nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE Y OTROS

nombre reservado

Superintendencia de Medio Ambiente y Otros Recurso de Protección Rol N°2380-2023 La Serena, doce de junio de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, el 22 de diciembre de 2023, comparece nombre reservado, por sí y en su calidad de Presidente de la “Agrupación de Vecinos Pro Adelanto Ruta D-427”, e interpone recurso de protección en contra de: 1) CENTELLA TRANSMISIÓN S.A, RUT: RUT reservado, representada legalmente por su Gerente General, don nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado; 2) COORDINADOR ELÉCRICO NACIONAL, persona jurídica de derecho público, sin fines de lucro, con patrimonio propio y de duración indefinida, regida por la Ley 20.936 y su Reglamento, representada por su presidente don nombre reservado, ingeniero, ambos con domicilio en domicilio reservado; y 3) SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE,representada por su Superintendenta Sra. nombre reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente respecto de la recurrida N°1, en no cumplir con la Resolución de Calificación Ambiental de su proyecto; respecto de la N°2, por autorizar la ejecución de obras la primera sin cumplimientos de las autorizaciones medioambientales pertinentes y respecto de la N°3, al no ejercer sus facultades de fiscalización respecto del proyecto de trasmisión eléctrica, lo que vulnera la garantía constitucional dispuesta en el artículo 19 N°8, de la Constitución Política de la República.

Funda su recurso indicando que la recurrida, CENTELLA TRANSMISIÓN S.A., es titular y adjudicataria del proyecto eléctrico de transmisión denominado “Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar-Punta Sierra-Nueva Los Pelambres 2 x 220 Kv- 2x580 MVA”, según consta en el Decreto Supremo Nº18, del Ministerio de Energía, de 11 de octubre de 2018, que “Fija derechos y condiciones de ejecución y explotación de la obra nueva denominada: "Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar -Punta Sierra- Nueva Los Pelambres 2x220 kv, 2x580 MVA", en adelante simplemente el “DT18”.

Indica que la recurrida CENTELLA TRANSMISIÓN S.A., se encuentra, actualmente, ejecutando las obras de su proyecto, sin cumplir previamente con las condiciones objetivas señaladas en el DT18, dentro de los cuales figura, como Hito Nº2, el cumplimiento de la normativa ambiental, en especial, la obtención de la respectiva Resolución de Calificación Ambiental -en adelante indistintamente RCA-, y de los permisos ambientales sectoriales -en adelante indistintamente PAS-.

Añade que el cumplimiento de la normativa ambiental, además está contenido en el artículo 11 inciso 2° de la Ley General de Servicios Eléctricos, contenida en el D.F.L. N°4/20.018 del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, de 12 de mayo de 2006, el cual dispone que “El otorgamiento de las concesiones no eximirá al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales”.

A continuación, manifiesta que conforme las bases de licitación le corresponde al COORDINADOR ELÉCTRICO NACIONAL, -en adelante indistintamente CEN- supervisar la ejecución del proyecto, supervigilando el estado de avance del mismo, pero conforme la información disponible contenida en los informes de avance signados como “NUP 1136”, entregados periódicamente al CEN, respecto de los avances y cumplimientos normativos del Proyecto eléctrico de transmisión, consta fehacientemente que el auditor técnico ha informado, reiteradamente que no se han tramitado los permisos medio ambientales sectoriales. En concreto señala que en el informe de avance del mes de enero, junio y octubre de 2023, se deja constancia de “El Auditor deja constancia que el Adjudicatario con pleno conocimiento ha iniciado obras sin la aprobación de los permisos ambientales sectoriales 148,149 y 151.”, sin que este recurrido adopte alguna medida, debiendo hacerlo, por lo que constituye una omisión ilegal y arbitraria de dicha Corporación de Derecho Público.

Refiere que CEN informa públicamente que el Proyecto eléctrico de transmisión ha cumplido con el Hito Relevante Nº2, relativo a materias medioambientales, a pesar de que ello no es efectivo.

