Protección contra la I

nombre reservado, nombre reservado

Municipalidad de Ovalle Recurso de Protección Rol N°247-2023 La Serena, once de abril de dos mil veintitrés.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que a folio 1, comparece nombre reservado, docente, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la I. Municipalidad de Ovalle, RUT. RUT reservado, representada legalmente por su alcalde subrogante, don Jonathan Acuña Rojas, Cédula de Identidad Nº RUT reservado, domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos arbitrarios e ilegales que vulneran su derecho a la integridad física y psíquica, el derecho a igualdad ante la ley, la prohibición de discriminación, y el derecho de propiedad.

Señala la recurrente que se ha desempeñado desde el año 2005 hasta el año 2020 como docente de aula, ejerciendo luego funciones como docente de apoyo a directivo con 14 horas al momento de su desvinculación.

Como antecedentes, expone una serie de hechos que le afectaron en años anteriores en el ejercicio de sus labores y que denuncia como situaciones de vulneración y menoscabo hacia su persona.

Así, indica que previamente había sido objeto de una desvinculación arbitraria acontecida en el año 2006, siendo posteriormente reintegrada por orden de Contraloría General de la República. Sin embargo, refiere que al llegar a la Escuela Óscar Araya Molina el año 2021, el recibimiento no fue el esperado, ya que no se le permitió incorporarse inmediatamente a sus labores, no fue invitada a participar de las reuniones planificadas con el DEM, ni con el Departamento de Educación Provincial, la incorporaron tardíamente en uno de los grupos de WhatsApp, excluyéndola de otro, y asignándole funciones prácticamente administrativas o de asistente de la educación, sin su consentimiento.

Por otra parte, expresa que en el año 2015 se sometió a la evaluación docente, cuyo resultado fue competente, logro que jamás fuera reconocido por sus superiores. Puntualiza, que en junio de 2022 se percató que su sueldo fue disminuido, debiendo reclamar y efectuar las gestiones pertinentes en el Municipio. Agrega que durante el periodo de toma de temperatura al ingreso al establecimiento, también fue excluida del listado oficial, pues su nombre no figuraba en la lista de los docentes. A estas situaciones de hostigamiento y acoso se sumó que, con fecha 09 de noviembre de 2022 el jefe DEM le ratificó que la habían sacado de la planta, generando en su persona una serie de síntomas que llevaron a que con fecha 10 de enero de 2023 recibiera un correo de la ACHS notificándole que, tras ser analizado su caso por un equipo de especialistas, concluyeron que la enfermedad profesional por la que ingresó a la atención en dicha institución es de origen laboral.

Luego, expone que con fecha 02 de febrero de 2023, recibió una carta de parte del Alcalde subrogante de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, con copia al jefe DEM de la misma comuna, informándole que su nombramiento en calidad de contrata de 14 horas cronológicas semanales, en calidad de Profesor de Estado en el nivel de enseñanza básica en la Escuela Oscar Araya Molina, terminará de manera impostergable el 28 de febrero de 2023, pues se ha dispuesto el término y no renovación de su nombramiento en virtud del Decreto Alcaldicio Nº 624 de fecha 20.01.2023 cuya copia se adjunta. No obstante, refiere que dicho decreto alcaldicio no fue adjuntado a la misiva.

Alega la recurrente que la decisión de no renovar su contrata es un acto arbitrario e ilegal, ya que carece de argumentación que la sustente y no va acompañada de un acto administrativo fundado, vulnerando el principio de “confianza legítima”.

Al efecto explica que no se le entregó en la notificación el correspondiente acto administrativo, esto es, una resolución o el llamado “decreto alcaldicio Nº 624 de 20 de enero de 2023, que contiene los fundamentos; tampoco se explicitó cómo las “modificaciones curriculares” impedían la continuidad en la dotación docente municipal de la actora. Afirma, que en el presente caso la Municipalidad de Ovalle debió explicar qué modificaciones curriculares se hicieron, cómo éstas determinaron su eliminación de la planta docente y cuál fue el criterio utilizado para desvincularla a ella y no otra funcionaria.

