nombre reservado con SERVICIO SALUD COQUIMBO

nombre reservado, nombre reservado

Servicio de Salud Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 235-2023.- La Serena, seis de abril de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 24 de febrero de 2023, comparece doña nombre reservado, cirujana dentista, domiciliada en domicilio reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Servicio de Salud de la Región de Coquimbo, representada por nombre reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado, por el acto consistente en destinarla en comisión de servicios a un puesto diferente dentro de la institución y rebajar su remuneración. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a trabajar en el Servicio de Salud de Coquimbo el día 01 de agosto de 2018 como Jefa del Departamento Provincial de Choapa, teniendo una jornada laboral de 44 horas semanales.

Afirma que desde que ingresó al servicio ha percibido una remuneración de promedio de $3.886.603 y que el mes de diciembre de 2022 su remuneración ascendió a $3.279.851. Indica que en el mes de noviembre de 2021 se enteró de que sería madre por primera vez, lo cual comunicó a su empleadora por intermedio de la entonces Directora (s) Sra. nombre reservado a la que remitió correo electrónico el 12 de enero de 2022.

Expresa que su hijo nació el 06 de julio de 2022 y que el 10 de noviembre del mismo año, encontrándose aun haciendo uso de su permiso post natal, solicitó reunirse con el actual Director del servicio, Sr. nombre reservado, para abordar lo que sería su situación laboral una vez se reintegrase al trabajo.

Asevera que la reunión se realizó el 11 de noviembre de 2022, y que en ella se acordó con el Director que una vez terminado su descanso post natal se integraría al área clínica del Hospital de Salamanca como cirujana dentista, manteniéndose en todo caso sus remuneraciones.

Señala que, posteriormente, el 21 de diciembre de 2022 recibe correo electrónico de la secretaria de gestión de personas de la institución en que se le notifica la Resolución Exenta N°7890 de 2022, que deja sin efecto su nombramiento en el cargo de jefatura a contar del 1 de enero de 2023, y la Resolución Exenta N°7879 de 2022 por la cual se le asigna en comisión de servicios al Hospital de Salamanca como cirujano dentista a contar del 01 de enero de 2023, por un periodo de 3 meses.

Refiere que el 24 de enero de 2023, al recibir el pago de sus remuneraciones, se percata de que estas han sido rebajadas, por lo cual solicita sus últimas dos liquidaciones de sueldo correspondientes a los meses de diciembre de 2022 y enero de 2023, a partir de cuya revisión advierte que se produjo un cambio en el ítem ‘asignaciones de sueldo’.

Manifiesta que solicitó una explicación al Director del Servicio quien le indica que el nombre reservado le habría comunicado por mensajes que “caso nombre reservado: Diciembre 2022 tenía la encomendación de funciones de jefa provincial del Choapa dicha encomendación tenía un 60% de asignación de estímulo (en liquidación como competencias profesionales) y un 100% por asignación de responsabilidad, en enero 2023 solo mantiene un 80% por ejercer funciones en hospitales de baja complejidad”.

Precisa que el monto en que fue rebajada su asignación es de $606.752, y arguye que tal rebaja supone infracción al artículo 201 del Código del Trabajo. Indica que solicitó regularizar su situación y que se paguen las asignaciones correspondientes, lo cual reiteró mediante escrito de 25 de enero de 2022 remitido al Director, quien no habría otorgado una respuesta.

Sostiene que ella accedió de buena fe a la modificación de su cargo y lugar de prestación de servicios, bajo el entendido de que no se verían afectados sus derechos maternales ni sus remuneraciones, y reclama que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria pues no sería legalmente procedente que se rebaje su remuneración al gozar de fuero maternal.

Manifiesta que la recurrida vulnera su derecho a la igualdad ante la ley al dejarla en una situación de desventaja respecto de otras funcionarias con fuero maternal quienes han mantenido sus cargos y sus remuneraciones íntegras.

Acusa, asimismo, que se conculca su derecho a la libertad de trabajo y su derecho de propiedad en la medida que se le priva de su derecho a percibir su remuneración integra.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, dejar sin efecto las Resoluciones Exentas N°7890 y la N°7879, ambas de 2022, del Servicio de Salud Coquimbo, restableciéndola en su cargo de Jefa de Departamento Provincial de Choapa, y ordenando el pago de los montos descontados indebidamente de su remuneración todo ello con costas.

