PUNTA PALMERAS S.A. con TRIDENT MINERAL SPA

Acciona Energía Chile S.p.A y otra Trident Mineral S.p.A Recurso de Protección Rol N° 2445-2022 La Serena a veinte de julio de dos mil veintidós.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1 y con fecha 27 de abril de los corrientes, comparece FELIPE OLIVARES MERCADO, abogado, en representación de ACCIONA ENERGÍA CHILE SpA, RUT N°RUT reservado, y de PUNTA PALMERAS S.A, RUT N°RUT reservado, todos domiciliados en domicilio reservado, Región Metropolitana, y deduce acción de protección por sus representadas y en favor de los trabajadores del Parque Eólico, en contra de TRIDENT MINERALS SpA, representada por don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por actos ilegales que perturban y/o amenazan gravemente los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1, respecto de los trabajadores de sus representadas que operan el Parque Eólico, y 19 N°24, respecto de sus representadas, los que han sido afectados en grado de perturbación y amenaza por la actividad arbitraria e ilegal de la recurrida en el sector de los fundos Punta Canela, Cooca y Las Palmeras, comuna de Canela, Región de Coquimbo, conforme a los siguientes antecedentes.

En primer lugar, efectúa una descripción de la actividad de Acciona Energía y Punta Palmeras (Parque Eólico), indicando que son parte de Acciona Energía que es el mayor operador energético global dedicado en exclusiva a las energías renovables y que cuenta con una serie de parques eólicos y solares en nuestro país y a nivel mundial.

Uno de ellos es el Parque Eólico Punta Palmeras, cuyo Titular es Punta Palmeras S.A. ubicado en el sector de los fundos Punta Canela, Cooca y Las Palmeras, comuna de Canela, provincia de Choapa, Región de Coquimbo, Chile.

Este es un parque eólico que comprende una superficie de 2.156 hectáreas, con una capacidad de 45 megavatios (MW), dotado de 15 aerogeneradores, los cuales son los de mayor potencia instalados en el país hasta la fecha (3 MW). Agrega que la generación del parque eólico evita la emisión a la atmósfera de 119.000 toneladas de CO2 en centrales térmicas de carbón y la importación de unos 215.000 barriles de petróleo para generar la misma energía.

Afirma que la actividad de su representada cuenta con dos Resoluciones de Calificación Ambiental: (i) el Proyecto "Parque Eólico Punta Palmeras", calificado como favorable en lo ambiental por RCA N°222, de 2 de septiembre de 2009, de la Comisión Regional del Medio Ambiente de la Región de Coquimbo; y (ii) el Proyecto "Modificación Proyecto Parque Eólico Punta Palmeras", calificado como favorable en lo ambiental por RCA N°122, de 26 de diciembre de 2012, de la Comisión de Evaluación de la misma Región. El titular de ambos Proyectos corresponde a Punta Palmeras S.A.

El Proyecto se emplaza en la IV Región de Coquimbo, provincia de Choapa, comuna de Canela, a 20 km de la localidad de Canela Baja y 3 km al oeste de la ruta 5 norte. El acceso al área del Parque Eólico es directamente desde la ruta 5 norte.

Finalmente, señala que Acciona Energía Chile SpA es propietaria de los predios rol 221-15 y rol 221-17 sobre los cuales se emplaza el Parque Eólico como se puede apreciar en certificado de dominio vigente acompañado en el segundo otrosí de su presentación. Precisando que el predio rol 221-15 se encuentra arrendado a Punta Palmeras S.A., titular del Parque Eólico referido emplazado en dicho terreno, lo que se acredita con copia de contrato de arrendamiento acompañado en el segundo otrosí.

Expone que Trident Minerals ejecuta en la zona un proyecto de extracción de oro en base a un Plan de Explotación denominado "MINA KEYLA DOS FASE TRES", que comprende una extracción mensual de 1.793 ton/mes de oro, las cuales se dividen en 1.200 ton/ mes de mineral y 593 ton/mes de estéril.

El Proyecto se localiza a 55 km al Noroeste en línea recta de la localidad de Canela, sector Las Palmas, Comuna de Canela, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo.

El Punto de Interés de las operaciones -tomándose como referencia el Túnel de Acceso principal- se ubica en las coordenadas UTM PSAD 56 HUSO 19: Norte RUT reservado metros y Este 251.570 metros, Cota 227 m.s.n.m. Su plan contempla las operaciones de perforación y tronadura, indicando para este último que “Se realizarán como mínimo dos disparos al día, a razón de 50 toneladas por disparo”.

El Plan de Explotación de Mina Keyla Dos Fase Tres, para ser aplicado en la Faena "Keyla Dos Fase Tres", fue aprobado por el SERNAGEOMIN mediante Resolución Exenta N°538/2021 de 23 de agosto de 2021, siendo su titular la empresa minera Trident Minerals SpA.

Acusa, por la información recibida mediante solicitud de transparencia, que el proyecto se encuentra funcionando únicamente con los permisos sectoriales provenientes de SERNAGEOMIN, sin conocimiento de las autoridades ambientales al no haberse formulado siquiera consulta de pertinencia de ingreso al SEIA. En concreto, si bien el proyecto en principio bajo un análisis meramente formal no se encuentra dentro de la tipología de ingreso a evaluación ambiental por tener una producción menor al límite establecido, se desconoce si su ejecución genera o no alguno de los efectos, características y circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300. En efecto, un proyecto de tal envergadura al menos debió presentar una consulta de pertinencia descartando la posibilidad de generación de impacto.

Las coordenadas (UTM PSAD 56) de los vértices del polígono donde se emplaza el proyecto, considerando explotación de la mina, botadero, etc. son:

V1.- Norte RUT reservado metros; Este 251.000 metros V2.- Norte RUT reservado metros; Este 251.375 metros V3.- Norte RUT reservado metros; Este 251.375 metros V4.- Norte RUT reservado metros; Este 251.650 metros V5.- Norte RUT reservado metros; Este 251.650 metros V6.- Norte RUT reservado metros; Este 251.400 metros V7.- Norte RUT reservado metros; Este 251.400 metros V8.- Norte RUT reservado metros; Este 251.150 metros V9.- Norte RUT reservado metros; Este 251.150metros V10.- Norte RUT reservado metros; Este 251.000metros Adjunta al escrito una lámina que demarca el área a intervenir Proyecto Mina Keyla Dos Fase Tres, la que denuncia se superpone a los terrenos de su representada por un total de 14.080,79 metros cuadrados.

Destaca que para la explotación en esta área de superposición- la recurrida no ha solicitado la constitución de servidumbre minera alguna, ya sea de manera forzosa o voluntaria, lo cual es obligatoria conforme al Código de Minería.

