nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 249-2024.- La Serena, veintidós de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el once de marzo de dos mil veinticuatro comparece Israel Alejandro Gutiérrez Rojas, abogado, en favor de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Expone que la agraviada es médica y, en lo que interesa, ejerce su profesión de manera independiente en la ciudad de Ovalle, domicilio reservado; concretamente en el Centro Médico Limarí, que es donde acuden a consulta sus pacientes.

Señala que a partir del mes noviembre de 2023, la recurrida comenzó un procedimiento de fiscalización en contra de la agraviada. En efecto, el 20 de noviembre de 2023, la recurrida emitió el Ordinario Nº 230441528 para exigirle la remisión de “antecedentes complementarios” por cada folio uno de los 50 folios de licencias médicas emitidas por la agraviada entre los días 15 de noviembre de 2022 y 15 de noviembre de 2023.

Adiciona que el procedimiento de fiscalización y sanción que inició en contra de la agraviada se justificó en el hecho que esta habría emitido 1189 licencias médicas en el periodo de un año a contar del 15 de noviembre de 2022.

Pues bien, el día 19 de diciembre de 2023, la médica en cuyo favor se recurre, recibió un correo electrónico de parte de la COMPIN, cuyo asunto rezaba: “COMPIN Licencias – Credenciales de Acceso Sistema Fiscalizaciones Licencias Médicas”. En este correo electrónico se le entregaron instrucciones para ingresar a la plataforma “MIDAS” y subir la documentación requerida con un plazo que vencería el 27 de diciembre de 2023.

Sin embargo, su representaba se encontraba gozando de sus vacaciones a partir del 8 de diciembre de 2023 y se reincorporó a sus labores el 26 de diciembre 2023. Al verse enfrentada a un lapso tan breve para cumplir con lo indicado por la recurrida, solicitó una prórroga mediante correo electrónico dirigido a la COMPIN de la Región de Coquimbo el 28 de diciembre de 2023, la que fue concedida por un término de 7 días corridos.

Así las cosas, el 29 de diciembre de 2023, vale decir, dentro del primer día de la prórroga concedida, su representada intentó incorporar los antecedentes requeridos por la COMPIN. Sin embargo, la plataforma dispuesta por la recurrida no permitía subir los archivos, cuestión que la agraviada hizo presente a través de correo de la misma fecha.

El mismo 29 de diciembre de 2023, la recurrida, a través de su Unidad de Fiscalización, contestó el correo electrónico de la agraviada indicando que “la incidencia de la Plataforma fue reportada a nivel central” y, agregó, que esperaban que la situación pudiera regularizarse a la brevedad posible. El problema de la plataforma de la recurrida era inconcuso.

No obstante, la agraviada continuó intentando durante el día 29 de diciembre de 2023 hasta que, finalmente, ese mismo día, subió la totalidad de la información requerida por la recurrida en el sistema “MIDAS”.

Indica que pese al cumplimiento de lo instruido por la COMPIN, el 5 de enero de 2024 dicha entidad emitió la Resolución Exenta Nº 23044152803 con el objeto de sancionar a la agraviada. En concreto, la recurrida le impuso una multa de 10 UTM a beneficio fiscal junto con la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas por un plazo de 15 días a contar del 12 de enero de 2024. Agrega que la resolución exenta en cuestión fue notificada mediante carta certificada que la agraviada recibió el 9 de enero de 2024.

Puntualiza que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez estimó que dichas sanciones eran procedentes atendido que la agraviada no habría presentado “reiteradamente la solicitud de antecedentes por la (s) licencias (s) médica (s) individualizadas previamente”, según reza el punto 2 de la parte resolutiva de la resolución exenta 23044152803.

Hace presente que la recurrida ha dictado nuevas resoluciones exentas cuyo objeto ha sido renovar la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios en contra de su representada. Dichas resoluciones son:

Resolución Exenta Nº 23044152804 de 26 de enero de 2024. Según la recurrida, “la sanción se origina por la negativa del profesional en entregar informes complementarios necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas emitidas”. Le impuso la sanción antes mencionada, por un lapso de 15 días renovables, a contar del 28 de enero de 2024.

