nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de Protección Rol N°2353-2023 La Serena, quince de enero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por la omisión ilegal y arbitraria en emisión de la resolución exenta que pone fin al procedimiento administrativo de residencia definitiva, solicitada el 21 de enero de 2022, lo cual vulneraría la garantía de igualdad ante la ley, conforme lo preceptuado en el artículo 19 número 2 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 6, 7, 8, 9, 14, 24, y 27 de la Ley 19.880 y asimismo con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley N°21.325 y el artículo 46 de su Reglamento contenido en el Decreto Supremo N°296 de 2022.

Expone que, ingresó a Chile con el objeto de hacer una vida, estudiar una carrera y trabajar, y que, cumpliendo con los requisitos legales, solicitó la residencia definitiva el 21 de enero de 2022, y que ante la falta de respuesta por parte del Servicio Nacional de Migraciones se mantiene en un estado de incertidumbre, habiendo ya sobrepasado casi 4 veces el lapso perentorio que establece la norma para darle terminación al proceso, lo cual resulta a todo evento inconstitucional, por arrollar un plazo razonable para la dictación del acto administrativo final.

Alega que, las garantías y derechos constitucionales que resultan afectados lo son por la omisión arbitraria e ilegal por parte del recurrido en el excesivo tiempo de tramitación en dar respuesta a la solicitud de residencia definitiva realizada, esto es, desde la solicitud realizada el 21 de enero de 2022 hasta la presentación del recurso han transcurrido 1 año y 11 meses, sin que la autoridad administrativa se haya pronunciado sobre la solicitud formulada por el recurrente.

Sostiene que la Administración ha excedido largamente los plazos legales máximos para emitir una decisión, vulnerándose así los principios de inexcusabilidad, celeridad, y conclusivo, todos recogidos en la Ley N°19.880, y afectando su garantía de igualdad ante la ley.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada, y en definitiva ordenar a la recurrida resolver la solicitud de permanencia de la actora en un plazo real, específico y razonable, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con costas.

Acompaña al recurso: 1. Comprobante solicitud de permanencia definitiva, de fecha de emisión 17 de mayo de 2022 por el Servicio Nacional de Migraciones.

SEGUNDO: Que, a folio 4 evacuó comparece don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, oponiendo excepción de cosa Juzgada.

Indica que, se presentó con fecha 08 de febrero de 2023 Recurso de Protección Rol Nº165-2023, ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en la cual mediante sentencia de fecha 01 de marzo de 2023, se acogió el recurso de protección presentado en el cual se solicitaba que se diera respuesta definitiva mediante el acto administrativo terminal del proceso administrativo de residencia definitiva de fecha 21 de enero de 2022, adoptando todas las medidas que estime necesarias para estos efectos. Agrega que, dicha sentencia fue apelada por parte del Servicio Nacional de Migraciones ante la Excelentísima Corte Suprema, ingresando bajo el Rol N°34857-2023, siendo revocada dicha sentencia con fecha 10 de abril de 2023.

Sostiene que, en el presente recurso, se solicita que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma solicitud de permanencia definitiva de fecha 21 de enero de 2022, adoptando todas las medidas que estime necesarias para estos efectos, siendo el mismo petitorio que el del recurso anterior.

Alega que, de lo anterior, fluye que se cumple con la “triple identidad”, en los términos del artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, existiendo tanto identidad en la persona que recurre, la causa de pedir, y el objeto pedido, solicitando, por tanto, se acoja la excepción opuesta.

Acompaña a su presentación: 1. Escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo con fecha 09 de agosto de 2023, de don nombre reservado. 2. E-Book Recurso de Protección Rol N°165-2023, Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena. 3. E-Book Recurso de Protección Rol N°34857-2023, Excelentísima Corte Suprema.

TERCERO: Que, a folio 6 la recurrente evacúa traslado respecto de la excepción opuesta.

Indica que, en efecto, se puede colegir que en el presente caso están presentes tanto la identidad de personas como, como la de cosa pedida. No obstante, no nos encontramos ante la misma causa de pedir, debido a que en el caso de marras la vulneración de la garantía constitucional invocada se ha acrecentado en el tiempo, habiendo transcurrido más de 10 meses desde que la Corte Suprema emitió el fallo donde revoca la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones, sin que se haya realizado algún trámite sobre el proceso.