Indica que frente a la imposibilidad de establecer comunicaciones y de obtener información de parte de la recurrida, su representada, con el objeto de conocer acerca de las operaciones de la minera instalada en el predio vecino de sus instalaciones, y para poder evaluar posibles riesgos en su operación derivados de la actividad de la Minera, con fecha 18 de marzo del año 2022, a través de la solicitud AS004T0004773, ingresó una solicitud de información al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), requiriendo el envío de información relativa al proyecto denominado Keyla II, perteneciente a la empresa recurrida, consistente en un yacimiento subterráneo de oro que se encuentra actualmente en ejecución, cuya actividad se desconocía a la fecha.

Es así como el 25 de marzo del presente año, el director Nacional de SERNAGEOMIN, emite el oficio ordinario 614, a través del cual adjunta el expediente correspondiente al "Proyecto de Explotación de mina Kayla Dos Fase Tres", el que fue aprobado mediante la resolución Exenta N°0538, de 23 de agosto 2021, el cual es recibido por su representada por correo electrónico con fecha 28 de marzo de 2022.

Conforme a lo anterior y del análisis de los antecedentes obtenidos vía transparencia: el proyecto de la recurrida ingresa y ocupa el subsuelo del predio de su representada para lo cual no cuenta con autorización.

Señala como un antecedente importante, que con fecha 8 de marzo de 2021 se dio aviso al SERNAGEOMIN del inicio de actividades por parte de la minera, indicando como referencia que la ubicación física de la faena es el Parque Eólico cuyo titular es Punta Palmeras y que se emplaza en el terreno de Acciona Energía. Además, indica que el ingreso al proyecto minero es el mismo que el del Parque de su representada.

Respecto de las faenas de la Mina Keyla Dos su representada está en desconocimiento de su ubicación exacta y situación actual, debido a que -como declara la misma recurrida en su respuesta a observaciones del Ord. 1477 emitido por SERNAGEOMIN- el Proyecto Keyla se ha estado desarrollando, siempre con túneles, desde marzo de 2020.

Ahora bien, respecto de la faena Mina Keyla Dos Fase Tres -se señala por parte de la recurrida- que esta abarcará los siguientes vértices:

V1.- Norte RUT reservado metros; Este 251.000 metros V2.- Norte RUT reservado metros; Este 251.375 metros V3.- Norte RUT reservado metros; Este 251.375 metros V4.- Norte RUT reservado metros; Este 251.650 metros V5.- Norte RUT reservado metros; Este 251.650 metros V6.- Norte RUT reservado metros; Este 251.400 metros V7.- Norte RUT reservado metros; Este 251.400 metros V8.- Norte RUT reservado metros; Este 251.150 metros V9.- Norte RUT reservado metros; Este 251.150 metros V10.-Norte RUT reservado metros; Este 251.000 metros Esta área fue aprobada mediante Res. 538/2021 emitida por el SERNAGEOMIN con fecha 23 de agosto de 2021.

Pues bien, el área -que abarca 18,69 hectáreas, tiene una superposición de 14.080,79 metros cuadrados con el Predio Rol 221-15 de propiedad de su representada (en donde funciona actualmente su Parque Eólico).

Además, añade que las concesiones mineras de la recurrida tienen una superposición con esta misma propiedad por una cantidad de 32.671,83 metros cuadrados.

Reitera que existe una superposición entre la concesión minera de Trident Minerals y el predio de su representada donde se emplaza el Parque Eólico, y, además, existe también una superposición entre la actividad declarada de la minera y el predio de su representada con el inminente riesgo que se genera para sus trabajadores, el mismo predio y la actividad de servicio público que presta su representada. La actividad de la minera se extiende por el subsuelo del predio de su representada, a una corta distancia del ingreso al Parque Eólico y de los aerogeneradores y la recurrida no cuenta con servidumbre ni autorización alguna.

Por otra parte, se ha negado o simplemente ha ignorado las solicitudes de su representada para informar acerca de los riesgos que está generando lo que nos obligó a obtener la información vía ley de transparencia.

Manifiesta que la actividad de la recurrida es arbitraria por un doble concepto: (i) la recurrida se ha negado, o, mejor dicho, simplemente ha ignorado a su representada; y, (ii) porque al efectuar trabajos en el subsuelo del predio de su representada pone en claro riesgo de afectación a los aerogeneradores al no respetar las distancias seguras según la regulación y el conocimiento técnico.

En primer lugar, informa que su representada realizó infructuosos intentos de comunicación con la recurrida para que le informe sobre su faena y sus riesgos sobre las actividades de su representada, conforme al siguiente detalle:

a. Con fecha 21 de octubre del año 2021, la encargada del área de gestión de activos de Acciona Energía, doña nombre reservado, envió un correo electrónico al Geólogo de Trident Minerals para efectos de coordinar una visita técnica a la mina, además de solicitar en el mismo, información relativa al alcance y extensión del proyecto.

b. Posteriormente, con fecha 15 de marzo del presente año, don nombre reservado envía en representación de Acciona Energía Chile y Punta Palmeras S.A una carta certificada a don nombre reservado, con el fin de solicitar nuevamente información relativa al alcance y extensión del proyecto, tanto de forma superficial como subterránea, además de solicitar información respecto a los métodos de explotación que se encuentran siendo empleados en el proyecto.

En ambos casos, no hubo ningún tipo de contacto ni respuesta de parte de la recurrida.

En segundo lugar, porque al efectuar trabajos en el subsuelo del predio de su representada pone en claro riesgo de afectación a los trabajadores, al predio, caminos, a los aerogeneradores, y en general, a la operación y producción del Parque.

La evidente cercanía de la actividad minera a la entrada del Parque Eólico y a los aerogeneradores, genera un riesgo grave e inminente de afectación a los trabajadores, al predio, a la estabilidad de los aerogeneradores y a la actividad de su representada, con el inminente riesgo de una posible interrupción en la prestación del servicio de generación de energía eléctrica que principalmente se entrega a los residentes de la región de Coquimbo como para las industrias que allí funcionan.

Al respecto, dice que no puede perderse de vista que su representada tiene deberes de mantención del suministro eléctrico bajo apercibimiento de sanción por la autoridad sectorial (SEC) por poner en peligro la estabilidad del sistema, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de la SEC que sanciona a los que: "(3) Pongan en peligro la regularidad, continuidad, calidad o seguridad del servicio respectivo”.

Expresa que como el buffer de protección de un aerogenerador en términos horizontales es de un diámetro de 20 metros, la extensión de la actividad desarrollada por la recurrida genera un riesgo relevante de afectación inminente a la estabilidad del suelo y por ende a la seguridad de los aerogeneradores.

En el plano vertical, exigen 60 metros bajo cada sello de fundación que no puede ser intervenido. Es arbitrario también que la recurrida se haya negado o más bien haya simplemente ignorado las peticiones de información que le formuló su representada.

