nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado, y otra.

nombre reservado.

Recurso de protección Rol Nº 2326-2017-CIV La Serena, veinticinco de enero de dos mil dieciocho.

VISTOS:

Comparece el abogado don FELIPE ANDRÉS BRAVO ALBORNOZ, cédula de identidad N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de doña nombre reservado, comerciante, Presidenta saliente del Sindicato N° 1 de nombre reservado, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado y doña nombre reservado, comerciante, Secretaria saliente del mismo Sindicato, y mismo domicilio anterior, quien interpone recurso de protección en contra de doña nombre reservado domiciliada en domicilio reservado, por la acción arbitraria e ilegal realizada el día 09 de noviembre de 2017, consistente en la elección de nuevo directorio para el Sindicato N° 1 de los nombre reservado, oportunidad en la cual se eligió el nuevo directorio de la referida organización para el período noviembre del 2017 a noviembre del 2019, solicitando restablecer el imperio del derecho, dejando sin efecto la elección impugnada, ordenando realizar una nueva elección dentro del plazo que el Tribunal determine. También solicita se ordene la presencia de un ministro de fe para la conformación de un nuevo Tricel y candidatos a elecciones, además de vetar a la directiva saliente.

Señala que su representada, la sra. nombre reservado, fue delegada y destituida de sus funciones por la Sra. Patricia Jorquera Pintrimilla, quien ocupaba el cargo de Secretaria del referido sindicato, quien hizo suponer a las autoridades que era ella quién ocupaba el cargo de Presidenta, tomando decisiones en forma arbitraria.

Sostiene que para censurar a la legítima Presidenta no se dio cumplimiento a los estatutos vigentes de la organización, y con el afán de asumir la actual presidencia, la sra. Patricia Jorquera Pintrimilla convocó rápidamente a nuevas elecciones, manipulando la información, con el objeto de ganar adherentes, procediendo de la siguiente manera:

1) En reunión de Asamblea del día 19 de octubre de 2017, luego de haber sido emplazada y cuestionada la Directiva anterior, por incumplimiento de deberes y funciones, se determinó por parte de los socios, que ninguno de la Directiva saliente volviera a postularse y, para mayor transparencia, se solicitó un Ministro de Fe para la conformación del Tricel, quedando todo estipulado en el libro de actas;

2) En la misma reunión de Asamblea descrita anteriormente, la recurrida, secretaria del sindicato, sra. Patricia Jorquera Pintrimilla, haciendo caso omiso de lo determinado por la Asamblea (referido en el punto anterior), se sube a una mesa y a mano alzada, comienza a designar los candidatos para la nueva elección, determinando ella misma quienes se inscribían y dejando fuera a otros socios.

En ese momento, conformó un Tricel en forma arbitraria, que no fue informado a los socios, ya que la mayoría se retiró de dicha reunión por no estar de acuerdo con el procedimiento.

3) Se cuestiona la imparcialidad y la competencia de los integrantes del Tricel por las razones que refiere.

4) Por extravío del Libro de Actas y Libro de Registro de Socios del sindicato, por parte de la secretaria saliente, integrantes del Tricel, sra. nombre reservado, sra. nombre reservado y sra. nombre reservado, el día 07 de noviembre de 2017, pasan por la feria elaborando una nueva lista de socios solicitando firmas.

5) La convocatoria a elecciones fue realizada por la secretaria saliente a través de redes sociales y no por el Tricel, no siendo informados la totalidad de los socios. Cabe señalar que el grupo de WhatsApp fue creado por la secretaria saliente, siendo ella quién decidía quiénes participaban de dicho grupo y quiénes no.

6) La Secretaria saliente Sra. Patricia Jorquera Pintrimilla, incorporó en los registros a personas que no contaban con la calidad de socios por no tener la antigüedad requerida, no siguiendo los conductos para la incorporación de socios que establecen los estatutos del Sindicato N° 1 de nombre reservado, sin perjuicio de participar en la votación socios de otro sindicato;

7) El día de las elecciones, algunos socios antiguos, incluso fundadores de dicha organización, no pudieron ejercer su derecho a sufragar por no estar inscritos en el libro de registro de socios.

Además de no informar de dichas elecciones a su Presidenta, la sra. nombre reservado.

8) En el momento de realizarse las elecciones, se presentaron algunos socios vetando dichas elecciones por el mal procedimiento señalado anteriormente, los que fueron insultados por integrantes del Tricel, todo esto en presencia del ministro de fe, Don Alexis Barrera Lemus, de la Inspección del Trabajo de Illapel.