Resolución Exenta 23044152805 de 12 de febrero de 2024. Bajo los mismos fundamentos expresados en la resolución que antecede, renovó la sanción consistente en la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas a contar del día 13 de febrero de 2024, al no haber presentado, de manera reiterada, los informes complementarios requeridos.

Resolución exenta 23044152806 del 27 de febrero de 2024 Esta última resolución también se fundamenta, a decir de la recurrida, en la supuesta negativa de la profesional en entregar informes complementarios necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas emitidas. Agrega, al igual que en las otras resoluciones, que la “negativa reiterada” a entregar los antecedentes configura la hipótesis del inciso 2º del artículo 2º de la ley 20.585 que faculta para suspender tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días.

Precisa que los antecedentes que la recurrida echa en falta, son los mismos 19 aludidos en la Resolución Exenta 23044152805 de 12 de febrero de 2024, solo que en esta ocasión, estima que las fichas clínicas acompañadas “no cumplen con los requisitos dispuestos en el Decreto Nº 41 del 2012 del Minsal”, sin indicar a qué se requisitos se refiere. Los otros antecedentes fueron validados, a excepción, como se dijo, de las fichas clínicas.

Conforme a lo señalado, la COMPIN renovó la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas por un plazo de 15 días renovables a contar del 28 de febrero de 2024.

Aclara que, desde el primer requerimiento, nuestra representada ha cumplido con lo instruido por la COMPIN. El 29 de diciembre acompañó la totalidad de los documentos requeridos, bajo el formato digital requerido por el sistema dispuesto por la propia recurrida. Por un problema totalmente ajeno a su voluntad, el sistema rechazó la documentación incorporada sobre la base de un supuesto desajuste entre los formatos exigidos y los empleados por nuestra representada.

A pesar de lo anterior, la agraviada continuó subiendo la información solicitada a lo largo del periodo aludido en el presente escrito. Se ha visto en la necesidad de modificar los formatos de los archivos, que son bastantes, para soslayar el problema de compatibilidad que ha motivado las injustas sanciones que le han sido impuestas.

Con todo, la resolución en cuestión adolece de una manifiesta contradicción que es muy reveladora de la arbitrariedad y falta de proporcionalidad con que la recurrida ha impuesto continuas sanciones a su representada.

En efecto, bajo el considerando Nº 2 se aduce que la sanción se origina por la negativa del profesional en entregar informes complementarios; bajo el considerando Nº 3 se esgrime una “negativa reiterada a entregar los antecedentes”, mientras que en el cuadro en que se alude a cada caso de licencia médica, se indica que las fichas fueron entregadas, solo que no cumplen con los requisitos del Decreto 41 del 2012 del Minsal. En otras palabras, se dice, por una parte, que la sanción se impone por una negativa reiterada a entregar ciertos antecedentes, mientras que, por otra, se afirma que la entrega se hizo, solo que no se habría adecuado a requisitos contemplados en un Decreto.

Aduce que la lectura de la resolución que impuso la multa en cuestión, de 5 de enero de 2024, Nº 23044152803, corresponde a un documento genérico, en el que solamente se consignaron los datos relativos a las licencias objeto de la fiscalización.

En segundo lugar, de acuerdo con la norma, la suspensión de la facultad para emitir licencias médicas, así como para su venta, está supeditada para casos calificados. No obstante, la recurrida impuso tanto la multa, como la suspensión en comento, en circunstancias que le había conferido un plazo adicional a la agraviada quien, como ha sido dicho, incorporó la información el día 29 de diciembre de 2023. Para la recurrida no hay una variación en la intensidad de la sanción según se trate de información complementaria de 40 o 19 licencias médicas.

Añade que configurar una “negativa” a entregar antecedentes fundada en el formato de los documentos o su inadecuación a las formas previstas por la COMPIN, pugna manifiestamente con el principio de la no formalización consagrado en el artículo 13 de la ley 19.880.

Repite que en la especie no han concurrido los requisitos dispuestos por la ley para imponer las sanciones que ha padecido la agraviada desde que no se ha materializado una negativa injustificada a remitir los antecedentes requeridos. Por otra parte, las distintas resoluciones de la COMPIN van dando cuenta de que la intención de su representada siempre ha sido cumplir con lo requerido, habida cuenta que el número de licencias con antecedentes supuestamente incompletos ha ido disminuyendo paulatinamente.

