nombre reservado con UNIVERSIDAD DE LA SERENA

nombre reservado

Universidad de La Serena Recurso de protección Rol Nº 2404-2023 La Serena, veinte de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Rodrigo Alejandro Valdivia Briceño, en representación de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de Universidad de La Serena, representada por doña nombre reservado en su calidad de rectora, solicitando que se ordene, en definitiva, la reincorporación de doña nombre reservado a su cargo, todo ello con expresa condena en costas.

Indica que doña nombre reservado inició su relación laboral con la Universidad de La Serena el 1 de octubre de 2019, tras ser seleccionada en un concurso público para el cargo de Profesional Administrativo en la Dirección de Servicios. Sus responsabilidades abarcaban gestionar compras públicas, incluyendo la preparación y tramitación de licitaciones, compras ágiles, y tratos directos, así como la gestión de contratos y la recepción conforme en el portal de mercado público.

Sostiene que además se encargaba de tareas en la plataforma financiera, como la emisión de solicitudes de compra y asesoría presupuestaria y la gestión de pagos, incluyendo la revisión y seguimiento de facturas de consumos básicos y otros servicios.

Señala que desde el uno de octubre del 2019 se desempeñó como contrata, la que fue prorrogada hasta el 31 de diciembre de 2023.

Indica que el 29 de noviembre de 2023, la jefatura de la actora le envió un correo electrónico a través del Departamento de Personal de la Universidad de La Serena, solicitándole ingresar su declaración jurada para la prórroga de su contratación para el año 2024 en la plataforma Phoenix.

Al día siguiente, 30 de noviembre de 2023, la señora nombre reservado cumplió con el trámite, siguiendo el procedimiento habitual de años anteriores. Sin embargo, ese mismo día, el Director de Recursos Humanos y el Secretario General de la Universidad le entregaron la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023, informándole la decisión de no prorrogar su contrato, a pesar de contar con confianza legítima.

Señala que la decisión se fundamentó en cambios organizacionales dirigidos por nombre reservado, quien asumió como director de Servicios de la Universidad el 1 de enero de 2023, “quien, de acuerdo con las necesidades de la Dirección, con el fin de optimizar los recursos humanos y económicos de dicha unidad, ha redistribuido las funciones del personal a su cargo. En dicho contexto, desde el mes de marzo de 2023 existe un profesional de Control de Gestión, quien ha colaborado con el director en la optimización de los procesos de administración de contratos, control de compras y procesos de licitación de servicios de la unidad, entre otros procesos, lo cual ha vuelto prescindible los servicios de la profesional nombre reservado”. Motivo por el cual decide no prorrogar la contrata de la actora.

Sostiene que la Resolución Exenta N° 340/ 3749/ 2023 del 30 de noviembre de 2023, es una actuación ilegal y arbitraria de parte de la Universidad de La Serena, en uso de una facultad discrecional ya que carece de una "racionalidad intrínseca", no presenta una relación circunstanciada de hechos que justifiquen la decisión más allá de lo que se percibe como el capricho de la administración. Afirma que no existe una finalidad relacionada con el interés colectivo detrás de la decisión de cesar las funciones de nombre reservado, a pesar de que la resolución menciona la supresión de planes o nuevas condiciones presupuestarias como razones para reducir el personal.

Explica que la resolución indica que, bajo la dirección de nombre reservado, quien asumió en enero de 2023, se rediseñaron las funciones del personal para optimizar recursos, lo que resultó en la consideración de los servicios de nombre reservado como prescindibles. Se señala que un profesional de Control de Gestión, incorporado en marzo de 2023, asumió las funciones de nombre reservado, lo que se argumenta como evidencia de que su desvinculación fue injustificada.

Hace presente que el profesional de Control de Gestión, nombre reservado, carecía de la acreditación en compras públicas que poseía nombre reservado, lo que se demuestra por un correo electrónico del Departamento de Abastecimiento de la Universidad de La Serena, fechado el 16 de agosto de 2023, que indica la creación reciente de su acceso al sistema de mercado público como observador.