En cuanto al tercer recurrido, SUPERINTENDENCIA DEL MEDIO AMBIENTE, (SMA) manifiesta que ha informado a la recurrida por distintos afectados, que CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. está ejecutando obras no autorizadas en la Resolución de Calificación Ambiental, y sin contar con los PAS, no obstante ello omitido toda acción preventiva y conducente, proactiva y con sentido de urgencia, en contra de CENTELLA TRANSMISIÓN S.A., que permita asegurar el derecho de vivir en un medio ambiente libre de contaminación, postergando injustificadamente la adopción de medidas.

En cuanto a los fundamentos de derecho, cita y reproduce los artículos 19 N° 8 de la Constitución Política de la República, que consagra el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el artículo 11 inciso 2° de la Ley General de Servicios Eléctricos, que dispone que el otorgamiento de concesiones no exime al concesionario del cumplimiento de todas las normas legales y reglamentarias pertinentes, en especial las que regulan materias medioambientales, las bases de licitación, en cuanto ordenan que la ejecución del proyecto debe efectuarse por Coordinador y lo prescito en la ley 20.417, que crea la Superintendencia del Medio Ambiente, que disponen que este órgano debe fiscalizar permanentemente el cumplimiento de las normas, condiciones y medidas establecidas en las Resoluciones de Calificación Ambiental.

Previa citas legales pide se acoja la acción cautelar constitucional deducida, adoptando de inmediato las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, resolviendo, en especial: A) Que se ordena a CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. suspender la ejecución material del Proyecto de Transmisión y cumplir con la RCA de su proyecto, gestionando, en forma previa, todos los permisos ambientales sectoriales exigibles; B) Que se ordena a CENTELLA TRANSMISIÓN S.A. abstenerse de ejecutar obras no autorizadas en su RCA y/o en los permisos ambientales sectoriales exigibles; C) Que se ordena al CEN y/o a la SMA, ejercer, con proacción, prontitud y sentido de urgencia, todas sus competencias legales para preservar y proteger el medioambiente, y para controlar, fiscalizar, y en su caso sancionar, o gestionar la sanción de CENTELLA TRANSMISIÓN S.A., conforme a Derecho. D) Que se condene al o los recurridos al pago las costas de la presente causa, en caso de oposición.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de Decreto Supremo Nº18, del Ministerio de Energía, de fecha 11.10.18, que “Fija derechos y condiciones de ejecución y explotación de la obra nueva denominada: "Nueva Línea Nueva Pan de Azúcar - Punta Sierra - Nueva Los Pelambres 2x220 kv, 2x580 MVA"; 2. Copia de las Bases de Licitación que regulan la ejecución del Proyecto Eléctrico de transmisión, contenidas en la Resolución Exenta Nº518, de la Comisión Nacional de Energía, de 21 de septiembre de 2017; 3. Copia del Informe Técnico auditado, “NUP 1136”, correspondiente al mes de enero de 2023; 4. Copia del Informe Técnico auditado, “NUP 1136”, correspondiente al mes de junio de 2023; 5. Copia del Informe Técnico auditado, “NUP 1136”, correspondiente al mes de octubre de 2023; 6. Copia de Acta de Inspección de 26 de abril de 2022, realizada por la Superintendencia de Medioambiente, Región de Coquimbo, respecto del Proyecto, en actual construcción, y que da cuenta de la ejecución de obras no autorizadas, uso y construcción de caminos no autorizados, daños a la flora, entre otros; 7. Copia de Acta de Inspección de 18 de mayo de 2022, realizada por la Superintendencia de Medioambiente, Región de Coquimbo, respecto del Proyecto, en actual construcción, y que da cuenta de la ejecución de obras no autorizadas, uso y construcción de caminos no autorizados, daños a la flora, entre otros; 8. Copia de Acta de Inspección de 27 de octubre de 2022, realizada por la Superintendencia de Medioambiente, Región de Coquimbo, respecto del Proyecto, en actual construcción, y que da cuenta de la ejecución de obras no autorizadas, uso y construcción de caminos no autorizados, daños a la flora, entre otros; 9. Copia de personería para actuar en representación de la “Agrupación de Vecinos Pro Adelanto Ruta D-427, Registro Nº1986/FS1049 de Las Barrancas”.