Acompaña la recurrente, en sustento de su acción de protección, los siguientes documentos: 1.- Resolución Exenta N° 7890 de 2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 2.- Resolución Exenta N° 7879 de 2022 del Servicio de Salud Coquimbo; 3.- Resolución Exenta N° 3318 de 2018 del Servicio de Salud Coquimbo; 4.- Liquidaciones de sueldo noviembre y diciembre de 2022 y enero 2023; 5.- Correo electrónico de fecha 12 de enero de 2022; 6.- Certificado Médico; 7.- Certificado Nacimiento y, 8.- Certificado de Remuneraciones.

SEGUNDO: Que, evacuó informe el Servicio de Salud Coquimbo por la recurrida la abogada Carla Bruna Bahamondes, solicitando el rechazo del recurso con costas.

Alega, en primer lugar, la extemporaneidad del recurso fundada en que los actos que se califican como ilegales y arbitrarios consisten en las Resoluciones Exentas N°7879 y 7890, de fecha 20/12/2022, dictadas por el Servicio de Salud Coquimbo, fueron notificadas por correo electrónico el 21 de diciembre de 2022 por lo que habiendo intentado el recurso el 24 de febrero de 2023 esta ha sido deducido fuera de plazo de 30 días corridos previsto en el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección.

Informa, en subsidio de la extemporaneidad y ya en relación al fondo del asunto, exponiendo que la actora ingresó al servicio el 01 de agosto de 2018 y el 22 de agosto del mismo año se le encomiendan las funciones de Jefa del Departamento Provincial del Choapa.

Hace presente que la recurrente ingresó al servicio como profesional a contrata y que el cargo de jefa de Departamento solo lo ejerció por encomendación de funciones y no en calidad de titular.

Expresa que su remuneración era de $3.886.603, “compuesta por los siguientes conceptos, establecidos en la Ley 19.664 o ley médica, donde se precisan las asignaciones a que tienen derecho los profesionales del área de la salud regidos por esta Ley: a.- Las remuneraciones permanentes del artículo 27 de la ley 19.664, que son las que tiene derecho a recibir todo profesional a contrata que se encuentre regido por la ley 19.664 y que lleve trabajando 3 años en el Servicio de Salud (considerando que doña nombre reservado ingresó el 01.08.2018): - Sueldo base de $1.088.440 - Reforzamiento profesional diurno $304.763 - Bonificación Ley 3.501 $33.897 - Asignación de zona $ 218.777 - Bonificación complementaria ley 18.566 $36.335 - Bono artículo 10 Ley 18.675, ascendiente a la suma de $92.817 - Bono por 1 trienio de antigüedad establecido en la ley 19.664, equivalente al 34% del sueldo base $370.070; b.- Las asignaciones transitorias, que doña nombre reservado tenía derecho a recibir por ejercer las funciones encomendadas de jefa de Departamento Provincial, conforme a lo establecido en los artículos 28 y 35 de la ley 19.664, en relación a las resoluciones 786 de 23.02.2018, y 2857 de 06.05.2022 (letra b.8), ambas del Servicio de Salud Coquimbo: Asignación de responsabilidad equivalente al 100% del sueldo base de $1.088.440, según la resolución 786 de 23.02.2018 del Servicio de Salud. Conforme la letra a) del artículo 28 de la ley 19664, esta asignación es la “destinada a retribuir la importancia o jerarquía de los cargos directivos y el ejercicio de funciones de dirección, coordinación, supervisión o mando encomendadas a los profesionales”. Asignación de estímulo o estímulo a las competencias profesionales igual al 60% del sueldo base de $653.064, conforme la letra b.8 de la resolución 2857 de 06.05.2022. La letra b) del artículo 28 de la ley 19664, dispone que esta asignación es el “estipendio que podrá otorgarse por las horas de la jornada semanal que los profesionales funcionarios desempeñen en actividades, lugares o condiciones especiales o por las competencias profesionales exigidas para determinados puestos de trabajo que el Servicio de Salud correspondiente requiera incentivar para cumplir los planes y programas de salud;”.

