nombre reservado con GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO

nombre reservado

Gobierno Regional Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 2400-2023.- La Serena, ocho de marzo de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el día veintiocho de diciembre de dos mil veintitrés, compareció nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, a efectos que deje sin efecto la Resolución Exenta RA Nº 806/127/2023 que decidió no renovar su nombramiento a contrata, Profesional, grado 9, que ejerce desde el año 2014 de manera ininterrumpida, y en su lugar se ordene renovar la designación a contrata en idénticos términos que se hizo desde dicha anualidad.

Expone que trabaja para el Gobierno Regional de Coquimbo desde el año 1996, específicamente desde el 30 de agosto de ese año; que ingresó al servicio luego de ganar un concurso Público para proveer cargo para la Planta Profesional del Gobierno Regional, según consta en la Resolución 091 del 27 de agosto de 1996 y desde 2014 en calidad jurídica a contrata, grado 9 de la EUR.

Destaca que inició su desempeño en la División de Análisis y Control de Gestión en el Departamento de Municipalidades, Cultura y nombre reservado hasta el año 2006 en que pasó a ser parte del Departamento de Relaciones Internacionales, el que posteriormente pasó a ser parte de la nueva División de Planificación y Desarrollo Regional hasta que ese Departamento pasó a depender de la nueva figura que se creaba en los Gobiernos Regionales como lo es la Administración Regional, en donde permanece hasta el día de hoy.

Manifiesta que es el funcionario más antiguo del país, en los Gobierno Regionales, en estas materias.

Añade que el 15 de abril del año 2014 según la Resolución 48 fue puesto en calidad de contrata grado 9 EUR.

Señala que sus tareas principales se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley Nº19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración regional; conceptualmente se puede señalar como para diplomacia, diplomacia sub nacional o también como cooperación descentralizada, dentro de las tareas hace mención, entre otras, a preparación y organización de agendas internacionales a visitas y autoridades regionales (Gobernador, CORES), relaciones con servicios públicos atingentes al área, universidades, municipios, gremios, organizaciones internacionales, sobre temas internacionales, asesoría a las autoridades en materias internacionales, revisión y elaboración de instrumentos de cooperación, control de proyectos de AGCID (Agencia de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores), organización de los comités de integración, seguimiento a sus acuerdos, organización del proceso de veranadas (Crianceros trashumantes que pasan a territorio argentino con su ganado), mantener información de temáticas internacionales a las jefaturas del Gobierno Regional, mantener relaciones institucionales con cuerpos consulares y otras tareas que indique la misma jefatura. Además de ello ha apoyado a otras divisiones del GORE, en su momento, en sus tareas como la DIT (División de Infraestructura y Transporte).

Puntualiza que la relevancia de señalar el marco jurídico de sus funciones, resulta relevante para evidenciar que las labores ejecutadas son de aquellas que la propia Ley Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional ha encomendado al servicio, y derechamente no son susceptibles de ser modificadas por la autoridad, salvo que mediante ley se supriman o modifiquen, cuyo no es el caso, es decir, se trata de labores o funciones encomendadas por ley al órgano, de carácter permanente.

Señala que desde el año 2014 y hasta el año 2023 se renovó y mantuvo la designación a contrata de manera inalterada, prestando en definitiva 10 años en dicha calidad jurídica, por lo que a juicio de su parte le asiste el denominado derecho a la Confianza Legítima, en el entendido que sus servicios continuarían siendo requeridos en las mismas condiciones que preceden.

La situación descrita, esto es, ejercer un cargo a contrata, es compatible con la titularidad de un cargo de planta, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 87 letra d) de la ley 18.834.

Adiciona que sus labores fueron siempre ejecutadas de la mejor forma posible, de tal suerte que sus calificaciones son un reflejo de ello, siendo siempre evaluado de la mejor forma, con una conducta funcionaria intachable, exenta de reparos.

Indica que, lamentablemente, el día jueves 30 de noviembre, le fue entregada por parte de la Administradora Regional la notificación de la no renovación de su contrata grado 9 EUR, lo que determina su regreso al cargo de planta grado 11 EUR, (siendo el único funcionario del Servicio a pesar de encontrarse otros en su misma situación), adicionalmente se determina el cambio de funciones a la División de infraestructura y Fomento DIFOI a partir del 01 de enero de 2024.