En otro orden de ideas, la recurrida ha ejercicio su potestad sancionatoria de modo intempestivo. En efecto, la COMPIN ha requerido la remisión de antecedentes para la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionadora, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Expresa que por los mismos motivos el actuar es arbitrario.

Menciona que la solicitud de la recurrida vulnera también el principio de proporcionalidad. En el caso sublite, la agraviada ha sido sancionada a pesar de haber incorporado la información requerida y con independencia de si faltan antecedentes relativos a 50, 40 o 15 licencias médicas. En todos los casos le ha impuesto una suspensión de 15 días para el ejercicio de una facultad que forma parte de las herramientas necesarias para el ejercicio profesional de nuestra representada, dando cuenta de la falta de proporcionalidad de la sanción y desatención a la conducta de la agraviada quien, como se ha dicho, ha procurado cumplir desde siempre.

Refiere que las acciones de la recurrida vulneran los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, esto es, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, la igualdad ante la ley, el derecho a la salud, la libertad de trabajo y el derecho de propiedad.

Por estas consideraciones solicita se ordene que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y la suspensión de la facultad de emisión y compra de talonarios de licencias médicas decretada en contra de la agraviada, doña nombre reservado, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya a la profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas; que la recurrida indique con toda precisión en qué consisten los supuestos incumplimientos en que habría incurrido la agraviada con respecto a los requisitos de las fichas clínicas a que se refiere su resolución exenta Nº 23044152806 de 27 de febrero de 2024; 3. Que la recurrida precise un canal o mecanismo alternativo para que la agraviada pueda acompañar la documentación que supuestamente le faltaría por entregar; y que se condene en costas a la recurrida en caso de oposición a la presente acción constitucional.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Ordinario Nº 230441528 de la COMPIN, de 20 de noviembre de 2023; 2. Resolución Exenta Nº 2304415280, de 5 de enero de 2024 emitida por la COMPIN; 3. Resolución Exenta Nº 23044152804 de 26 de enero de 2024 emitida por la COMPIN; 4. Resolución Exenta Nº23044152805 de 12 de febrero de 2024 emitida por la COMPIN; 5. Resolución exenta Nº 23044152806 del 27 de febrero de 2024 emitida por la COMPIN; 6. Correo electrónico dirigido por la agraviada a la recurrida el 28 de diciembre de 2024, solicitando una prórroga y su respuesta; 7. Correo electrónico dirigido por la agraviada a la COMPIN el 29 de diciembre de 2024 y su respuesta; 8. Correo electrónico de 8 de enero de 2024 dirigido a la COMPIN por parte de la agraviada; 9. Correo de 9 de enero de 2024 remitido por la COMPIN a la agraviada; 10. Reclamo de 10 de enero de 2024 dirigido por la agraviada a la Superintendencia de Seguridad Social.

SEGUNDO: Que, evacuó informe BEATRIZ MUÑOZ JARA, abogada, por la recurrida COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Expone que, efectivamente, mediante Resolución Exenta N° 23044152806, de 27 de febrero de 2024, la COMPIN de la Región de Coquimbo, le aplicó a doña nombre reservado, la renovación de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la menta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días, a contar del 28 de febrero de 2024, por no haber presentado, reiteradamente los antecedentes de las licencias médicas en ella indicadas.

Indica que, mediante Resolución Exenta N° 23044152808, de 18 de marzo de 2024, la COMPIN de la Región de Coquimbo, puso término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de la facultad de emitirlas.

Que, así las cosas, el presente recurso de protección debe ser rechazado por falta de oportunidad, por cuanto el supuesto acto ilegal o arbitrario que lo motivo, esto es, la sanción impuesta mediante la resolución indicada en el numeral 1, ha sido dejada sin efecto, por lo que no hay medida alguna que se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, en el evento que así haya ocurrido.

En subsidio, informa. Destaca que la Ley 20.585, sobre Otorgamiento de Licencias médicas, publicada el año 2012, faculta en su artículo 2 a la COMPIN en el marco del procedimiento de fiscalización, a solicitar antecedentes a los prestadores respecto a las licencias médicas emitidas y a sancionar en caso de que éstos no cumplan con lo solicitado.