Adicionalmente afirma que se han contravenido los principios de motivación, propio de los actos administrativos; de imparcialidad, teniendo especial consideración que lleva más de 18 años prestando servicios en calidad a contrata para dicha Corporación; y de probidad administrativa, a raíz de los hechos de exclusión y hostigamiento que la afectaron, denigrándola como profesional e ignorando su trabajo y logros.

Añade que la conducta e la recurrida contraviene el Estatuto Docente y la normativa vigente en materia de educación, en particular el artículo 6 de la Ley Nº 19.070 sobre Estatuto Docente, como también el artículo 9, 14, 21, 22, 25, al no tomarse las decisiones en forma participativa.

Por otro lado, alega la recurrente que su empleador se encontraba obligado a generar “ambientes laborales y buenas prácticas”, que se expresan en la generación de mejores políticas y prácticas de gestión de personas, con el propósito de generar un mejor Empleo Público, acusando que ello no habría sido cumplido, vulnerando además los límites que se impone a las facultades de todo empleador por el artículo 5 del Código del Trabajo, al no haberse respetado sus garantías constitucionales al poner término a su nombramiento como docente.

En cuanto a los derechos fundamentales infringidos, alega la vulneración a su derecho a la igualdad ante la ley, así como a su derecho a la integridad física y psíquica, al punto que se le diagnosticó un Trastorno Adaptativo como enfermedad profesional. Estima igualmente afectado su derecho a la protección de la vida privada y honra de la persona y su familia, pues la relación con su empleador ha estado plagada de menoscabos y vulneraciones, cuestionamiento de su fuero maternal y afectación de su estima profesional. Sostiene adicionalmente la infracción al derecho a la libertad de trabajo y su protección, al haber sido víctima de “trabajo forzoso”, al hacerla trabajar contra su voluntad y contra las necesidades de su familia, desconociendo su horario de clases, y obligándola a asistir a reuniones pasando por alto su voluntad y sus verdaderas funciones. Finalmente alega la vulneración al derecho a la no discriminación en materia laboral, contenido el numeral 16 del artículo 19 de la Carta Política, al habérsele asignado otras funciones distintas a la docencia.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicitó que se acoja el recurso de protección y se disponga: 1)la renovación de su nombramiento a contrata para toda la anualidad 2023; 2) Ordenar a la Ilustre Municipalidad de Ovalle que pague las remuneraciones y cualquier otro emolumento a que tenga derecho en función del cargo del cual fue desvinculada, durante todo el periodo en que ha permanecido y eventualmente permanezca alejado del mismo; 3) Disponer las demás medidas que el tribunal estime necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección, con costas.

