Protección contra FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado

nombre reservado

Fundación Educacional nombre reservado

Recurso de Protección Rol N°24-2026.- La Serena, trece de marzo dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Del recurso. Que compareció doña nombre reservado, profesión u oficio desconocido, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en favor de su hijo el niño nombre reservado, dirigido en contra de la FUNDACIÓN EDUCACIONAL nombre reservado, RUT NUM000, representado legalmente por su Directora nombre reservado, por el acto que señala como ilegal y arbitrario, consistente en la cancelación de matrícula de su hijo para el año 2026.

Relata que su hijo se encontraba regularmente matriculado en dicho colegio y presenta diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), condición conocida por el establecimiento mediante informe neurológico y del Programa de Integración Escolar (PIE). Luego expone que el 19 de diciembre de 2025 el colegio resolvió cancelar la matrícula del estudiante como medida disciplinaria, basado en múltiples anotaciones negativas, por supuestos incumplimientos al Reglamento de convivencia escolar, decisión que estima ilegal y arbitraria por cuanto - a su juicio- se sancionaron conductas propias de su condición neurológica sin un enfoque inclusivo ni pedagógico, ni agotado previamente medidas de apoyo, contención ni adecuaciones razonables, aplicándose el reglamento en términos meramente punitivos y desconociendo el deber de inclusión respecto de estudiantes con necesidades educativas especiales.

A lo anterior agrega que la decisión fue comunicada tardíamente, cuando el proceso de postulación a otros establecimientos ya había concluido, dejando a su hijo sin alternativa educacional, lo que habría provocado además un grave daño emocional y psicológico.

Sostiene que tales hechos vulneran el derecho a la integridad psíquica del estudiante, consagrado en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República; como también, el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2, al aplicarse una sanción discriminatoria por su condición de salud; el derecho a la educación del artículo 19 N°10 de la Carta Fundamental; así como el principio del interés superior del niño reconocido en la Convención sobre los Derechos del Niño.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección, declarando ilegal y arbitraria la cancelación de matrícula y, consecuencialmente, se ordene la reincorporación definitiva del estudiante al establecimiento educacional.

SEGUNDO: Del informe. Que, a folio 16 de la carpeta digital, se evacuó informe por la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que el alumno nombre reservado registra un historial relevante de incumplimientos al Manual de Convivencia Escolar precisando que, si bien el estudiante formaba parte del Programa de Integración Escolar (PIE) y presenta diagnóstico de Trastorno por Déficit Atencional con Hiperactividad (TDAH), la institución le otorgó atención personalizada durante todo el período, cumpliendo sus obligaciones de apoyo.

Agrega que el estudiante no presenta diagnóstico de TEA, por lo que no resultaría aplicable la Ley N°21.545, sin perjuicio de que el establecimiento se define como integrador y atiende las necesidades de sus alumnos de manera integral.

No obstante, sostiene que la existencia de una condición de neurodivergencia no lo exime del cumplimiento de las normas de convivencia escolar, pues efectuar diferencias por tal motivo constituiría una discriminación contraria al principio de igualdad de trato que inspira su proyecto educativo, sosteniendo que cada sanción aplicada fue acompañada de medidas formativas, especialmente tratándose de alumnos con necesidades educativas especiales.

En cuanto al comportamiento del estudiante, indica que durante el primer semestre de 2025 registró 36 observaciones negativas y durante el segundo semestre del mismo año otras 35, lo que -a su juicio- evidencia una reiteración de conductas disruptivas que afectan también los derechos de los demás miembros de la comunidad educativa.

Refiere que en septiembre de 2025 se verificó un episodio de maltrato entre pares en que el alumno incurrió en burlas reiteradas, acoso, agresión física y sustracción de pertenencias a un compañero, lo que motivó la aplicación de una carta de condicionalidad por falta gravísima al N°4 del Manual de Convivencia Escolar, debidamente notificada a la apoderada. Luego, añade que el 01 de octubre de 2025 el estudiante volvió a incurrir en una falta grave consistente en insultos a otros alumnos -tratándolos de “gordos”, “maricones”, “gay”, entre otras expresiones- situación que generó una reacción física de los afectados y derivó en sanciones para todos los involucrados, registrándose posteriormente durante el resto del año diversas faltas de respeto hacia profesores y alumnos y episodios de maltrato físico.

Respecto a la cancelación de matrícula, expone que el Reglamento de Convivencia Escolar tipifica las faltas leves, graves y gravísimas y regula expresamente la medida de no renovación de matrícula, la cual procede cuando el estudiante, encontrándose con condicionalidad, continúa cometiendo faltas -más de 10 leves, 2 graves o 1 gravísima-, precisando que dicho reglamento fue elaborado por la comunidad educativa y se ajusta al DFL N°2 de Educación, a la Ley General de Educación y a las instrucciones de la Superintendencia de Educación.

