nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA SERENA

nombre reservado de los Ángeles Ilustre Municipalidad de La Serena Recurso de Protección Rol N° 2365-2017.- La Serena, veintiocho de febrero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados y domiciliados en domicilio reservado, quienes interponen a favor de nombre reservado, RUN RUT reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliada sólo para estos efectos en domicilio reservado, recurso de protección en contra de la Ilustre Municipalidad de La Serena, representada por su Alcalde Roberto Elías Jacob Jure, ambos domiciliados en domicilio reservado, por haber incurrido en actos arbitrarios que vulneran el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en nuestra carta fundamental en virtud de los siguientes antecedentes.

Señala el recurso que la recurrente es ciudadana venezolana con residencia temporal en Chile y tiene la imperiosa necesidad de rendir su examen de conducir con el objeto de movilizarse y de ejercer dicho derecho libremente. Indica el libelo recursivo que con fecha 17 de octubre de 2017 la Dirección del Tránsito de la Ilustre Municipalidad de La Serena, le negó́ arbitrariamente y de manera discriminatoria, la posibilidad de rendir dicho examen. Lo anterior bajo el argumento que, uno de los requisitos exigidos para obtener dicha licencia, esto es, el requisito de educación, al ser un documento extranjero no era suficiente para acreditar el hecho de haber aprobado la educación básica chilena. El documento presentado, consistía en su certificado de Licenciatura universitaria emitido por la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, esto es un certificado UNIVERSITARIO, que se encontraba debidamente apostillado conforme al Convenio de la Apostilla de la Haya, Agregan que doña nombre reservado cumple con todas las exigencias prescritas por la ley de tránsito 18.290, es mayor de 18 años; tiene cédula identidad chilena vigente; declaración jurada que reside en la comuna; y copia autorizada ante notario de su Licenciatura Universitaria debidamente apostillada de acuerdo a la legislación actual. Además, indican que su representada requirió́ mediante una solicitud de acceso a la información pública, a la Ilustre Municipalidad de La Serena, que se le aclarase qué requisito adicional al vigente en nuestro ordenamiento jurídico se le exigía para solicitar rendir los exámenes correspondientes para obtener su licencia de conducir. Estiman que la Dirección del Tránsito está vulnerando el derecho consagrado en el numeral 2° del artículo 19 de la Constitución, toda vez que se está́ atribuyendo facultades que no tendría, ya que no es legislador para modificar la ley de tránsito o la convención de la Haya. Señalan que la autoridad municipal confunde la convalidación de estudios, que tiene por objeto ejercer la profesión por la recurrente, con el requisito que tiene por objeto obtener una licencia.

En resumen, la autoridad recurrida se atribuye facultades que no goza, realiza exigencias que no existen, que a saber son, una mayor exigencia en cuanto a documentos apostillados que cumplen con la normativa aplicable, y de esta manera restringe, conculca y vulnera el derecho constitucional de igualdad ante la ley, estableciendo de manera clara diferencias arbitrarias.

Señalan que dicha actitud discriminatoria por parte de la autoridad, le ha generado distintas afectaciones y perjuicios anexos, a modo de ejemplo se le está impidiendo movilizarse con total libertad por el país, vulnerándose, de esta manera, su libertad ambulatoria. Además de ello existen ciertos empleos en que se exige contar con licencia de conducir, y al ponerse este impedimento le coartan su libertad de trabajo, de ejercer una actividad remunerada, y un sin número de vulneraciones que van de la mano con este acto ilegal.

Agregan que el plazo para la interposición del presente recurso se encuentra vigente, aún más no comienza a correr, toda vez que se trata de un acto de ejecución permanente, por la cual se le impide comenzar su trámite de solicitar licencia, y dicho acto positivo no ha cesado. Cuando el acto positivo es una conducta permanente, que se mantiene en el tiempo, o cuando la omisión es permanente, se entiende que el plazo se mantiene vigente, y que recién comienza a correr cuando dicho acto u omisión hayan cesado.

Sin perjuicio de lo anterior, indican que a su juicio el plazo para la interposición del presente recurso recién vencería el 17 de diciembre del 2017, en razón que ella, el día 18 de octubre de 2017, siguiente a aquel en que se produce la negación para iniciar el trámite de obtención de licencia de conducir, interpuso una solicitud mediante ley de transparencia, en donde expone y pide las razones de la negación a dicho trámite, a lo cual sólo recibió respuesta con fecha 17 de noviembre 2017 mediante ORD N° 1558.

