FUNDACION VALIDAME con COMISIÓN MEDICA REGIONAL DE LA SERENA Y OTRO

Fundación Valídame Comisión de Medicina Regional de La Serena y otro Recurso de Protección Rol N° 244-2023.- La Serena, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha veintisiete de febrero de dos mil veintitrés compareció “Fundación Valídame”, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la “COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SERENA” y la “FUNDACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LAS COMISIONES MÉDICAS” (FACM).

Precisa que el acto ilegal y arbitrario cometido por los recurridos y que motiva su acción, corresponde al dictamen de la Comisión Médica Regional, ejecutoriado con fecha 26 de enero de 2023, de manera que estima que el recurso ha sido interpuesto dentro del plazo.

Aduce que el actuar ilegal o arbitrario cometido por los recurridos se verifica en la evaluación del “menoscabo laboral de la recurrente” a consecuencia de la solicitud de invalidez planteada por aquella debido a las patologías vasculares que padece, al no considerar en su dictamen las condiciones médicas y antecedentes clínicos de la recurrente, determinando que su incapacidad sólo alcanza a un 15%.

Que, el señalado dictamen, al impedir a la recurrente pensionarse por invalidez, importa una vulneración a su integridad psíquica y física, al tener que abocarse a obtener una resolución de mínima racionalidad, en conformidad a la legislación aplicable, en lugar de concentrar sus esfuerzos en su recuperación o mejorar su estado de salud.

Expone que con fecha 29 de julio del presente año la Sra. nombre reservado, presentó ante la Comisión Médica de La Serena solicitud de pensión de invalidez, al padecer insuficiencia venosa profunda femoropoplítea bilateral, insuficiencia de ambas venas safenas externas, perforante insuficiente de muslo derecho, perforante insuficiente en la pierna izquierda, insuficiencia de vena safena interna derecha.

Añade que, dado el delicado estado de salud a consecuencia de tales impedimentos, la recurrente sufre permanentemente de problemas irrecuperables de circulación de sangre hacia sus extremidades inferiores, la que se encuentran en parte necrosadas dada su condición.

Indica que la irracionalidad del dictamen que emite los médicos integrante de la Comisión Médica Regional de la Serena, es que a pesar del evidente estado de salud de la recurrente y su debida documentación mediante los antecedentes médicos y clínicos, motivos mismo de la solicitud de calificación de invalidez, estos simplemente ignoraron su pronunciamientos y solo consideraron como impedimento al tratamiento anticoagulante, que es el tratamiento médico y consecuencia médica de las condiciones clínicas que padece la solicitante. Es decir, califican únicamente el tratamiento médico que las enfermedades denunciadas requieren y no las enfermedades y condiciones mismas que documentan los antecedentes clínicos y que suponen precisamente la necesidad del tratamiento. Es una omisión que raya en lo doloso, negligente a lo sumo, carente de toda racionalidad.

Adiciona que, no obstante, habiéndose acogido el recurso de protección en la causa Rol 6100-2022, ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones, los mismos médicos emiten el mismo dictamen al reprochado, indicando como impedimento el tratamiento de anticoagulante exclusivamente, sin evaluar el restante de los impedimentos alegados por el afiliado y acreditas en el expediente.

Para efectos de la interposición del presente, señala que el dictamen nuevamente repetido, fue notificado a su parte con fecha 26 de enero del presente año según acredita el correo electrónico que acompaña.

En la especie la exigencia de los criterios de legalidad y racionalidad del acto administrativo han sido vulnerados en la especie por los recurridos toda vez que de manera arbitraria no calificó los antecedentes médicos de las enfermedades denunciadas y documentadas por la recurrente, limitándose a juzgar el tratamiento aplicable a las mismas, lo que constituye una omisión a sus deberes más elementales de fundamentación del dictamen de calificación, deber funcionario ineludible, más cuando se tiene en consideración la especialización que supone la existencia una entidad constituida exclusivamente para tal función.

Por estas consideraciones solicita se declare:

1.- Ilegal y arbitrario del actuar cometido por los recurridos en el dictamen N°055.56307/2022 de fecha 16 de diciembre de 2022 de la Comisión Médica Regional de La Serena, por vulnerar el derecho a la integridad física y psíquica, y el derecho de igualdad ante la ley, consagrados en el artículo 19 N° 1 y N° 2 de la Constitución Política de la República, respectivamente, ordenando dejarlo sin efecto, retrotrayendo el procedimiento de calificación de invalidez al estado de ser nuevamente evaluado por la Comisión Médico Regional de la Serena por personal no inhabilitado, o cualquier otra medida que se estime pertinente.