Expone que el 06 de julio de 2022 nació el hijo de la actora, por lo cual esta comenzó a hacer uso de su descanso post natal, post natal parental y extensión de post natal de la Ley N°21.510, culminado su descanso el 31 de diciembre de 2022 y extendiéndose su fuero maternal, por tanto, hasta el día 27 de septiembre de 2023. Sostiene que es efectivo que se realizó una reunión entre el Director (S) y la recurrente el 11 de noviembre de 2022, oportunidad en la que la actora expresó que ya no deseaba trabajar en el Departamento Provincial del Choapa debido al cambio de gobierno, por lo cual solicitó ser enviada en comisión de servicios al Hospital de Salamanca, lo cual fue aceptado por el Director (s) quien le informó que podía integrarse al hospital a partir del 01 de enero de 2023. Manifiesta que lo acordado en dicha reunión se materializó en las Resoluciones Exentas 7879 y 7890, ambas de 20.12.2022, a través de las cuales se designó a Doña nombre reservado en comisión de servicios a contar del 01.01.2023 y se dejó sin efecto la resolución 3318 de 02.08.2018 que le había encomendado las funciones de Jefa del Departamento Provincial del Choapa.

Explica que desde enero de 2023 el sueldo base de la actora dejó de incrementarse en un 100% por asignación de responsabilidad y en un 60% por la asignación de estímulo a las competencias profesionales, debido a que al dejar de ser Jefa de Departamento ésta deja de reunir los requisitos legales para percibir dichos incrementos. Hace presente que en su desempeño como cirujana dentista del Hospital de Salamanca la actora percibe un incremento en su sueldo base de un 80% por la asignación de estímulo a profesionales que se desempeñen en establecimientos de baja complejidad.

Alega que la recurrente no puede pretender que se desconozcan los requisitos legales para percibir los incrementos referidos contemplados en la Ley N°19.664 y sostiene que la actora yerra al interpretar que el artículo 201 del Código del Trabajo impida modificar las funciones que la trabajadora desempeña o variar sus remuneraciones de acuerdo a lo establecido en la ley.

Arguye que el Servicio de Salud no ha obrado ilegal o arbitrariamente pues dispuso la asignación en comisión de servicios a solicitud de la actora, mediante actos administrativos que se encuentran suficientemente motivados y han sido dictados en uso de facultades discrecionales que el ordenamiento jurídico entrega al jefe de servicio, y sin que aquello implique vulnerar el fuero maternal de la recurrente pues no se ha puesto término a su vinculación con el servicio.

Niega que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de la recurrente, sosteniendo que no se ha vulnerado la igualdad ante la ley.

Explica que doña nombre reservado sostuvo que el Servicio de Salud ha vulnerado su derecho a la igualdad ante la ley porque se le ha puesto en situación desventajosa respecto a todas las otras funcionarias con fuero maternal, a quienes se les mantuvo en sus cargos y con sus remuneraciones íntegras. Sostiene que ello no es efectivo por las siguientes fundamentos: 1.- El término de la encomendación de funciones de jefatura de Departamento Provincial y el envío en comisión de servicios al Hospital de Salamanca, con funciones de cirujano dentista, se dispusieron en ejercicio de las facultades legales y reglamentarias del Director de Servicio, a solicitud de la Sra. nombre reservado. A la funcionaria no se le privó ni sacó de cargo alguno, ya que su cargo era de profesional contrata, pero se encontraba ejerciendo funciones de jefatura por “encomendación de funciones”, por lo que el cargo se mantuvo, pero variaron sus funciones; 2.- Si el Servicio de Salud le hubiese seguido pagando las asignaciones de jefatura de Departamento Provincial a la Sra. nombre reservado, sin que ella hubiese realizado tales funciones, el Servicio hubiese incurrido en una discriminación positiva a su favor y en una ilegalidad, porque el pago de las asignaciones que le corresponden a los profesionales regidos por la ley medica están establecidas expresamente en la ley 19.664, y 3.- Habiendo en la actualidad otra jefa del departamento provincial, no es posible que dos personas puedan ejercer el mismo cargo coetáneamente.

Niega la existencia de una vulneración a la libertad de trabajo.

