en primer lugar por haber sido interpuesto en forma extemporánea, y en subsidio, por carecer de mérito sus fundamentos, con costas.

La recurrida acompañó los siguientes documentos:1.- Formulario de solicitudes consultas y reclamos, presentado por don nombre reservado; 2.-Carta aviso término contrato de trabajo, de fecha 28 de febrero de 2017; 3.-Constancia ante de Inspección del Trabajo de la Provincia del Choapa de fecha 01 de marzo de 2017; 4.-Decreto Alcaldicio N°04 de fecha 02 de enero de 2015; 5.-Contrato de trabajo de fecha 02 de enero de 2015; 6.- Liquidación de remuneración diciembre de 2016; 7.-Oficio N° 2726 de la Contraloría General de la República de fecha 04 de mayo de 2017; 8.-Oficio N° 4640 de la Contraloría General de la República de fecha 01 de agosto de 2017; 9.-Oficio N°6148 de la Contraloría General de la República de fecha 10 de octubre de 2017; 10.-Decreto Alcaldicio N°44 de fecha 06 de diciembre de 2017; 11.-Decreto Acaldicio 306 de fecha 03 marzo 2017; 12.-Finiquito de trabajo.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, del análisis del recurso deducido interpuesto, y el mérito de los antecedentes acompañados, se concluye que la acción cautelar interpuesta por don nombre reservado fue presentada ante esta Corte el día 22 de marzo del presente año. Que los hechos que esgrime como actos vulneratorios de sus garantías constitucionales consiste en que a la fecha no ha sido reincorporado a sus labores y no s ele ha pagado las prestaciones que estima adeudadas, al no cumplir con lo supuestamente decretado por la Contraloría Regional CUARTO: Que según lo expuesto, el presente recurso fue interpuesto con fecha 22 de marzo 2018, lo que hace que al momento de su presentación a esta Corte, se haya excedido el plazo de 30 días concedido para la interposición del recurso por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema que versa sobre la materia. En efecto, la parte recurrente poseía conocimiento de su desvinculación, ya que fue notificado del término de su relación por aplicación de la causal de necesidades de la empresa, el día 28 de febrero de 2017, y el día 03 de marzo de 2017, firmó el finiquito de trabajo recibiendo a satisfacción el pago de todas y cada una de sus prestaciones laborales. Posteriormente el recurrente con fecha 03 de marzo de 2017, presentó un reclamo ante la Contraloría General de la República, solicitando el pago del total de las remuneraciones del año escolar completo año 2017, por estimar que le resultaba aplicable el artículo 60 inciso 1°de la ley 19.070, sin perjuicio además de retener, los pagos ya estipulados y ofrecidos en la carta de término de trabajo. Es decir, el recurrente solicitaba el total de las remuneraciones correspondientes a la ley 19.070 y por otro lado, solicitaba la retención del pago que ya se había efectuado conforme a Código del Trabajo en el finiquito de término de relación laboral.

Por otra parte, es necesario señalar que la Contraloría General de la República dictaminó mediante oficio 2726 de fecha 04 de mayo de 2017, que: “la vinculación entre el señor nombre reservado y el municipio, al tenor de los antecedentes tenidos a la vista, debieron regirse por la normativa contenida en el Estatuto de los Profesionales de la Educación, lo que esa entidad edilicia deberá regularizar... Sin perjuicio, por cierto de las normas sobre prescripción aplicables sobre la materia”. Toda otra gestión posterior y resolución del ente fiscalizador, dicen relación con los hechos expuestos, por lo que el recurrente no puede pretender generar un nuevo plazo para la interposición del presente recurso. En consecuencia, el hecho fundante ya se encontraba en perfecto conocimiento del recurrente.

Sin perjuicio de lo anterior, esta Corte no visualiza perturbación o amenaza a las garantías esgrimidas como conculcadas, ya que la recurrida no ha realizado actuación ilegal o arbitraria susceptible de ser restaurada por esta acción constitucional.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE DECLARA IMPROCEDENTE, por EXTEMPORÁNEO el recurso de protección interpuesto.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante Marcos López Julio.

Rol N° 254-2018 Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio. (No firma señor nombre reservado, por encontrarse ausente, sin perjuicio de haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa).

En La Serena, a dieciocho de mayo de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.