SEGUNDO: Que la recurrente acompañó a su presentación un set de documentos que incluyen copia de su Cédula de Identidad; copia del Grado de licenciada en educación de doña nombre reservado; más de una veintena de correos electrónicos enviados por la recurrente a partir de abril de 2021, dirigidos a nombre reservado, enlace para capacitación, a la inspectora Daniela Monardez, al Director de Escuela Oscar Araya Molina, al Equipo Directivo de la Escuela Oscar Araya Molina, a los apoderados de la Escuela Oscar Araya Molina, a la coordinadora del CRA, al jefe UTP de la Escuela Oscar Araya Molina, don nombre reservado, al Orientador de la Escuela Oscar Araya Molina, don nombre reservado, al jefe DAEM, al encargado de convivencia escolar de la Escuela Oscar Araya Muños, don nombre reservado, al Inspector General nombre reservado, y a nombre reservado entre otros; Nómina actualizada de los cursos; Carta de despido dirigida a la profesora nombre reservado, emitido por nombre reservado, Director de la Escuela Oscar Araya Molina, con fecha 09 de noviembre de 2021; Informativo a equipo de gestión sobre no respuesta de la jefa UTP; Resolución de Contraloría General de la República, Folio Nº E286778 / 2022, de 13 de diciembre de 2022, atendiendo solicitud de doña nombre reservado respecto al acceso a información pública, remitiéndosele copia digitalizada se le de Oficio Nº 1.891 de 23 de mayo de 2006, para su conocimiento y fines pertinentes, en virtud del cual se resolvió por Contraloría General de la República ordenar a la Municipalidad de Ovalle se encontraba obligada a renovar la contratación de la recurrente por todo el período en que goza de fuero por maternidad; Oficio Nº 1.891, emitido por Contraloría General de la República, emitido con fecha 23 de mayo de 2006 que dictaminó reintegrarla en el mes de mayo del mismo año 2006, ordenando el pago en forma retroactiva de sus remuneraciones que dejó de percibir el tiempo que estuvo separada de sus funciones; Oficio Nº 1070 de 23 de diciembre 2021 del nombre reservado, informándole que a partir 01 de marzo de 2022 dejará ser funcionaria del DAEM de Ovalle; Carta dirigida al Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Ovalle, de fecha 22 de enero de 2022; Calificaciones de doña nombre reservado emitidas por la Escuela de Formación de Carabineros de marzo y octubre de 2022; Cartas emitidas por doña nombre reservado, Directora de la Escuela de Formación de Carabineros, por nombre reservado, Capitán de Carabineros de Chile, y Certificado de recomendación emitido por el Suboficial Mayor de Carabineros y Encargado de la Oficina de Registro Curricular y Profesores de la Escuela de Formación de Carabineros Grupo Ovalle, don nombre reservado; Autorización de ingreso, código 7219, en virtud del cual doña nombre reservado se reincorpora como docente de la Escuela Oscar Araya Molina, emitida por la Ilustre Municipal de Ovalle mientras se tramitaba el recurso de protección ROL 168-2022 presentado ante la Corte de Apelaciones de la Serena, con fecha 03 de marzo de 2022; Bitácora de Actividades CRA, mes del libro 2022 de la Escuela Oscar Araya Molina; Recurso de Protección presentado por doña nombre reservado en la Corte de Apelaciones de la Serena, Rol Nº 168-2022; Resolución Recurso de Protección de la causa Rol Nº 168-2022, emitida con fecha 05 de abril de 2022, que acoge el recurso; Fotografía presuntamente de conversación a través de plataforma WhatsApp Grupal de los docentes de la Escuela Oscar Araya Molina; Fotografías de diversos Libros de clases; Oficio 08/2022 de fecha 30 de septiembre de 2022, emitido por don nombre reservado, director de la Escuela Oscar Araya Muñoz, dirigido a la docente nombre reservado, señalándole que se pondrán a disposición del nombre reservado sus horas de contrato, no siendo considerada para la dotación docente 2023; Carta del jefe nombre reservado don nombre reservado, respondiéndole a doña nombre reservado que debe su continuidad depende de la Dirección de la Escuela, emitida con fecha 21 de septiembre de 2022; Certificado de médico pediatra Dra. nombre reservado, acreditando que el hijo de doña nombre reservado tiene un riñón displásico poliquístico derecho // monorreno derecho, de fecha 02 de diciembre de 2022; Fotografías de actividades de Feria Chile Crece Contigo Promocional de la Infancia; Mensaje WhatsApp presuntamente emitido por don nombre reservado señalándole a las docentes de Escuela Oscar Araya Molina los cursos que debían apoyar al día siguiente, de fecha 24 de octubre de 2022. Fotografía de plataforma SIGE; Autoevaluación de Desempeño para Estudiantes, “nombre reservado 2022”; Correo de evaluadora para doña nombre reservado, señalándole que el Director junto al Equipo Directivo son quienes toman las decisiones, y que ella por ser parte del Equipo de Gestión no participó en las reuniones, de fecha 15 de diciembre de 2022; Carta emitida por la docente de la escuela Oscar nombre reservado Molina doña nombre reservado, dirigida al Encargado de Convivencia don nombre reservado y el Jefe de UTP nombre reservado; Foto del escritorio del CRA; Informativo a inspector reposo de fecha 22 de diciembre de 2022; Orden de Reposo conforme a la Ley Nº 16.744 de doña nombre reservado, diagnosticándola con “enfermedad profesional”, emitido por la ACHS con fecha 21 de diciembre de 2022; PADEM 2023; Correo electrónico de doña nombre reservado, Ejecutiva de Agencia de la ACHS, enviado a doña nombre reservado, informándole que luego del análisis de su caso realizado por un equipo de especialistas, se ha concluido que la enfermedad profesional por la que ingreso a atenciones en ACHS es de origen laboral, por lo cual se encuentra cubierto por el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales dispuesto por la ley 16.744, de fecha 10 de enero de 2023; Ordinario Nº 49 de fecha 20 de enero de 2023, emitido por la Ilustre Municipalidad de Ovalle, notificando a doña nombre reservado el término de nombramiento a cargo docente, conforme a la Ley Nº 19.070; Sobre de correos de Chile dirigido a doña nombre reservado de fecha 27 de enero de 2023, notificándola del Ord. 49 sobre término de nombramiento; Correo electrónico enviado con fecha 03 de febrero de 2023, con la respuesta de Recurso Humanos del nombre reservado emitida por doña nombre reservado, informándole a doña nombre reservado que se acerque para firmar carta de notificación con la cual se le haría entrega del Decreto Alcaldicio Nº 624 con los fundamentos de la no renovación; Certificado de Cotizaciones de doña nombre reservado, emitido por AFP Provida S.A., comprendiendo los periodos de pago desde el año 2004 hasta diciembre del año 2022.