Expone que la recurrente afirma que el Servicio de Salud Coquimbo ha vulnerado su libertad de trabajo porque se ha modificado su cargo, lugar de funciones y disminuido sus remuneraciones, lo que no es efectivo por las siguientes razones: 1.- Como se ha explicado, el Servicio de Salud no modificó el cargo “profesional contrata” de la Sra. nombre reservado, este se mantuvo, lo que se modificó fueron sus funciones y lugar de trabajo, a petición expresa de la propia recurrente; 2.- El Director del Servicio de Salud se encontraba facultado para acceder a la solicitud de doña nombre reservado y el fuero maternal no le impedía modificar sus funciones y lugar de trabajo; 3.- En cuanto a las remuneraciones, el Servicio no las rebajó, lo que realmente ocurrió es que se pagaron a doña nombre reservado las asignaciones que corresponden según la ley. No es que el Servicio haya dejado de pagar o pagado menos de lo que realmente le corresponde, pues las asignaciones que la Sra. nombre reservado reclama como no pagadas, sólo corresponde percibirlas a quienes efectivamente ejerzan las funciones de jefatura del Departamento Provincial y, 4.- El Servicio no vulneró la libertad de trabajo de la recurrente, porque la Sra. nombre reservado escogió libre y voluntariamente qué funciones realizar y dónde, no pudiendo imputar al Servicio el hecho que no haya previsto que este cambio implicaba el no pago de las asignaciones asociadas por ley al cargo de jefatura.

Afirma que no se ha vulnerado el derecho de propiedad como sostiene la recurrente ello en razón de los siguientes argumentos: 1.- Doña nombre reservado no tenía derecho a la invariabilidad de sus funciones y de sus asignaciones transitorias1, porque el fuero Materno no le otorga tal prerrogativa, ya que la única garantía que otorga la legislación laboral, es impedir al empleador poner término a su contrato si no cuenta con la autorización previa del juez competente. Por lo que mal puede ser dueña de un derecho que no tiene; 2.- El pago de las asignaciones a que tienen derecho los funcionarios regidos por la ley Medica, se regula por los artículos 26, 28, 34 y 35 de la ley 19.664, en relación con las resoluciones 786/2018 y 2857/2022 del Servicio de Salud. En virtud de estas normas, la recurrente dejó de tener derecho a percibir las asignaciones de jefatura de Departamento Provincial desde el día 01.01.2023; por el contrario, a partir de esa fecha nació su derecho a percibir el pago de la asignación de estímulo a profesionales que se desempeñen en establecimientos de baja complejidad, asociadas al ejercicio de labores de cirujano dentista en el Hospital de Salamanca.

Solicita, se rechace el recurso por extemporáneo o, en subsidio, por improcedente e infundado, con costas.

