Protección contra HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA

nombre reservado

Hospital de La Serena y otro Recurso de protección Rol Nº25-2026 La Serena, seis de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, ingeniero de ejecución en informática, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE LA SERENA, establecimiento autogestionado representado legalmente por su director don nombre reservado, ingeniero comercial, ambos con domicilio en domicilio reservado, y en contra del SERVICIO DE SALUD DE COQUIMBO, servicio público descentralizado, RUT RUT reservado, representado legalmente por su Director, nombre reservado

Flores, psicólogo, todos con domicilio en domicilio reservado, por el actuar que señala como ilegal y arbitrario, consistente en no gestionar las derivaciones comprometidas a especialistas, pese a sus reiteradas solicitudes, lo que obedecería a una represalia por el ejercicio de acciones judiciales.

Señala que padece dolor crónico severo, con diagnóstico médico confirmado y con indicación de rizotomía dorsal selectiva como tratamiento paliativo, lo que exige una atención integral y multidisciplinaria. Señala haber sido atendido en tres oportunidades por el Servicio de Cuidados Paliativos del Hospital de La Serena, durante los meses de julio, septiembre y diciembre de 2025, por distintos médicos del establecimiento.

Indica que, en cada una de dichas atenciones, solicitó expresamente la derivación a atención psicológica clínica y a evaluación por fisiatra o kinesiólogo especializado, derivaciones que —según afirma— fueron comprometidas verbalmente por los profesionales tratantes, señalándose incluso que quedarían registradas en su ficha clínica. Sin embargo, hasta la fecha de interposición del recurso, no habría recibido citación ni comunicación alguna respecto de dichas atenciones, pese al tiempo transcurrido y a la gravedad de su condición de salud.

Sostiene que estas omisiones no obedecen a una mera demora administrativa, sino que se insertan en un patrón de conductas omisivas sistemáticas, que califica como represalia institucional, atendido que previamente habría presentado una denuncia ante el Consejo de Defensa del Estado y un recurso de protección anterior en contra del mismo Hospital, del cual la autoridad hospitalaria habría tomado conocimiento. Afirma que, lejos de corregirse la situación tras dichas acciones, la omisión en la atención se habría agravado.

Por lo anterior, afirma que se está vulnerando su derecho a la protección de la salud, consagrado en el artículo 19 N° 9 de la Constitución, y el derecho a no ser sancionado ni perjudicado por el ejercicio de acciones, reconocido en el artículo 19 N° 15 del mismo texto fundamental (sic).

Pide que se acoja el recurso, ordenando a los recurridos la derivación inmediata a atención psicológica clínica y a evaluación por fisiatra o kinesiólogo especializado, requiriéndose asimismo un informe explicativo al Director del Hospital de La Serena respecto del incumplimiento denunciado y de las medidas adoptadas para evitar represalias, disponiendo la notificación de lo resuelto a las autoridades sanitarias competentes para fines de fiscalización.

SEGUNDO: Que, a folio 8 del expediente, se evacuó informe por el Hospital de La Serena, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que, con anterioridad, el mismo recurrente presentó un recurso de protección tramitado bajo el Rol N°1140-2025, el cual fue rechazado, concluyéndose en dicha oportunidad que no existía negativa injustificada de atención médica ni vulneración del derecho a la salud. En tal sentido, señala que el presente recurso reproduce, en lo sustancial, cuestionamientos ya analizados y desestimados por el tribunal.

Luego, indica que el recurrente continuó recibiendo atención médica regular en la Unidad de Cuidados Paliativos.

Precisa que en la atención de fecha 14 de julio de 2025 no se solicitaron ni indicaron derivaciones a psicología, fisiatría o kinesiología; que en la consulta de 11 de septiembre de 2025 el paciente manifestó encontrarse clínicamente estable, solicitó únicamente renovación de tratamiento farmacológico y no requirió derivaciones adicionales; y que incluso solicitó no dejar constancia de ciertos aspectos de la atención, aludiendo a eventuales acciones posteriores.

Agrega que, el 9 de diciembre de 2025, el recurrente concurrió espontáneamente al servicio solicitando cambio de médico, pese a mantener control agendado, oportunidad en la que habría mantenido una conducta agresiva e intimidante hacia el personal de salud, situación que fue debidamente registrada y comunicada a la Unidad Jurídica del establecimiento.