Aduce que la citada resolución carece de fundamento e infringe el mandato legal contenido en la ley 19.880 en su artículo 11 y 41; que aquella señala en sus considerandos que su vínculo estatutario en referencia es en calidad jurídica a contrata, citando al respecto el artículo 3 de la ley 18.834 en su letra c), destacado a su conveniencia que se trataría de un vínculo de carácter transitorio y cuya vigencia se extiende hasta el 31 de diciembre del año respectivo.

Indica que es evidente que dicha argumentación no se ajusta a la realidad, ya que tanto Contraloría General de La República, como nuestros máximos tribunales han tenido ocasión de pronunciarse y verificar que en la práctica sucede una situación diferente, y que es aplicable en su caso concreto, puesto que de mala forma podría sostenerse que su prestación de servicios en calidad jurídica a contrata, grado 9, durante 10 años continuos sea una posición transitoria en el servicio, al contrario la labor es permanente, tanto así que se encomendó una labor de idéntica naturaleza, propia y permanente del servicio, donde la vigencia se extendió desde el año 2014 a la fecha sin solución de continuidad alguna, por lo que dicha argumentación debe ser apreciada en concreto y desde la óptica de la realidad, la cual se impone y evidencia que de forma continua, reiterada el servicio requirió y renovó, sus servicios como contrata grado 9.

Trae a colación la abundante jurisprudencia que ha emanado de nuestro máximo tribunal, que precisamente se ha pronunciado sobre casos como el que nos convoca y señala que para el término anticipado de un nombramiento a contrata, para su no renovación, y amparado en el principio de la confianza legítima, para el cual determina como criterio unificador cinco anualidades que en el caso se cumplen con exceso, la decisión de no renovar o no prorrogar o terminar anticipadamente la designación únicamente puede ser consecuencia de un sumario administrativo o de calificaciones regulares del funcionario, lo que no concurre en el caso de autos.

Refiere que dicho proceder no se ha cumplido, es evidente que se le está exonerando del grado, terminando el vínculo jurídico a contrata, sin previo proceso disciplinario, sin que existan calificaciones que den cuenta de un reproche a su parte que derive en la exoneración del servicio u otra sanción, en este caso de su retorno al grado de planta.

Denuncia que, encubiertamente, se está recurriendo a las necesidades de servicio, sin expresarlas, sin señalar alguna.

A juicio de su parte debe aplicarse el mismo razonamiento que se ha aplicado para los casos de contrata que carecen de nombramiento de planta pretérito, pues la cuestión de facto es la misma, y la discusión se ha dado y ventilado sobre idénticos aspectos, facultades de la autoridad versus motivación o razonamiento y derechos que adquiere el funcionario designado a contrata, que con el cambio unilateral sufre un perjuicio permanente y relevante en su condición funcionaria y afecta la vida en su integridad como de su familia.

Luego la resolución reconoce que el nombramiento o designación a contrata proviene, como ya se dijo, del año 2014, más específicamente de fecha 14 de abril. Es decir, son prácticamente 10 años en ejercicio de las funciones anotadas y ejerciendo el cargo y grado.

Agrega que de la oficina internacional, pasará a la División de Fomento e Industria sin señalar ninguna función o labor, ni menos las razones, únicamente que ello acontecerá desde el año 2024, señala además que “vuelva a desempañar en su grado de planta profesional grado 11 de la EUR, dado que no cumple las responsabilidades derivadas de la necesidad de la recontratación en un grado superior”.

Señala que aquí se pueden apreciar mayormente las inconsistencias de la resolución que se impugna puesto que confunde una conclusión con una motivación, pues de no renovar la contrata ejercerá el cargo de planta, pero nada señala sobre la supuesta necesidad o falta de necesidad por la cual decide no renovar el nombramiento a contrata grado 9.