2.- Se condene en costas a los recurridos.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- dictamen N°005.3011/0222, de la Comisión Médica Regional de La Serena de 28.07.22, ejecutoriado el 29.08.22; 2.- Fotografía de las piernas enfermas de la recurrente; 3.- Escritura pública de fecha 16 de agosto de 2018; otorgada ante el Notario Público de la Ciudad de La Serena Repertorio 58-11–2018; 4.- Escritura pública otorgada ante Notario de Santiago nombre reservado, repertorio 1568–2022; 5.- Correo electrónico en que se señala como fecha de notificación del dictamen de 26 de febrero de 2023; 6.- Nuevo dictamen de la Comisión Médica Regional de La Serena 055.56307/2022 de fecha 16 de diciembre de 2022.

SEGUNDO: Que, evacuó informe nombre reservado, presidente de la Comisión Médica Regional de La Serena, sosteniendo, en primer lugar, la inadmisibilidad de la acción deducida en autos por cuanto la situación reclamada excede el ámbito del recurso de protección; por esta vía, es posible amparar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes, no un pronunciamiento declarativo como pretende la Fundación recurrente ni que se deje sin efecto un acto administrativo, como es un Dictamen de esta Comisión Médica Regional, pues la acción deducida no es el medio idóneo ya que no se trata de una acción de nulidad de derecho público ni un recurso de casación. Consecuente con ello, no resulta admisible por medio de esta acción cautelar, resolver discusiones de fondo que constituyen materias de lato conocimiento.

A continuación, precisa que el recurso de protección de autos, consiste en el reclamo de la recurrente en contra del Dictamen de Invalidez N°005.5370/2022 de 15 de diciembre de 2022, dictado por esa Comisión Médica Regional de La Serena, en cumplimiento del fallo dictado el 25 de noviembre de 2022 por esta Corte de Apelaciones, en Recurso de Protección Rol Nº 6100-2022, que ordenó se dejara sin efecto el Dictamen de invalidez N°005.3011/2022, del 28 de julio de 2022 emitido por esta Comisión Médica Regional, que rechazó la Solicitud de Invalidez de la afiliada por quien se recurre y procediera, en el plazo de 15 días, a reevaluar a la recurrente.

Señala que, con el propósito de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, esa Comisión Médica Regional debió crear en el Sistema Computacional, un nuevo expediente de invalidez para la recurrente y, en Sesión N° 155, de 15 de febrero de 2022, estudió los antecedentes del caso. Al efecto, tuvo en consideración que, de acuerdo con la norma legal de evaluación de invalidez del año 2016, página 68, sobre impedimentos de patología venosa: "Su evaluación se debe hacer bajo tratamiento óptimo accesible, con al menos medidas generales de soporte permanentes para controlar los síntomas, luego de haberse realizado cirugía respectiva o haberse descartado el manejo quirúrgico".

La misma norma, en la página 66, señala que con respecto a los impedimentos vasculares "Los impedimentos se consideraran configurados solo después de haber cumplido al menos 6 meses del último esquema terapéutico considerado como óptimo accesible para el evaluado, salvo la presencia de secuelas consideradas irreversibles por el especialista evaluador.”

Teniendo en cuenta lo anteriormente referido, se tuvo en consideración que la fundación recurrente pidió evaluación domiciliaria para la afiliada, lo cual anula la posibilidad de peritajes presenciales fuera de su domicilio. Con la evaluación del médico perito domiciliario, se demuestra que la solicitante no está en tratamiento de soporte elasticado para el manejo de sus úlceras, lleva (al momento de la evaluación) menos de 6 meses del último tratamiento al que fue sometida y no esté en plan de curaciones de sus úlceras (están descubiertas al aire), manejándose con medico en la ciudad de La Serena, lo cual demuestra posibilidad de desplazamiento.

Finalmente, se consignó que la pagina 69 de las normas de evaluación refiere que: "El Tratamiento Anticoagulante permanente asigna un menoscabo 15% el cual será considerado un impedimento independiente para efectos de suma combinada, no procediendo su suma aritmética", lo cual, en este caso, fue evidenciado por el perito interconsultor, por lo que procede la asignación de 15% de menoscabo por dicho tratamiento. Ante este resultado no procede la suma de factores complementarios según la misma norma.

Agrega que, en mérito del nuevo estudio del proceso de evaluación de la recurrente, basado en los antecedentes médicos contenidos en el expediente, mediante Dictamen de Invalidez N°005.5370/2022, de 15 de diciembre de 2022, esa Comisión Médica Regional determinó que no procede declara la invalidez a favor de la señora nombre reservado, ya que las patologías alegadas como invalidantes no configuran una pérdida de la capacidad de trabajo igual o superior al 50%.

Indica que posterior a la sesión, el caso fue dictaminado quedando la posibilidad de apelación a la Comisión Médica Central, por parte de la solicitante dentro de los plazos y normativas legales. Sin embargo, en vez de continuar con el proceso de evaluación, la parte recurrente prefirió accionar nuevamente de protección, sin agotar las instancias administrativas, cuestionando vía acción cautelar, aspectos técnicos propios de la medicina.

