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Derecho público chileno

ProtecciónRol N° 2389-201715 mar 2018

Protección contra Fisco de Chile y la Dirección General de Crédito Prendario

Fecha
15 de marzo de 2018
Corte
Corte de Apelaciones de La Serena
Resultado
Rechazada
Cita
Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 2389-2017, sentencia de 15 de marzo de 2018

Resumen

Se rechaza la protección contra el Fisco y la DICREP: la solicitud de desalojo y la subasta del inmueble decomisado se ajustan a la ley y el recurrente no es titular de derecho de propiedad sobre él.

Texto íntegro

nombre reservado

Fisco de Chile y Dirección General del Crédito Prendario Recurso de Protección Rol N° 2389-2017.- La Serena, quince de marzo de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Primero: Comparece por si, don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, quien interpone acción de protección en contra del Fisco de Chile y la Dirección General de Crédito Prendario , DICREP, con domicilio en domicilio reservado.

Reclama que ha sido objeto de un acto arbitrario que atenta y vulnera su derecho para adquirir el dominio del inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de dicha ciudad.

Señala que ha sido perturbado en su derecho de propiedad y “amenaza a su derecho al derecho de propiedad” (sic), ya que con fecha 18 de diciembre de 2017, funcionarios de la DICREP, de manera informal, arbitraria y extrajudicialmente, le han solicitado que desaloje la vivienda ubicada en domicilio reservado, lugar en que vive y agrega que le fue informado que el 29 de diciembre de 2017 sería rematada en pública subasta.

Prosigue su relato, explicando el modo en que llegó a habitar la propiedad en cuestión, indicando que en el año 2011, atendida su precaria situación económica, procedió a tomar posesión tranquila, pacífica y sin violencia de una de las seis viviendas que se encuentran emplazadas en lo que en dicho momento era el sitio seis y siete, calle Estero de Pichidangui, sector Laguna, Los Vilos (sic). Indica posteriormente solicitó el certificado de número en el Departamento de Obras de la Municipalidad de Los Vilos, donde se le dio la actual dirección: domicilio reservado.

Se refiere al mal estado en que se encontraba la propiedad por él ocupada, que él la habría reparado y transformado en su hogar. Que nunca fue compelido a abandonarla por alguien que se presentara como dueño de la misma. Indica además que ha dado inicio a los trámites requeridos y contemplados en la Ley 2965 de 1979, para regularizar la propiedad, juntando antecedentes para presentarlos al Ministerio de Bienes Nacionales, que es con ocasión de esto que se enteró que los lotes donde está situada la vivienda que él ocupa están inscritos a nombre del Fisco en el Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos.

Solicita a esta Corte, que se suspenda de inmediato el procedimiento de remate en pública subasta del Lote Nº 6, inscrito a fojas 247, Nº 294 del año 2017, del Registro y Conservador citados. Señala que si se le priva del lugar que habita, se estará vulnerando el derecho de propiedad garantizado por la Carta Fundamental en el artículo 19, Nº 24.

Acompaña los siguientes documentos para respaldar sus afirmaciones: “Certificado de residencia emitido por la Junta de Vecinos de Pichidangui, comprobante de instalación de luz eléctrica emitido por CONAFE, declaración jurada de vecinos colindantes, certificado de número emitido por el departamento de obras de la Municipalidad de Los Vilos, copia de declaración jurada D.L. 2695/79, 3 fotocopias de compra de materiales y ventanas” (sic).

Segundo: Que en atención a lo ordenado por esta Corte, ha informado el abogado Ismael Alberto Miranda Herrera, en representación de la Dirección General del Crédito Prendario, quien señala que en el ejercicio de sus funciones y mediante oficio Nº 1176 de 16 de marzo de 2017, el Consejo de Defensa del Estado, División Defensa Estatal, informó sobre inscripción de los inmuebles a nombre del Fisco, los que fueron decomisados por infracción a la Ley Nº 20.000, mediante sentencia de 23 de octubre de 2007, por el Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Ovalle, en causa RUC Nº 0300139452-4, RIT 82-2006. En el mismo acto se adjuntó el “Registro de Propiedad” en el Conservador de Bienes Raíces de los Vilos, de varios inmuebles identificados como sitios 5, 6, 7 8 y 9, todos sitios que formaron “parte del predio denominado ‘Estero’ sector Laguna, ubicado en el Balneario de Pichidangui, comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, Región de Coquimbo”. Agrega que en dichos sitios los antiguos propietarios, previo al decomiso, construyeron cabañas en ellos.

Agrega que durante el año 2017, su representada, realizó labores de preparación de los terrenos (limpieza, desmalezamiento, etc.) para el remate y que fue en la visita de los funcionarios de DICREP en diciembre de 2017 cuando se percataron que los terrenos habían sido ocupados de manera ilegal recientemente, acompañando documentos que dan cuenta de sus dichos.

Agrega que no es efectivo que el recurrente esté ocupando el inmueble desde el año 2011 y que tampoco es efectivo que la propiedad pueda ser saneada mediante el procedimiento administrativo contemplado en el Decreto ley Nº 2695 de 1979, de Bienes Nacionales, ya que se trata de un bien raíz inscrito a nombre del Fisco y que dicha inscripción dice relación por una sentencia penal de decomiso (sic), firme y ejecutoriada y que debe ser cumplida.