Luego, se refiere al análisis de las distancias seguras para trabajos subterráneos en el Parque Eólico Punta Palmeras.

Manifiesta que una vez conocida la información sobre la cercanía de las actividades de la Minera a las instalaciones y al predio de sus representadas, solicitaron a la Consultora GeoC SpA, o Geosoil un análisis de las distancias seguras para trabajos subterráneos en el Parque Eólico Punta Palmeras. Como resultado de ello, se emitió el Memorandum N°1973-A-2022 de 25 de abril de 2022 que acompaña a su presentación.

En definitiva, si la actividad de la minera se ejecuta dentro del buffer de protección horizontal o dentro del margen de profundidad considerados en el informe técnico, se genera una afectación relevante en el funcionamiento estructural de los aerogeneradores.

Debido a lo anteriormente señalado, si Trident Minerals ejecuta su actividad dentro del margen señalado, serán afectados los aerogeneradores y, en consecuencia, la provisión de energía al Sistema Eléctrico Nacional, considerando además un posible efecto en la estabilidad del suelo.

Dicho lo anterior, afirma que la actividad de la recurrida además es ilegal por un triple concepto: (i) porque, para ejecutar sus actividades en el subsuelo del predio de su representada la recurrida requiere contar con una servidumbre, la cual no ha sido obtenida ni solicitada a la fecha, todo con infracción de los artículos 19 N°24 incisos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, 8° inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras y 122 del Código de Minería; (ii) porque, ha instalado un ducto de ventilación a menos de 50 metros de un camino con infracción del artículo 17 del Código de Minería; y, (iii) porque la recurrida está ejecutando obras mineras fuera de la extensión declarada en el plan de explotación. Infracción del Reglamento de Seguridad Minera, la ley 20.551 sobre Planes de cierre de faenas mineras y, en general, toda la regulación minera nacional.

Precisa que el artículo 19 N°24 incisos 6° y 7° de la Constitución Política de la República establece las bases del régimen jurídico minero chileno. Por una parte, establece la naturaleza y alcance del dominio minero del Estado sobre los yacimientos mineros y, por otra, la relación armónica y de coexistencia de ese dominio con el derecho de propiedad de las personas sobre el predio superficial bajo el cual se sitúan las minas. En tal sentido, el inciso 6° ya mencionado indica que "El Estado tiene el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en éstas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales..." y agrega "...no obstante la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas".

Conforme a ello el artículo 8° inciso 1° y 2° de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras establece las reglas mediante las cuales se puede acceder a los predios superficiales, y, en el orden procesal, la misma Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras señala en su artículo 8° inciso 4° que "la Constitución de las servidumbres, su ejercicio e indemnizaciones correspondientes se determinarán por acuerdo de los interesados o por resolución judicial (...)"; norma que es ratificada por el artículo 123 inciso primero del Código de Minería, estableciendo que "La Constitución de las servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones correspondientes se determinarán por acuerdo de los interesados que conste en escritura pública o por resolución judicial ..." Cumplidos los supuestos de hecho que habilitan su constitución las servidumbres legales mineras reguladas en el Título IX del Código de Minería (artículos 120 y siguientes) son ineludibles para el concesionario si es que este quiere hacer uso de su concesión minera para acceder al predio superficial.

Además, para la constitución de las servidumbres, y a partir de lo dispuesto en el artículo 122 del Código de Minería, es preciso determinar previamente la indemnización por todo perjuicio que se cause a su representada.

Por otra parte, el inciso primero del artículo 123 del Código de Minería dispone que "La constitución de las servidumbres, su ejercicio y las indemnizaciones correspondientes se determinarán por acuerdo de los interesados que consten en escritura pública, o por resolución judicial. Podrá convenirse o resolverse que la indemnización se pague de una sola vez o en forma periódica".

De esta forma, existe una acción ilegal por parte de Minera Trident, quien ejecuta y ejecutará labores en el subsuelo del predio de mi representada sin contar con la servidumbre exigida por ley.

Agrega que, estando contemplado el proyecto minero bajo terreno de mi representada (en el área de superposición señalada en los hechos) y encontrándose un ducto de ventilación a tan pocos metros de la propiedad de Acciona Energía, lo que permite presumir que debajo del ducto se están realizando labores mineras, es evidente la amenaza que existe a la propiedad de esta última y a su actividad de servicio público, sin contar con ninguna solicitud de constitución de servidumbre siquiera en trámite.

Enseguida, enfatiza que, de los antecedentes enviados por el SERNAGEOMIN a su representada, se suma que existe un ducto de ventilación a menos de 50 metros del camino de entrada al Parque Eólico, el cual es transitado constantemente por los trabajadores de Punta Palmeras. Ducto que se ve a simple vista desde el camino de entrada al Parque, encontrándose a su costado. Lo anterior implica que existe trabajo minero que ya se está realizando por debajo del mismo, y a su vez permite apreciar que los trabajos de la minera se están acercando a la parte subterránea de nuestro predio o derechamente que ya se efectúan en el mismo sin contar con la servidumbre requerida.

Además, este ducto de ventilación se encuentra ubicado fuera del área de intervención declarada por Trident en su Plan de Explotación.

Reproduce el artículo 17 del Código de Minería el que señala que “Sin perjuicio de los permisos de que trata el artículo 15, para ejecutar labores mineras en los lugares que a continuación se señalan, se necesitará el permiso escrito de las autoridades que respectivamente se indican, otorgados en la forma que en cada caso se dispone:

1°.- Del gobernador respectivo, para ejecutar labores mineras dentro de una ciudad o población, en cementerios, en playas de puertos habilitados y en sitios destinados a la captación de las aguas necesarias para un pueblo; a menor distancia de cincuenta metros, medidos horizontalmente, de edificios, caminos públicos, ferrocarriles, líneas eléctricas de alta tensión, andariveles, conductos, defensas fluviales, cursos de agua y lagos de uso público, y a menor distancia de doscientos metros, medidos horizontalmente, de obras de embalse, estaciones de radiocomunicaciones, antenas e instalaciones de telecomunicaciones.

Al respecto, se justifica la aplicación de la hipótesis de este artículo en el sentido de estar ejecutando labores mineras a menos de 50 metros del camino de entrada al Parque, y aunque este es privado, es innegable que el objeto de la norma es la tutela a las personas y vehículos que transitan por estos caminos.

Indica que existe un flujo importante de autos y camiones que transitan por él, estando desprotegidos de este ducto de ventilación, que no cuenta con el permiso del artículo 17 del Código de la materia.

Enseguida, reitera que la recurrida está ejecutando obras mineras fuera de la extensión declarada en el plan de explotación. Infracción del Reglamento de Seguridad Minera, la ley 20.551 sobre Planes de cierre de faenas mineras y, en general, toda la regulación minera nacional, al operar en este sector sin contar con la autorización del SERNAGEOMIN.