Estima que ello pone en duda la idoneidad de nombre reservado Lazic para asumir las responsabilidades de nombre reservado, especialmente considerando que la Oficina Administrativa, donde ella trabajaba, es distinta al Departamento Técnico de Obras, al que inicialmente fue asignado nombre reservado Lazic.

Concluye que la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023 es una excusa para no renovar la contrata a su representada, reemplazando sus funciones con una persona no idónea para el cargo.

En cuanto a los fundamentos jurídicos señala que La Ley 18.834, artículo 89 señala que todo funcionario público, ya sea de carácter permanente o transitorio, tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo.

Argumenta que la Administración Pública, al ejercer su facultad de contratar de manera transitoria, debe hacerlo bajo principios de racionalidad, proporcionalidad y equidad, respetando los Derechos Fundamentales. La discrecionalidad del Estado en estas decisiones no debe confundirse con arbitrariedad.

Afirma que la modificación de las contratas, la no renovación de estas o la posibilidad de ponerles término anticipado, son todas decisiones que conllevan innegablemente alteraciones esenciales para la vida de los afectados y sus familias, que no pueden ser soslayadas.

Refiere que en el caso de nombre reservado, quien ejerció su cargo desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2023 con renovaciones sucesivas, se considera que se ha generado en ella el principio de legítima confianza, con la expectativa de una nueva renovación. La ley subraya que todos los funcionarios, incluidos aquellos a contrata, tienen derecho a la estabilidad en el empleo. La no renovación de la contrata de la recurrente, basada en argumentos banales como supuestas reestructuraciones formales que no están asociadas a verdaderos cambios registrados en la ley de presupuesto, claramente dan lugar a la arbitrariedad.

Sostiene, en cuanto a la afectación de garantías constitucionales, que las acciones llevadas a cabo por la Universidad de La Serena, específicamente la no renovación de la contrata de nombre reservado, constituyen actos administrativos arbitrarios e ilegales, careciendo de un fundamento real, racional y proporcionado. Estos actos administrativos son considerados infracciones a los artículos 11° y 41° de la Ley 19.880, y han resultado en la privación injustificada de la propiedad de su cargo, que nombre reservado ha mantenido desde octubre de 2012 hasta diciembre de 2023, así como de sus remuneraciones y feriados. Esto constituye una violación de sus derechos y garantías constitucionales, particularmente el derecho a la propiedad garantizado por el artículo 19 Nº 24 de la Constitución Política de la República, la garantía de igualdad ante la ley según el artículo 19 Nº 2, y su integridad física y psíquica conforme al artículo 19 Nº 1 todos de la Constitución Política de la República.

Indica que la no renovación de la contrata de la actora ha impactado significativamente su derecho a la propiedad relacionado con las remuneraciones por su trabajo. Además, argumenta que se ha violado el principio de igualdad ante la ley, al otorgarle un trato desigual en comparación con otros funcionarios públicos cuyas contratas han sido respetadas. Esto ha llevado a un tratamiento legal diferenciado, ya que la recurrente detentaba altas calificaciones siendo la única que detenta la calidad profesional y técnica para gestionar compras públicas.

Afirma que la afectación a su integridad física y psicológica, manifestada en desesperanza, ansiedad y temor frente al futuro, y la vulneración de su libertad de trabajo al limitar su posibilidad de desarrollar su empleo en el servicio público, son también puntos destacados.

Solicita que, se revoquen todos los actos administrativos contenidos en la Resolución Exenta N° 340/3749/2023 y se ordene la inmediata reincorporación de la recurrente, con el pago de todas las remuneraciones, feriados y bonos adeudados, sin perjuicio, de las medidas adicionales o diversas que la Corte ordene conforme a las amplias facultades que detenta, con expresa condena en costas.

Acompaña en sustento de su acción de protección los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta RA Nº340/3749/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023 de la Universidad de La Serena sobre decisión de no prorrogar, y 2.- Certificado Nº193 emitido por el Departamento de Personal de la Universidad de La Serena que señala las funciones que desempeño doña nombre reservado, los periodos y calidad en que las ejercía.

