Protección contra SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol Nº244-2026 La Serena, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, estudiante de derecho, interponiendo recurso de protección en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad NUM000, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, representada legalmente por su jefe don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento respeto a la admisibilidad de su solicitud de refugio, realizada el 16 de octubre de 2024, lo que vulnera sus derechos fundamentales del artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto, N°7 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 16 de octubre de 2024 el recurrente ingresó formalmente una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, proporcionando la información requerida por la normativa vigente.

Añade que la solicitud fue objeto de observaciones formales por la autoridad, las que fueron subsanadas oportunamente mediante la presentación de diversos antecedentes. Pese a ello, señala que por Resolución Exenta NUM001 de 20 de mayo de 2025 se tuvo por desistida su solicitud, decisión contra la cual dedujo recurso de reposición el 26 de mayo de 2025, el que fue acogido mediante Resolución Exenta NUM002 de 15 de septiembre de 2025, dejándose sin efecto el desistimiento y ordenándose dar curso a la etapa de análisis de admisibilidad.

Pese a lo anterior, alega que han transcurrido 97 días hábiles desde la dictación de dicha resolución sin que el Servicio Nacional de Migraciones haya emitido pronunciamiento alguno, en circunstancias que el artículo 28 bis de la Ley N° 20.430 fija un plazo máximo de 90 días hábiles para resolver, manteniéndolo en una situación de incertidumbre jurídica y precariedad migratoria que afecta su acceso a trabajo formal, programas sociales y estabilidad personal.

Afirma que tal inactividad infringe el principio de juridicidad del artículo 7 de la Constitución Política de la República, así como los principios de celeridad y eficiencia de los artículos 8 y 11 de la Ley N°19.880, careciendo además de razonabilidad al no existir acto que justifique la demora.

Alega que con ello se vulneran las garantías del artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto, N°7 y N°26 de la Constitución, al recibir un trato desigual respecto de otros solicitantes, privársele de una decisión dentro de plazo razonable, exponérsele a riesgos derivados de su situación migratoria incierta y vaciarse de contenido su derecho a solicitar refugio.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones pronunciarse sobre la admisibilidad de su solicitud dentro de tercero día, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, a folio 4 compareció la recurrida SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, solicitando el rechazo de la acción, por no existir acto u omisión alguna que vulnere aquellas garantías constitucionales establecidas en la Constitución Política de la República.

Expone que mediante Resolución Exenta NUM001, de 20 de mayo de 2025, se tuvo por desistida la solicitud de refugio por incumplimiento de requisitos formales, frente a lo cual el actor dedujo recurso de reposición el 26 de mayo de 2025 acompañando nuevos antecedentes, el que fue acogido por Resolución Exenta de 15 de septiembre de 2025, dejándose sin efecto el desistimiento y continuando la tramitación.

Precisa que, actualmente, la solicitud se encuentra en etapa de análisis de informe.

Luego, afirma que la autoridad ha actuado conforme al marco normativo aplicable, destacando que el procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado contempla etapas y requisitos cuya observancia resulta obligatoria. Precisa que, conforme al artículo 26 de la Ley N°20.430, el solicitante debe mantenerse a disposición del Servicio mientras se resuelve su petición, encontrándose jurídicamente resguardado, sin que sea procedente su expulsión ni la aplicación de sanciones migratorias durante la tramitación.

Concluye que no se advierte actuar negligente ni conducta omisiva que infrinja la normativa vigente ni que prive, perturbe o amenace derechos fundamentales del recurrente.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

CUARTO: Que, por la presente acción constitucional se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en cuanto a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de refugio presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera sus derechos fundamentales del artículo 19 N°2, N°3 inciso quinto, N°7 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene al recurrido pronunciarse sobre la admisibilidad de su solicitud dentro de tercero día, adoptando las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho.

QUINTO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Asimismo, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Por último, conviene precisar que el inciso 9° del artículo 28 bis de la Ley N°20.430 que establece Disposiciones sobre Protección de Refugiados, previene respecto a la etapa de admisibilidad de la solicitud que “La etapa inicial regulada en este artículo no podrá tener una extensión superior a noventa días hábiles”.

SEXTO: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva no ha cumplido el plazo establecido en el inciso 9° del artículo 28 bis de la Ley N°20.430, en tanto ha dilatado la decisión respecto a la admisibilidad de la solicitud de refugio, cuya presentación fue realizada el 16 de octubre de 2024, encontrándose desde el 15 de septiembre de 2025 a la espera de un pronunciamiento sobre ello, luego de haberse acogido el recurso de reposición presentado por el interesado; desconociendo a su vez la recurrida la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N°19.880.

SÉPTIMO: Que, por tanto, la dilación del recurrido en el pronunciamiento sobre la admisibilidad de la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria, porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de la parte recurrente, con relación al trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal y oportuna.

Por lo anterior, la presente acción deberá ser acogida, según se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones dependiente del Ministerio del Interior y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda, respecto a la admisibilidad de la solicitud de refugio presentada por el recurrente, lo anterior, dentro del plazo de treinta días corridos desde ejecutoriada la presente sentencia.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°244-2026 (Protección).-