SEGUNDO: Que, a folio 34 comparece el letrado SEBASTIÁN GUERRA ESPINOZA en representación de IINVERSIONES LIMITADA, en calidad de tercero coadyuvante, indicando que es dueña exclusiva del predio rústico denominado “Corral de Julio”, en adelante “Predio Corral de Julio” ubicado en el punto denominado Hornillos, comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Región de Coquimbo.

Menciona que conforme al Decreto Supremo N°35 del Ministerio de Energía, de 31 de mayo de 2023, Centella Transmisión S.A. obtuvo una concesión eléctrica para un proyecto de transmisión de energía, denominado “NUEVA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 2X220 KV SUBESTACIÓN PUNTA SIERRA - SUBESTACIÓN CENTELLA", EN LA REGIÓN DE COQUIMBO, PROVINCIAS DE LIMARÍ Y CHOAPA, COMUNAS DE OVALLE, CANELA, ILLAPEL Y SALAMANCA”, ejecutando obras materiales sobre el predio de su representada, con abierto incumplimiento con la legislación ambiental, como asimismo, sin contar los permisos sectoriales necesarios.

En concreto señala que en el informe de avance del mes de enero, junio y octubre de 2023, evidencia que el “El Auditor deja constancia que el Adjudicatario con pleno conocimiento ha iniciado obras sin la aprobación de los permisos ambientales sectoriales 148,149 y 151.”, sin que este recurrido adopte alguna medida, debiendo hacerlo, por lo que constituye una omisión ilegal y arbitraria de dicha Corporación de Derecho Público. Agregando que el reciente mes de marzo del presente año, en el INFORME MENSUAL N°56, NUP1136, del auditor técnico independiente, indica que lo permisos 148,149, 151 y 156, se mantienen en el mismo estatus informado hace más de un año.

Añade que en abril del presente año, recibió la carta N° 384 de 16 de abril pasado, emitida por don nombre reservado, Director Regional CONAF, donde se le informa que respecto de la denuncia efectuada en contra de CENTELLA S.A, se presentará denuncia al Juzgado de Policía Local de Ovalle, dentro del mes de abril, agregando que se le indicó que no se ha presentado plan de corrección (Ley 20.283) o plan de manejo de corrección (DL 701).

Menciona que lo comunicado por CONAF, se fundamenta en los informes de fiscalización predial N°1/2005 – 15/23, del 10 de enero 2024, y 4/2007 – 15/23 del 10 de enero de 2024, que da cuenta, de los distintos daños e impactos ambientales a las especies arbóreas protegidas, flora y fauna y al suelo del ecosistema, ocasionados por la ejecución del proyecto Centella en el “Predio Corral de Julio”, producidos por la corta sin plan de trabajo.

Refiere que la Superintendencia del Medio Ambiente, incurre en una omisión ilegal y arbitraria al no adoptar medidas necesarias para prevenir o evitar el daño ambiental constatado en el Informe de CONAF, lo que le fue comunicado mediante el Oficio Ordinario N°88/2022 del Director Regional de la Dirección Regional De Coquimbo, dando cuenta del requerimiento N°87 del 02 de Junio del 2022, en que se especifican en detalle los impactos ambientales negativos a la flora y al ecosistema del “Predio Corral de Julio”, al 30 de agosto del 2022, y al 26 de abril, 18 de mayo y 30 de agosto del 2022, respetivamente.

Acota que el 23 de marzo del 2023, efectuó la denuncia ante la Superintendencia de Medio Ambiente por los mismos hechos que se describen esta acción, en contra de Centella S. A, la cual se tramita bajo el número bajo el número 28840.

En cuanto al Coordinador Eléctrico Nacional, advierte omisiones atribuibles a su rol legal de supervigilar la correcta y debida ejecución del proyecto, por cuanto no ha actuado con la debida diligencia y con estricta sujeción a las bases de licitación, garantizando el cumplimiento de la ley, en especial de la ley ambiental, que permiten prevenir o evitar el daño ambiental; infringiendo, además, el Principio de la estricta sujeción a las bases de la licitación, consagrado en consagrado en el artículo 10 de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios.