SEGUNDO: Que informa el recurso don Daniel Alberto Saavedra Latorre, abogado, en representación convencional de la Universidad de La Serena, explicando que doña nombre reservado trabajó a contrata como profesional con una jornada de 44 horas semanales desde el día 01 de octubre de 2019 en la Universidad de La Serena hasta diciembre de 2023, desempeñándose en la gestión de procesos administrativos y licitaciones.

Agrega que su contrato fue renovado anualmente hasta que, mediante Resolución Exenta RA N°340/3749/2023 de fecha 30 de noviembre de 2023, se adoptó la decisión de no renovar la contrata, a contar del 01 de enero de 2024, ajustándose dicha decisión conforme a lo dictaminado por la Contraloría General de la República en el Nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, N°E156769/2021, y los dictámenes N°22766/2016, 85.700/2016 y 6.400/2018, los cuales en síntesis dan cuenta que, en virtud del principio de confianza legítima es indispensable materializar en un acto administrativo fundado la decisión de no renovar una designación a contrata que ha sido renovada por más de dos anualidades. Conforme a lo anterior los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversa a los términos antes precisados, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión “por no ser necesarios sus servicios” u otros análogos.

Indica que en el caso sub lite, el acto administrativo que contiene la decisión de no renovar la contrata de la señora nombre reservado, se encuentra suficientemente fundado, conforme a lo señalado en el considerando 4° y 5° de la Resolución Exenta RA N°340/3749/2023, que señalan “4°.que, con fecha 01 de enero de 2023, asumió como director de Servicios de la Universidad de La Serena, don nombre reservado, quien, de acuerdo a las necesidades de la Dirección, con el fin de optimizar los recursos humanos y económicos de dicha unidad, ha redistribuido las funciones del personal a su cargo” y “5°. En dicho contexto, desde el mes de marzo de 2023 existe un profesional de Control de Gestión, quien ha colaborado con el Director en la optimización de los procesos de administración de contratos, control de compras y procesos de licitación de servicios de la unidad, entre otros procesos, lo cual ha vuelto prescindible los servicios de la profesional nombre reservado”.

Explica que la no renovación se justificó con la llegada de un nuevo director en enero de 2023, quien redistribuyó las funciones del personal, haciendo prescindible el puesto de nombre reservado. Se contrató a nombre reservado como profesional de Control de Gestión en abril de 2023, para asumir algunas de las responsabilidades que antes tenía la actora.

Explica que, si bien la recurrente señala que recibió un correo electrónico de su jefatura solicitando que ingresara su declaración jurada para la prórroga de nombramiento de contratación 2024, se trató en la especie de un correo electrónico automático enviado desde el Departamento de Personal lo que sugiere que su no renovación todavía estaba "en trámite" en ese momento.

Añade que en lo que respecta al plazo para la dictación del acto que decide no prorrogar o renovar la contrata, señala que la Universidad de La Serena notificó la decisión de no renovación dentro del plazo establecido por la Contraloría, que exige que tales decisiones se tomen con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del contrato.

Señala que la recurrente presentó una reclamación ante la Contraloría, el 04 de diciembre de 2023 la cual fue admitida y requería un informe de la Universidad. La institución respondió dentro del plazo, indicando que el proceso administrativo aún no estaba concluido.

Refiere, en cuanto a los argumentos de derecho, que al ser coincidentes las pretensiones del presente recurso con el procedimiento administrativo que actualmente está conociendo la Contraloría General de la República, es que el presente arbitrio infringe los preceptuado por el artículo 54 de la Ley N°19.880, que establece la regulación entre la vía administrativa y la jurisdiccional cuando se interpone una reclamación por un particular ante la administración.

Descarta la existencia de un acto ilegal o arbitrario señalando que el empleo a contrata es esencialmente transitorio y, además, la autoridad está facultada para no renovarlas y, por tanto, el cese del vínculo estatutario tiene fundamento en la ley, al llegar el plazo previsto en la correspondiente designación, acorde con el artículo 10 del Estatuto Administrativo, aprobado por la Ley Nº 18.834. En efecto, del análisis de la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema, cabe concluir que la autoridad sí está facultada legalmente para no renovar una contrata, dado que el vínculo a contrata termina de pleno derecho cada 31 de diciembre.