Destaca que los sucesivos nombramientos en calidad jurídica a contrata fueron en grado 9, profesional, no estando asignada una jefatura, dirección o similar, es decir, al igual que el grado en propiedad planta, ambos nombramientos lo eran para el estamento profesional, sin que se hubiere condicionado el grado a una encomienda de funciones directiva o que tuviere una asignación específica de responsabilidades, basta la lectura de las resoluciones respectivas, especialmente la Nº 48 del año 2014.

Lo anterior, es relevante, puesto que evidencia que el cambio únicamente es en perjuicio del recurrente, puesto que pretende fundarse - no lo hizo oportunamente y no puede ser enmendado con posterioridad- en la presunta responsabilidad aparejada del nombramiento a contrata, cuyo factor nunca fue tenido en cuenta.

Por si ello no fuese suficiente, nada se señala sobre la necesidad del servicio para adoptar la decisión que se toma a su respecto, no se menciona si se pretende dejar sin efecto o sin funcionamiento la dependencia donde presta funciones o serán encomendada a otros profesionales, o serán ejecutadas por la nueva división a la que se le traslada, es decir, se evidencia que carece de todo análisis la situación concreta, lo que debilita la fundamentación o motivación del acto administrativo, pasando a demostrar que se trata de un cambio porque sí, en razón de quien sabe que razones que no se han expresado.

Dicho de otro modo, la resolución no señala los supuestos fácticos debidamente acreditados por la autoridad que motivan la determinación recurrida, ningún elemento de carácter objetivo que determine que los servicios en Grado 9 Profesional, desde una perspectiva objetiva, no son necesarios.

Sostiene que con el actuar de la recurrida, se han infringido las garantías constitucionales del artículo 19 N° 2 de la Constitución, la igualdad ante la ley, ya que ha sido discriminado arbitrariamente al no renovar la designación a contrata en los términos expuestos, cuyo acto administrativo carece de una fundamentación objetiva que justifique la decisión de la autoridad.

La vulneración se da en la no renovación de la contrata, que únicamente lo afecta a él.

De esta manera, la decisión de la recurrida configura un acto ilegal y que afecta el derecho a la igualdad ante la ley, garantizado en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al brindarle un trato diferenciador en relación a otros funcionarios a quienes, en situación equivalente, pueden continuar sirviendo su cago a contrata en las condiciones que antes se habían brindado en cada caso.

Asimismo, se vulnera el numeral 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, el derecho de propiedad, para el caso en relación a un empleo público, el que ha sido incorporado a su patrimonio tal como se señala precedentemente, debiendo renovarse en tanto no concurra sanción de destitución en sumario administrativo o consecuencia del proceso de calificaciones del personal.

Por estas consideraciones solicita se declare que la Resolución Exenta RA 806/127/2023 de 30 de noviembre de 2023 es ilegal y/o arbitraria y, se adopten las siguientes medidas -salvo mejor parecer- para restablecer el imperio del Derecho, tales son:

- Dejar sin efecto mediante un nuevo acto administrativo la Resolución Exenta RA 806/127/2023 de 30 de noviembre de 2023, emanada del Gobierno Regional de Coquimbo, que decide no renovar la designación a contrata.

- Que el servicio recurrido debe proceder a designarlo a contrata grado 9, Profesional, debiendo renovar dicha designación en tanto no concurra sanción de destitución derivado de sumario administrativo o como consecuencia de proceso de calificaciones funcionarios.

- Ordenar el pago íntegro de las remuneraciones o sus diferencias que correspondan al tiempo en que esté ilegalmente apartado de las funciones, grado y remuneración.

- Todo con expresa condena en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta RA 806/127/2023 de 30 de noviembre de 2023 de la recurrida; 2.- Resolución Nº 48 de 15 de abril de 2014 de la recurrida.

SEGUNDO: Que, evacuó informe IGNACIO JAVIER MONTECINO FERNANDEZ, abogado, por la parte recurrida del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO.

Reconoce que el recurrente, el 30 de agosto de 1996, ingresó al servicio administrativo del Gobierno Regional como funcionario de planta, profesional grado 13°, mediante concurso público, según da cuenta resolución N° 91 de fecha 27 de agosto de 1996. Reconoce, asimismo, que a contar del año 2014 pasa a tener calidad jurídica de contrata, grado 9° EUR. Asimismo, es efectivo que, mediante resolución exenta RA N°806/127/2023, se determinó la no renovación de su contrata y que volviera a ocupar su cargo de planta.