Sostiene que no puede considerarse que esa Comisión Médica haya cometido un acto arbitrario e ilegal, más aún cuando el Dictamen de Invalidez impugnado fue dictado precisamente dando cumplimiento a lo instruido por esta Corte de Apelaciones, en virtud de lo ordenado en fallo el 25 de noviembre de 2022.

Asimismo, el proceso de evaluación se sujetó a lo prescrito en las normas establecidas al efecto, referente al proceso de evaluación y calificación del grado de invalidez de los afiliados al Sistema de Pensiones del D.L. N° 3.500. En este sentido el referido Dictamen, emanó de un órgano competente, en el ejercicio de sus facultades legales, conforme lo prescriben los artículos 4º y 11 del D.L. N° 3.500 de 1980 y, en todo caso, de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos por dicho cuerpo legal.

En este sentido, esa Comisión Médica, para emitir el dictamen cuestionado, efectuó un debido razonamiento de todos los antecedentes médicos recabados y aportados, realizado un estudios y análisis necesarios frente a la presentación y reclamaciones realizadas por el recurrente, más allá de que lo resuelto por esta Comisión Médica no sea compartido por la fundación recurrente.

Además, destaca que la parte recurrente no agotó la vía administrativa, al no reclamar ante la Comisión Médica Central de la decisión de esta Comisión Médica Regional, de manera que con mayor razón debe concluirse que ese órgano administrativo técnico no ha incurrido en ilegalidad ni arbitrariedad, más aún cuando se advierte que del acto emitido por esa Comisión Médica, la actora no instó ante el organismo técnico correspondiente e idóneo por la impugnación de lo decidido por esta Comisión Médica Regional, sino que decidió utilizar esta acción cautelar de excepción, como la vía de reclamo administrativo.

De lo expuesto, esa Comisión Médica Regional no vislumbra de qué manera puede haber vulnerado las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, más aún, como ya se señaló, este órgano administrativo técnico se limitó a dar estricto cumplimiento a lo ordenado por esta Corte de Apelaciones, mediante sentencia de 25 de noviembre de 2022, actuando dentro de sus facultades legales y con estricto apego al procedimiento establecido por la ley y las Normas de Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los trabajadores afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones, que por expresa disposición del artículo 11 del D.L. N°3.500 de 1980, las Comisiones Médicas deben aplicar.

TERCERO: Que, evacuó informe JUAN ANTONIO VALDÉS VICUÑA, abogado, en representación de la FUNDACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COMISIONES MÉDICAS.

Expone que el propio recurso no señala, ni identifica respecto a la Fundación de Administración de Comisiones Medicas antecedente alguno que permita deducir algún indicio, acción u omisión ilegal o arbitraria efectuada por parte de la Institución y que supuestamente perjudica a la recurrente la Sra. nombre reservado. Así las cosas, la Fundación de Administración de Comisiones Medicas, no ha ejercido atribuciones ni actos u omisiones en forma indebida que puedan ser consideradas una vulneración a los derechos fundamentales que merezca el reproche de accionar constitucionalmente en su contra. Resalta que la única referencia a su representada en el recurso es la identificación en la PRESUMA del libelo.

Por estas consideraciones solicita tener por evacuado el informe al tenor del recurso de protección deducido en autos, con expresa condenación en costas a la recurrente, por entender que su presentación, afecta por sobre todo en lo que respecta a esta Fundación carecen de todo fundamento y es del todo inoficiosa.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo ya expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, como aparece del libelo interpuesto por la recurrente y del informe evacuado por la Comisión Médica Regional de La Serena, la presente acción de protección tiene como fundamento el considerar que la Comisión recurrida ha actuado ilegal y arbitrariamente al emitir pronunciamiento respecto del menoscabo laboral y declaración de invalidez, negando lugar a la solicitud planteada por doña nombre reservado, contenido en el dictamen N° 005.5307/ 2022, de fecha 12 de diciembre de 2022, el que fuese notificado a la recurrente con fecha 26 de enero del presente año.

Que tal como señalan los intervinientes, dicho Dictamen fue suscrito por la Comisión Médica Regional de La Serena, en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones con fecha 25 de noviembre de 2022, en Recurso de Protección Rol Nº 6100-2022, mediante la cual ordenó dejar sin efecto el Dictamen de invalidez N°005.3011/2022, del 28 de julio de 2022 emitido por dicha Comisión Médica Regional, que rechazó la Solicitud de Invalidez de la afiliada por quien se recurre y procediera, en el plazo de 15 días, a reevaluar a la recurrente, estimando que el dictamen impugnado adolecía de arbitrariedad al carecer de un fundamento racional que justificase la resolución negativa de la Comisión.