Terminado este apartado, se refiere a la perturbación y amenaza de los siguientes derechos fundamentales (i) el derecho a la integridad física de los trabajadores de su representada que operan el Parque Eólico; y, (ii) el derecho de propiedad de su representada.

En lo tocante a la primera afectación, dice que las actividades de excavación subterráneas realizadas actualmente por la recurrida son susceptibles de provocar la desestabilización del suelo donde se encuentran operando los aerogeneradores del Parque Eólico Punta Palmera, si es que éstas se llevan a cabo dentro del buffer de protección de estos. Lo anterior afecta también la estabilidad de las infraestructuras y por supuesto, la mantención de generación eléctrica y su inyección en el sistema.

Agrega que, en el último tiempo, ha aumentado la aparición de socavones en las cercanías del parque, amenazando y poniendo en riesgo la vida y la integridad física y psíquica de los trabajadores que allí realizan sus labores.

Es por ello que, tomando en cuenta además el deber de protección que asiste a su representada con sus trabajadores, se ha interpuesto la presente acción, pues el artículo 184 del Código del Trabajo dispone que el empleador está obligado a tomar todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y la salud de los trabajadores, manteniendo las condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los implementos necesarios para prevenir accidentes y enfermedades profesionales.

En cuanto al segundo derecho afectado, refiere que el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República asegura a todas las personas el derecho de propiedad en sus diversas especies, sobre toda clase de bienes corporales e incorporales. En el presente caso, dicho derecho constitucional se ve amenazado por las actuaciones ilegales y arbitrarias de la recurrida, haciendo presente nuevamente cuál es la distancia segura en la que pueden realizarse trabajos subterráneos junto a alguna de las torres de Aerogeneración.

Explica, según informe de ingeniería que acompaña en un otrosí de su presentación, emitido por el Ingeniero Civil nombre reservado, para poder determinar un área segura de excavación subterránea, se realizó una excavación simulada a diferentes profundidades y distancias con el objeto de determinar con cuál configuración se generan alteraciones en el subsuelo, junto a alguna de las fundaciones de un Aerogenerador.

En dicho informe, se concluye que, más allá de un análisis de carácter cuantitativo, se pueden realizar excavaciones u otras actividades subterráneas a una distancia y profundidades tales que estas estén al exterior del buffer de protección de un aerogenerador considerando también la profundidad.

En conclusión, llevar a cabo excavaciones dentro del área de protección de los aerogeneradores de mi representada, afectan gravemente su propiedad, alterando el funcionamiento de su actividad y amenazando la continuidad de la misma.

Finalmente solicita que se acoja el recurso, y con ello se declare que la recurrida informe; que se disponga la elaboración a costa de la recurrida de estudios por entidades certificadas que den cuenta que la actividad de la minera no se llevará a cabo dentro del buffer de protección de los aerogeneradores del Parque Eólico de su representada y que no se generarán efectos respecto de sus trabajadores, su predio y sus instalaciones; que se decrete el cese inmediato de la ejecución de actividades de explotación minera o cualquier otra en el subsuelo del predio de su representada y en las áreas de protección indicadas, hasta contar con los estudios solicitados en el numeral 2 anterior y las servidumbres y otras autorizaciones exigibles, todo previo el cumplimiento de los requisitos necesarios para ello; que se oficie a SERNAGEOMIN para que remita copia del expediente de tramitación del "Plan de Explotación Minera del proyecto Mina Keyla Dos fase tres" y la resolución que lo aprueba, además de todos los demás antecedentes que tenga en su poder respecto del proyecto. Además, pedimos se solicite a SERNAGEOMIN fiscalizar la faena minera; y, que se condena en costas a la recurrida.

Acompaña al recurso los siguientes antecedentes: 1.- Copia de escritura pública de fecha 29 de marzo de 2021 donde consta su personería para representar a Acciona Energía Chile SpA; 2.- Copia de escritura pública de fecha 29 de marzo de 2021 donde consta su personería para representar a Punta Palmeras S.A.; 3.- Solicitud AS004T0004773 de acceso a la información por ley de transparencia requerida a SERNAGEOMIN, de fecha 18 de marzo de 2022; 4.- Correo electrónico de respuesta a solicitud de transparencia AS004T0004773, emitido por la Unidad de transparencia de SERNAGEOMIN, con fecha 28 de marzo de 2022; 5.- Oficio Ordinario 614, de fecha 25 de marzo de 2022, emitido por el Director Nacional de SERNAGEOMIN, por el cual se remite el expediente correspondiente al "Proyecto de Explotación de Mina Kayla Dos Fase Tres"; 6.- Plan de explotación subterráneo Mina Keyla Dos Fase Tres, preparado para Trident Minerals SpA, del mes de marzo del año 2021; 7.- Memorandum N°1973-A-2022, emitido con fecha 25 de abril de 2022 por la Consultora Geosil, para Acciona Energía, sobre la distancia segura de trabajos subterráneos al Parque Eólico Punta Palmeras; 8.- Carta N°1274 de fecha 8 de marzo de 2021, dirigida al SERNAGEOMIN, en que se informa inicio de faena de Mina Keyla Dos 1 al 34 y Mina Keyla Dos Punto 2; 9.- Correo electrónico de fecha 21 de octubre de 2021 enviado por nombre reservado a nombre reservado para efectos de coordinar una visita a la mina y solicitar información del proyecto; 10.- Carta del 15 de marzo de 2022 enviada por Acciona y Punta Palmeras a Trident, solicitando información del proyecto; 11.- Comprobante de envío de carta certificada; 12.-Certificado de domino vigente de fecha 20 de abril de 2022 del Lote Dos B Fundo Las Palmas, rol 221-15; 13.- Certificado de domino vigente de fecha 22 de febrero de 2021 de la propiedad rol 221-17; 14.- Copia de Contrato de Arrendamiento para la instalación del Parque Eólico Acciona Energía Chile S.A. y Punta Palmeras S.A., Repertorio N°16312-2013 firmado ante Notario.

SEGUNDO: Que, a folio 19 y con fecha 10 de junio pasado, la emplazada evacua informe en los siguientes términos.

Primero alega de forma principal, la extemporaneidad del recurso, toda vez que tal como se acredita con fecha 21 de octubre de 2019, la recurrente envía correo electrónico a la recurrida para efectos de solicitar información respecto del proyecto, es decir con esa fecha ya había tomado conocimiento de los hechos que denuncia en este recurso. Asimismo, con fecha 15 de marzo de 2022, la recurrente vuelve a enviar carta certificada a su representada, en donde solicita información, y nuevamente se presume que la recurrente conocía los hechos denunciados; y, finalmente con fecha 18 de marzo del año 2022, a través de la solicitud AS004T0004773, nombre reservado, ingresó una solicitud de información al Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), a través de la ley N°20.285 sobre acceso a la información pública, solicitando el envío de información relativa al proyecto denominado Keyla II, perteneciente a la empresa Trident Minerals SpA, lo que hace concluir que la recurrente estaba en pleno conocimiento de los hechos denunciados en este recurso.