Agregan que las garantías constitucionales afectadas son las consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República de Chile: LA IGUALDAD ANTE LA LEY; ya que estiman que la autoridad administrativa de donde emanó el acto lesivo a este derecho ha omitido este concepto, ya que ha establecido diferencias arbitrarias, no contempladas en la ley, para obtención de la licencia de conducir a la recurrente, al exigirle un requisito que no existe en la ley, y que la convención de apostillas de La Haya proscribe.

Explican que en relación a acreditar ser egresada de enseñanza básica, aluden al adagio del Derecho “A maiori ad minus”, acompañó su certificado Licenciatura universitaria de la Universidad Simón Rodríguez, debidamente apostillada según convenio de La Haya, pero que a juicio de la autoridad competente le es insuficiente por ser extranjera, estableciendo diferencias y condiciones arbitrarias e ilegales, y que vulneran el derecho de la Igualdad ante la Ley, igualdad ante la ley tanto para extranjeros como connacionales.

En definitiva, se solicita a esta Corte se ordene restablecer el imperio del Derecho, requiriendo a la Ilustre Municipalidad de La Serena y a su Dirección de Tránsito, gestionar debidamente el trámite de obtención de licencia de conducir de la recurrente, sin establecer requisitos adicionales a los ya exigidos por las leyes, con expresa condena en costas.

La parte recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Copia legalizada de cédula de identidad de extranjeros de la recurrente de fecha 11 de octubre de 2017; 2. Declaración jurada de domicilio otorgada ante notario, de fecha 10 de octubre de 2017; 3. Copia legalizada ante notario de fecha 11 de octubre de 2017 de certificado de Licenciatura universitaria emitido por la Universidad Simón Rodríguez de Venezuela, y debidamente apostillado al reverso; 4. Ordinario N° RT 1558 de fecha 17 de noviembre de 2017, emitido por Ilustre Municipalidad de La Serena; 5. Captura de pantalla de página web oficial de la Ilustre Municipalidad de La Serena relativo a requisitos para obtener licencia de conducir; 6. Captura de pantalla de página web oficial de la Ilustre Municipalidad de Lo Barnechea relativo a requisitos para obtener licencia de conducir; 7. Captura de pantalla de página web oficial de la Ilustre Municipalidad de Santiago relativo a requisitos para obtener licencia de conducir; 8. Captura de pantalla de página web oficial de la Ilustre Municipalidad de Quilicura relativo a requisitos para obtener licencia de conducir; 9. Captura de pantalla de página web oficial de la Ilustre Municipalidad de San Joaquín relativo a requisitos para obtener licencia de conducir.

Evacuando el informe solicitado, comparece FERNANDO NAZER CASTRO, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de La Serena, quien sostiene que el recurso que da origen a estos autos resulta extemporáneo, al tenor de las normas que lo regulan en su forma y fondo, así́ como los hechos expuestos en la acción. En efecto, indica que el recurso interpuesto reconoce que el acto contra el cual reclama ocurrió́ el día 17 de octubre de 2017, y este fue interpuesto 59 días con posterioridad a su ocurrencia, sobrepasando con creces los 30 días corridos que señala la normativa correspondiente.

Señala que es dable aclarar que las solicitudes realizadas por el portal de transparencia y acceso a la información pública no tiene por fin la obtención de resoluciones sobre otras materias que no se refieran a la obtención de información, ello se desprende del tenor de la Ley N° 20.285 Sobre Acceso a la Información Pública, que señala que su finalidad -y en consecuencia la del portal al que alude el recurrente- es regular el principio de transparencia de la función pública, el derecho de acceso a la información de los órganos de la Administración del Estado, los procedimientos para el ejercicio del derecho y para su amparo (del derecho de información), y las excepciones a la publicidad de la información. En consecuencia, se puede establecer que el acceso a la información pública no implica la obtención de un acto resolutivo, sino que el requerimiento de información, y así́ ocurrió́ respecto de la solicitud señalada en el recurso que fue resuelto el 17 de noviembre 2017.