Acusa infracción al artículo 8 de la Constitución Política, 11 inciso 2° de la Ley General de Servicios Eléctricos, las bases de licitación y lo dispuesto en artículo 3 de la Ley 20.417 crea la Superintendencia del Medio Ambiente.

En la parte petitoria reitera lo solicitado por el recurrente.

TERCERO: Que, a folio 37, evacúa informe CENTELLA TRANSMISIÓN S.A, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Funda su petición indicando que los hechos denunciados se encuentran hoy plenamente bajo el imperio del derecho: los organismos con competencias ambientales y sectoriales han ejercido sus facultades de fiscalización y sanción con respecto a su representada. En efecto, Centella ha sido objeto de procedimientos de fiscalización y requerimientos de información por parte de la SMA en relación con denuncias efectuadas por los propios recurrentes.

Agrega que CONAF ha iniciado procedimientos de sanción y corrección ante Juzgados de Policía Local con respecto a estos hechos. Por su parte, Centella Transmisión S.A se encuentra elaborando Planes de Manejo de Corrección con el fin de subsanar las desviaciones imputadas por CONAF.

Indica que, los hechos en cuestión tuvieron lugar hace largo tiempo. En el caso de los recurrentes originales, se trata de intervenciones ejecutadas en 2022, mientras que en el predio de los terceros se discuten intervenciones realizadas antes de octubre de 2023, por lo que la acción de protección es extemporánea.

Acota, por otro lado, que el recurso ha perdido objeto y oportunidad, toda vez que el proyecto se encuentra hoy completamente construido y no existen futuras actividades de construcción. En efecto, la construcción del proyecto finalizó oficialmente el 13 de abril de 2024, siendo calificado ambientalmente favorable por la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo mediante resolución exenta Nº55/2021 de 6 de abril de 2021.

Añade que la SMA efectúo actividades de fiscalización al proyecto –incluyendo el sector donde se encuentran los recurrentes– y ha formulado requerimientos de información a su representada. Mencionando que por su parte la SEC ha recibido y gestionado las denuncias de los recurrentes aun cuando estas se encuentran fuera de sus competencias sectoriales.

Indica que el proyecto de Centella Transmisión S.A cuenta con una evaluación ambiental favorable, la que se plasma en la RCA 55/2021. Ello se traduce en que todas las actividades fueron debidamente evaluadas, por lo que los impactos derivados de estas se encuentran autorizados por la autoridad ambiental correspondiente, contando con medidas de mitigación y compensación, demostrando que el proyecto de su representada y sus impactos han sido evaluados y autorizados por la autoridad ambiental.

Refiere que conforme a lo anterior no han vulnerado su derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, respecto del cual no se acompaña ningún antecedente que permita acreditar la existencia de una vulneración, perturbación o amenaza de dicho derecho.

En cuanto al tercero coadyuvante, una sociedad de responsabilidad limitada, alega que estos mismos hechos vulnerarían su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, indica que la jurisprudencia y doctrina han recalcado que este derecho asiste únicamente a las personas naturales. En efecto, solo por excepción se admite legitimación activa de las personas jurídicas para incoar una acción de protección bajo el derecho a vivir en medio ambiente libre de contaminación, cuando estas tienen reconocido en sus estatutos como su objeto la protección del medio ambiente.

CUARTO: Que, a folio 29, evacua informe el Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Indica que la supervisión del Coordinador se enmarca en el ejercicio de sus competencias técnicas, para velar por el correcto avance del Proyecto de Transmisión. En caso de incumplimiento del Adjudicatario, el CEN debe informar al Ministerio de Energía y la SEC, cosa que efectivamente se hizo.