Reitera que por resolución N° 91 del 27 de agosto de 1996 el recurrente es designado para desempeñar funciones el Gobierno Regional de Coquimbo como Profesional, grado 13° Escala Única de Remuneraciones, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales.

Posteriormente, por resolución N° 46 de 28 de noviembre de 2001 el recurrente es ascendido de grado 13° a 12° Escala Única de Remuneraciones. Dos años más tarde, por resolución 131, del 23 de diciembre de 2003 es nuevamente ascendido de grado 12° a 11° de la Escala Única de Remuneraciones.

En el año 2014, por resolución N° 48 del 15 de abril de 2014 es nombrado a contrata en el cargo de profesional, grado 9° Escala Única de Remuneraciones, rigiendo tal contrato desde el 7 de abril hasta el 31 de diciembre de 2014 o hasta que sus servicios sean necesarios.

Hace presente que el Título III del Estatuto Administrativo, Ley 18.834, que se refiere a las obligaciones funcionarias trata en su párrafo 6° las incompatibilidades; y en el artículo 86 contiene la regla general: “Todos los empleos a que se refiere el presente estatuto serán incompatibles entre sí”.

Destaca que el artículo 87 del mismo cuerpo posibilita excepciones, las que por tal carácter han de ser entendidas acotada y restrictivamente. Se indica en esta disposición que: “No obstante o dispuesto en el artículo anterior, el desempeño de los cargos a que se refiere el presente Estatuto será compatible:

….. d) Con la calidad de subrogante, suplente o contrata;”

Precisa que las hipótesis de la letra d) aluden a hipótesis de desempeño eminentemente transitorias. En efecto, la subrogación de un cargo procede cuando no esté desempeñado efectivamente por el titular o suplente, cosa que usualmente ocurre por feriado legal, permisos administrativos o licencias médicas, situaciones todas acotadas en cuanto a su duración en el tiempo. La suplencia, por su parte, procede respecto de cargos que se encuentran vacantes y en aquellos que por cualquier circunstancia no sean desempeñados por el titular, durante un lapso no inferior a 15 días. Su duración está condicionada a la provisión del cargo vacante. Finalmente, señala que la contrata, por definición, es un empleo de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución.

Señala que el espíritu de la ley en el artículo 87, letra d) es que el nuevo cargo cuya compatibilidad se acepta va a tener una duración acotada en el tiempo.

Añade que la jurisprudencia administrativa y judicial ha considerado que, por razones de seguridad jurídica, en determinadas condiciones las sucesivas renovaciones de una contrata determinan que se configura para el funcionario la confianza legítima en que tal situación -la renovación- continuará en el tiempo. De este modo se posibilita que un empleo precario, la contrata, pueda otorgar salvaguardias para el funcionario.

Sin embargo, la confianza legítima no es un principio absoluto. Ello posibilita que en determinados casos existan matices que hacen pertinente una reflexión más profunda y detenida. La situación del recurrente es uno de aquellos casos. Y ello ocurre por el hecho que el trabajo en sí mismo como derecho fundamental ya está protegido con su incorporación a la planta, como profesional grado 11° EUR; por ello, aunque cese su designación a contrata, su designación en la planta se sigue manteniendo -y es lo que ha ocurrido mediante la resolución atacada- por lo cual el funcionario no pierde la calidad de funcionario ni es desvinculado del servicio.

Indica que si se entendiese que le asiste la confianza legítima en su designación como profesional a contrata resultaría que, en los hechos, el recurrente estaría detentando a perpetuidad la propiedad dos cargos inamovibles: su cargo de planta y su cargo de contrata, este último prácticamente asimilado a una planta. Entiende que posibilitar ello establece un privilegio en relación al resto de los funcionarios y además provoca un grave perjuicio ya que al tener tomado el cargo de planta, el que no ejerce, imposibilita que dicho puesto sea ocupado por otros compañeros de trabajo y limita las posibilidades de ascenso de otros funcionarios y de paso que ese puesto sea efectivamente desempeñado afectando con ello el adecuado funcionamiento del servicio.