Sostiene que, en esta causa no se solicita protección a sus derechos constitucionales en los mismos términos planteados en el recurso anterior, ya que han variado las circunstancias que dieron origen a éste, pues el servicio recurrido no solo se ha mantenido en una transgresión legal, sino que, además, ha vulnerado lo ordenado por la Corte Suprema en su fallo, al indicársele que debía emitir un pronunciamiento dentro de un plazo razonable.

Afirma que, si bien, el presente recurso tiene como fundamento la misma solicitud presentada en enero de 2022, a la fecha casi se cumplen 2 años desde ésta, por lo que la violación a sus derechos no es la misma, habiéndose acrecentado, por lo que el efecto de cosa juzgada, de estimarse absoluto, permite al recurrente continuar vulnerando a su antojo los derechos fundamentales de los administrados.

Solicita, por tanto, el rechazo de la excepción.

CUARTO: Que, a folio 8, evacúa informe don nombre reservado, abogado del Servicio Nacional de Migraciones, En primer término y de acuerdo con la jurisprudencia reciente aplicable al caso concreto, solicita se declare la inadmisibilidad del recurso.

Indica que en el presente recurso de protección se alega la supuesta omisión arbitraria o ilegal al no dictar un acto terminal respecto a la solicitud de residencia definitiva de la recurrente de autos, y que dicha omisión generaría por sí sola una supuesta vulneración o amenaza de sus derechos fundamentales.

Cita sentencias dictadas por la Excma. Corte Suprema, en sus causas ROL 115064-2022 y 115368-2022 ambas de 20 de marzo del presente, en sus considerandos sexto, octavo y duodécimo, concluyendo que no existe alguna arbitrariedad ni ilegalidad, ni aún en grado de amenaza, por parte del servicio recurrido, que pueda ser tutelada mediante la presente acción de protección, por lo que la materia excede con creces la tutela cautelar que es propia del recurso de protección y que, dado la jurisprudencia reciente debe ser declarado inadmisible.

Arguye que la eficacia del recurso de protección se asocia con su carácter cautelar, en tanto su finalidad es restablecer el imperio del derecho en caso de constatarse la amenaza, perturbación o privación de una garantía fundamental. Por lo mismo, si el acto u omisión que funda su interposición es considerado por la Excma. Corte Suprema que no hay existencia de vulneración alguna, ni aún en grado de amenaza, la tutela cautelar requerida del órgano jurisdiccional pierde su eficacia puesto que no existe derecho cuyo imperio deba ser reestablecido.

Agrega que es un requisito básico del recurso de protección es la existencia de un derecho indubitado en su efectividad, alcance y contenido. Por lo anterior, en el examen de admisibilidad de un recurso de protección debe constatarse el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado, pues la presente es una acción cautelar, destinada a la tutela de derechos de carácter indubitado. Así, resulta improcedente declarar admisible la presente acción de protección, toda vez que no hay existencia de alguna vulneración que pueda ser cautelada por esta vía. Además, es dable señalar que todo extranjero que tenga una solicitud de residencia en trámite en nuestro país se puede desarrollar de forma plena, sin que “esté impedido de realizar trámites esenciales con su cédula de identidad ante cualquier entidad pública o privada”.

Así las cosas, alega que la acción debe ser declarada inadmisible al no existir alguna arbitrariedad o ilegalidad por esta autoridad, ni aún en grado de amenaza.

En subsidio a lo anterior, opone la excepción de falta de legitimación pasiva, ya que el presente recurso de protección se dirige en contra del Servicio Nacional de Migraciones, pero la supuesta acción u omisión que se considera ilegal o arbitraria emana de terceros indeterminados.

Cita el considerando undécimo de los fallos señalados anteriormente y explica que la recurrente ha errado al intentar su recurso de protección en contra de esta autoridad en atención a que, no ha vulnerado, perturbado o amenazado alguno de los derechos fundamentales incoados por la recurrente, todo esto conforme a los artículos 38, 43 y 45 de la Ley N°21.325, por lo que mal podría ser el servicio recurrido el legitimado pasivo de la acción que se emprende.