Fundando los argumentos de su informe, la recurrida acompañó los siguientes documentos: 1.- Resolución 428/185/2018, de fecha 01.08.2018, emitida por el Servicio de Salud Coquimbo, que designa a contrata a doña nombre reservado como profesional contrata regida por la ley 19.664; 2.- Resolución 3318, de fecha 02.08.2018, del Servicio de Salud Coquimbo, que encarga a doña nombre reservado las funciones de jefa del Departamento Provincial del Choapa, a contar del 01.08.2018; 3.- Certificado de relación de servicio de fecha 23.03.2023, emitido por doña nombre reservado, jefa de Subdepartamento de gestión de las personas del Servicio de Salud Coquimbo, que demuestra que la contrata de doña nombre reservado fue renovada y que, por tanto, no se le privó de su cargo; 4.- Resolución 786, de fecha 23.02.2018, del Servicio de Salud Coquimbo, que establece la asignación de responsabilidad señalada en la ley 19.664; 5.- Resolución 2857, de fecha 06.05.2022, del Servicio de Salud Coquimbo, que establece la asignación de estímulo prescrita en los artículos 28 letra b y 35 de la ley 19.664; 6.- Resolución 6322, de fecha 11.10.2022, del Servicio de Salud Coquimbo, que reconoce el derecho de postnatal parental de 12 meses de doña nombre reservado; 7.- Resolución 53, de fecha 04.01.2023, del Servicio de Salud Coquimbo, que reconoce el derecho a extensión de postnatal de doña nombre reservado; 8.- Dictamen N° 782, de fecha 09.01.2017, de Contraloría General de la República; 9.- Dictamen Nº E312608, de fecha 16.02.2023, de Contraloría General de la República; 10.- Resolución 7879, de fecha 20.12.2022, del Servicio de Salud Coquimbo, que designa a doña nombre reservado en comisión de servicios a contar del 01.01.2023; 11.- Resolución 7890, de fecha 20.12.2022, del Servicio de Salud Coquimbo, que dejó sin efecto la resolución 3318 de 02.08.2018 a contar del 01.01.2023; 12.- Correo electrónico de fecha 21.12.2022, del Subdepartamento de Gestión de Personas de La Dirección de Servicio, a nombre reservado y otros, mediante el cual se adjuntó la resolución exenta N°7879/2022 y, 13.- Correo electrónico de fecha 21.12.2022, del Subdepartamento de Gestión de Personas de La Dirección de Servicio, a nombre reservado y otros, mediante el cual se adjuntó la resolución exenta N°7890/2022.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que, por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, el Código del Trabajo, en su artículo 201 establece: “Durante el período de embarazo y hasta un año después de expirado el descanso de maternidad, excluido el permiso postnatal parental establecido en el artículo 197 bis, la trabajadora gozará de fuero laboral y estará sujeta a lo dispuesto en el artículo 174”. Por su parte, el Estatuto Administrativo dispone expresamente en su artículo 89, en relación a los funcionarios públicos, que entre otros derechos gozan de todas las prestaciones y beneficios que contemplen los sistemas de previsión y bienestar social en conformidad a la ley y de protección a la maternidad, de acuerdo a las disposiciones del Título II, del Libro II, del Código del Trabajo. Por su parte, el pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adoptado por la Asamblea General de Naciones Unidas el 19 de diciembre de 1966, ratificado por Chile el 10 de febrero de 1972 (publicado en el Diario Oficial el 27 de mayo de 1989), en su artículo 10. 2 dispone: “Artículo 10. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen que: 2. Se debe conceder especial protección a las madres durante un período de tiempo razonable antes y después del parto. Durante dicho período, a las madres que trabajen se les debe conceder licencia con remuneración o con prestaciones adecuadas de seguridad social.”

SEXTO: Que, del análisis del libelo pretensor y el informe evacuado es posible establecer como un hecho indubitado la circunstancia que la recurrente, doña nombre reservado, funcionaria pública a contrata, se encontraba, a la fecha de dictación de los actos administrativos impugnados, con fuero maternal, dado que como se reconoce expresamente por el Servicio de Salud Coquimbo, el 06 de julio de 2022 nació el hijo de la actora, iniciando su descanso post natal, post natal parental y extensión de post natal de la Ley N°21.510, culminado su descanso el 31 de diciembre de 2022 y extendiéndose su fuero maternal, por tanto, hasta el día 27 de septiembre de 2023.

SÉPTIMO: Que, siendo la recurrente funcionaria pública a contrata y gozando de fuero maternal no resulta lícito para el órgano administrativo recurrido alterar las condiciones en que la actora se desempeñaba hasta antes de dictarse los actos recurridos, especialmente las remuneraciones que se encontraban asignadas a las funciones que desempeñaba en forma previa a las modificaciones de tales condiciones, ello justamente en razón que el fuero y las normas sobre protección a la maternidad importan, en lo que interesa, la inmutabilidad de las condiciones laborales que desarrollaba la actora de protección, salvo que existiera una expresa autorización judicial para el cambio de tales condiciones. La circunstancia que, como se sostiene por las partes en el presente proceso, se haya efectuado una reunión entre doña nombre reservado y el Director del Servicio de Salud recurrido, en la cual aquella habría solicitado poder incorporarse en el área clínica del hospital de Salamanca como cirujano dentista y a lo cual, en definitiva, se habría accedido, no puede pasar por desconocer los derechos vinculados con la protección de la maternidad y, especialmente, que la protección del fuero maternal imposibilita modificar y/o alterar las condiciones en que se prestan los servicios personales en términos que de desmejorar las mismas, especialmente en relación a las remuneraciones percibidas, al lugar en que se prestan los servicios u otra condición concreta que importe un menoscabo, ello, al menos, mientras se mantenga vigente la referida institución protectora de la maternidad.