Así pues, en la mencionada situación, la confianza legítima debe necesariamente ceder, ya que el funcionario tiene seguridad jurídica en su contratación, al contar con un cargo de planta que le proporciona estabilidad y el cual solo terminaría por las causas legales que contempla el artículo 146 del estatuto administrativo.

Entiende que la vinculación del actor a contrata es transitoria y que por lo mismo no puede ser entendida como derechos que se han incorporado al patrimonio si es que a la vez aceptamos que es propietario de su cargo de planta.

Por estas consideraciones solicita se rechace el recurso de protección deducido por don nombre reservado, con expresa condena en costas. Subsidiariamente, y en el evento que el recurso sea acogido, se exima de las costas a la parte recurrida en razón de la existencia de fundamento plausible para litigar TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el acto cuya ilegalidad y arbitrariedad se reprocha, es la decisión del Gobierno Regional de no renovar el vínculo estatutario a contrata que le unía con el actor, sin que exista discusión que aquel prestaba servicios bajo tal modalidad y que la defensa del Servicio recurrido se asiló en el carácter transitorio del nombramiento, el haber concluido el periodo del mismo, y en el hecho que el trabajo en sí mismo como derecho fundamental ya está protegido con su incorporación a la planta, como profesional grado 11° EUR; por ello, aunque cese su designación a contrata, su designación en la planta se sigue manteniendo -y es lo que ha ocurrido mediante la resolución atacada- por lo cual el funcionario no pierde la calidad de tal ni es desvinculado del servicio.

SEXTO: Que, de los antecedentes agregados, resultan hechos del recurso, en relación al vínculo estatutario del actor con el Servicio recurrido, los siguientes:

i)

Que por Resolución 091 del 27 de agosto de 1996, el actor fue incorporado a la Planta del Gobierno Regional de Coquimbo y que desde 2014 fue designado en calidad jurídica a contrata, con el grado 9° de la EUR, cargo en el que permaneció ininterrumpidamente hasta el año 2023.

ii)

Que, por Resolución Exenta RA Nº 806/127/2023 se decidió no renovar su nombramiento a contrata, Profesional, grado 9, debiendo reincorporarse a su cargo en la planta del Servicio, con el grado 11° de la EUR.

SÉPTIMO: Que, asentado lo anterior, cabe recordar que se ha señalado que la cláusula incorporada en la designación a contrata del actor que, por lo tanto, se entiende incorporada en la prórroga, esto es, “mientras sus servicios sean necesarios”, está en armonía con el carácter transitorio que tienen los empleos a contrata o a honorarios. En efecto, la Ley Nº 18.834 sobre Estatuto Administrativo, en su artículo 3º, luego de definir la planta del personal de un servicio público como el conjunto de cargos permanentes asignados por la ley a cada institución, al tratar los empleos a contrata señala precisamente que son aquellos de carácter transitorio que se consultan en la dotación de una institución.

Enseguida, el mismo texto legal determina en su artículo 10, en relación a la permanencia de esta última clase de cargos, que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley.

Por otra parte, la determinación que la persona nombrada prestará sus labores “mientras sus servicios sean necesarios”, entrega a la Administración la facultad de poner término a tales prestaciones con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos. Esta fórmula constituye una habilitación consignada en su nombramiento que guarda relación con el carácter temporal o transitorio del mismo, pero no excluye la fundamentación del acto administrativo.

OCTAVO: Que, también se ha señalado que de conformidad a los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, se exige a la Administración que sus decisiones contengan la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que las sustenten.