Expresa que conforme a la normativa por la que se rige, en ningún momento ha dejado en un estado de indefensión migratoria a la recurrente, procurando mantener su regularidad migratoria en el país que le permita realizar cualquier actividad lícita y desplazarse libremente sin que exista alguna limitación dentro de nuestro país. En este sentido, y de acuerdo a los antecedentes que señala el presente recurso, y la jurisprudencia emanada por la Excma. Corte Suprema es claro que esa supuesta omisión, que se estima por la contraria como vulneratoria de derechos fundamentales no existe ni tampoco es posible sostener que es obra del Servicio Nacional de Migraciones, ya que la normativa vigente y los instrumentos que ella regula permiten a la recurrente residir en Chile sin ninguna restricción ni limitación, salvo el respecto de la Constitución y la ley como cualquier otro habitante de la República.

Solicita, por tanto, acoger la excepción de falta de legitimación pasiva por los argumentos expuestos.

En subsidio a lo anterior, informa respecto del fondo, indicando que, el 26 de enero de 2019 la recurrente, ingresa por primera vez al país, por motivos de turismo, por el paso fronterizo Aeropuerto nombre reservado. Que, mediante Resolución Exenta N°2884, la Gobernación Provincial de Elqui, otorga a solicitud de la recurrente permiso para trabajar en el territorio nacional, por el plazo de 4 meses, en calidad de titular, el cual se mantuvo vigente hasta el 25 de julio de 2019. Que, con fecha 14 de enero de 2021, la Gobernación de Elqui, otorga a la Sra. nombre reservado, visa temporaria, en calidad de titular, por el plazo de un año, el cual se mantuvo vigente desde el 09 de febrero de 2021 hasta el 09 de febrero de 2022. Finalmente, que, con fecha 21 de enero de 2022, la recurrente solicita ante la autoridad migratoria, el beneficio migratorio de Permanencia Definitiva bajo el ID N°38921050, el cual, desde el 07 de septiembre de 2023, se encuentra en etapa de pago de derechos “Completada”.

Señala que, a consecuencia de lo anteriormente señalado, estando en tramitación la solicitud de la recurrente se deriva que mantiene situación migratoria regular en el territorio nacional, por lo que no existe actualmente un acto que genere vulneración, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos consagrados en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el Servicio Nacional de Migraciones, velando por el debido cumplimiento de la función pública, actuando de propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones y siempre dentro de la esfera de sus atribuciones, ha remitido Oficios Ordinarios a diversas instituciones públicas para solicitar que, en el ámbito de sus atribuciones, soliciten a los organismos que se encuentran bajo su fiscalización y supervigilancia que reconozcan como vigentes las cédulas de identidad para extranjeros que les sean exhibidas conjuntamente con un comprobante de residencia definitiva en trámite o prórroga de residencia temporal en trámite.

Agrega que, respecto a la ley de presupuesto para el sector público de 2023, en la partida presupuestaria del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, se hace mención al presupuesto destinado para el Servicio Nacional de Migraciones, lo que contempla el monto de $992.089.000.- sólo en concepto para “Regularización Rezago solicitudes migratorias”; con esto se puede ver que es una preocupación para la Administración la demora que existe respecto a las diversas solicitudes de residencia que tienen los extranjeros ante el Servicio Nacional de Migraciones, dicho plan de regularización se encuentra controlado en la glosa 4 y 6 del programa.

Añade que, según lo señalado por el artículo 27 de la Ley 19.880, el plazo del procedimiento administrativo podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, entendiéndose como tal, el aumento exponencial de los flujos migratorios hacia el país, proveniente de diversos países, lo cual tuvo por consecuencia un aumento importante en la cantidad de solicitudes recibidas por esta autoridad. Lo anterior ha sido reconocido por la Excelentísima Corte Suprema, reforzando el hecho de encontrarse ajustado a derecho el actuar de la autoridad administrativa.

Finalmente, alega que la acción de protección deducida no cumple con los requisitos constitucionales para su interposición, por cuanto no existe una conducta ilegal o arbitraria desplegada por el Servicio, debido a que el plazo establecido por la ley para la terminación de acto administrativo no es fatal para la Administración, y porque ha quedado claramente establecido que la mera tardanza en la resolución de una solicitud de residencia presentada por un extranjero no puede ser identificada como una conducta que perturbe sus garantías fundamentales.

Solicita por tanto el rechazo de la presente acción constitucional, rechazando además la solicitud de costas contra el servicio recurrido.