Refiere que Bases de Licitación consideran la definición de 5 Hitos Relevantes, cuyo objetivo es dar cuenta del avance constructivo del Proyecto de Transmisión y sobre los cuales el Coordinador debe supervisar el cumplimiento técnico dentro de los plazos definidos para cada uno de ellos en el D.S. N°18T y que el Hito Relevante N°2 (“HR N°2”), considera 5 requisitos para su cumplimiento, a saber: (i) Emisión de las Órdenes de Compra de Suministros; (ii) Obtención de la Resolución de Calificación Ambiental; (iii) Permisos Sectoriales necesarios para el inicio de construcción; (iv) Seguros Contratados; y (v) Admisibilidad de la Solicitud de Concesión Definitiva.

Menciona que, en cuanto a la obtención de RCA, el adjudicatario presentó todos los antecedentes asociados al proceso de evaluación ambiental iniciado en mayo de 2019, pero a la fecha de cumplimiento del HR N°2 el Proyecto de Transmisión no contaba con Resolución de Calificación Ambiental (“RCA”) aprobada. Debido a ello, el Coordinador confirmó que el requisito no fue cumplido dentro de plazo y respecto de los permisos sectoriales para el inicio de la construcción, destacando que el D.S N°18T se limita a señalar que “se requiere la obtención de los permisos sectoriales necesarios para el inicio de la construcción de la obra”. Sin embargo, dicha norma no contiene una definición de los permisos requeridos ni del concepto de inicio de la construcción de la obra. Por esta razón, durante el mes de mayo de 2020, en el contexto de su función de supervisión, el Coordinador definió el concepto de inicio de la construcción de la obra, lo cual fue informado a las empresas transmisoras con obras nuevas en desarrollo, a lo cual nos referiremos más adelante.

Concluye en este punto indicando que debido a que Centella Transmisión S.A. no cumplió dentro de plazo con el requisito de obtención de la RCA del Proyecto de Transmisión, el Coordinador informó el incumplimiento del HR N°2 al Ministerio de Energía con copia a la SEC, según consta en la carta DE 01223-21, de 17 de marzo de 2021.

Luego de lo anterior, mediante Resolución Exenta N°55 de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, de 6 de abril de 2021, Centella Transmisión S.A. obtuvo la RCA del Proyecto de Transmisión. Así, a través de carta DE 01902-21, de 26 de abril de 2021, el Coordinador informó al Ministerio de Energía que dicha empresa había cumplido -fuera de plazo- el HR N°2, lo cual se había verificado el 8 de abril de 2021.

Refiere que finalmente cumplimiento final del HR N°2 quedó fijada para el 19 de octubre de 2021. Según se explicó precedentemente, el HR N°2 fue cumplido por el Adjudicatario el 8 de abril de 2021, esto es, dentro del plazo concedido por aplicación de fuerza mayor por parte del Ministerio de Energía.

Acota que, hasta la fecha, han transcurrido más de 3 años desde que el CEN informó al Ministerio de Energía el cumplimiento del HR N°2. Desde entonces, Centella Transmisión S.A. ha continuado con la ejecución del Proyecto de Transmisión y actualmente está pendiente de cumplimiento el Hito Relevante N°5, según consta en los informes mensuales de supervisión emitidos por el Coordinador a través de la Plataforma de Supervisión de Obras en Ejecución.

Hace presente que pese que en el recurso no se invoca ninguna violación de garantías constitucionales ni la forma en que se habría producido dicha violación, entiende que la garantía supuestamente conculcada por el CEN sería la del artículo 19 N°8 de la Constitución.

Agrega que estima que el recurso ha sido interpuesto de forma extemporánea, por cuanto si bien rechaza que el Coordinador haya incurrido en un acto u omisión arbitraria o ilegal, para los efectos del plazo de interposición del presente recurso lo relevante es que el acto y la omisión contra los cuales se dirige el recurso se habrían cometido en abril de 2021, interponiendo el recurso con fecha día 12 de diciembre de 2023.

Acusa de igual forma falta de legitimación activa de la Agrupación de Vecinos Pro Adelanto Ruta D-427 y de “todos los vecinos afectados”, sin indicar determinadamente quiénes serían esos vecinos, por cuanto la acción de protección no tiene el carácter de popular. Así, la Agrupación de Vecinos Pro Adelanto Ruta D-427 no es un habitante de la comuna supuestamente afectada y, por ende, carece de legitimación activa para accionar a través del presente recuso de protección.