En este sentido, el término anticipado de la contrata, como cualquier acto administrativo debe satisfacer los estándares de motivación, pues a través de ella se exteriorizan las razones que han llevado a la Administración a dictarlo, exigencia que se impone en virtud del principio de legalidad. Es así como el artículo 11 inciso segundo del referido texto legal, previene la obligación de motivar en el mismo acto administrativo la decisión, los hechos y fundamentos de derecho que afecten los derechos o prerrogativas de las personas. A su turno, también el artículo 41 inciso cuarto del aludido texto legal dispone que “las resoluciones que contenga la decisión, serán fundadas”. Proceder que, por lo demás, se hace enteramente exigible por mandato del artículo 8° de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que frente a la discrecional facultad de la Administración para no renovar o poner término anticipado a las contratas transitorias, mediante resoluciones debidamente fundadas en la ley, se hace necesario distinguir, como lo señala la EXCMA. Corte Suprema, en sentencia dictada en causa rol N° 5.883-2023, entre aquellas relaciones que han tenido una extensión temporal mayor en el tiempo, toda vez que dichas personas, según la jurisprudencia judicial y administrativa, se encuentran protegidas por el principio de confianza legítima, el que busca proteger a los funcionarios de los cambios intempestivos en las decisiones de la Administración, entregando estabilidad a los servidores públicos, impidiendo que a través de aquellos se lesiones derechos.

En esta materia, se ha resuelto que tanto la decisión de poner término anticipado a una contrata, como la no renovación de la misma, respecto de personas que se han vinculado con la Administración por un determinado número de años, violenta el principio de la confianza legítima del funcionario que alberga la justa expectativa de terminar el período cubierto por su designación y a ser recontratado para el año siguiente, la que, en todo caso, se configura a juicio de ambas sedes, cuando concurre, como se adelantó, un elemento temporal estabilizador, esto es, que se hubieran producido renovaciones sucesivas.

Así, es la determinación del elemento temporal el que cobra relevancia, en tanto es aquel el que determinara las exigencias que puedan imponerse para terminar el vínculo, pues si la persona que se desempeña en la Administración está protegida por el principio de confianza legítima, aquella sólo puede poner término a esa relación estatutaria por sumario administrativo derivado de una falta que motive su destitución, o por una calificación anual que así lo permita.

En efecto, el Estatuto Administrativo establece un procedimiento específico para evaluar el servicio de los funcionarios públicos, que es aplicable a quienes sirvan los cargos en calidad de planta o a contrata, debiendo la autoridad dejar plasmadas en el proceso de calificación las razones de un eventual mal desempeño que, una vez firme, determina que el funcionario deje de prestar servicios, sin que sea admisible que se utilice la causal de necesidades del servicio para poner término anticipado o no renovar las designaciones a contrata de personas que se hayan desempeñado por larga data sirviendo el cargo específico, pues aquello, sin duda vulneraría el principio de confianza legítima.

DÉCIMO: Que, entonces, resulta imprescindible establecer desde cuando la persona que se vincula a través de contratas anuales con la Administración adquiere la confianza legítima respecto que su designación no sólo se cumplirá en la anualidad respectiva, sino que, además, será renovado.

Pues bien, en busca de un criterio unificador, la Excma. Corte Suprema ha considerado establecer el plazo de cinco años, que se estima es un período prudente para que la Administración evalúe íntegramente no sólo el desempeño del funcionario sino que, además, estudie la necesidad de seguir contando con el cargo que sirve la persona, por cuanto existe una real necesidad del servicio de contar con una persona que desempeñe las funciones específicas que motivaron la dictación del acto administrativo que determinó el inicio del vínculo con la Administración.

Lo anterior es coherente, además, con la política de renovación de contratas del personal del poder judicial, que es un criterio que ha sido sistemáticamente aplicado al interior de este poder del Estado, que tiene su sustento en el Acta 19-2012, refundida por el Acta 191- 2019, que establece una renovación automática de la designación de los empleados que registren nombramientos en cargos a contrata anual por cinco períodos consecutivos y figuren en lista de méritos durante ese plazo.

UNDÉCIMO: Que, se concluye de lo dicho, que si una persona se encuentra vinculada con la Administración a través de contratas anuales y ha tenido un periodo desempeño por un tiempo inferior a cinco años, no le asiste el principio de confianza legítima y, en consecuencia, la Administración se encuentra facultada para no renovar el vínculo estatutario para el periodo siguiente, sin que requiera la dictación de un acto especial al efecto, dado que es el legislador quien dispone que al cumplirse el periodo de designación ésta concluye por el sólo ministerio de la ley, al ser inferior a cinco años su vinculación con la Administración y no estar amparado por el principio de confianza legítima. Todo lo cual no adquiere un carácter diverso por el hecho de comunicar expresamente esa determinación por razones de certeza jurídica y deferencia con el funcionario.