TERCERO: Que a folio 9 evacuó informe la recurrida Ilustre Municipalidad de Ovalle, solicitando el rechazo de la acción.

Previamente, señala que los hechos que expone largamente la recurrente son exactamente los mismos que expuso en su recurso de protección Rol 168-2022 de esta misma Corte de Apelaciones, y por ende extemporáneos para ser conocidos a través de esta vía excepcional.

Seguidamente, en cuanto a los fundamentos de no renovación de la contrata de la recurrente, manifiesta que la actora fue nombrada a contrata en calidad de Profesor de Estado en Castellano y Filosofía (Docente Apoyo Directivo) en nivel de enseñanza básica, con un total de 14 horas cronológicas semanales, del 01 de marzo de 2022 al 28 de febrero de 2023 en ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA, siendo nombrada a contrata para desempeñar funciones de profesor de estado en castellano y filosofía (Docente Apoyo Directivo) y se financia por Subvención General.

Indica que los docentes podrán incorporarse a una dotación docente, en conformidad del artículo 25 inciso primero de la Ley N° 19.070, como titulares o contratados, teniendo esta última calidad aquellos que se desempeñan en labores transitorias.

Por su parte, el artículo 7 del Estatuto de los Profesionales de la Educación, dispone que la función docente directiva se ocupa de lo atinente a la dirección, administración, supervisión y coordinación de la educación, y que conlleva tuición y responsabilidad adicionales directas sobre el personal docente, paradocente, administrativo, auxiliar o de servicios menores, y respecto de los alumnos.

Conforme a lo anterior, el director de cada establecimiento tendrá un rol relevante respecto al equipo que dispondrá para efectos de poder cumplir con los objetivos del proyecto educativo de su establecimiento. Por lo mismo resultan relevantes las diversas comunicaciones que este ha realizado al Jefe del Departamento de Educación, respecto a las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos así como su carga presupuestaria, se hizo necesario ajustar la dotación de personal existente, los cuales son considerados como hechos y fundamentos de la decisión de no renovación.

Agrega que con fecha 29 de septiembre de 2022 el Director de la Escuela Óscar Araya Molina envió al Jefe del Departamento de Educación Sr. nombre reservado el Ordinario N° 136/2022, en virtud del cual informa los motivos de NO CONTINUIDAD de la docente Srta. nombre reservado, indicando que adjunta Oficio Interno N° 08/2022 Sobre No Continuidad En Planta Funcionaria año escolar 2023 de la mencionada docente en función administrativa y “Entrevista De Notificación” sostenida por el Director del Establecimiento Educacional junto a la funcionaria Srta. nombre reservado, siendo testigos de dicha entrevista el Inspector General de la escuela Sr. nombre reservado y el Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica Sr. nombre reservado de la misma escuela.