Cita jurisprudencia y agrega que la Contraloría General de la República, mediante el Dictamen N°E156769, de 18 de noviembre de 2021, ha emitido un nuevo instructivo sobre confianza legítima en las contratas, actualizando y complementando los criterios fijados en los dictámenes 85.700/2016 y 6.400/2018, y recogiendo, con efectos generales, lo resuelto de manera constante en fallos de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la materia.

Manifiesta que se ha dictaminado que podrán invocarse como argumentos para fundamentar la decisión de no renovación de aquellas designaciones a contrata en las cuales se ha formado la denominada confianza legítima, cuando se invoque entre otras "La modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario; la supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente; Nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal”, tal como se fundamenta en la Resolución Exenta RA N° 340/4374/2019, en sus considerandos 4° y 5°.

Descarta la vulneración de garantías fundamentales que señala la recurrente.

Solicita el rechazo del recurso por cuanto se encuentra en actual conocimiento de la Contraloría General de la República, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, durante la tramitación del presente recurso de protección se solicitó, también, informe a la Contraloría General de la República, organismo que señaló que conforme al artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336 el referido órgano contralor está impedido de informar ni intervenir en asuntos que estén sometidos al conocimiento de los tribunales de justicia, como ocurre en la especie, por lo que debe abstenerse de emitir el pronunciamiento requerido, al tenor de su petición.

Agrega que, mediante solicitud de fecha 4 de diciembre de 2023, doña nombre reservado dedujo reclamación ante esa Entidad Fiscalizadora en contra de la Universidad de La Serena puesto que la citada Casa de Estudios Superiores habría decidido no renovar su contratación para el año 2024, solicitando se deje sin efecto tal decisión y se le reincorpore a su puesto de trabajo.

Explica que tal solicitud fue acogida a tramitación mediante la resolución exenta electrónica N° 12.076, de 2023, de ese origen, solicitando a la Universidad informar sobre el particular. Ese proceso administrativo fue afinado mediante la resolución exenta N° 2.457, de este año y origen, por el cual esa Entidad de Control se abstuvo de conocer sobre esta cuestión, atendido lo dispuesto en el ya citado artículo 6°, inciso tercero, de la ley N° 10.336.

CUARTO: Que, el recurso de protección constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales y derechos establecidos en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, frente a actos u omisiones ilegales o arbitrarias que vulneren el ejercicio de estos, mediante la adopción de medidas cautelar inmediata, destinadas a restablecer el imperio del derecho. De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expuesto, constituye requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario que proviene de la persona natural o jurídica o entidad contra el cual se deduce la acción de protección. Es decir la conducta que se imputa -acción u omisión- debe ser contraria a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, el acto ilegal y arbitrario, conforme se sostiene, está constituido por la decisión de la entidad recurrida de no renovar la vinculación a contrata con doña nombre reservado, materializada en la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023, la que fue notificada a la afectada el día 30 de noviembre de 2023 por el Director de Recursos Humanos y el Secretario General de la Universidad de La Serena, conforme se afirma en el recurso, lo cual no aparece controvertido. La ilegalidad y arbitrariedad radicaría en la circunstancia que, a pesar de gozar la señora nombre reservado de confianza legítima, en atención a las sucesivas prórrogas de su contrata en el período comprendido entre octubre de 2019 a diciembre de 2023, se decide no prorrogar la misma por un nuevo período en atención que al asumir el 1 de enero de 2023 como director de servicios de la referida casa de estudio, “de acuerdo a las necesidades de la Dirección, con el fin de optimizar los recursos humanos y económicos de dicha unidad, ha redistribuido las funciones del personal a su cargo” (considerando 4° del acto administrativo cuestionado), de forma que desde marzo de 2023 un nuevo profesional de control de gestión, “quien ha colaborado con el Director en la optimización de los procesos de administración de contratos, control de compras y procesos de licitación de servicios de la unidad, entre otros procesos, lo cual ha vuelto prescindible los servicios de la profesional nombre reservado” (considerando 5°). Agrega, para sostener o, más bien, hacer evidente la ilegalidad y arbitrariedad, que adicionalmente, la señora nombre reservado recibió, en forma previa a ser notificada de la no renovación, un correo electrónico en el cual se le invitaba a presentar su declaración jurada para la prórroga de su contrata para el período 2024. En síntesis, afirma que los fundamentos del acto administrativo cuestionado no son tales y que no son más que una excusa para no renovar la contrata como se había realizado en los períodos anteriores, ello a fin de reemplazar a la afectada por una persona que sería “amigo” del nuevo director de servicios de la recurrida, don nombre reservado, para lo cual se “disfraza la no renovación con la redistribución de las funciones del personal a su cargo y las ´necesidades de la Dirección´”.