Refiere que de esta forma se ha influido de manera determinante en el resultado de la elección, de la siguiente forma:

a) Doña Patricia Jorquera Pintrimilla, se denomina hoy en día como la actual Presidenta del Sindicato N° 1 de nombre reservado, elegida bajo todos los hechos denunciados anteriormente, y bajo toda falta de democracia sindical y con una tremenda falta de legitimidad, en relación a como se llevaron a efecto las votaciones;

b) Doña nombre reservado fue elegida nuevamente en el cargo de Tesorera, no obstante estar cuestionada por su incondicional apoyo a la sra. Patricia Jorquera Pintrimilla en sus malas prácticas como dirigente.

Afirma que los hechos anteriormente narrados constituyen un acto arbitrario e ilegal, ya que la manera de proceder de la recurrida doña Patricia Jorquera Pintrimilla, ha impedido participar en una elección sindical, lo que vulnera las garantías establecidas en el artículo 19 N° 19 y 24 de la Constitución Política de la República, artículos 2 y 3 del convenio 87 de la OIT, en cuanto no se han permitido elecciones democráticas, libres e informadas.

El proceder de la recurrida, doña Patricia Jorquera Pintrimilla, vulnera las referidas disposiciones, las cuales son recogidas en el artículo 19 N° 19 de la Constitución Política que consagra “El Derecho de sindicarse en los casos y forma que señale la ley. La afiliación sindical será siempre voluntaria. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en la forma y condiciones que determine la ley.

La ley contemplará los mecanismos que aseguren la autonomía de estas organizaciones. Las organizaciones sindicales no podrán intervenir en actividades político partidista”.

Además, dicho proceder de doña nombre reservado, importa una vulneración al derecho de propiedad del cargo de Presidenta y Secretaria de sus representadas, puesto que han asumido dicho cargo de conformidad a los Estatutos del Sindicato N° 1 de nombre reservado, conforma a las prescripciones que indica de dicho cuerpo normativo.

De modo que a la luz de los referidos antecedentes, habría quedado de manifiesto el hecho que doña nombre reservado ha asumido una función al margen de los estatutos, lo cual constituye una acción arbitraria e ilegal que importa privación, perturbación o amenaza respecto de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 19 y 19 N° 24 de la Constitución Política de sus representadas, doña nombre reservado y doña nombre reservado, ya individualizadas, en su calidad de Presidenta y Secretaria respectivamente del Sindicato N° 1 de nombre reservado, impidiéndoles que ejerzan el cargo que asumieron conforme al procedimiento contemplado al efecto en los Estatutos de la organización, y en su lugar se ha procedido a elegir un nuevo Directorio para el Sindicato N° 1 de nombre reservado, con infracción de las normas estatutarias.

Comparece informando el recurso doña Patricia Jorquera Pintrimilla, comerciante, domiciliada en domicilio reservado, solicitando declarar que ella no ha actuado en forma ilegal ni arbitraria, rechazando en definitiva el recurso intentado.

Indica que hasta el día 20 de agosto de 2017 fue Secretaria del Sindicato N° 1 de nombre reservado, y actualmente, desde el día 09 de noviembre de 2017, es su Presidenta.

Expone que durante el mes de abril del año 2017, como Sindicato, postularon a un proyecto colectivo de mejoramiento de ferias libres impulsado por el Servicio de Cooperación Técnica, en adelante SERCOTEC, corporación de derecho privado, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, dedicado a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del país. Dicho proyecto fue aprobado durante el mes de junio de 2017 y se requería entregar a SERCOTEC, en dos etapas, una suma de dinero que había sido aportada por todos los afiliados participantes del proyecto, la que se encontraba en la cuenta bancaria del Sindicato. Durante la primera etapa del proyecto, el dinero fue entregado por la Directiva anterior a la actual, mientras que para la segunda etapa, no se podía entregar la suma de dinero a SERCOTEC, pues el Banco no permitía retirar los fondos, debido a que la Directiva ya no se encontraba vigente.

Por lo anterior, la Asamblea se reunió en tres ocasiones con el fin de convocar a elección de la nueva directiva: 1) La primera asamblea se realizó el día 12 de octubre de 2017, en la que no se adoptó ningún acuerdo. 2) La segunda asamblea se realizó el día 17 de octubre de 2017, en la que se conformó una comisión electoral o Tricel, compuesta por 5 afiliados. 3) Finalmente, en la asamblea del día 19 de octubre de 2017 se adoptó el acuerdo de elegir nueva directiva, proponiendo la Asamblea a quienes serían los candidatos, siendo la suscrita una de ellas.