Refiere que la decisión se fundó en las siguientes consideraciones: "Que, en virtud a los procesos de revisión de la planta de funcionarios para el nombre reservado 2023, estipulada en los procesos regulares establecidos en el PADEM y reglamentos administrativos existentes en la comuna de Ovalle para los establecimientos educacionales.

Que, considerando las tareas y funciones por las cuales se encuentra contratada a plazo fijo en esta Unidad Educativa son de DOCENTE DE APOYO ADMINISTRATIVO y cuyo título profesional es de Profesora de Estado en Castellano y Filosofía.

Que, dadas Las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos así como su carga presupuestaria se hace necesario ajustar la dotación de personal existente. Es por estas razones que se informa a Usted, por medio de la presente, analizadas las causales antes expuestas y contemplando los plazos legales vigentes, se pondrán a disposición del Departamento de Educación Municipal las horas de contrato que están a su nombre para determinar su continuidad o no renovación, no siendo esta parte de la dotación docente de esta Unidad Educativa para el nombre reservado 2023".

Afirma que en base a estos hechos y la documentación que se tuvo a la vista consistente en ordinario N° 158/2022 de 28 de octubre de 2022, ordinario N° 136/2022 de 29 de septiembre de 2022, Oficio Interno N°08/2022 de 30 de septiembre de 2022 y Entrevista a Funcionario (a) de 30 de septiembre de 2022, suscritos por el mencionado Director del establecimiento educacional, y ser estos antecedentes suficientes para sustentar el razonamiento de una NO RENOVACIÓN, permitieron fundamentar esta decisión. Sumado a la naturaleza del nombramiento a contrata, de carácter esencialmente transitorio, que ha llevado a adoptar la decisión de no renovar la contrata de la funcionaría, poniendo término a la misma en virtud de la causal del artículo 72 letra d, Ley N° 19.070 del Estatuto Docente, esto es, por término del período por el cual se efectuó el contrato.

Añade que la no renovación fue establecida en el PADEM vigente para el año 2023.

En cuanto a la motivación de la decisión, refiere que sirve de fundamento para prescindir de los servicios de la funcionaria, la aplicación del artículo 72, letra d, de la Ley N° 19.070, el cual dispone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente por las siguientes causales: d) Por término del periodo por el cual se efectuó el contrato.

Luego, en cuanto al fundamento de hecho que justifica la aplicación de dicha causal, señala: a) El término del plazo convenido por el cual se efectuó la contratación de doña nombre reservado. b) El Ordinario N° 158/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, suscrito por el Director de la Escuela Oscar Araya Molina dirigido al Jefe del Departamento de Educación Municipal. c) El Ordinario N° 136/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, suscrito por el Director de la Escuela Oscar Araya Molina dirigido al Jefe del Departamento de Educación Municipal.

En virtud de lo anterior solicitó tener por evacuado el informe solicitado.