Finalmente, señala que el 11 de diciembre de 2025 el recurrente fue atendido nuevamente, ocasión en la cual por primera vez se generaron interconsultas formales a psicología y kinesiología, las que fueron cursadas conforme a los procedimientos regulares. Respecto de la atención psicológica, explica que la derivación fue gestionada hacia la red externa, atendida la contingencia de recursos humanos y la reorganización de la atención en salud mental; y en cuanto a kinesiología, indica que la interconsulta fue priorizada, sin perjuicio de los tiempos de espera prolongados propios del sistema público. Por lo anterior, descarta la existencia de omisiones asistenciales previas, compromisos incumplidos o represalias institucionales, atribuyendo las eventuales demoras a criterios de pertinencia clínica y a condiciones objetivas del sistema de salud.

Por otra parte, da cuenta que el actor ha ejercido conductas agresivas que dieron origen a un proceso penal por amenazas a funcionarios del Hospital, tramitado bajo el RIT 3065–2025, RUC 2500307671-K, por el delito de amenazas contra profesionales y funcionarios de establecimientos de salud, previsto y sancionado en el artículo 297 bis del Código Penal, en relación con el artículo 296 N° 3 del mismo cuerpo legal; el que finalizó mediante una salida alternativa consistente en un acuerdo reparatorio.

De esta manera, sostiene que el recurso de protección es improcedente, por cuanto no se configura acto u omisión ilegal o arbitraria, ni amenaza, privación o perturbación de garantías constitucionales, como tampoco ha existido represalia contra el actor, solicitando el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, a folio 9 del expediente, se evacuó informe por el Servicio de Salud, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar, afirma la inexistencia del acto u omisión ilegal o arbitraria, sosteniendo que, conforme a los antecedentes clínicos que acompaña, el recurrente mantiene atención permanente, continua, integral y pertinente a su condición de salud, con controles vigentes, tratamientos en desarrollo, derivaciones cursadas y continuidad asistencial asegurada. Precisa que las supuestas derivaciones “prometidas” corresponden a apreciaciones verbales que, conforme a los protocolos clínicos vigentes, se encuentran siempre sujetas a evaluación de pertinencia técnica y a la disponibilidad del sistema, no configurando en caso alguno una obligación automática ni inmediata para el establecimiento.

Afirma que no existe abandono ni negativa de atención médica, sino un seguimiento activo del paciente, lo que torna improcedente la acción constitucional.

En cuanto a la alegación de represalia, señala que esta carece de sustento objetivo, desde que, con posterioridad tanto a la denuncia administrativa como al recurso de protección anterior, el recurrente ha continuado recibiendo atención médica, controles, seguimiento y tratamiento farmacológico, circunstancia que excluye cualquier hipótesis de castigo, discriminación o sanción institucional.

Luego, se refiere al recurso de protección anterior, Rol N° 1140-2025, indicando que en dicha oportunidad el actor reclamó una supuesta falta de atención especializada en salud mental, acción que fue rechazada por sentencia de 05 de agosto de 2025, al establecerse que no existió negativa injustificada de atención ni vulneración de derechos fundamentales. Sostiene que dicho pronunciamiento resulta relevante para descartar la reiteración de conductas ilegales o arbitrarias por parte de la autoridad sanitaria.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, sin embargo, de acuerdo a lo informado por la recurrida y los antecedentes allegados al proceso, se advierte que el recurrente mantiene atenciones de salud permanentes, como también que se gestionaron las respectivas interconsultas formales a psicología y kinesiología, lo que descarta la existencia de la negativa que funda el recurso.

A su turno, en lo tocante a la supuesta represalia por el ejercicio de acciones y reclamos, sólo cabe decir que el recurrente no cumplió con acompañar elementos de juicio suficientes que permitan asentar dicha circunstancia.

En consecuencia, al no encontrarse acreditado el hecho que se denuncia como vulnerador, tampoco se advierte alguna vulneración a los derechos fundamentales que se invocan en el libelo, razón por la cual, la presente acción deberá ser rechazada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital San Juan de Dios de La Serena y del Servicio de Salud de Coquimbo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°25-2026 (Protección).-