Refiere que el CEN no ha actuado en forma arbitraria ni ilegal, que su conducta se ajusta a la ley y ha sido fundada, por cuanto tiene facultades para fiscalizar el cumplimiento de las normas medioambientales.

Alega finalmente que el recurrente no señala expresamente que en este caso se hubiera conculcado la garantía del artículo 19 N°8 de la Constitución. Lo anterior lleva a concluir que no existe ningún derecho indubitado que esté siendo lesionado por el Coordinador y que sea susceptible de ser tutelado en esta sede.

Acompaña los siguientes documentos:

1. Resolución Exenta N°518 de la Comisión Nacional de Energía, de 21 de septiembre de 2017; 2. Decreto Supremo N°18T del Ministerio de Energía, de 11 de octubre de 2018; 3. Decreto N°37 del Ministerio de Energía, de 6 de mayo de 2019, que aprueba el Reglamento de los Sistemas de Transmisión y de la Planificación de la Transmisión; 4. Carta CA CENT. 019/2020, de 28 de septiembre de 2020, de Centella Transmisión S.A; 5. Informe de Modificación de Hito Relevante N°2, notificado al Ministerio de Energía y a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a través de carta DE05815-20; 6. Carta CA CENT. 001/2021, de 14 de enero de 2021, de Centella Transmisión S.A.; 7. Carta CA CENT. 005/2021, de 18 de febrero de 2021, de Centella Transmisión S.A.; 8. Carta DE 01223-21, de 17 de marzo de 2021, del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional; 9. Resolución Exenta N°55 de la Comisión de Evaluación de la Región de Coquimbo, de fecha 6 de abril de 2021; 10. Resolución Ministerial Exenta N°47 de dicho ministerio, de fecha 26 de octubre de 2021, del Ministerio de Energía; 11. Decreto Supremo N°12T del Ministerio de Energía, de 17 de noviembre de 2021; 12. Carta DE 01902-21, de 26 de abril de 2021, del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional; 13. Resolución Exenta UCE 1070, de 25 de noviembre de 2019, de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles: 14.Carta DE02515-20, de 25 de mayo de 2020, del Coordinador Independiente del Sistema Eléctrico Nacional.

QUINTO: Que, a folio 28, evacúa informe la Superintendencia de Medio Ambiente indicando que no ha incurrido en acción u omisión ilegal alguna, en atención a que ha ejercido y continúa ejerciendo actividades de fiscalización respecto del proyecto denunciado, existiendo un expediente de investigación en curso; el recurso de protección no es la vía idónea para conocer de los hechos que motivan esta acción constitucional, en tanto aquellos no corresponden a derechos indubitados, sino que a materias que deben ser investigadas y zanjadas a través de procedimientos diversos. Así las cosas, señala que la acción de protección interpuesta resulta inidónea e ineficaz, dado que los supuestos fácticos en que se funda, ya se encuentran sometidos al imperio del derecho y siendo analizados por la institucionalidad ambiental vigente, es decir la SMA.

Agrega que el 14 de septiembre de 2022, el Sr. nombre reservado presentó una denuncia en contra del proyecto denunciando, la que decía relación con materias que no son objeto del presente recurso de protección. En concreto, en dicha oportunidad el recurrente indicó como hechos denunciados en el formulario de denuncia digital N°23931, lo siguiente:

“POR INCUMPLIMIENTO EN LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN EN LA COMUNIDAD, EXCESOS DE VELOCIDAD MEJORAMIENTO DE CAMINOS NULOS, NINGÚN RIEGO CONSTANTE DE LOS CAMINOS, NO CUMPLIR CON LA LIMPIEZA DE ÁREAS DE TRABAJO Y CAMINOS. ADEMÁS SE DENUNCIA NULO CONTROL DE ESTAS EMPRESAS EN LA SEGURIDAD ACCIDENTES LABORALES Y TRABAJOS NOCTURNOS EN LOS CERROS CONCRETANDO CONTRATOS FALSOS Y FIRMAS FALSAS DE LOS TRABAJADORES”.