El informe, señala que el acto sobre el cual se está reclamando a través de la acción de protección es lo que expuso el Director de Tránsito a la señora nombre reservado de fecha 17 de octubre de 2017, y por lo tanto el recurso resulta extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, el informe indica que a la recurrente no se le ha negado la posibilidad de rendir el examen para la obtención de licencia de conducir, si no que se le ha solicitado cumplir los requisitos que la Ley de Tránsito N° 18.290 y el respectivo reglamento.

En relación a lo anterior, informa que en lo que respecta a ciudadanos extranjeros con residencia en Chile, cuyos países no cuenten con un convenio de canje de sus respectivas licencias de conducir, se debe obligatoriamente cumplir con los mismos requisitos que son exigidos a los nacionales para la obtención de la Licencia de conducir, entre los que se encuentra el nivel de estudios de acuerdo a la normativa chilena.

Debe considerarse que ya en Diciembre de 2014, el Jefe de la División Legal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, oficiando a la Directora de Tránsito de la Municipalidad de Quinta Normal señaló́ que corresponde a las competencias del Ministerio de Relaciones Exteriores la legalización de documentos y a las competencias del Ministerio de Educación la determinación y equivalencia del grado académico, debiendo someterse a los procedimientos respectivos los documentos para verificar su validez, entendiéndose por lo tanto, que las Direcciones de Tránsito de las Municipalidades no tienen las competencias que le corresponden a estos servicios, lo que finalmente se enmarca dentro del Principio de Legalidad, debiendo cada servicio actuar dentro del marco legal, y de acuerdo a sus atribuciones. Sin embargo, y teniendo presente la entrada en vigencia del Convenio de la Apostilla de la Haya, muchos municipios tuvieron dudas respecto a su aplicación en relación a documentos emitidos en el extranjero que contaran con la apostilla, por lo que el Director de Tránsito de la Municipalidad de Cerro Navia consultó al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración, del Ministerio del Interior y de Seguridad Pública, quien remitió́ finalmente el memorándum N° 2394, de fecha 7 de noviembre de 2016, a la Dirección General de Asuntos Consulares y de Migración del Ministerio de Relaciones Exteriores, consultando si debido a la entrada en vigencia del nuevo procedimiento de apostilla existe modificación en el mecanismo para el reconocimiento de títulos entregados en el extranjero.

Mediante oficio Público N° 12212, de fecha 2 de noviembre de 2016, el Director de Asuntos Consulares y de Migración, respondió́ indicando que el mecanismo no se ha modificado con la entrada en vigencia del nuevo procedimiento de Apostilla, no variando en consecuencia las competencias de los organismos públicos.

Agrega el informe que hay una confusión en el recurrente, por cuanto la apostilla otorga validez legal a un documento entre los países miembros del convenio, pero no exime de los procesos preestablecidos en el ordenamiento jurídico interno para entender convalidados los estudios de una persona, teniendo presente los diferentes regímenes educacionales entre los países del convenio, y siendo el caso que la ley N° 18.290 exige acreditar un nivel específico de estudios, no puede soslayar la recurrente los trámites del ordenamiento jurídico interno para convalidar los estudios, sirviendo la apostilla sólo como certificado para establecer la autenticidad del documento, pero no el grado académico que tendría de acuerdo al régimen nacional, que lo hace el Ministerio de Educación.

Indica el informante que no existe afectación a los derechos esgrimidos en el recurso, ya que la obtención de una licencia de conducir no otorga más libertades de tránsito que respecto de una persona que no posee la licencia. Tampoco se ve afectada la garantía en torno al acceso de un trabajo remunerado, porque no existe impedimento real para el acceso a un trabajo, por lo que resulta falaz el razonamiento expuesto. Finalmente no existe una afectación a la garantía de igualdad ante la ley, por cuanto al contrario de lo que refiere el recurso en su texto no se ha solicitado a la señora nombre reservado el cumplimiento de requisitos adicionales a los señalados en la ley, sino que se le ha solicitado cumplir con un trámite contemplado en ella, para que pueda acreditar su nivel de estudios y poder rendir los exámenes para la obtención de la licencia.

En definitiva el informe solicita el rechazo del recurso.