Indica que el alumno se encontraba sujeto a condicionalidad desde el 22 de septiembre de 2025, con obligaciones conductuales específicas y que, conforme a su hoja de vida, incurrió posteriormente en nuevas faltas, algunas de ellas graves, por lo que se activó el procedimiento de escalada disciplinaria contemplado en el manual y que comprende amonestaciones escritas, compromiso de buena convivencia, advertencia de condicionalidad, condicionalidad y, en caso de persistencia, no renovación de matrícula, concluyendo que la medida aplicada obedece a dicha progresión de incumplimientos y no a una supuesta discriminación o aplicación punitiva del reglamento.

En cuanto al recurso de protección presentado, afirma que carece de sustento fáctico suficiente, que no se explica de qué modo se vulneran las garantías invocadas ni se impugna el procedimiento sancionatorio, limitándose la actora a afirmar que el reglamento se aplicó de manera punitiva y que las conductas del joven derivan de su TDAH, lo que el establecimiento califica de “falso” (sic), reiterando que el manual constituye una norma autoimpuesta por la comunidad educativa conforme a la normativa vigente. Agrega que, aun cuando las conductas pudieran vincularse a una condición de neurodivergencia, ello no justifica ni exime de responsabilidad disciplinaria, pues las normas son aplicables a todos los estudiantes.

En lo relativo a la alegación de falta de alternativas educacionales, afirma que el derecho a la educación no garantiza la permanencia en un establecimiento determinado, que la obligación de asegurar matrículas corresponde al Ministerio de Educación y que la cancelación de matrícula -a diferencia de la expulsión- se ejecuta a fin de año, precisamente para permitir el cambio de colegio. Cita jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema que habría validado decisiones de similar naturaleza.

Por lo señalado, niega la vulneración de las garantías del artículo 19 N°1, N°2 y N°10 de la Constitución Política de la República, así como del principio del interés superior del niño solicitando, en definitiva, el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

TERCERO: Contexto normativo. Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

De lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

CUARTO: De los hechos no controvertidos. De acuerdo con el mérito de los antecedentes es posible concluir que no hay debate en torno a que el hijo de la actora formaba parte del establecimiento educacional recurrido en calidad de alumno regular, figurando como beneficiario del Programa de Intervención Escolar PIE, dado su diagnóstico de déficit atencional con hiperactividad.

Tampoco resulta debatido que el joven, durante el año 2025, registró más de 70 anotaciones por mala conducta, las que fueron calificadas como leves y una gravísima, lo que justificó que el 22 de septiembre de 2025 fuera incluido en la lista de alumnos condicionales, exigiéndose de éste y de su apoderada el cumplimiento de diversos compromisos que constan en los documentos acompañados por la recurrida.

Consta, asimismo, que, sin haber sido satisfechos los requisitos impuestos, es que el establecimiento impuso la medida de cancelación de la matrícula, asunto noticiado a la actora en diciembre pasado.

La discusión propuesta por la recurrente, entonces, gira en torno a la proporcionalidad de la medida, dado que no existe alocución alguna a la ilegalidad del procedimiento, como tampoco se debate la calificación de las conductas adjudicadas a su representado.

QUINTO: No existe acto ilegal ni arbitrario. Conforme lo dicho previamente, de la lectura del Manual de convivencia acompañado por la recurrida, es posible concluir que efectivamente bajo el título XV, titulado “Medidas remediales”, se busca identificar mecanismos para “reparar un estado dañado de la Convivencia Escolar, provocada por acciones que se constituyen en Faltas que van graduadas en distintos niveles de gravedad. Para la institución Colegio nombre reservado, se entiende que las Medidas Remediales contemplan la aplicación de acciones respetuosas de la dignidad de las personas, permitiendo que éstas, tomen conciencia de las consecuencias de sus actos, aprendan a responsabilizarse de ellos y desarrollen compromisos genuinos de reparación del daño”.

Luego, en tal acápite se enumeran las diversas medidas susceptibles de ser aplicadas y las hipótesis que las justifican. En relación con la condicionalidad se sostiene que “se puede aplicar por la comisión de una Falta Gravísima, falta que daña gravemente la Convivencia Escolar.” El alumno incurrió en ella, como se destaca de su extensa lista de anotaciones, lo que se informó a la apoderada -hoy recurrente- por el PIE y se incluyó como hecho fundante de la medida en la carta que le fuera notificada.