En consecuencia, el presente recurso se presentó con fecha 27 de abril de 2022, es decir con posterioridad a los 30 días exigidos para su presentación por lo cual solicita el rechazo de la acción por esa circunstancia.

Luego, en el primer otrosí de su presentación, y para el caso que la solicitud de extemporaneidad no sea acogida, solicita el rechazo de la presente acción por los siguientes elementos de juicio.

Indica que la recurrente acusa que el proyecto minero de su representada se encuentra funcionando sin conocimiento de las autoridades ambientales, alegación que escapa al conocimiento y jurisdicción de esta esta Corte, y a mayor abundamiento, tal como la misma recurrente lo ha señalado, el proyecto minero Keyla Dos Fase Tres, no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental, toda vez que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la Ley 19.300, dicho proyecto al tener una capacidad de extracción inferior a 5000 t/mes, no se encuentra dentro del listado de proyectos que deben ingresar al sistema y así, de acuerdo a lo dispuesto expresamente el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en su artículo 3. Literal I, que señala: "Tipos de proyectos o actividades. Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualesquiera de sus fases, que deberán someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, son los siguientes: i) Proyectos de desarrollo minero, incluidos los de carbón, petróleo y gas, comprendiendo las prospecciones, explotaciones, plantas procesadoras y disposición de residuos y estériles, así como la extracción industrial de áridos, turba o greda.i.1. Se entenderá por proyectos de desarrollo minero aquellas acciones u obras cuyo fin es la extracción o beneficio de uno o más yacimientos mineros y cuya capacidad de extracción de mineral es superior a cinco mil toneladas mensuales (5.000 t/mes)”.

En consecuencia, el proyecto minero Keyla Dos Fase Tres tiene una capacidad de extracción de solo 1792 toneladas mensuales, por lo tanto, reafirma su posición, en el sentido de que no ingresa al sistema de evaluación de impacto ambiental y, por lo tanto, este apartado no es competencia ni corresponde ser conocido dentro del proceso de este recurso.

Agrega que la recurrente señala en su segundo acápite que "El proyecto minero considera un área de trabajo que se superpone a los terrenos de mi representada por un total de 14.080,79 metros cuadrados".

Respecto de esta afirmación, indica que la recurrente tiene una confusión, toda vez que la concesión minera Keyla 2, 1 al 40 y la concesión minera denominada Chamu 6, que sustentan y otorgan amparo jurídico al proyecto minero denominado Keyla Dos Fase Tres, abarcan parcialmente el subsuelo del predio superficial de propiedad de la recurrente y no se superponen a este.

No existe ninguna obra, ocupación, construcción o cualquier otro acto jurídico en que la recurrida haya o este actualmente ocupando el predio superficial de la recurrente, tal como se observa en los planos 1 y 2 que acompaña en el tercer otrosí de su presentación.

Precisa que es importante que en estos autos se separe lo que es el predio superficial, de lo que es subsuelo. Por ello, afirma que no existe superposición ni ocupación por parte de su representada del suelo o predio superficial de propiedad de la recurrente.

La actividad minera del proyecto Keyla Dos Fase Tres, se realiza en el subsuelo, es decir dentro de los límites de las concesiones mineras anteriormente señaladas las cuales se encuentran legalmente constituidas y amparadas, tanto por la normativa legal vigente del Código de Minería, como por la Constitución Política de la República y en su Ley Orgánica Constitucional y asimismo cuenta con el permiso de explotación otorgado mediante Resolución Exenta N°538/2021 de 23 de agosto de 2021, emitida por el SERNAGEOMIN.

Además, el acceso hacia la infraestructura del proyecto minero, se realiza por caminos ubicados dentro del predio superficial denominado LOTE 2-A, resultante de la subdivisión del Lote 2, denominado "Fundo Las Palmeras", rol 221-2, de propiedad de las familias DABED y amparados en servidumbre minera de ocupación y tránsito constituida y el acceso a los túneles del proyecto se realiza por medio de túnel de acceso o rampla de acceso que se encuentra dentro del predio LOTE 2-A, rol 221-2, en virtud del cual se accede al interior de la mina de la concesión Keyla 2, 1 al 40, y hacia los túneles existentes en el interior de la concesión Chamu 6, todo lo anterior amparado por Resolución Exenta N°538/2021 de 23 de agosto de 2021, la cual aprobó el proyecto de explotación presentado por su representada. Por lo tanto, no existe infracción ni vulneración alguna a los derechos constitucionales de la recurrente, dado que, en ninguna etapa del actual proyecto de Trident, se ocupa el predio superficial de propiedad de Acciona Energía.

Hace presente además que Trident Minerals SpA, no tiene intenciones, y no se establece dentro de su plan minero aprobado, la opción de ocupar bajo ninguna circunstancia el predio superficial de la recurrente, es por dicha razón que este recurso carece de fundamento pues no existe infracción a norma legal alguna, ni menos vulneración al artículo 19 numero 24 de la CPR. Reitera que en la actualidad Trident Minerals Spa, no ha ocupado, no ocupa y no ocupará el predio superficial de la actora.

Afirma que los túneles que en la actualidad su representada ocupa para la explotación y desarrollo de su proyecto minero, se encuentran amparados, en primer lugar, por la Resolución Exenta N°538/2021 de 23 de agosto de 2021 a la que hizo referencia. En segundo lugar, la ocupación de los túneles del proyecto minero se encuentra amparada en el derecho que le confieren a mi representada, las concesiones mineras denominadas KEYLA 2, 1 AL 40, de la cual es accionista de la SLM, dueña de dicha concesión y la concesión minera denominada CHAMU 6, respecto de la cual, es arrendataria.

A mayor abundamiento, su representada tiene constituida una servidumbre minera, de ocupación y tránsito, sobre el predio superficial, que actualmente ocupa el proyecto minero, y que corresponde al predio denominado LOTE 2-A, resultante de la subdivisión del Lote 2, denominado "Fundo Las Palmeras", rol 221-2, para efectos de ocupar dicho predio para el uso de las instalaciones, campamento, botaderos y toda la infraestructura, aprobada por el Sernageomin en la señalada Resolución Exenta N°538/2021.