OCTAVO: Que, el criterio de la intangibilidad de las condiciones laborales a que se ha hecho referencia, derivado de la existencia del fuero y la protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar -como actualmente se le denomina- no es ajena a la relación estatutaria entre el Estado y sus funcionarios y ni tampoco a la relación de servicios bajo honorarios, atendiendo la expresa referencia que el estatuto administrativo hace a las normas referidas del Código del Trabajo, conforme lo ya expuesto en la motivación quinta. Ahora bien, vinculado a ello, la referencia al principio “Nemo auditur” que se menciona en el informe evacuado no sólo parece a estos sentenciadores incongruente con la circunstancia que el propio órgano administrativo recurrido sabía y conocía la existencia del fuero de la recurrente y, con ello, la imposibilidad de afectar sus condiciones de contratación y de prestación de servicios, especialmente, en relación a sus remuneraciones u otras condiciones esenciales, sino que, también podría ser sostenido en relación a la propia actuación administrativa, dado que se desconoce el contenido concreto de la “reunión privada” a que se ha hecho referencia por las partes en el presente recurso y sobre si en la misma se analizó o no las consecuencias negativas en las remuneraciones de la actora que generaría el cambio de lugar de trabajo, cuestión de la cual existe total incerteza se haya informado y explicado a la recurrente a objeto de que ella tuviera pleno conocimiento de lo que significaría considerando especialmente el hecho de que gozaba y goza de fuero.

NOVENO: Que, de lo analizado en las motivaciones precedentes, estos sentenciadores estiman que en los hechos materia de la presente acción de protección existe un actuar ilegal por parte del Servicio de Salud Coquimbo que desconoce los efectos del fuero y las normas de protección a la maternidad, la paternidad y la vida familiar, alterando las condiciones de la contrata de la recurrente generando con ello una disminución en sus ingresos que impacta negativamente en las condiciones laborales lo cual implica una alteración de las condiciones laborales a la que no se encontraba autorizado ejecutar mientras el ya referido fuero se mantuviera.

DÉCIMO: Que, en relación a la solicitud de rechazo por extemporaneidad del presente recurso de protección, al ser deducido luego del plazo de 30 días establecido en auto acordado que regula su tramitación, será rechazada por los siguientes fundamentos: i.- el referido cuerpo normativo dispone que el plazo referido corre desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, tomando conocimiento cierto del acto y sus efecto la recurrente al momento que se le cancelaron sus remuneraciones el día 24 de enero de 2023, dado que es en ese momento donde se materializa de forma efectiva la modificación definitiva de las remuneraciones y se toma conocimiento cierto de ello, de forma que habiéndose interpuesto el recurso el día 24 de febrero de 2023 el plazo referido no había transcurrido y, ii.- en el caso concreto, dado que el acto ilegal en que se ha incurrido, importa una afectación a las remuneraciones de la actora de protección, remuneraciones que se pagan mes a mes, se estima que se esta frente a un acto que, igualmente, se renueva mes a mes y, por tanto, el plazo de interposición de la presente acción constitucional se renueva por idénticos períodos.

UNDÉCIMO: Que, el acto ilegal en que se ha incurrido importa una afectación a las remuneraciones de la actora y, por tanto, a la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 24 de la Constitución Política dado que significa la privación de una parte de las remuneraciones a que la recurrente tiene derecho desde que no resultaba legalmente posible, atendiendo el fuero maternal de que goza, modificar las condiciones de la contrata en su desmedro, de forma de menoscabar las condiciones laborales en que presta sus servicios.

DUODÉCIMO: Que, atendiendo lo analizado y expuesto en las motivaciones precedentes, resulta forzoso acoger el recurso de protección de autos en los términos que se decidirá.

Y vistos, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección, se declara que se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado en contra del Servicio de Salud de la Región de Coquimbo, y, en consecuencia, se dejan sin efecto las Resoluciones Exentas N° 7890 y la N° 7879, ambas del año 2022 del Servicio de Salud Coquimbo, reintegrando a la actora a las funciones que desarrollaba como Jefa del Departamento Provincial de Choapa con anterioridad a tales actos administrativo, ello con las respectivas remuneraciones asignadas a tales funciones, debiendo, además, proceder a pagar las diferencias de remuneraciones generadas desde que se dictaron tales actos administrativos y hasta el efectivo reintegro de funciones ordenado.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del abogado integrante, señor Enrique Labarca Cortés.

Rol N° 235-2023 Protección.-