No perdamos de vista, por cierto, que la medida procede también “cuando el/la estudiante no ha mostrado los cambios conductuales comprometidos” o “si el estudiante tras su obtención comete 10 o más Faltas Leves.” En el caso de marras el alumno se hizo merecedor de más de 70 anotaciones negativas en un año, 30 posteriores a la notificación de su condicionalidad.

El documento agrega que “la Condicionalidad pretende un cambio conductual radical y sostenido en el tiempo para que el/la estudiante pueda permanecer en el Colegio” y que “deberá ir aparejada con un Plan formativo para la reparación de la CE, cuya implementación estará a cargo del equipo de Convivencia Escolar-Psicosocial.” Todo ello aparece satisfecho a la luz del extenso informe del PIE, del que se desprende, además, que la apoderada fue citada en reiteradas ocasiones, sin concurrir al establecimiento, la mayoría de las veces sin expresar justificación desde que las misivas comienzan señalando que “la quedamos esperando” o “apoderada nuevamente no asiste”.

La medida debe ser revisada “al final de cada trimestre, independiente de la fecha en la cual se haya aplicado.” En el caso en comento, ella fue impuesta el 22 de septiembre de 2025, de forma que la revisión debía producirse entre los meses de octubre a diciembre de esa anualidad.

El texto agrega que “Frente al cumplimiento parcial o no cumplimiento de los compromisos adquiridos para el levantamiento de la medida, la Dirección podrá determinar la No renovación de matrícula para el año siguiente.”

Respecto de esta medida, el Manual señala que “podrá aplicarse tras la determinación de Dirección a él o la estudiante que no haya cumplido con los compromisos adquiridos tras la medida de Condicionalidad, o como resultado de una resolución distinta a la expulsión tras la apelación del apoderado y estudiante por Aula Segura”, agregando el texto que “El o la estudiante que, en un año lectivo reciba Condicionalidad y continúe cometiendo más de 10 Faltas Leves o 2 Faltas Graves o 1 Falta Gravísimas, en la evaluación de la situación, quedará con la medida de No renovación de matrícula.”

De lo anterior se colige que la imposición de esta medida gravosa puede serlo en caso de incumplirse total o parcialmente los compromisos (asunto subjetivo, pues su calificación dependerá de la dirección del establecimiento) o por incurrir en más de 10 faltas leves, 2 graves o y gravísima (causal objetiva) lo que ocurrió con el joven, al ser sujeto de 30 medidas de diversa índole ya decretada la condicionalidad.

De esta manera aparece meridianamente claro que la medida fue impuesta en el marco de las hipótesis que la justificaron, como bien expuso el acta de notificación de diciembre de 2025, y amparando los derechos del joven y de la comunidad educativa.

En este último punto debemos remarcar que, leído íntegramente el historial de anotaciones del adolescente, las conductas descritas allí no sólo lo expusieron a él a riesgos graves, sino que aquello se extendió a sus compañeros y profesores; los primeros también niños, niñas y adolescentes que esta Corte no debe perder de vista, bajo el pretexto de citar, como lo hace la actora, el interés superior de su hijo, el que colisionó con el de sus restantes compañeros.

SEXTO: Conclusiones. Que, por todo lo expuesto previamente, el libelo carece de sustento que lo torne en procedente, desde que la medida -conocida por la recurrente- forma parte del conjunto de acciones tendientes a dar protección a los alumnos/as y que, ante el incumplimiento personal y familiar de los compromisos adquiridos al imponérsele la condicionalidad, sólo cabía adoptarla.

Y lo fue, finalmente, por el órgano competente y en el marco de sus deberes, a la luz del D.F.L. N°2 de 2025, texto refundido de la Ley General de Educación que, en lo pertinente, mandata que “La educación es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” (art. 2), agregando que “El sistema educativo chileno se construye sobre la base de los derechos garantizados en la Constitución, así como en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes” respetando, entre otros principios, “g)

Responsabilidad. Todos los actores del proceso educativo deben cumplir sus deberes y rendir cuenta pública cuando corresponda. Asimismo, el sistema educativo deberá promover el principio de la responsabilidad de los alumnos, especialmente en relación con el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes escolares, cívicos, ciudadanos y sociales. Este principio se hará extensivo a los padres y apoderados, en relación con la educación de sus hijos o pupilos.” (art. 3)

No existiendo, por tanto, una desproporción en la medida aplicada, la que se sujetó estrictamente a un proceso de intervención especializado que buscó las mejoras necesarias para lograr una sana convivencia y en el que se evidenció una falta de adherencia de los responsables del joven, es que el recurso será íntegramente rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve RECHAZAR, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado en contra de la Fundación Educacional nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactó el ministro señor Felipe Pulgar Bravo.

Rol N°24-2026 Protección.-