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes aportados por las partes en el presente recurso de protección, es posible establecer los siguientes hechos esenciales: i.- doña nombre reservado fue contratada como profesional del escalafón de profesionales con una jornada de 44 horas semanales el 01 de octubre de 2019, prorrogándose su contrata en forma sucesiva los años 2020, 2021, 2022 y 2023; ii.- que el 29 de noviembre de 2023, se le remitió a la señora nombre reservado un correo electrónico del departamento de personal de la Universidad donde se señala “Su Jefe(a) de Unidad Presupuestaria, ha solicitado que ingrese su declaración jurada para la prórroga de nombramiento de contratación 2024”, trámite que la afectada cumplió el día 30 de noviembre de 2023; iii.- que efectivamente la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023, de 30 de noviembre de 2023 de la casa de estudios recurrida dispuso el no prorrogar la contrata de la señora nombre reservado, esencialmente, conforme se establece en los considerandos 4° y 5°, por ser prescindibles sus servicios en razón de una supuesta restructuración y redistribución de funciones del personal a cargo de la Unidad de Servicios y de la contratación de un profesional de Control de Gestión que colaboraría con el Director de la referida unidad en la administración de contratos, control de compras y procesos de licitación; iv.- que el señor nombre reservado, ingeniero constructor, RUN N° RUT reservado, ingresó en calidad de contrata a partir del 3 de abril de 2023, como profesional de control de gestión para prestar servicios en la Dirección de Servicios de la Universidad de La Serena, quien fue “seleccionado en base a curriculums existentes”, por un sistema de “convocatoria pública simple”, ello como se desprende de la Res. R.TL20285 N° LT10/2024, suscrita por don nombre reservado, Secretario General de la Universidad de la Serena, y vi.- que doña nombre reservado, con posterioridad a la contratación del señor nombre reservado, siguió prestando labores y funciones vinculadas a administración de contratos, proveedores y tareas relacionadas con compras y adquisiciones, conforme se desprende de los diversos correos electrónicos .

