nombre reservado con MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA Y OTRO

nombre reservado y otro Ministerio del Interior y Seguridad Pública Recurso de Protección.

Rol N°251-2025.- La Serena, diecisiete de marzo de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, se ha deducido recurso de protección a favor de nombre reservado, empleado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado y de nombre reservado, empleada, de nacionalidad venezolana cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado,, en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior, por la omisión ilegal y arbitraria en el pronunciamiento de la solicitud de nacionalización, realizadas con fecha 12 de enero de 2023, en el caso de nombre reservado, y con fecha 30 de mayo de 2023, en el caso de nombre reservado, por impedir dicha omisión el principio de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24 y 27 de Ley N°19.880 de 2003, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 de 2021, Ley de Migración y Extranjería, y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Señala que los recurrentes ingresan al país en calidad de turista, estando dentro del país cambian su condición migratoria a residentes temporario por visa otorgada, con el propósito de establecerse y desarrollar su proyecto de vida en Chile, posteriormente, previo vencimiento de su visado, solicitaron el beneficio migratorio de residencia definitiva el cual le fue otorgado, manteniendo esta condición hasta la presente fecha, computando más de 5 años de residencia en Chile, y que, con fecha 12 de enero de 2023, en el caso de Nixon, y con fecha 30 de mayo de 2023, en el caso de Maholy, en observancia al cumplimiento de todos los requisitos previstos en la ley, los recurrentes ingresan su solicitud de nacionalización, señala que hasta la fecha no han recibido respuesta de la recurrida.

Señala que, es importante destacar que cobra especial relevancia lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de Ley N°19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, debiendo destacarse el artículo 7 y 27, al consagrar el Principio de Celeridad, esto es, que el procedimiento sometido al criterio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites, debiendo las autoridades y funcionarios de los órganos de la Administración del Estado actuar por propia iniciativa en la iniciación del procedimiento de que se trate y en su prosecución, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión.

Además, alude al Principio de Economía Procedimental, estableciendo que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, por lo cual se decidirán en un solo acto todos los trámites que, por su naturaleza, admitan un impulso simultáneo, siempre que no sea obligatorio su cumplimiento sucesivo, evitando trámites dilatorios.

Por estas consideraciones solicita ordenando al servicio recurrido que se pronuncie sobre la misma dentro de un plazo de 60 días, conforme con los principios que le impone su reglamentación en el artículo 37 de la Ley 21.325 y en el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022, con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Captura del portal de trámites migratorios del Servicio Nacional de Migraciones en que consta la tramitación de las solicitudes. 2. Cédula de identidad para extranjeros de los recurrentes. 3. Comprobantes de pago del beneficio migratorio. 4. Certificado AFP de los recurrentes que acreditan el domicilio indicado.

SEGUNDO: Que, a folio 4, evacuó informe la recurrida Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de la Subsecretaría del Interior, y expone que en relación con el caso de autos, es posible informar que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de la parte recurrente ya han sido recibidos por este Ministerio, de parte del Servicio Nacional de Migraciones, encontrándose actualmente el acto administrativo que la resuelve en sus últimas etapas de tramitación, previo a la firma de la autoridad, y una vez concluida la tramitación de dicho acto, aquel será debidamente notificado a la parte recurrente, de conformidad con el procedimiento y competencias definidas explícitamente en la ley.

Señala en cuanto al otorgamiento de cartas de nacionalización a personas extranjeras se efectúa por decreto expedido con la sola firma de la autoridad superior de este Ministerio, a través del ejercicio de una facultad expresamente contemplada en la ley, lo cual está dispuesto en los artículos 84 de la ley N°21.325; 1° y 2° del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior; y 1, apartado IV, N°4, de la ley N°16.436, en virtud de los cuales se otorga al Ministerio del Interior y Seguridad Pública la facultad de conceder cartas de nacionalización, deponiéndola en términos potenciales, al indicarse que “podrá” otorgarse esta concesión a quienes cumplan los requisitos allí señalados. Que el ministerio podría otorgar como no otorgar la nacionalización Añade que, en su parte, el artículo 157, N°8, de la ley N°21.325, dispone que corresponde al Servicio Nacional de Migraciones tramitar las solicitudes de carta de nacionalización para su posterior resolución por parte de este Ministerio. Y que, ello, en la práctica, implica que es dicho Servicio quien recibe tales solicitudes, a fin de revisar su admisibilidad, tramitarlas y ordenar su pago -aspecto último que se desprende de lo dispuesto en el artículo 12 del decreto supremo N°5.142, de 1960, del entonces Ministerio del Interior, en concordancia con lo establecido en el artículo 178 de la ley N°21.325-, para luego proponer su resolución a la autoridad superior de este Ministerio, la cual concederá o rechazará la petición a través de la dictación del respectivo decreto exento.

Alega que, de lo anteriormente expuesto, se debe desechar de plano cualquier alegación que pretenda calificar como arbitraria la no dictación de un acto administrativo terminal respecto de la solicitud de la parte recurrente, toda vez aquello no es producto de un mero capricho, sino de la verificación de un procedimiento reglado, cuya aplicación se ha visto exponencialmente incrementada en los últimos años.

Por lo que concluye, solicitando el rechazo del recurso con costas.

TERCERO: Que, a folio 8, la Primera Sala de esta Corte, de conformidad a lo dispuesto en el numeral tercero inciso tercero del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, solicítese a los recurridos Ministerio del Interior y Seguridad Pública y Subsecretaría del Interior que complementen su informe en el sentido de precisar la fecha que recibieron, desde el Servicio Nacional de Migraciones, los antecedentes referidos a las peticiones de nacionalización de ambos recurrentes.

CUARTO: Que, a folio 10, cumplen las recurridas con lo ordenado informando que los antecedentes de la solicitud de otorgamiento de carta de nacionalización de los recurrentes de autos fueron recibidos con fecha 23 de enero de 2025 por parte del Servicio Nacional de migraciones.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEPTIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de carta de nacionalización presentada, lo cual califican los actores de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

OCTAVO: Que, en relación a la recurrida Subsecretaría del Interior, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

NOVENO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, en especial que el traspaso de la solicitud de nacionalización por el Servicio Nacional de Migraciones al Ministerio de la cartera ya señalada se realiza el veintitrés de enero pasado, y al tratarse de un procedimiento que comprende de diversas etapas ante diversas autoridades administrativas, no es posible entender que el lapsus de tiempo que la solicitud en cuestión se encuentra ante el ministerio en comento sea excesiva o dilatoria, atendida la carga de trabajo que por estas materias el mismo tiene y, sobre todo, que han transcurrido menos 2 meses, de forma que no puede entenderse dicho proceder como ilegal o arbitrario, lo que llevará a desestimar al acción constitucional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado y de nombre reservado, en contra de Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y la Subsecretaria del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°251-2025 (Protección)