Advierte que el recurrente en ningún momento acusó la no obtención de los permisos ambientales sectoriales por parte del titular en la ejecución de su proyecto, pero no obstante aquello con ocasión de la presentación de denuncias presentadas por terceros, dicha Superintendencia igualmente ha ejercido sus competencias legales en relación con los hechos materia de la acción de autos.

Añade que el 28 de octubre de 2022, mediante Ordinario N° Siden-Coquimbo-324-2022, el Jefe de la Oficina Regional de Coquimbo informó al Sr. nombre reservado sobre el ingreso de su denuncia al sistema de la SMA, su incorporación al proceso de planificación de fiscalización y junto con ello, el inicio de la investigación correspondiente al expediente de denuncia ID 344-IV-2022.

Acota que ha efectuado una serie de serie de actividades de fiscalización, consistentes en siete requerimientos de información, tanto al titular como a organismos técnicos, 3 inspecciones ambientales, un Informe de Fiscalización Ambiental y diversas actividades de análisis y examen de información.

Conforme a lo señalado en las actas de inspección ambiental de 26 de abril y 18 de mayo de 2022, hace presente que los fiscalizadores de la SMA constataron la intervención y afectación de diversas especies de vegetación.

Agrega que estos y otros hallazgos constatados durante la etapa investigativa, fueron sistematizadas en el respectivo Informe de Fiscalización Ambiental, el que fue derivado a la División de Sanción y Cumplimiento para su análisis y que servirá de insumo para la verificación o descarte de posibles infracciones de competencia de este Servicio.

Conforme lo anterior los hechos discutidos en autos se encuentran actualmente siendo analizados por esta Superintendencia, tratándose de una investigación en curso, que tiene por objeto precisamente determinar posibles infracciones a la RCA del proyecto denunciado y que se encuentra a cargo del órgano competente, la SMA, mediante el procedimiento establecido en la normativa ambiental aplicable.

Indica que el recurso de protección de autos perdió su objeto porque ya existe un procedimiento administrativo en curso y que los hechos materia del recurso no corresponden a derechos indubitados.

Conforme a lo anterior no es en ningún caso posible estimar que existe una acción u omisión ilegal imputable a esta SMA. La Superintendencia ha actuado de manera oportuna, habiendo realizado actividades de fiscalización conforme lo estipula la normativa ambiental aplicable, motivo por el cual pide el rechazo del recurso.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Copia de Formulario de Denuncia Digital N°23931, de 14 de septiembre de 2023 correspondiente al expediente de denuncia ID 344-IV-2022. 2. Copia de Ordinario N° Siden-Coquimbo-324-2022, de 28 de octubre de 2022, de la Oficina Regional de Coquimbo. 3. Copia de Ordinario O.R.C. N°56 de 08 de abril de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 4. Copia de Acta de Inspección Ambiental de fecha 26 de abril de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 5. Copia de Acta de Inspección Ambiental de 18 de mayo de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 6. Copia de Ordinario O.R.C. N°87 de 02 de junio de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 7. Copia de Resolución Exenta ORC N°56, de 08 de agosto de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 8. Copia de Acta de Inspección Ambiental de fecha 27 de octubre de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 9. Copia de Resolución Exenta ORC N°69, de 28 de septiembre de 2022, de la Superintendencia del Medio Ambiente. 10. Copia de Resolución Exenta ORC N°04, de 09 de enero de 2024, de la Superintendencia del Medio Ambiente.

SEXTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SÉPTIMO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

OCTAVO: Que previamente, y respecto de la legitimación activa de los recurrentes, se hace necesario expresar que alguno de los actores del libelo constitucional no están adecuadamente individualizados, y tampoco han demostrado tener un derecho fundamental indubitado que esté siendo vulnerado, como lo han expresado los recurridos al informar el recurso de autos. En efecto, seis de ellos no corresponden a personas naturales, ni tampoco a personas jurídicas con un rol u otro elemento distintivo, desconociéndose si se trata de personas jurídicas legalmente constituidas, por lo que resulta pertinente recordar al respecto, que según lo ha manifestado la Corte Suprema, la acción constitucional de protección no constituye una acción popular, dado que la misma fue establecida como un medio de cautelar la urgencia que se pide respecto de personas determinadas e intereses concretos, que sufran perturbación, privación o amenaza de alguno de sus derechos garantizados en la Constitución.