OCTAVO: Que, como destaca el profesor Bermúdez “Las actuaciones de los poderes públicos suscitan la confianza entre los destinatarios de sus decisiones. ‘En este sentido, es razonable entender que las actuaciones precedentes de la Administración pueden generar en los administrados la confianza de que se actuará de igual manera en situaciones semejantes’”. (nombre reservado, Derecho Administrativo General, p. 110, citando a nombre reservado, El Precedente administrativo, fundamento y eficacia vinculante). De esta forma, conforme lo señala el autor citado, la práctica administrativa continuada puede generar la confianza en el ciudadano -los administrados- que se le tratará de igual forma en casos similares, principio que se deduce de lo establecido en los artículos 5°, 6°, 7° y 8° de la Carta Fundamental y que “se encuentra fuertemente fundada en el principio de seguridad jurídica” (Bermúdez, obra citada, p. 113). Este principio, siguiendo al mismo autor, importa determinados deberes: i.- Deber de actuación coherente, es decir, un actuar coherente y acorde a un comportamiento anterior o previo del órgano administrativo, lo cual se relaciona con la igualdad, la seguridad jurídica y la buena fe; ii.- Vinculatoriedad del precedente administrativo, de forma que la actuación de un órgano administrativo resulta previsible en un caso concreto en base a sus propias actuaciones previas o actos propios, de forma que el actuar precedente o la práctica administrativa vincula al órgano, por ello, para justificar un cambio “no basta el elemento de la motivación para justificar ese cambio de criterio administrativo, ya que con sus actuaciones anteriores la Administración ha quedado vinculada siempre y cuando” (Bermúdez, citando a nombre reservado, La Protección de la Confianza Legítima en el Derecho Administrativo, obra citada, p. 117); iii.- Deber de anticipación o anuncio del cambio de conducta; es decir, de informar o comunicar el cambio de criterio; iv.- Deber de otorgar un plazo para el conocimiento o plazo de transitoriedad; es decir, el fijar o establecer un período temporal de transitoriedad para permitir el conocimiento del cambio de criterio o un aviso previo suficiente para producir ese cambio, y v.- Deber de actuación legal en la nueva actuación, el nuevo acto que importa el cambio de criterio debe ajustarse a derecho, independientemente de si el anterior fuera ilegal o que, siendo legal, se produjera un posterior cambio de circunstancias.

NOVENO: Que, como se ha expuesto, doña nombre reservado ha prestado servicios personales para la Universidad de La Serena, en calidad de contrata durante más de 4 años seguidos, desde octubre de 2019 a diciembre de 2023, con sucesivas prórrogas de su vinculación estatutaria con la Universidad de La Serena, recepcionando, con fecha 29 de noviembre de 2023, un correo electrónico que la invitaba a realizar los trámites necesarios para una nueva prórroga de su contrata, trámite que realizó oportunamente, para luego, el 30 de noviembre del mismo año, tomar conocimiento de la decisión, adoptada el mismo día, que la referida Universidad había estimado necesario no renovar la referida forma de vinculación estatutaria, básicamente, por ser prescindibles sus servicios en razón de un proceso de restructuración de sus funciones y labores. En tal contexto, no resulta legítimo que se arguya por el órgano administrativo un supuesto error en la remisión de la comunicación que informaba a la señora nombre reservado que se le renovaría su contra por el año 2024 y en que se le requería la presentación de documentos necesarios para ello, error que justificaría, según se afirma, en el funcionamiento automático del sistema informático. En efecto, estimar que tal supuesto error permita desestimar las alegaciones del recurrente, implicaría legitimar que el actuar inadecuado y defectuoso de propio servicio y las consecuencias negativas del mismo le sean imputables al administrado, esto es a la señora nombre reservado, quien debería asumir, por tanto, las consecuencias negativas que tal error produciría, ello en circunstancias que durante de más de cuatro años se le ha prorrogado a la afectada reiteradamente su contrata y, adicionalmente, se le informó, por vía electrónica y por el departamento de personal, que se le renovaría nuevamente para el año 2024, todo lo cual constituye una evidente manifestación de voluntad administrativa que crea en la señora nombre reservado una expectativa real y seria de acceder a un nuevo período de contrata a fin de mantener su función y su empleo por el nuevo año. En otros términos, no es posible estimar que el error referido en el envío del correo electrónico constituya una especie de justificación legítima y razonable para el órgano administrativo que permita concluir que no existiría una expectativa real y lícita de una nueva contratación por el año 2024 para doña nombre reservado y justifique un cambio en el actuar administrativo previo, dado que concluir lo contrario importaría, como se ha sostenido, que sea el propio administrado, la señora nombre reservado, quien deba asumir las consecuencias de un error en que ella no incurrió y en que, por el contrario, actuó de buena fe, con la convicción y en el entendido que se mantenía su contrata como ya había ocurrido en diversas oportunidades y como se le afirmó en el correo electrónico a que se ha hecho referencia.