En cambio, en el caso de que la persona se encuentre protegida por el principio de confianza legítima, la Administración sólo puede poner término al vínculo estatutario, como se dijo, a través del sistema de calificaciones o sumario administrativo, por lo que, en este caso, carece de toda relevancia hacer un distingo entre término anticipado y no renovación del contrato.

DUODÉCIMO: Que, asentado lo anterior, cabe tener presente que en estos autos se reprocha la decisión de la Administración de no renovar el vínculo a contrata del actor para la presente anualidad, refiriendo la autoridad que aquel no goza de la confianza legítima.

Consta asimismo de los antecedentes antes pormenorizados que, el funcionario recurrente prestó servicios de manera ininterrumpida bajo la modalidad contrata entre los años 2014 y 2023, en la Planta Profesional, asimilado al grado 9° de la Escala Única de Sueldos.

DÉCIMO TERCERO: Que, como se observa en el caso sub-iudice, el actor ha prestado servicios a contrata al ente recurrido, por un periodo ininterrumpido con creces superior a cinco años, de manera que conforme a lo razonado, se generó a su respecto la confianza legítima de mantenerse vinculado con la Administración, de modo tal que la decisión de no renovar la relación estatutaria ha significado que se ha incurrido en vulneración ilegal y arbitraria de las garantías constitucionales de la igualdad ante la ley y del derecho de propiedad, motivo por el cual la presente acción debe ser acogida.

DÉCIMO CUARTO: Que, la circunstancia alegada por la recurrida, en orden a que no ha existido vulneración al derecho al trabajo del funcionario, por cuanto se le ha reincorporado a su cargo de planta, anterior a su designación a contrata, en nada altera lo que se ha venido razonando, por cuanto, si bien es cierto continúa teniendo la calidad de funcionario del Servicio, ha sido encasillado en el grado 11° de la EUR, lo que implica una seria merma en sus remuneraciones. Que, además, la circunstancia de haber sido reincorporado en tales condiciones, no obsta a que se considere que la no renovación de su contrata, infundadamente, siga siendo considerada una decisión ilegal, arbitraria y contraria a la igualdad ante la ley, por las razones ya expuestas, y, sin lugar a dudas, vulneradora del derecho de propiedad sobre sus remuneraciones las que, por tal resolución, se han visto disminuidas.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, en consecuencia, queda sin efecto Resolución Exenta RA Nº 806/127/2023 por la que se decidió no renovar la contrata del recurrente, debiendo proceder a renovar la designación en idénticos términos que se hizo desde la última anualidad y ordenar el pago íntegro de las remuneraciones o sus diferencias que correspondan al tiempo en que estuvo apartado de dichas funciones, grado y remuneración.

Acordada con el voto en contra de la Ministra Suplente doña Carmen Gloria Correa Valenzuela, quien estuvo por rechazar la acción de protección, teniendo para ello presente que, tratándose de un funcionario que detenta también un cargo de planta, entiende que respecto del cargo “a contrata” que mantenía, no opera el denominado principio de la confianza legítima, tal como sostiene la recurrida en su informe.

A lo anterior, se suma el hecho que, de conformidad al Estatuto Administrativo, se trata de un cargo de naturaleza transitoria por lo cual, quien lo ejerce se encuentra en conocimiento que no se trata de un cargo de carácter permanente, y en consecuencia el hecho de comunicarle mediante un acto administrativo, su no renovación anual, se encuentra dentro de las hipótesis establecidas en la normativa vigente, por lo que no se hace necesario, fundar o justificar la decisión adoptada por la autoridad recurrida.

Redactada por el Ministro señor Iván Corona Albornoz y el voto en contra de su autora.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2400-2023 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de esta Corte de Apelaciones, integrada por el Ministro titular señor Iván Corona Albornoz, la Ministra suplente señora Carmen Correa Valenzuela y la abogada integrante señora Pía Bustos Fuentes. No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por haber cesado en su cometido.

En La Serena, a ocho de marzo de dos mil veinticuatro, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.