Lo que la recurrente intenta señalar, es que parte de los túneles del proyecto de Trident, se encontrarían bajo el subsuelo del predio superficial de propiedad de Acciona Energía, respecto del cual la recurrente no posee derechos mineros, aun así, en el caso que existieran túneles bajo el predio superficial de propiedad de la recurrente, estos túneles mineros se encuentran amparados, tanto en su construcción como en su ocupación, por los siguientes derechos establecidos en el Código de Minería:

· Derechos y amparo jurídico que le otorgan al proyecto minero las concesiones mineras KEYLA 2, 1 AL 40 y CHAMU 6, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 2, 91, 54, 116 todos del Código de Minería;

· Derechos que le otorgan al proyecto minero, las concesiones mineras KEYLA 2, 1 AL 40 y CHAMU 6, de acuerdo a lo preceptuado la Constitución de la Republica y en la Ley Orgánica Constitucional sobre concesiones mineras: artículo 19 N°24 inciso noveno CPR; artículo 6 de la LOC; artículo 8 inciso tercero de la LOC.

Refiere que la recurrente señala en su acápite 5. “Conclusión derivada del análisis de los antecedentes obtenidos vía transparencia y que la recurrida se negó a responder: El Proyecto de la recurrida ingresa y ocupa el subsuelo del predio de mi representada para lo cual no cuenta con autorización.”

Esta información no es efectiva dado que lo hace por medio de la ruta 5 sur, ingresando por camino privado que se encuentra ubicado dentro del predio superficial denominado LOTE 2-A, resultante de la subdivisión del Lote 2, denominado, como ya se indicó, "Fundo Las Palmeras", rol 221-2.

En cuanto al ingreso a los túneles que se encuentran al interior de las minas Keyla 2, 1 al 40 y Chamu 6, este se realiza por medio de rampla ubicada dentro del predio antes descrito LOTE 2-A, en virtud del cual se accede a los interiores de las minas, de acuerdo con el proyecto minero aprobado. El uso y ocupación de los túneles mineros se encuentran amparados en los derechos mineros que otorgan las concesiones mineras del proyecto.

A mayor abundamiento, la SOCIEDAD LEGAL MINERA KEYLA DOS, UNO DE CANELA, dueña de la pertenencia minera Keyla 2, 1 al 40, constituyó por medio de escritura pública de fecha 14 de mayo de 2021, repertorio número 587-2021, otorgada ante el Notario de Illapel don nombre reservado, una servidumbre minera de socavón, ocupación y tránsito, en favor de Trident Minerals, para efectos de ser ocupados para el tránsito hacia y desde la concesión minera Chamu 6.

Dado lo expuesto, señala que su representada no ha cometido ninguna ilegalidad, ni vulneración de los derechos de la recurrente, ni menos infracción a la legislación minera vigente, toda vez que las servidumbres mineras establecidas en los artículos 120 a 125 del Código de Minería, se constituyen sobre predios superficiales, tal como lo señala el referido código en su Título IX: De la exploración y de la explotación mineras, Párrafo 1°: De las servidumbres que gravan los predios superficiales.

Por lo tanto, el código de minería no exige al concesionario minero que solicite una servidumbre minera al dueño del predio superficial cuando este ocupa solo el subsuelo y no el predio superficial, como es el caso de marras. Cuando este código regula el subsuelo, lo hace específicamente en su Párrafo 2°: De las servidumbres que se deben las concesiones mineras entre sí, específicamente en los artículos 126 y 127.

Así las cosas, además de los derechos mineros que las concesiones mineras le otorgan a su representada, el uso y ocupación que hace respecto del subsuelo que se encuentra dentro de los límites de las concesione mineras que amparan el proyecto minero, lo hace en virtud de una servidumbre de socavón. Por lo tanto, no existe infracción alguna por parte de su representada en este punto, y no es exigible por parte de la recurrente a su representada constituir una servidumbre minera ni autorización alguna respecto del subsuelo que ocupa para desarrollar su proyecto minero, por todos los argumentos anteriormente señalados.

Establece además que a propósito de la supuesta comisión de actos arbitrario e ilegales, reitera que los mismos no existen, no hay hechos que perturben o amenacen los derechos constitucionales de la recurrente, toda vez que el hecho de existir una superposición entre concesión minera y predio superficial, en primer lugar no es ninguna acción arbitraria e ilegal y en segundo lugar, su representada se encuentra trabajando dentro del área aprobada por el proyecto de explotación minero aprobado por el Sernageomin y asimismo amparados en las concesiones mineras que lo sustentan, más las servidumbres mineras anteriormente señaladas, tal como se observa en los planos 1 y 2 que se acompañan en el tercer otrosí de esta presentación.

Afirma que no existe en la actualidad riesgo alguno para la recurrente, toda vez que los trabajos se concentran en la concesión minera CHAMU 6, y de acuerdo con el plano que se acompañará, se puede aseverar que sobre esta concesión no existe ningún aerogenerador, el más cercano se encuentra a 148 metros aproximadamente y los trabajos se están desarrollando por medio de túneles ubicados a más de 140 metros bajo tierra por ende tampoco existe riesgo o afectación a los trabajadores de la recurrente. Aclara que el aerogenerador más cercano se encuentra a una distancia de 148 metros medidos en forma horizontal y 140 metros medidos en forma vertical, es decir totalmente fuera de los buffers de protección que señala la recurrente en su escrito, (20 metros buffer de forma lineal y 60 metros de forma vertical).

Añade que su representada, no requiere de autorización o servidumbre minera alguna con la recurrente, para usar u ocupar el subsuelo, de acuerdo con todos los argumentos señalados anteriormente respecto de esta misma materia.

En cuanto a la existencia de un ducto, expone que las alegaciones hechas en el recurso son incorrectas, pues en primer lugar, es la misma recurrente quien señala de forma muy liviana, que la sola existencia del Ducto "permite presumir que debajo del ducto se están realizando labores mineras", lo que se aparta de la realidad pues dicho ducto, no es de propiedad de Trident, es un trabajo antiguo, se encuentra totalmente sellado, y no se conecta con los túneles que actualmente se desarrollan en la concesión CHAMU 6, aprobados por el permiso de explotación de Sernageomin. La ubicación del ducto se grafica en el plano que acompaña.

Dicho ducto se emplaza en todo caso en el terreno LOTE 2-A, resultante de la subdivisión del Lote 2, denominado "Fundo Las Palmeras", rol 221-2, de propiedad de la familia DABED-nombre reservado y no en el predio de la recurrente. Por lo tanto, es totalmente incorrecto y falso que la recurrida se encuentra desarrollando trabajos fuera del área de intervención declarada por Trident, ya que dicho ducto no forma parte del plan de explotación declarado.

Al no ser dicho ducto utilizado por su representada, y al no formar parte de ninguna operación minera de la recurrida, carece de toda importancia jurídica y procesal referirse a los permisos del artículo 17 del Código de Minería, ya que no vienen al caso y no se configura su hipótesis.