DÉCIMO: Que, adicionalmente, no existe en autos elemento externo alguno, salvo la propia explicación del órgano estatal recurrido, que acredite efectivamente el supuesto fáctico utilizado en la resolución recurrida para decidir no prorrogar la contrata de doña nombre reservado para el año 2024, ello no solo en razón que ya se le había informado lo contrario por el referido correo electrónico, sino que esencialmente dado que no se justifica la existencia misma del proceso de restructuración a que se aluden en los considerandos 4° y 5°, especialmente teniendo en cuenta que, para fundar la decisión, se califica como prescindible los servicios personales de la señora nombre reservado en circunstancias que, conforme los correos electrónicos acompañados al proceso, ella siguió cumpliendo las labores y funciones asignadas durante todo el año 2023, incluso, luego de la llegada del profesional de Control de Gestión a que se hace referencia en el acto administrativo cuestionado.

UNDÉCIMO: Que, igualmente se desechará la defensa de la Universidad de La Serena en base a lo que dispone el artículo 160 de la Ley N° 18.834 y 54 de la Ley N° 19.880, por cuanto, como claramente lo establece el artículo 20 de la Constitución Política el recurso de protección importa una acción de acceso a la jurisdicción de carácter principal y autónoma, de forma que su ejercicio no está condicionado a la ejecución previa de otras acciones, menos de aquellas establecidas a nivel simplemente legal, conforme se desprende claramente de la parte final de su inciso 1° al disponer que la misma es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”. Adicionalmente, a ello, la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023 constituye claramente un acto administrativo terminal, por cuanto decide en relación al fondo de un asunto de competencia de una entidad administrativa e importa una manifestación por la cual se culmina o perfecciona la decisión administrativa, sin que la circunstancia de existir posibles recursos administrativos o medios de impugnación en contra de ella lo transforme en un acto trámite como se afirma en el informe evacuado por la recurrida.

DUODÉCIMO: Que, por las razones antes expuestas, se estima que la decisión de no prorrogar la contrata de doña nombre reservado para el año 2024 contenida en la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023 de la Universidad de La Serena resulta ilegal y, especialmente, arbitraria dado que importa desconocer los efectos vinculantes que emanan de las sucesivas prórrogas de las contratas a que accedió la señora nombre reservado en su relación estatutaria con la citada casa de estudios y desligarse, además, de la manifestación de voluntad comunicada en el correo electrónico enviado a ella donde se le informaba que debía cumplir determinados trámites para acceder a una nueva prórroga de esa contrata, conforme se explicitó latamente. A ello se agrega la falta de justificación y acreditación de los supuestos fácticos contenidos en ella en la citada resolución y en base a los cuales se califica de prescindible los servicios, ello en circunstancias que los mismos se siguieron prestando sin inconvenientes ni con un cambio de funciones específico durante el año 2023. Todo ello permite concluir que la decisión cuestionada se ha adoptado sin justificación razonable, haciéndola, por tanto, arbitraria.

DÉCIMOTERCERO: Que, el accionar ilegal y arbitrario de la Universidad de La Serena, al decidir la no renovación de la contrata en razón de calificarse prescindible los servicios de la profesional nombre reservado importa una vulneración al derecho de igualdad ante la ley contemplado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, en relación a otros funcionarios públicos cuyas contratas son renovadas y, especialmente, atendiendo a que la labores que prestaba, conforme al mérito de los antecedentes, siguen siendo desarrolladas por otro funcionario que las asumió, sin que se justifique y acredite, por tanto, las razones concretas y reales de la decisión de no renovar la misma en el caso particular.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado en contra de Universidad de La Serena, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 340/3749/2023 de la referida casa de estudios superiores, debiendo reintegrarse a la señora nombre reservado a las funciones que desarrollaba con anterioridad a tal acto administrativo, ello con las respectivas remuneraciones y emolumentos asignadas al cargo y función que desempeñaba, debiéndose, además, proceder a pagar íntegramente todas las remuneraciones, bonos y/o asignaciones a que pudiera tener derecho conforme al grado asignado a su cargo y función y que se hubiere podido devengar o hacer efectivo desde que dejó de prestar los servicios y hasta que se materialice su reintegro efectivo.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 2404-2023 Protección.-