Acompaña: 1. Oficio Ordinario N°67130, de fecha 7 de noviembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 2. Oficio Ordinario N°80585, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 3. Oficio Ordinario N°80586, de fecha 29 de diciembre de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones. 4. Oficio Ordinario N°843, de fecha 14 de junio de 2023, de la Dirección del Trabajo. 5. Oficio Ordinario N°34.531, de fecha 27 de julio de 2023, de la Superintendencia de Salud. 6. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.064-2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 7. Sentencia de la Excma. Corte Suprema, en causa ROL 115.368- 2022, de fecha 20 de marzo de 2023. 8.Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°1222/2023, otorgada ante la Notaría de Coquimbo, de don nombre reservado.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, en primer lugar, corresponde emitir pronunciamiento respecto de la excepción de cosa juzgada planteada por el servicio recurrido.

Al efecto, teniendo presente las alegaciones de las partes, así como los antecedentes acompañados respecto de las causas Rol 165-2023 de esta Corte y Rol 34.857-2023 de la Excelentísima Corte Suprema, es posible advertir que, si bien ambas acciones intentadas por la recurrente tienen su origen en la misma solicitud de permanencia definitiva, solicitándose en ambas causas que la recurrida emita un pronunciamiento respecto de ella, no es menos cierto que las circunstancias que constituyen la causa de pedir han variado, no solo por el mero transcurso del tiempo, sino que, además, por cuanto el fallo dictado por el Supremo Tribunal contiene, pese a la decisión de rechazo del recurso, una declaración en torno a la obligación de la autoridad administrativa de resolver la solicitud formulada por la recurrente dentro de un plazo razonable, lo que permite renovar la discusión y análisis sobre el cumplimiento de dicho plazo, y si, la omisión en la que incurre el servicio recurrido, implica una nueva vulneración a los derechos fundamentales invocados por la actora, razón por la cual, se rechazará la excepción formulada.

OCTAVO: Que, la solicitud de declarar inadmisible el recurso que planteara la recurrida en su informe será desestimada, pues el examen de admisibilidad de la presente acción constitucional fue realizado en la etapa procesal correspondiente, apreciándose por esta Corte que el recurso fue intentado oportunamente y en él se alude a hechos que -a lo menos en abstracto- son aptos para constituir infracción de garantías constitucionales.

NOVENO: Que, asimismo, se rechazará la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, pues con prescindencia de lo que se pudiera decidir en cuanto al fondo del asunto planteado, lo cierto es que la conducta calificada de ilegal o arbitraria por la recurrente, consistente como se ha dicho en la falta de pronunciamiento respecto a su solicitud de permanencia, corresponde precisamente a esa repartición pública.

DÉCIMO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Departamento de Extranjería y Migración del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada, lo cual califica el actor de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el numeral 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene al recurrido que se pronuncie sobre la misma, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

UNDÉCIMO: Que, sin perjuicio de lo resuelto en cuanto a la excepción de cosa juzgada, para efectos de la discusión de fondo, es necesario hacer presente que, aun en el evento que se estimase que la tardanza en resolver la solicitud de la parte recurrente es una omisión que puede ser considerada, “prima facie” infundada o arbitraria, fácticamente no lo es, por lo que no se configuran todos los requisitos para conceder la protección requerida, desde que es un hecho establecido en esta causa que mientras dure la tramitación de la solicitud de permanencia definitiva, la parte recurrente se encuentra en situación migratoria regular, con cédula de identidad vigente y permiso para realizar actividades remuneradas y sin prohibición de desplazamiento en Chile o para entrar o salir del país, por lo que no se constata una eventual privación, perturbación o amenaza a alguno de los derechos constitucionales que ampara la acción constitucional del artículo 20 de la Carta Magna, recurrible por esta vía.

Lo expresado, además, es coherente con lo resuelto por la Excma. Corte Suprema en sentencias de 20 de marzo de 2023 pronunciadas en las causas Rol N°115064-2022 y N°115368-2022 en tanto ha considerado que la sola dilación en el pronunciamiento requerido del Servicio Nacional de Migraciones no entraña afectación a las garantías constitucionales de los solicitantes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZAN las excepciones de cosa juzgada, inadmisibilidad y de falta de legitimidad pasiva, opuestas por la recurrida.

II.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, cédula nacional de identidad para extranjeros N°RUT reservado, en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2353-2023 (Protección).