Destaca que de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, la recurrente es un profesional médico, no especialista, que, en el último año móvil, previo a la fiscalización, emitió 1189 licencias médicas.

Aclarar que doña nombre reservado ha sido fiscalizada por la COMPIN de Región de Coquimbo, al observarse un desbalance en la emisión de licencias médicas, siendo estás primordialmente respecto de patologías psiquiátricas y osteomusculares un 42,8%, siendo ella médico general, no teniendo la especialidad de psiquiatría o traumatología.

Ahora bien, en lo que se refiere a la recurrente, y de acuerdo con los antecedentes proporcionados por el Departamento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Nacional, a través del software TABLEAU1, doña nombre reservado, es una profesional médica, que desde el 15 de noviembre 2022 al 15 de noviembre de 2023, previo a la fiscalización, emitió 1.189 licencias médicas, y de acuerdo a los gráficos adjuntos, se deja de manifiesto la cantidad mensual de licencias médicas emitidas por periodo fiscalizado, la cantidad de licencias emitidas según el total de días otorgados, y la evaluación mensual de la emisión, a modo de antecedente, que permite a la luz de lo expresado en la norma, iniciar un proceso de fiscalización:

Ahora bien, aun con todo lo expuesto, la COMPIN, respecto de este caso, únicamente fiscalizo la cantidad de 50 licencias médicas, reduciendo a la mitad el total de licencias médicas habitualmente requeridas por esta autoridad administrativa para dicho efecto2, de un total de 1.189 licencias emitidas entre el 15 de noviembre de 2022 al 15 de noviembre de 2023, elegidas todas de forma aleatoria, desprovista de cualquier tópico que pudiese ensuciar el muestreo requerido, en el entendido que el software TABLEAU aplicado para estos efectos, permite analizar el comportamiento de la fiscalizada de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por doña nombre reservado, y que en la práctica dan cuenta de un proceder objetivo de la COMPIN, al momento de realizar la elección del o la fiscalizada en virtud del algoritmo previsto para dicho efecto.

Por lo tanto, la resolución de fiscalización que el recurrente impugna se contextualiza en las propias atribuciones de la institución, como en el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas, cuya finalidad es la protección de todos los cotizantes y beneficiarios de FONASA frente al gasto asociado por el pago de licencias médicas expedidas con ausencia de fundamento terapéutico. Dicho así, el actuar de esta COMPIN es razonable y reglado, por lo tanto, está muy por lejos de ser considerado arbitrario, ya que, la información que es requerida al fiscalizado, se encuentra debidamente regulada por Ley, Decreto 41 del 15 de diciembre de 2012, que aprueba el reglamento de las fichas clínicas, estableciendo expresamente en los artículos 6° y 8° con relación a la información mínima que esta ficha clínica debe contener para ser tal, y la obligación de almacenamiento y protección de forma digital o papel, atribuciones y conductas que han sido validadas por la Contraloría General de la República.

Respecto del plazo concedido a los prestadores fiscalizados para que entreguen los antecedentes solicitados, se encuentra expresamente regulado en el artículo 2 de la ley 20.585, el cual establece que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos”. Atendido a que la norma específica contempla un cómputo del plazo distinto al indicado en la Ley N° 19.880, es que este cuerpo legal, no puede ser considerado a estos efectos.

En síntesis, esa Comisión médica, ha actuado conforme a derecho, con ausencia total de ilegalidad o arbitrariedad alguna, ello porque todo actuar cuestionado, cuenta con respaldo en sus atribuciones constituidas de forma previa y por ley, lo que trae como consecuencia un respeto irrestricto de las garantías constitucionales con especial apego a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental.

Solicita que, en caso de acoger el presente recurso de protección, no se condene en costas a su parte, por cuanto de los antecedentes y fundamentos esgrimidos, ha quedado demostrado que esta parte ha tenido motivo plausible para litigar, y que goza de privilegio de pobreza, en virtud de lo establecido en el artículo 173.