Afirma que es totalmente falso que se haya acordado por los afiliados que los miembros de la Directiva anterior no pudieran repostularse, como lo asegura la recurrente. También es completamente inverosímil que haya designado a los candidatos para la elección, sino que, fueron los afiliados quienes los propusieron, proponiéndola a ella y a otros socios. También sería falso que antes de las elecciones se haya reunido con el Tricel para algún propósito. Asimismo, no es efectivo que haya convocado a elecciones a través de las redes sociales, sino que la elección fue convocada por parte de los miembros del Tricel, mediante letreros que se instalaron en diferentes puntos de la nombre reservado, quienes también recorrieron cada uno de los puestos avisando del acto eleccionario, sin que la recurrida haya tenido ninguna participación en ello. Y que tampoco participó de forma alguna en supuestas nuevas inscripciones de socios.

Agrega que el proceso eleccionario se llevó a cabo en presencia de personal de la Inspección del Trabajo y en ello, la suscrita no tuvo ninguna participación.

Comparece informando el recurso el INSPECTOR PROVINCIAL DEL TRABAJO DE nombre reservado, REGIÓN DE COQUIMBO, don Alexis Barrera Lemus, señalando que el Sindicato de Trabajadores Independientes de nombre reservado Libres de la comuna de Los Vilos se constituyó el 13 de septiembre de 1983 ante ministro de fe, depositando ante el servicio informante el acta de constitución y sus estatutos el 21 septiembre de 1983, adquiriendo personalidad jurídica y quedando registrado bajo el número 0403.0020 del Registro Sindical Único de la Dirección del Trabajo.

Agrega que con fecha 03 de agosto de 2015 el Sindicato solicitó ministro de fe para renovar la directiva de la organización, informando los candidatos, y la composición del órgano electoral actuante. Dicha asamblea se realizó el día 20 de agosto de 2015, ante ministro de fe del Servicio, resultando electos los siguientes directores: nombre reservado (presidenta), Patricia Jorquera Pintrimilla (secretaria) y nombre reservado (tesorera). De acuerdo a sus registros, dicho mandato se extendió desde 20 de agosto de 2015 al 20 de agosto de 2017.

Posteriormente, el día 20 de octubre de 2017 la Sra. nombre reservado, en calidad de miembro del órgano electoral actuante del sindicato, solicitó ministro de fe para renovar el Directorio Sindical. En dicha oportunidad, se accedió a la solicitud de la organización, atendido el vencimiento del periodo de mandato de la directiva anterior, entregándose por escrito las recomendaciones para desarrollar dicho acto.

Afirma, que de acuerdo a las instrucciones vigentes de la Dirección del Trabajo y al principio de Libertad Sindical que rige en nuestra legislación, de conformidad a la ratificación de los Convenios N° 87 y 98 de la O.I.T., se reconoce a los sindicatos los derechos de constituir las organizaciones que estimen pertinentes, de redactar sus estatutos y reglamentos administrativos, de elegir libremente sus representantes, de organizar su administración y actividades y de formular su programa de acción sin injerencia de las autoridades públicas. De tal manera, se le entrega a las propias organizaciones sindicales la responsabilidad de los actos sindicales, como son los órganos electorales.

Conforme con lo señalado, y tratándose de los actos eleccionarios, son funciones de la organización sindical y del órgano electoral respectivo, entre otras, coordinar internamente el acto de votación, verificar el cumplimiento de las normas estatutarias y legales referentes a plazos y publicidad de la convocatoria, confeccionar la nómina de socios con derecho a voto y tomar la votación.

Afirma que la actuación del ministro de fe, en cambio, debe limitarse a cumplir las funciones propias de fedatarios, esto es, presenciar el acto de que se trate, certificar el levantamiento de actas, autorizar con su firma instrumentos originales y autenticar dichos instrumentos, pudiendo dejar constancia de todas aquellas observaciones que los interesados soliciten. No les compete verificar la calidad de socios votantes o si éstos cumplen o no con los requisitos para votar toda vez que tales cuestiones son de competencia de la propia organización (Dictamen N° 1766/148 de 04.05.2000 de la Dirección del Trabajo).

Refiere que en tal contexto, con fecha 09 de noviembre de 2017 en su calidad de ministro de fe, concurrió al domicilio ubicado en domicilio reservado, lugar donde se encontraba constituida la Comisión Electoral del sindicato compuesta por las Sras. nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, con la totalidad de la documentación y materiales necesarios para llevar a cabo el acto electoral.