Acompañó los siguientes documentos: 1.- PADEM año 2023 (no renovación de la recurrente pags. 113 y sgtes.).- 2.- Decreto Exento 6633 de la Municipalidad de Ovalle que aprueba PADEM 2023.- 3.- Decreto Alcaldicio n° 624 de 20.01.2023, de término de contrata de la recurrente 4.- Oficio ordinario n°49 de 20.01.2023 del Alcalde Municipalidad de Ovalle dirigido a la recurrente, que da aviso del término de la contrata.- 5.- Comprobante de envío de carta certificada por correos de Chile de fecha 27 de enero de 2023.- 6.- El Oficio Ordinario N° 158/2022 de fecha 28 de octubre de 2022, suscrito por el Director de la Escuela Oscar Araya Molina dirigido al Jefe del Departamento de Educación Municipal. 7.- El Oficio Ordinario N° 136/2022 de fecha 29 de septiembre de 2022, suscrito por el Director de la Escuela Oscar Araya Molina dirigido al Jefe del Departamento de Educación Municipal.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que de la revisión de la sentencia dictada en causa sobre recurso de protección, rol 168-2022 de cinco de abril del año dos mil veintidós, así como de los restantes antecedentes incorporados por la recurrente al proceso, es posible concluir que, tal como se indica por la recurrida, gran parte de los hechos que sustentan el presente arbitrio, en particular en cuanto a la cadena de situaciones que son calificadas de hostigamiento y exclusión por la recurrente, y que culminan con la comunicación de exclusión de la planta de personal, en noviembre de 2022, ya fueron objeto de revisión por esta Corte, sin que, por otro lado, se vinculen directamente con el petitorio del recurso, que se restringe en términos generales a la reincorporación de la actora al cargo que detentaba, y el reconocimiento a percibir las remuneraciones por el tiempo que ha estado separada de sus funciones. Adicionalmente, dichos hechos, atendida la fecha de presentación del recurso, se encuentran fuera del rango temporal que habilita para recurrir a esta vía, en los términos previstos en el artículo del respectivo auto acordado. Finalmente, tratándose de presupuestos fácticos que no revisten el carácter de indubitados, toda vez que no han sido expresamente reconocidos por la recurrida, y que requieren por lo tanto de un análisis probatorio que excede del ámbito del presente arbitrio constitucional, no resulta procedente que esta Corte entre a conocer del fondo del asunto debatido, por la vía de esta acción cautelar de urgencia, por no constituir el mecanismo idóneo para tales fines.

SEXTO: Que no existe controversia entre las partes, en cuanto a que la actora se desempeñaba como docente de apoyo administrativo en la Escuela Oscar Araya Molina. Consta igualmente de la documentación acompañada al recurso, que la vinculación de la recurrente con la Municipalidad de Ovalle se ha extendido por más de tres lustros, habiéndosele notificado por Ordinario Nº49 de fecha 20 de enero de 2023, del término de su nombramiento. Finalmente, de las alegaciones de las partes y de la documentación acompañada, aparece que una situación similar se produjo durante el año 2022, oportunidad en que se dispuso por el Departamento de Educación Municipal de Ovalle la no renovación de la contrata de doña nombre reservado para dicho año, lo que motivó un recurso de protección que fue acogido en definitiva por esta misma Corte de Apelaciones, por estimar dicha actuación carente de razonabilidad y vulneratoria de su derecho a la igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política.

SÉPTIMO: Que en este punto resulta de utilidad tener presente que, en materia administrativa y de acuerdo con la jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en el Dictamen N°22.766 de dos mil dieciséis, unificado en el Dictamen N°85.700, de veintiocho de noviembre del mismo año, y recientemente actualizado a través del dictamen N°E156769-2021, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, es posible sostener que, en el caso de la renovación continua de la relación estatutaria en un órgano de la Administración -desde la segunda prórroga al menos- se genera en la persona la convicción de que será tratada en lo sucesivo y bajo condiciones similares, de igual modo que lo ha sido previamente, de modo tal que en el evento de que la Administración tome una decisión distinta a la que ha venido adoptando -prorrogar la contrata por toda la anualidad “debe comunicar su cambio de criterio a través de un acto debidamente fundado que dé cuenta de las circunstancias de hecho que justifiquen su determinación de no renovar ese vínculo laboral” (Corte Suprema, sentencia Rol 12621-2021, de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, c. 5°). Se trata de la aplicación de lo que se ha venido en llamar “principio de confianza legítima”, por el cual se entiende que las personas que se vinculan a través de contratas anuales con la Administración adquieren la confianza legítima respecto de que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovada para el período siguiente, y que de conformidad con la jurisprudencia más reciente de nuestra Corte Suprema, requiere de un plazo de a lo menos cinco años de servicios continuos, el que se estima como un periodo prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por requerirse para el cumplimiento de las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración. Por estas razones, habiéndose extendido la contratación de la recurrente por más de quince años, según ha sido ya referido, le resultaba plenamente aplicable el principio en comento.