Agrega además que no existe sustento en este recurso impetrado, pues el recurrente no está siquiera en posesión pacífica del inmueble. Que no es posible desvirtuar la propiedad inscrita conforme a la ley, con la mera tenencia de los bienes raíces más aun si no se ostenta ningún título legítimo. Que tampoco entiende la lógica del recurso pues el recurrente solicita no se lleve a cabo el remate de a propiedad según estaba previsto para el mes de diciembre del año 2017, cuestión que no ocurrió pues DICREP, al conocer de la ocupación ilegal, previa consulta al dueño de la propiedad, esto es, el Fisco, decidió no subastar el bien inmueble hasta que se subsane la ocupación ilegal del mismo.

Que además no detentando el ocupante ni posesión ni dominio no se vislumbra de que forma podría estar resguardado por la acción constitucional que ha interpuesto y por lo tanto tampoco se vislumbra -agrega la recurrida- de que forma su representada estaría ocasionando un daño, menoscabo o perturbación en un derecho que el recurrente no tiene y que por tanto el recurso de protección debe ser rechazado por esta Corte, con Costas.

Acompaña un set de documentos que dan cuenta de las afirmaciones realizadas en su informe, documentos tenidos a la vista por esta Corte.

Rinde igualmente informe el Consejo de Defensa del Estado por medio del Abogado Procurador Fiscal de La Serena, nombre reservado A., expone primero los antecedentes de hecho vertidos por el recurrente en su presentación y luego explica la forma en que el Fisco adquiere los bienes inmuebles denominados Sitio 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que forman parte del predio denominado ‘Estero’ sector Laguna, ubicados en el balneario de Pichidangui, comuna de Los Vilos, los que tienen su origen en un decomiso, tal como fue expuesto en el informe de la recurrida DICREP. Que una vez inscritos dichos inmuebles a nombre del Fisco se solicitó a la recurrida DICREP, de acuerdo a las normativa vigente, que realizara el remate de estos inmuebles en pública subasta, lo que aún no ha ocurrido, ya que el Sitio 6 se encuentra ocupado ilegalmente por el recurrente.

Prosigue indicando que no existe acto arbitrario o ilegal, pues el Fisco de Chile, como titular de la propiedad denominada Sitio 6 ubicado en la comuna de Los Vilos, se encuentra realizando las acciones que la Ley lo autoriza. Que tampoco existe una efectiva perturbación, privación o amenaza de garantía constitucional, pues el reclamante carece del dominio del inmueble, por lo que no puede alegar vulneración de su derecho de propiedad conforme al artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República. Señala que, como consta en los documentos que ha acompañado el dominio del inmueble pertenece al Fisco de Chile.

Por tanto, solicita finalmente y tras acompañar documentos para afirmar sus dichos, los que han sido tenidos a la vista por esta Corte, sea rechazado el recurso de protección que ha informado por no existir acto arbitrario o ilegal y tampoco garantía constitucional vulnerada, con costas.

Con lo relacionado y considerando:

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Que, por tanto, es requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Cuarto: Que el recurrente reclama por medio de esta acción constitucional, que ha sido objeto de un acto arbitrario que atenta y vulnera su derecho para adquirir el dominio del inmueble ubicado en domicilio reservado, inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de dicha ciudad, el cual ocupa, sin título alguno, reconociendo además que dicho inmueble lo ocupó, pues no tenía donde vivir y reconociendo que dicho inmueble está inscrito a nombre del Fisco de Chile. Reclama en definitiva su derecho a adquirir el dominio de tal inmueble.

Quinto: Que según ha sido informada esta Corte por las recurrida, la actuación está sujeta al imperio del derecho, ya que por una parte la DICREP ha procedido a accionar según lo indica las normas legales que le rigen y debe proceder a preparar los bienes que se le indican para su subasta y por otra parte el Fisco de Chile informa que el bien ocupado por el recurrente es de su propiedad, el que se encuentra inscrito a su nombre y que se trata de bienes objeto de un decomiso, por lo tanto para el caso de ambas recurridas han actuado en el marco de sus atribuciones, sin que su accionar sea ilegal o arbitrario.

Sexto: Que se ha acompañado a estos autos documentos que dan cuenta de la inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Los Vilos a nombre del Fisco de Chile del inmueble que ocupa el recurrente, inmuebles que han sido objeto de un decomiso en los términos de los artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal.

Séptimo: Que de acuerdo a los antecedentes tenidos a la vista por esta Corte y lo expuesto por el recurrente y el recurrido Fisco de Chile y la recurrida DICREP, estos sentenciadores no ven la arbitrariedad o ilegalidad de la actuación que reclama el recurrente. Que la actuación de la DICREP se enmarca dentro de lo dispuesto por los artículos 469 y 470 del Código Procesal Penal y los artículos 45 y 46 de la Ley Nº 20.000, en relación con el Decreto Supremo Reglamentario Nº 12, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social de 2010 cuya pública subasta si procede, está a cargo de la DICREP, la que debe realizar las gestiones tendientes a cumplir con dicha función.

Que tampoco se vislumbra que exista vulnerada la garantía constitucional que reclama el recurrente, por cuanto no es titular de derecho de propiedad sobre el inmueble que está ocupando, es más, el propio recurrente reconoce en su libelo que no se trata de un bien de su propiedad y de los antecedentes emana que no posee título alguno sobre dicho inmueble.

Que así las cosas, en el caso en estudio no se verifica que el acto reclamado sea arbitrario o ilegal en los términos expuestos precedentemente, lo que lleva indefectiblemente al rechazo del presente recurso.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra del Fisco de Chile y la Dirección General de Crédito Prendario (DICREP)

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la abogado integrante, Elvira Badilla Poblete Rol N° 2389-2017 Civil.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, presidida por el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas e integrada por el Fiscal Judicial señor nombre reservado y la abogada integrante señora Elvira Badilla Poblete.

En La Serena, a quince de marzo de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.