La parte recurrida acompañó los siguientes antecedentes: 1.- DOC N° IOP1000/1096, de 7 de noviembre de 2016, del Director de SECPLA a la Unidad de tránsito del municipio de Cerro Navia; 2.-El memorándum N° 2394 de 19 de octubre de 2016 de la Dirección General de Asuntos Consulares y de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores Al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración del ministerio del interior y Seguridad Pública; 3.-La publicación en el portal web de la Ilustre Municipalidad de La Reina, respecto de requisitos para la obtención de licencia de conducir; 4.-Oficio público N° 012212, de 2 de noviembre de 2016, del Director General de Asuntos Consulares y de Inmigración al Jefe del Departamento de Extranjería y Migración; Oficio N° 8942, de 19 de diciembre de 2014, del Jefe(S) de la División Legal del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones a la Directora de Tránsito y Transporte público.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEGUNDO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, del análisis del recurso deducido la recurrente estima que la recurrida, a través de la Dirección de Tránsito se atribuye facultades que no goza, realiza exigencias que no existen, que a saber son, una mayor exigencia en cuanto a documentos apostillados que cumplen con la normativa aplicable, y de esta manera restringe, conculca y vulnera el derecho constitucional de igualdad ante la ley, estableciendo de manera clara diferencias arbitrarias respecto de rendir el examen para la obtención de licencia de conducir, en especial en cuanto a la acreditación del nivel educacional.

CUARTO: Que el recurrido al informar el recurso, sostiene en primer término que el recurso es del todo extemporáneo, toda vez que estima que el recurrente intenta soslayar que se interpuso el recurso fuera de plazo, ya que el acto impugnado es de fecha 17 de octubre de 2017, por lo que mal puede esgrimir una respuesta a una consulta de información, ya que esta última sólo tiene por objeto otorgar información y no es precisamente un acto resolutivo. Asimismo, agrega que los hechos expuestos, como arbitrarios e ilegales, no son tales, ya que la recurrida sólo ha actuado en estricto apego a las exigencias que el trámite de obtención de licencia de conducir exige, ya que sólo se ha limitado a requerir los requisitos ya establecidos.

QUINTO: Que, como se ha consignado, constituye un requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario. Pues bien, en el caso sub lite, debe tenerse presente que el acto que indica el recurrente, como arbitrario e ilegal, a saber la exigencia de la acreditación del requisito que dice relación con el nivel de educación, es de fecha 17 de octubre 2017, por lo que la interposición de la acción constitucional en análisis fue interpuesto con creces, transcurridos los 30 días de rigor.

SEXTO: Que, en la especie la recurrente intenta argumentar que el plazo para la interposición debe contabilizarse desde la respuesta a la solicitud de información o en su defecto, aún no ha comenzado a correr, toda vez que los efectos de la negativa por parte de la Dirección de Tránsito se mantienen en el tiempo. Lo anterior, es del todo erróneo, ya que el acto expuesto como vulneratorio es de fecha 17 de octubre de 2017, por lo que mal puede contabilizarse el plazo desde la respuesta de información, ya que sólo se busca ampliar el plazo de 30 días y por otro lado, no es posible, estimar que el plazo no ha comenzado a contabilizarse, por estimar que los efectos se mantienen en el tiempo, ya que es claro que el 17 de octubre se generó la referida solicitud de acreditación de nivel educacional a la recurrente. Que el recurso de protección debe ser interpuesto dentro de los 30 días de ocurrido el acto u omisión denunciados, por lo que en la especie, según los antecedentes acompañados, es evidente que la recurrente con fecha 17 de octubre 2017 ya tenía conocimiento de los hechos que esgrime como vulneratorios, es decir, el plazo de 30 días se encontraba del todo vencido a la época en que se interpuso el presente recurso.

En efecto, los antecedentes acompañados dan cuenta que la recurrente poseía perfecto conocimiento del acto vulneratorio en la fecha ya indicada.

SEPTIMO: En consecuencia, en conformidad a lo expuesto, no es posible acoger el recurso de protección en la forma planteada en estos autos, más aún, cuando de los antecedentes expuesto no se visualiza acto arbitrario e ilegal, sino que más bien, la recurrida ha actuado conforme al mérito de la legislación vigente.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto, con costas.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante don Marcos López Julio.

Rol N° 2.365-2017 Pronunciado por la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por los Ministros Titulares señor nombre reservado, Humberto Mondaca nombre reservado y el abogado integrante señor Marcos López Julio.

La Serena, a veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.