Agrega que en su calidad de ministro de fe observó y dejó establecido en el certificado respectivo que existían discrepancias varias entre el libro de socios tenido a la vista y nómina de votantes al momento de efectuarse la votación; que durante el acto se produjeron algunos altercados verbales entre los asistentes. Indica que el Sr. nombre reservado dejó constancia de que no todos los socios involucrados aparecen habilitados para votar; que don nombre reservado, señaló haber quedado fuera de la nómina de votación, aun siendo socio del sindicato, mismo reclamo que planteó la Sra. nombre reservado, impugnando la no transparencia de la votación y que se había acordado en reunión última que nadie de la directiva actual se podía repostular al cargo".

Indica que en dicha oportunidad informó a los asistentes, incluyendo a quienes observaron el acto, sus funciones como ministro de fe, y que el conocimiento de las reclamaciones que pudieran estar relacionadas con cualquier vicio que afectara la constitución del acto electoral o cualquier hecho, defecto o irregularidad que pudiera influir en el resultado general de la elección, ocurrido antes, durante o después del acto eleccionario correspondía al Tribunal Electoral Regional.

Expone que el acto concluyó eligiéndose como directores del sindicato a los Sres. Patricia Jorquera Pintrimilla (presidenta), nombre reservado (secretario) y nombre reservado (tesorera). Posteriormente, los resultados de esta votación fueron ingresados en sus registros, actualizándose la composición de la directiva sindical.

Posteriormente, con fecha 11 de diciembre de 2017 el Sr. nombre reservado renunció al cargo de secretario del sindicato, lo que también fue registrado en el sistema informático del Servicio.

Agrega que durante el año 2017 no se recibió en sus oficinas ninguna solicitud de ministro de fe para efectuar una censura del directorio.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO.

PRIMERO: Que, como se ha sostenido reiteradamente por la jurisprudencia, el recurso de protección de derechos constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye desde el punto de vista procesal una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de los derechos fundamentales que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1º del Código Civil, o arbitrario, por ser producto del mero capricho de quién incurre en él, y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, quebrantando uno o más de los derechos protegidos.

El carácter sucinto de la acción en examen, así como el hecho de dejar subsistentes las vías legales respectivas para discutir contenciosamente el asunto, impone —para su éxito—, por una parte, la existencia de un derecho indubitado, y, por la otra, que la privación, perturbación o amenaza en el ejercicio del derecho, como ya se dijo, provenga de actos manifiestamente arbitrarios o ilegales que puedan establecerse sumariamente en el procedimiento regulado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación de este arbitrio.

SEGUNDO: Que, sin perjuicio que el artículo 10 N° 2 de la Ley 18.593 —Ley de los Tribunales Electorales Regionales—, entrega la competencia a dicha instancia jurisdiccional especial para conocer de las reclamaciones que se interpongan con motivo de las elecciones de carácter gremial y de las de cualesquiera otros grupos intermedios, agregando que en el caso de los grupos intermedios no comprendidos en el número 1° de ese artículo, la reclamación deberá ser formulada por, a lo menos, diez de sus miembros, lo que el señor nombre reservado, don Alexis Barrera Lemus informó además a los asistentes al proceso eleccionario que se impugna, actuando como ministro de fe, según señala en su informe, lo cierto es que el artículo 20 de la carta constitucional dispone que el ejercicio de la presente acción cautelar, es “sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes”, por lo que la sola existencia de sedes y procedimientos específicos de reclamación no impiden a esta Corte conocer de los hechos denunciados, quedando a salvo el ejercicio de dichos mecanismos específicos de impugnación a la recurrente.

Pero, como ya se dijo, en todo caso, la acción constitucional apunta a un remedio de urgencia para solucionar aquellos quebrantamientos o conculcaciones, por actuaciones que alteran una situación de hecho determinado, que sean calificadas como ilegales y/o arbitrarias, por lo que, mediante esta vía solo podrá conocer esta Corte cuando exista tal quebrantamiento o conculcación, con el fin de adoptar los remedios de resguardo que sean necesarios, mientras se ventile la discusión sobre el fondo ante la sede de competencia específica.