Que, en efecto, en el motivo cuarto de la referida sentencia, se indica que “En torno al argumento vertido por la Comisión Médica, al rechazar la solicitud de pensión de invalidez, aquella gira en torno a que: “Impedimento. Tratamiento anticoagulante oral-Z92-1. Menoscabo de la capacidad de trabajo: 15.0 (menor que 50%). Considerando: Que las enfermedades alegadas como invalidantes, no alcanzan a provocar una pérdida de la capacidad de trabajo de a lo menos el 50%”

Seguidamente y con relación al cumplimiento de los principios de imparcialidad y de debida fundamentación y racionalidad de los actos administrativos, contenidos en los artículos 11, 40 y 41 de la Ley 19.980, el fallo ya citado de esta Corte señala en su motivo quinto “Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda de que la argumentación otorgada por la recurrida tiene un carácter genérico, resultando el mismo aplicable a un sinnúmero de otros casos de similar naturaleza, no cumpliéndose por tanto con el estándar de fundamentación que impone la ley a los actos administrativo en esta materia”.

Finalmente, la Corte concluye que “Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad”.

SÉPTIMO: Que, al analizar nuevamente el referido acto, a la luz de los principios ya mencionados, estos sentenciadores no pueden más que coincidir con lo ya resuelto por esta Corte, en cuanto a que “la argumentación contenida en el dictamen atacado no cumple con los parámetros de fundamentación que exige el legislador toda vez que si bien contiene una relación de antecedentes que supuestamente le servirían de base a la decisión que en dicho acto se consigna, no es menos cierto que ausente está el razonamiento que permite ligar lo primero (fundamento de hecho y de derecho) con lo segundo (resolución adoptada), razón suficiente para entender que, dicho proceder es ilegal y, además, arbitrario, esto último por adolecer de toda fundamentación, transformando así a dicho acto en un mero capricho de la administración”, considerando que con ello se verifica la vulneración a las garantías que la recurrente se estima conculcadas.

OCTAVO: Que, en razón de la invalidación del acto y orden de emisión de un nuevo dictamen, el que a su vez ha sido el objeto de esta acción de protección, se hace necesario examinar el nuevo pronunciamiento y los antecedentes que se tuvieron en vista por la Comisión recurrida para dictaminar nuevamente el rechazo a la solicitud de la recurrente, en los mismos términos que el acto que le sirve de antecedente, a fin de verificar, en primer término, si efectivamente aquél es contrario a Derecho o infundado y por tanto arbitrario.

NOVENO: Que, para los efectos señalados en el motivo anterior, se decretó en esta causa, como medida para mejor resolver, traer a la vista el expediente de invalidez integro N° 486392 de la recurrente de autos doña nombre reservado.

Que al analizar dichos antecedentes, así como el tenor del dictamen con que dicho expediente concluye y que es el acto final contra el que se dirige esta acción de protección, N° 005.5307/2022, de su sola lectura aparece que la Comisión, integrada por los mismos médicos, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por esta Corte en el rol N°6.100-2022, resolvieron, en base a los mismos antecedentes, confirmar y ratificar lo resuelto mediante el dictamen de 28 de julio de 2002 N° 005.3011/2022, y, en consecuencia, no acoger la solicitud de invalidez bajo idénticos fundamentos.

Que, así las cosas, la Comisión recurrida no solamente dejó de dar cabal cumplimiento a lo ordenado por esta Corte, sino que replicó el acto que ya había sido estimado como arbitrario debido a no contar con una fundamentación suficiente y razonable, permaneciendo vigente, de ese modo, la vulneración a los derechos fundamentales invocados por la recurrente, por lo que no cabe más que acoger el recurso de protección, en los términos que se expresarán en lo resolutivo de esta sentencia.

DÉCIMO: Que se desechara el recurso respecto de la Fundación para la Administración de las Comisiones Médicas, toda vez que no se ha justificado su directa intervención en el acto cuestionado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por “Fundación Valídame”, en beneficio de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN MÉDICA REGIONAL DE LA SERENA, en cuanto se deja sin efecto el Dictamen N°005.5307/0222, de quince de diciembre de dos mil veintidós, disponiendo que la citada Comisión, integrada por médicos no inhabilitados por haber emitido opinión en el proceso que generó la resolución impugnada, deberá, dentro de quince días de ejecutoriada esta sentencia, proceder a emitir un nuevo pronunciamiento que recaiga sobre la solicitud de declaración de invalidez presentada por doña nombre reservado, en base a los nuevos antecedentes médicos que respecto de la solicitante deberá recabar en forma previa.

Redactada por el Ministro Señor Corona Albornoz.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol N° 244-2023 (Protección). - Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señor nombre reservado Corona Albornoz y la abogada integrante señora Pia Bustos Fuentes.

En La Serena, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.