Por estas consideraciones solicita se rechace la acción de protección interpuesta en contra de su representada, en primer lugar, debe ser rechazado por falta de oportunidad, por cuanto el supuesto acto ilegal o arbitrario que lo motivo, esto es, la sanción impuesta mediante la Resolución Exenta N° 23044152808, de 18 de marzo de 2024, ha sido dejada sin efecto, por lo que no hay medida alguna que se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho, en el evento que así haya ocurrido. En segundo lugar, el incumpliendo de la resolución ya indicada, atiende a la negativa reiterada del profesional a entregar los antecedentes requeridos ya sean informes complementarios y necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas, configurándose la hipótesis dispuesta en el inciso 2° del artículo 2° de la ley 20.585, circunstancias que fueron señaladas expresamente en los considerandos de la resolución recurrida. En tercer lugar, respecto a la precisión de los mecanismos para que la agraviada pueda realizar sus descargos y acompañar la documentación requerida por la COMPIN, se establece de forma prístina en la Ley 20.585, la Circular N°3523 de fecha 21 de julio de 2020, que imparte instrucciones para la aplicación de la Ley N°20.585, en complemento a la Ley 19.880, respecto a la tramitación digital del Estado y sus respectivas actualizaciones. Por último, en virtud de los hechos, el derecho y la información aportada, documentos que dan cuenta del actuar ajustado al derecho por la COMPIN de la Región de Coquimbo.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia en PFD del Ordinario N°230441528, de 20 de noviembre de 2023, emitido por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante el cual se inicia proceso de fiscalización y solicita remisión de antecedentes e informes complementarios; 2. Copia en PFD de la Resolución Exenta N°23044152803, de 05 de enero de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se aplica multa y suspende facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios; 3. Copia en PFD de la Resolución Exenta N°23044152804, de 26 de enero de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se renueva sanción de suspensión; 4. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 23044152806, de 27 de febrero de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se renueva sanción de suspensión; 5. Copia en PFD de la Resolución Exenta N° 23044152808, de 18 de marzo de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo, mediante la cual se pone termino a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y de su facultad de emitirlas; 6. Copia de envío de notificación que pone término a la sanción, mediante Correos de Chile N° 6000236516461, de 18 de marzo de 2024, emitida por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo; 7. Copia en PFD de los reportes de fiscalización nacional, emitidos por el software TABLEAU, que permite analizar el comportamiento del fiscalizado de forma objetiva, en razón de los datos obtenidos del proceso de emisión de licencias médicas por doña nombre reservado; 8. Copia de Dictamen N°E369310/2023 de 18 de julio de 2024, emitido por la Contraloría General de la República; 9. Copia de Circular SUSESO N°3523, de 21 de julio de 2020, mediante la cual se imparte instrucciones para la aplicación de la ley n° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas. Deja sin efecto circular n° 2827 de 14 de mayo del año 2012 de la Superintendencia de Seguridad Social; y 10. Copia de publicación realizada por FALMED en su página web www.falmed.cl , mediante la cual exponen en la gaceta jurídica pública, dedicada a la asesoría de médicos en Chile, respecto del objeto y las particularidades de forma pormenorizada del procedimiento cuestionado en la presente acción. ¿Cuáles son las sanciones que arriesgan los profesionales que emiten licencias médicas sin fundamento médico? La Ley N° 20.585, publicada el 11 de mayo de 2012, establece la aplicación de medidas de control, fiscalización y sanciones para profesionales médicos y contralores de Isapres, ante conductas fraudulentas, ilegales o abusivas en la emisión y evaluación de las licencias médicas.; 11. Copia de Mandato judicial otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, de 25 de agosto de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, lo señalado por la recurrida en su informe, los instrumentos que se acompañan al mismo y lo peticionado por el actor en su arbitrio, permite a estos sentenciadores concluir que el presente recurso ha perdido oportunidad, toda vez que la denunciada, mediante Resolución Exenta N° 23044152808, de 18 de marzo de los corrientes, puso término a la sanción de venta de talonarios y licencias médicas y de la facultad de emitirlas, habiendo por ende desaparecido el presupuesto fáctico que sustentó la presente acción, lo cual conlleva necesariamente el rechazo del recurso, al no vislumbrándose en la actualidad acto ilegal o arbitrario alguno que amerite la adopción de medidas de urgencia.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Israel Alejandro Gutiérrez Rojas, en favor de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 249-2024 (Protección).-