Reitera que su representada no ha realizado ni se encuentra realizando ninguna obra ni operación minera fuera de los límites de las concesiones mineras Chamu 6 y Keyla 2, 1 al 40, ni fuera de lo declarado en el proyecto minero aprobado por Sernageomin.

Sostiene que no se reúnen los presupuestos para acceder a lo peticionado en el recurso en la medida que además de las alegaciones antes reproducidas se está frente a la ausencia de infracciones a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente.

Acompaña al informe los siguientes antecedentes: 1.- Resolución Exenta N°538/2021 de 23 de agosto de 2021, emitida por el Sernageomin, que aprueba proyecto minero KEYLA 2, FASE 3; 2.- Servidumbre minera DABED nombre reservado, otorgada por escritura pública de fecha 14 de febrero de 2022, repertorio 606-2022, de la Notaria de Santiago de doña nombre reservado; 3.- Plano Servidumbre Dabed nombre reservado; 4.- Copia contrato arriendo concesión CHAMU 6, protocolizado con fecha 21 de abril de 2021, repertorio 7741-2021, otorgada en la Notaria de Santiago de don nombre reservado; 5.- Compraventa acciones y servidumbre Keyla 2, otorgada por escritura pública de fecha 14 de Mayo de 2021, repertorio número 587-2021 otorgada ante el Notario de Illapel don nombre reservado; 6.- Certificado SLM Keyla 2, emitido por el Conservador de Minas de Los Vilos; 7. Plano 1 avances Keyla; 8.- Plano 2 avances Keyla; 9.- Mandato judicial de fecha 26 de mayo de 2022, repertorio número 2156-2022, otorgado en la Notaria de Santiago de don nombre reservado.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: Que, sea que se denomine recurso o acción el arbitrio intentado, cabe tener presente que es “un proceso de protección de derechos fundamentales, o bien, un proceso sumario especial, que permite dar efectividad urgente, aunque con un carácter provisional, a los derechos fundamentales” (Bordalí Salamanca, Andrés. El Proceso de Protección; Revista de Derecho (Valdivia), dic. 1999, vol.10, no.1, p.43-58.), o sea, un procedimiento de urgencia destinado a restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SEXTO: Que, con relación a la alegación de extemporaneidad invocada por la parte recurrida, cabe señalar desde ya que esta será acogida solo con relación a la instalación del ducto de ventilación fuera del área de explotación, pues se trata de un hecho concreto del cual la recurrente tomó conocimiento al iniciar las obras del Parque Eólico a cargo de sus representadas, por allá por marzo del año dos mil veintiuno.

Por su parte, respecto de la ejecución del proyecto minero, esta cuestión previa será desechada toda vez que la interposición del presente recurso de protección tiene como presupuesto la existencia de una amenaza que se basa en hechos continuos en el tiempo. Además, como ya se señaló, el plazo establecido en el Auto Acordado que regula la tramitación de la presente acción se cuenta desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que en la especie sucedió el día veintiocho de marzo del presente año vía correo electrónico al recibir respuesta de la solicitud de información efectuada vía Ley de Transparencia, tal como consta en los documentos acompañados en la carpeta virtual.

SEPTIMO: Que, a fin de delimitar el problema jurídico sometido a conocimiento de esta Corte, cabe precisar que las actuaciones alegadas por la recurrente configuran el presupuesto procesal de amenazas, las que son entendidas como un “inminente peligro o anuncio de un mal futuro, peligro de suceder algo desagradable o perjudicial” (Soto Kloss, Eduardo. “El Recurso de Protección, aspectos fundamentales” en Revista Chilena del Derecho, 1984, vol. 11, p. 85) y “está constituida por las acciones u omisiones que impiden el goce pacífico del derecho ante la inminencia de la perturbación o privación del mismo” (Nogueira Alcalá, Humberto. “El derecho de amparo o protección de los derechos humanos, fundamentales o esenciales: evolución y perspectivas”. En: Acciones Constitucionales de amparo y protección: realidad y prospectiva en Chile y América Latina. Editorial Universidad de Talca, Talca, 2000, p. 47).

Dichas amenazas se sustentan en los siguientes aspectos fácticos:

a) Acciona Energía Chile SpA es propietaria de los predios rol 221-15 y rol 221-17 sobre los cuales se emplaza el Parque Eólico. Cabe precisar que el predio rol 221-15 se encuentra arrendado a Punta Palmeras S.A, titular del Parque Eólico referido emplazado en dicho terreno.

b) La recurrida gestiona un proyecto minero denominado MINA KEYLA DOS FASE TRES, DE LA FAENA “KEYLA DOS FASE TRES”, ubicada en la comuna de canela, provincia de Choapa, región de Coquimbo, que, según la recurrente, ocupa el subsuelo del predio de su representada para lo cual no cuenta con autorización. Este se encuentra funcionando únicamente con los permisos sectoriales provenientes de SERNAGEOMIN, sin conocimiento de las autoridades ambientales al no haberse formulado siquiera consulta de pertinencia de ingreso al SEIA.

c) Existe también una superposición entre la actividad declarada de la minera y el predio de su representada con el inminente riesgo que se genera para sus trabajadores, el mismo predio y la actividad de servicio público que presta su representada, lo que amenaza el ejercicio legítimo de los derechos de los numerales 1° y 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

OCTAVO: Que a continuación dichas amenazas serán analizadas desde la perspectiva de los estándares de ilegalidad y arbitrariedad establecidos en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

En primer lugar, la recurrente señala que las actuaciones de la recurrida son ilegales por dos razones:(i) porque, para ejecutar sus actividades en el subsuelo del predio de su representada la recurrida requiere contar con una servidumbre, la cual no ha sido obtenida ni solicitada a la fecha, lo que conlleva una infracción de los artículos 19 N°24 incisos 6° y 7° de la Constitución Política de la República, 8° inciso 4° de la Ley Orgánica Constitucional Sobre Concesiones Mineras y 122 del Código de Minería; y, (ii) porque la recurrida está ejecutando obras mineras fuera de la extensión declarada en el plan de explotación, lo que configura una infracción al Reglamento de Seguridad Minera, la ley 20.551 sobre Planes de cierre de faenas mineras y, en general, toda la regulación minera nacional.

NOVENO: Que la supuesta ilegalidad que acusa la recurrente en primer lugar no es tal, pues las servidumbres mineras son reguladas por los artículos 120 a 125 del Código de Minería, los que se refieren exclusivamente a aquellas constituidas sobre predios superficiales y dicho cuerpo legal no exige al concesionario minero que solicite una servidumbre minera al dueño del predio superficial cuando este ocupa solo el subsuelo y no el predio superficial, como en el caso de marras, pues en nuestro ordenamiento jurídico es posible diferenciar el dominio del predio superficial de aquel que se ejerce sobre el subsuelo.