TERCERO: Que de los antecedentes agregados al presente recurso, es dable inferir que las recurrentes nombre reservado y nombre reservado, respectivamente presidenta y secretaria salientes del Sindicato N°1 de nombre reservado, impugnan el proceso eleccionario del día 9 de noviembre de 2017 que culminó en la elección de la nueva directiva del Sindicato N°1 de nombre reservado, por el periodo noviembre de 2017 a noviembre de 2019, por haberse verificado éste mediando un accionar arbitrario e ilegal de la recurrida, la Sra. Patricia Jorquera Pintrimilla, el que hacen consistir en la serie de maniobras que describen pormenorizadamente en el libelo recursivo, las que impidieron la participación en la elección sindical a los demás socios y sumaron a personas que aún no tenían la calidad de socios, lo que le permitió ser elegida como nueva presidenta, con lo que se habrían vulnerado las garantías establecidas en el artículo 19 N° 19 y 24 de la Constitución Política de la República, artículos 2 y 3 del Convenio 87 de la OIT, en cuanto no se permitieron elecciones democráticas, libres e informadas.

Como corolario de dicho accionar ilegal y arbitrario de la recurrida, señalan que el derecho se restablecería ordenándose una nueva elección del directorio del sindicato, con la conformación de un nuevo Tricel, nuevos candidatos a elecciones, presencia de un ministro de fe y vetándose a la directiva saliente para participar en este nuevo acto.

La recurrida, por su parte, señala que no ha actuado en forma ilegal y arbitraria en el proceso eleccionario donde resultó electa como presidenta del Sindicato N° 1 de nombre reservado; que dicho proceso se llevó a efecto luego de haberse reunido en tres ocasiones la asamblea con el fin de convocar a la elección de la nueva directiva, lo que era necesario hacer para entregar fondos comprometidos a Sercotec, con ocasión de un proyecto de mejoramiento de ferias libres al que habían postulado como sindicato, dineros éstos que no podían ser retirados del Banco por no encontrarse vigente la directiva; que en la segunda de estas asambleas —17 de octubre–, se conformó la comisión electoral o Tricel, y en la asamblea del 19 de octubre se adoptó el acuerdo de elegir la nueva directiva, llevándose después el proceso eleccionario con presencia de la Inspección del Trabajo.

CUARTO: Que por consiguiente, las recurrentes mediante su arbitrio han controvertido todo el proceso eleccionario del día 9 de noviembre de 2017 por el cual el Sindicato N° 1 de nombre reservado renovó su directiva, erigiendo a la recurrida como su nueva presidenta, el que estiman estuvo plagado de arbitrariedades e ilegalidades cometidas por ésta, antes y durante dicho proceso, las que alcanzarían a la Comisión Electoral actuante a cargo de la organización y dirección de dichas elecciones internas.

QUINTO: Que tal pretensión de las recurrentes, dada la entidad de las materias que pretenden someter al conocimiento de esta sede, supera con mucho la competencia de esta Corte para proceder a su dilucidación a través de una acción cautelar de urgencia, como lo es la acción de protección, lo que queda más patente aún si se examina el petitorio de su libelo, en que el restablecimiento del derecho se hace consistir nada menos que en anular el proceso eleccionario impugnado —“dejar sin efecto”, se solicita—, y ordenar la realización de una nueva elección, vetando la participación en ella de la directiva saliente, decisión ésta que, de adoptarse por esta Corte, incluso podría afectar el derecho de los demás miembros del sindicato que no han comparecido en este procedimiento sumario. Es decir, se solicita desconocer el resultado de una elección ya verificada, en la que intervino la comisión electoral respectiva y ante la presencia de un representante de la Inspección del Trabajo en carácter de ministro de fe, por la que se renovó la directiva del sindicato N°1 de nombre reservado.

Estamos, entonces, ante una controversia que no puede ser resuelta por esta vía, la que está destinada a proteger situaciones indubitadas, no debatidas, sin afectación de los derechos de terceros no comparecientes, que no requieran de un proceso de lato conocimiento, con aportación de pruebas por ambas partes y en que precisamente se persiga la declaración de determinados derechos, como los pretendidos por las recurrentes.

Por lo expuesto y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia respecto de la tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el deducido en estos antecedentes por doña nombre reservado y doña nombre reservado, en contra de doña Patricia Jorquera Pintrimilla, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Ministro Suplente Juan Carlos Espinosa Rojas.

Rol Nº 2326-2017. Protección civil.

Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas, el Fiscal Judicial señor nombre reservado y el abogado integrante señor Mario Carvallo Vallejos. No firma el abogado integrante señor Carvallo no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse ausente.

En La Serena, a veinticinco de enero de dos mil dieciocho, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.