OCTAVO: Que, en consecuencia, debe colegirse que era requisito sustancial para la decisión de desvinculación que se impugna, que la Municipalidad aportase la expresión de su motivo o fundamento concreto, que ha sido exigida como condición de mínima racionalidad, puesto que, como ocurre en la especie, a través de tal resolución, se afectan derechos de las personas, de modo que, si carece de ellos, la resolución impugnada resultaría arbitraria al carecer de razonabilidad y de fundamentos suficientes. En la misma línea, el órgano contralor ha dispuesto que para considerar fundado el respectivo acto deberá contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta; por lo que no resulta suficiente para justificar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otras análogas NOVENO: Que la Municipalidad recurrida en su informe, afirma que en esta oportunidad la desvinculación de la actora se encuentra suficientemente justificada, de conformidad con el contenido del oficio ordinario por el cual el director del establecimiento en que se desempeñaba doña nombre reservado solicitó al Jefe del Departamento de Educación Municipal la no renovación de su contrato, el que reproduce sin agregar otras consideraciones. Sin embargo, se trata en la especia de una fundamentación que sólo es aparente, pues se limita a dar cuenta de las funciones de la actora, para luego referirse vagamente a “las necesidades de la escuela en cuanto a recurso humano al servicio de la educación y procesos educativos así como su carga presupuestaria se hace necesario ajustar la dotación de personal existente”. No hay, en consecuencia, ningún elemento en dicha justificación que dé cuenta de cuáles sean las necesidades insatisfechas de la escuela que lleven a la terminación de la vinculación con la recurrente, ni de qué manera se relaciona su salida con la carga presupuestaria del establecimiento, ni mucho menos cuáles sean las razones que determinen que sea precisamente dicha profesional la que deba cesar en sus funciones, de entre todos aquellos que compongan la planta respectiva.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la justificación entregada por la recurrida no logra superar el test de razonabilidad, pues no supera la mera formalidad, sin que dé cuenta de un contenido sustancial distinto de la mera discrecionalidad de la autoridad administrativa, lo que la torna arbitraria. Se trata por lo mismo de una decisión que no se arregla a parámetros objetivos, ni es capaz de explicar intersubjetivamente el motivo de su adopción, debiendo calificarse por lo mismo de ilegal, por contraviniendo la normativa contenida en los artículos 11 y 41 de la ley 19.880 referida a la motivación de los actos administrativos, que señala que en las decisiones que adopte la Administración deberá siempre expresar los hechos y fundamentos de derecho, cuándo estos actos afectaren los derechos de particulares, situación que no ocurre en la especie.

UNDÉCIMO: Que determinada la ilegalidad y arbitrariedad del acto que puso término a la contrata de la reclamante, éste ha contrariado el propósito que el legislador previó al establecer los empleos a contrata y definir sus características de transitoriedad, constituyendo además una discriminación en perjuicio de la actora en relación con otros funcionarios que, en situación jurídica equivalente, no han sido objeto de esta medida, vulnerándose el derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que la presente acción cautelar debe ser acogida, en la forma que se indicará.

Y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 N°2 y 20 de la Constitución Política del Estado; en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE ACOGE, sin costas el recurso de protección deducido a folio 1, por doña nombre reservado, en contra de la Municipalidad de Ovalle, y en consecuencia se deja sin efecto, la resolución de término de su contrata, debiendo entenderse renovada ésta a contar del 1 de marzo de 2023 hasta el 28 de febrero de 2024, y ordenando a la Municipalidad requerida que pague las remuneraciones y cualquier otro emolumento a que la actora tenga derecho en función del cargo del cual fue desvinculada, durante todo el periodo en que ha permanecido alejada del mismo.

Redacción del ministro Sergio Troncoso Espinoza.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol Nº 247-2023.