Así las cosas, del libelo recursivo se consigna que el recurrente, nombre reservado interpone además por si el presente recurso, de manera que es menester seguir adelante con el conocimiento de esta acción constitucional a su respecto.

NOVENO: Que por otra parte, respecto de lo expresado por los actores como vulneración de las garantías que reclaman, los recurrentes han expresado que para sanear el incumplimiento de la resolución que reclaman -de Calificación Ambiental-, es que a partir del día 7 de marzo de 2024 se han interpuesto denuncias en la SMA en relación a las obras que se están realizando en las torres ubicadas en la localidad de Placilla de Peñuelas (especialmente CP74A, CP75A, CP76), todo ello en virtud de lo que al efecto señala el artículo 35 de la ley Nº 20.417 que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, entregando exclusivamente a la Superintendencia el ejercicio de la potestad sancionadora respecto a las infracciones que los recurrentes han señalado en su libelo constitucional.

DÉCIMO: Que, por lo tanto, y en relación a lo expuesto precedentemente, es un hecho reconocido que los recurrentes, con anterioridad a la interposición del presente arbitrio, que decidieron denunciar lo que ahora han reclamado por esta vía constitucional, siendo el soporte de aquella, los mismos argumentos que la presente, debiendo reiterarse a este respecto, que la Superintendencia del Medio Ambiente es el organismo que de forma exclusiva debe conocer el reclamo que se ha presentado, por disponerlo de forma expresa la disposición que se ha señalado, no siendo esta la vía cautelar a la cual corresponda resolver el asunto que ya está conociendo el organismo especializado referido, como se expresará, debiendo añadirse, además, que en autos no existe ningún antecedente que demuestre que las actuaciones realizadas por los recurridos sean una amenaza o vulneración al derecho a la vida de los recurrentes, como se pretende, todo lo cual, unido a lo expresado anteriormente, hará que se rechace el arbitrio deducido en tal sentido.

UNDÉCIMO: Que, adicionalmente es necesario enfatizar, que como reiteradamente ha sostenido por la Excma. Corte Suprema, el recurso de cautela de derechos constitucionales constituye un arbitrio destinado a dar protección respecto de derechos que poseen el carácter de indubitados y no discutidos, circunstancias que no concurre en la especie, en vista de los argumentos previamente reseñados, de los que se evidencia que las recurridas han negado haber incurrido en las actuaciones u omisiones arbitrarias o ilegales que se les imputan.

DUODÉCIMO: Que, constatándose la existencia de una controversia en cuanto a la procedencia del mentado derecho, ello impide considerar que los recurrentes cuenten con un derecho de naturaleza indiscutida, contienda que no puede ser esclarecida por medio de esta acción cautelar de derechos constitucionales, pues ésta no constituye una instancia de declaración de derechos sino que de cautela y protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren amenazados o afectados por alguna acción u omisión ilegal o arbitraria y por ende en situación de ser amparados.

DÉCIMO TERCERO: Que sobre la base de lo razonado es posible concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección, sin perjuicio de lo que se decida en el procedimiento seguido ante la Superintendencia de Medio Ambiente, según lo informado mediante el Ordinario No 3133 de 20 de diciembre de 2022.

En vista de lo razonado, y de conformidad asimismo, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de esta Corte Suprema sobre la materia, se declara que:

I. Se acoge la excepción de falta legitimación activa, respecto de la Agrupación de Vecinos Pro Adelanto Ruta D-427 y de “todos los vecinos afectados”.

II. Se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a folio 1, por don nombre reservado, por sí, en contra de Centella Transmisión S.A, del Coordinador Eléctrico Nacional, y, en contra de la Superintendencia Del Medio Ambiente.

Redacción de la Ministra señora Gloria Negroni Vera.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2380-2023 Protección.-