COLEGIO ALEMÁN DE LA SERENA con DIRECCIÓN DEL TRABAJO

Colegio Alemán de La Serena Inspección del Trabajo de La Serena Recurso de protección Rol Nº244-2024 La Serena, dos de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Mario Carvallo Vallejos, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en representación de CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE ELQUI, con personalidad jurídica de derecho privado del giro educacional, representado por don nombre reservado, abogado, ambos con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO – INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA, Servicio Público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, representado por don nombre reservado, Director Nacional, e indistintamente por doña nombre reservado, Inspectora Provincial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Edificio de Servicios Públicos; por el acto arbitrario e ilegal constituido por la dictación de la Resolución Nº4427/24/6 de 22 de enero de 2024, mediante la cual se impuso una multa administrativa ascendente a 40 UTM, notificada a su parte el 07 de marzo de 2024, acto que vulnera las garantías constitucionales contenidas en el artículo 19 Nº2, 3 y 24 de la Carta Fundamental.

Expone que la Resolución de multa Nº4427/24/6 de 22 de enero de 2024, sancionó a la parte recurrente por no otorgar feriado legal al personal docente durante el período de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente, imponiendo una multa administrativa de 40 UTM, que a la fecha de la infracción son $2.586.640.- Sin embargo, aduce que el fiscalizador actuante presumió —erróneamente–– que la Corporación Colegio Alemán de Elqui infringió el artículo 41 del Estatuto Docente, siendo esta una norma sobre feriado anual que no es aplicable a los establecimientos educacionales pagados del sector privado, como lo es el Colegio Alemán de La Serena, la que se rige por el artículo 74 del Código del Trabajo, por tratarse de un colegio particular pagado, y no por el artículo 41 del Estatuto Docente, como lo asumió equivocadamente el funcionario fiscalizador.

Además, argumenta que por aplicación de la cláusula 26 del Contrato Colectivo de fecha 7 de septiembre de 2023, del que fue parte la trabajadora fiscalizada doña nombre reservado, su feriado legal queda sujeto a lo dispuesto en el artículo 74 del Código del Trabajo, conforme al cual el feriado anual se entiende concedido durante el período de interrupción de las actividades escolares en los meses de enero y febrero de cada año siempre y cuando ello les signifique un descanso similar a 15 días hábiles con derecho a remuneración íntegra.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, refiere que el actuar de la recurrida conculca la garantía constitucional del derecho de propiedad de la Corporación, prevista y asegurada en el artículo 19 Nº24 de la Constitución Política del Estado, al amenazar su patrimonio con el eventual pago de una multa administrativa que no tiene fundamento.

Además, afirma que también conculca el derecho a ser juzgado por un juez natural, asegurado en el artículo 19 Nº3 del mismo Estatuto Fundamental, el resolver un funcionario de la Administración asuntos que deben ser sometidos al escrutinio jurisdiccional ante el tribunal competente, toda vez que su accionar debe centrarse en hechos objetivos e indubitados.

Finalmente, señala que se afecta la garantía de igualdad ante la ley del artículo 19 Nº2 de la Carta Fundamental, al intentar aplicar una norma (artículo 41 Estatuto Docente) que no es aplicable a los colegios particulares pagados.

Por dichos fundamentos, solicita que se acoja el recurso de protección y se disponga dejar sin efecto la Resolución de Multa Administrativa Nº4427/24/6 de 22 de enero de 2024, dictada por don nombre reservado, funcionario fiscalizador dependiente de dicha institución, con costas.

SEGUNDO: Que se evacuó informe por la recurrida Inspección Provincial del Trabajo de La Serena, solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, alegó la improcedencia del recurso de protección de marras, argumentando que el recurso de protección no es el camino idóneo para reclamar contra multas impuestas por la autoridad administrativa de orden laboral, puesto que no fue concebido como un sustituto procesal de acciones y procedimientos existentes en la legislación. En tal sentido, señala que existen otras acciones específicas para la impugnación de las resoluciones de multa, ya sea la reconsideración administrativa de la multa contenida en el artículo 511 del Código del Trabajo, o la reclamación judicial del artículo 503 del mismo cuerpo legal, citando jurisprudencia en apoyo a dicha tesis.

En cuanto al fondo de la infracción, señala que el fiscalizador actuante pudo constatar que a la trabajadora no se le había otorgado su feriado legal conforme a las normas del estatuto docente, verificando que el día de la visita inspectiva la trabajadora se encontraba prestando servicios, a diferencia del personal docente.

Añade, que igualmente el fiscalizador tuvo a la vista el contrato colectivo por el que se rige la trabajadora junto con el resto de antecedentes solicitados, pudiendo verificar que desde el año 2020 a la trabajadora se le habían otorgado vacaciones durante el periodo de interrupción escolar en verano, sin condiciones, conforme al Estatuto Docente.

De manera que, al finalizar la fiscalización y habiendo verificado la existencia de una infracción, se dictó la Resolución de Multa N°4427/23/6, de 22 de enero de 2024, cursando sanción por 40 UTM, por no otorgar feriado legal al personal docente durante el período de interrupción de las actividades escolares entre los meses de enero y febrero o el que medie entre el término del año escolar y el comienzo del siguiente.

Luego, afirma que no existe un actuar que pueda calificarse como ilegal o arbitrario, por cuanto la aplicación de la sanción fue el resultado de un procedimiento de fiscalización efectuado por funcionario válidamente investido para realizarlo, de forma que la Resolución de multa se ampara en el ejercicio de facultades propias con cuentan los fiscalizadores de la Dirección del Trabajo.