Es más, la regulación del subsuelo queda entregada a los artículos 126 y 127 del Código de Minería que se refiere a las servidumbres que se deben las concesiones mineras entre sí.

Junto a lo anterior, la recurrida es titular de los derechos mineros que las concesiones mineras le otorgan, de conformidad con las escrituras públicas que acompañó a su presentación. Y en cuanto al uso y ocupación del subsuelo que se encuentra dentro de los límites de las concesione mineras que amparan el proyecto minero, lo hace en virtud de una servidumbre de socavón cuya escritura también consta en el expediente virtual. Por tanto, no se vislumbra infracción alguna a las normas legales que regulan las explotaciones mineras, lo que llevará a desechar esta alegación pues no es jurídicamente exigible la constitución de una servidumbre minera ni requiere otra autorización respecto del subsuelo que ocupa el proyecto minero.

DECIMO: Que, en segundo lugar, se alega por la recurrente una actuación ilegal por parte de la recurrida, ya que esta se encontraría ejecutando obras mineras fuera de la extensión declarada en el plan de explotación, lo que configuraría una infracción al Reglamento de Seguridad Minera; a la ley 20.551 sobre Planes de cierre de faenas mineras; y, en general, de toda la regulación minera nacional.

Que, de los antecedentes acompañados al proceso, consta que los túneles y faenas mineras realizadas en el subsuelo por parte de la recurrida Trident Minerals SpA, se encuentran amparados por la Resolución Exenta Nº538/2021 de 23 de agosto de 2021, emitida por Sernageomin, la cual aprobó el proyecto minero denominado “Keyla Dos Fase Tres”. Además, dicho proyecto se sustenta en las concesiones mineras denominadas KEYLA 2, 1 AL 40, de la cual es accionista de la Sociedad Legal Minera dueña de dicha concesión y la concesión minera denominada CHAMU 6, respecto de la cual, la recurrida es arrendataria.

Al respecto, la aludida Resolución determina como ubicación del proyecto minero: sector Las Palmas, comuna de Canela, provincia de Choapa, Región de Coquimbo; en las coordenadas UTM, PSAD 56/H19, N:RUT reservado m; E: 251.570 m y cota: 227 m.s.n.m. y establece como superficie aproximada de intervención: 186.875 m2.

Asimismo, de la observación de los planos adjuntados por las partes no se observa la imputación a la que se refiere la recurrente en este punto, lo que llevará a desestimar su alegación, pues, en todo caso si ello ocurriere, la entidad llamada a fiscalizar dicha situación sería el Servicio Nacional de Geología y Minería y no consta en autos algún reparo del órgano aludido que acredite los dichos de las actoras.

UNDECIMO: Que, con relación al actuar arbitrario por parte de la recurrida, ello se fundamenta en dos alegaciones: (i) la recurrida se ha negado e ignorado las solicitudes de información realizadas por la recurrente; y, (ii) porque al efectuar trabajos en el subsuelo del predio de su representada pone en claro riesgo de afectación a los aerogeneradores al no respetar las distancias seguras según la regulación y el conocimiento técnico que conlleva la gestión de un Parque Eólico, pues si la actividad minera se ejecuta dentro del buffer de protección horizontal o dentro del margen de profundidad de un aerogenerador, se genera una afectación relevante a su funcionamiento estructural.

DUODECIMO: Que con relación a la negativa por parte de la recurrida de entregar información acerca del proyecto minero que administra y gestiona, cabe señalar, en primer lugar, que la Ley 20.285 establece en su artículo 1° que dicho cuerpo normativo regula el principio de transparencia de la función pública, por ende, vincula jurídicamente a los organismos estatales de conformidad con la definición establecida en el artículo 1° inciso segundo de la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado.

Conforme con lo anterior, la recurrida, en tanto persona jurídica de derecho privado, no se encuentra obligada a entregar información acerca de sus actividades a otro ente privado. Si bien es cierto la gestión de un proyecto minero puede ser calificado como información pública, el organismo encargado de entregarla es el Sernageomin, tal como sucedió en la especie.

Conforme con lo anterior, no es posible catalogar como arbitraria la negativa de la recurrida de entregar información, pues la misma se encuentra dentro del ejercicio de otro derecho fundamental amparado por nuestro ordenamiento constitucional, esto es, el artículo 19 N°21, razón por la cual esta alegación también será desechada.

DECIMO TERCERO: Que luego, la recurrente refiere como actuar arbitrario la realización de trabajos en el subsuelo del predio de su representada, lo que pone en claro riesgo de afectación a los aerogeneradores, a los trabajadores del Parque eólico y, en último término, la prestación del servicio de electricidad que tiene a su cargo la recurrente.

Que la alegación de arbitrariedad se debe fundar en la omisión de fundamentos, es decir, que los actos de la recurrida sean el resultado de un mero capricho tal como se señaló precedentemente. No obstante, de acuerdo con los antecedentes acompañados a este proceso, el proyecto minero que ejecuta la recurrida se encuentra dentro del área aprobada por el Sernageomin y amparado en las concesiones mineras de las cuales es titular además de la servidumbre minera de socavón que mantiene con el LOTE 2-A, resultante de la subdivisión del Lote 2, denominado “Fundo Las Palmeras”, rol 221-2 de propiedad de la familia DABED-nombre reservado, tal como se observa en los planos 1 y 2 que acompañó la recurrida y en la escritura pública respectiva.

Por ende, al no realizarse ninguna faena minera en el subsuelo de los terrenos que son de propiedad de la recurrente, no existe en la actualidad riesgo alguno para la recurrente, toda vez que, como se indica en su informe, en la actualidad los trabajos de la recurrida se concentran en la concesión minera CHAMU 6 y, de acuerdo al plano, el aerogenerador más cercano se encuentra a 148 metros aproximadamente y los trabajos se están desarrollando por medio de túneles ubicados a más de 140 metros bajo tierra.

Por lo tanto, no existe arbitrariedad en la gestión del proyecto minero que amenace de manera cierta el derecho fundamental a la vida e integridad física de los trabajadores del Parque Eólico de la recurrente o el derecho de propiedad de la recurrente, por lo cual esta alegación también será desechada.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que se acoge la alegación de extemporaneidad respecto de la instalación de un ducto de ventilación fuera del área de explotación.

II.- Que se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado FELIPE OLIVARES MERCADO en favor de ACCIONA ENERGÍA CHILE SpA, RUT N°RUT reservado, y de PUNTA PALMERAS S.A, RUT N°RUT reservado, en contra de TRIDENT MINERALS SpA, representada por don nombre reservado.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Redacción de la abogada integrante señora Carolina Salas Salazar Rol N° 2445-2022 –Protección.-