Asimismo, señala que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado en los hechos y el derecho conforme a las exigencias del artículo 16 y 41 de la Ley 19.880, descartándose que haya sido dictado por mero capricho, advirtiéndose del tenor del recurso que el empleador disiente de la normativa que el fiscalizador tuvo en cuenta para aplicar la sanción, lo que dista de la ilegalidad y arbitrariedad que se le ha atribuido al acto administrativo que se recurre.

Por otra parte, argumenta que el fiscalizador ha actuado en el ejercicio de sus facultades legales, toda vez que el artículo 505 del Código del Trabajo y el artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967 “Ley Orgánica de la Dirección del Trabajo”, otorgan a los funcionarios de la Dirección del Trabajo la labor de fiscalizar e interpretar la normativa laboral, cumpliendo con una obligación que esa misma ley le impone y sustentado en las razones que se consigna en la resolución respectiva, sin arrogarse facultades jurisdiccionales, como se acusa en el recurso.

Además, hace presente que los hechos constatados por el fiscalizador en ejercicio de sus funciones, se encuentran revestidos de una presunción legal de veracidad, conforme lo establece el artículo 23 del Decreto con Fuerza de Ley N°2 de 1967.

Por lo señalado, argumenta que la Inspección del Trabajo no ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por la parte recurrente.

Sostiene que el acto administrativo (resolución de multa) es esencialmente revisable, disponiendo la ley de recursos tanto en sede administrativa (artículo 511 del Código del Trabajo), como en sede judicial (artículo 503 del Código del Trabajo), razón por la que la notificación de la resolución de multa de modo alguno puede representar una amenaza o afectación al derecho de propiedad del recurrente.

Por otra parte, agrega que la Inspección Provincial del Trabajo de La Serena no ha pretendido invadir las facultades privativas de los Tribunales de Justicia, por cuanto no ha ejercido actos de jurisdicción. La resolución que impuso la multa constituye un acto administrativo y no jurisdiccional, careciendo absolutamente del efecto de cosa juzgada, siendo esencialmente revisables y revocables por los Tribunales de Justicia de acuerdo a los procedimientos que la propia ley establece.

Finalmente, en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley, señala que lo alegado por el recurrente deja de manifiesto que este no está de acuerdo con la imposición de la sanción. Sin embargo, no explica de modo alguno cómo el acto administrativo conculcaría esta garantía, considerando que la supuesta conculcación debería ser analizada a la luz de otras actuaciones administrativas en que la Inspección del Trabajo hubiera actuado de modo diverso, ante las mismas circunstancias.

Por dichos fundamentos, solicitó el rechazo del recurso de protección, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, de los cuales aparece que el asunto sometido a conocimiento de esta Corte guarda relación con la pretensión de la actora de que se deje sin efecto una resolución de multa cursada por la Inspección del Trabajo de La Serena en el ejercicio de sus funciones, y teniendo presente que el ordenamiento jurídico contempla acciones específicas para conocer de la materia planteada en el recurso -en particular, el reclamo judicial de multa que consagran los artículos 503 y 511 del Código del Trabajo-, se desprende que la acción constitucional de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos objeto del presente recurso, consideración que conlleva necesariamente su rechazo.

La anterior conclusión, emana de los documentos acompañados a la carpeta digital, consistentes en la copia de la Resolución de Multa Administrativa Nº4427/24/6 y la copia del expediente de fiscalización N°401.2023.1901, los que dan cuenta que los hechos en que se fundamenta el recurso no están revestidos del carácter de indubitados y admiten, además, la falta de urgencia que una acción cautelar de esta naturaleza supone para que pueda prosperar.

Que, tal como lo ha sostenido la E. Corte Suprema en autos rol 22099-21, “…no procede el recurso de protección en contra de resoluciones judiciales, pues ellas cuentan con su propio medio de impugnación como son los recursos, caso en el cual la materia de que se trate estará sometida al imperio del derecho. Sin embargo, pueden existir casos, como el de la especie, en que respecto de resoluciones judiciales lo anterior no sea posible pues los afectados por ellas pueden ser terceros que carecen de legitimación activa al efecto. En tales casos, excepcionalmente, si una sentencia dictada en un procedimiento no contencioso priva, perturba o amenaza el legítimo ejercicio por parte de terceros, de alguna de las garantías constitucionales contempladas en el artículo 20 de la Constitución, debe considerarse la posibilidad de restablecer el imperio del derecho por esta vía de protección, pues tales terceros pueden verse afectados, sin tener la posibilidad de conocer la existencia del procedimiento, de hacer valer sus derechos en los términos del artículo 823 del Código de Procedimiento Civil, así como tampoco interponer los recursos que establece la ley.”

De esta forma, como ha señalado reiteradamente el Máximo Tribunal, la acción constitucional que nos ocupa, es excepcional y está entregada a aquellas situaciones en que no hay otras vías para reclamar por amenaza o vulneración a las garantías constitucionales que se protegen o las vías que existen no fueron resueltas conforme a derecho, lo que no ha ocurrido en la especie, motivo por el cual el presente recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 19 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo de Recursos de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, la acción de protección interpuesta por don Mario Carvallo Vallejos en representación de la CORPORACIÓN COLEGIO ALEMÁN DE ELQUI en contra de la DIRECCIÓN DEL TRABAJO – INSPECCIÓN PROVINCIAL DEL TRABAJO DE LA SERENA.

Comuníquese, regístrese y archívese, en su oportunidad.

Rol N°244-2024 (Protección).