nombre reservado con MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE VIVIENDA Y URBANISMO COQ

nombre reservado

Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo Recurso de Protección Rol N°2314-2023.- La Serena, tres de abril de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña Makarena García Dinamarca, abogada, en favor de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo acción de protección en contra de la SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO, representada por doña nombre reservado, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo y don nombre reservado, en su calidad de Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo.

Explica que, la recurrente ingresó por concurso público el 1 de octubre de 2010 a prestar funciones en el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Subsecretaria de Vivienda y Urbanismo con desempeño en la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, en calidad de honorarios a suma alzada, contratación que se extendió hasta el 14 de mayo de 2012.

Reseña que luego, a contar del 15 de mayo de 2012, pasa a desempeñarse en el Servicio de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo, en calidad de contrata, vinculación que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2012, misma que fue prorrogada durante los años 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Continúa explicando que fue designada, en comisión de servicios, a la SEREMI de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo desde el 23 abril de 2018 y hasta el 02 de mayo de 2018. Enseguida a contar del 01 de mayo de 2018 es contratada en calidad de honorarios en Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo. Agrega que, el 01 de enero de 2019, es designada en calidad de contrata cumpliendo funciones en la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, y que dicha contratación es prorrogada por los años 2020, 2021 y 2022.

Refiere que, el 04 de octubre de 2022 su representada fue notificada de la Resolución Exenta RA Nº272/1849/2022 de 28 de septiembre de 2022, que dispone el término anticipado de su contrata, motivo por el cual, interpuso un recurso de protección ante esta Corte, bajo el ROL N°6859–2022 el que fue acogido el 17 de enero de 2023, fallo que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema el 7 de julio de 2023, bajo el Rol Nº10.570-2023.

Con motivo de la acción constitucional deducida fue dejada sin efecto la Resolución Exenta RA Nº272/1849/2022 de 28 de septiembre de 2022 y se dispuso la renovación de su contrata para el año 2023.

Manifiesta que, su defendida producto de una serie de acciones que realiza el Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, las que giran en torno a no tener confianza en ella, le afectaron profundamente, sufriendo constantes crisis de angustia en gran parte del día, trastornos del sueño, llantos repentinos, irritabilidad, cambios estados de ánimo repentino, lo que afectó su vida personal, incluso somatizando con dolores de cuerpo que se vieron reflejados por pruritos en el cuerpo, cansancio físico y mental. Ante ello, consulta con médico psiquiatra quien le diagnostica reacción a estrés severo y trastorno adaptativo mixto angustioso depresivo, iniciando tratamiento farmacológico y terapia psicológica a partir del mes de mayo de 2022.

Afirma que, su proceso de recuperación fue lento, ya que debió enfrentar su desvinculación, lo que se resuelve favorablemente para ella mediante sentencia pronunciada por esta Corte de Apelaciones en causa ROL N°6859–2022, y además, por descuentos arbitrarios en sus remuneraciones por parte de su empleador, lo que se resuelve favorablemente para la actora, por este Tribunal causa ROL N°1116-2023.

Puntualiza que, la recurrente es dada de alta por su psiquiatra, reincorporándose a sus funciones el 18 de octubre de 2023, puesto que las licencias médicas obedecieron a una situación puntual que le afectó, y que hizo todo lo posible para recuperar su salud, sometiéndose a una serie tratamientos.

Transcribe la Resolución TRA N°272/28/2023 de 5 de septiembre de 2023, la cual se recurre por esta vía, que declara vacante su cargo por salud incompatible, la cual se fundamenta en la facultad discrecional que le entrega la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, al jefe de servicio en sus artículos 150 letra a) y 151, los cuales cita. Advierte que, dicha facultad es privativa y discrecional del Jefe del servicio, pero ello no significa que pueda ser arbitraria, y su ejercicio debe hacerse con respeto de las garantías constitucionales.

Indica que, mediante Folio: 16455633, de 04 de julio de 2023, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, resuelve que doña nombre reservado, presenta una situación de salud recuperable, y que la funcionaria había retomado sus funciones el 18 de octubre de 2023, por lo que cuestiona qué elementos se consideraron para determinar que su estado de salud era incompatible con el cargo, afirmando que, lo único que consideró la recurrida fue número de días de licencia médicas, por cuanto no se realizó ningún peritaje o informe con el objeto de evaluar si su salud es compatible o no con el cargo.

Aduce que, si bien es efectivo que la funcionaria hizo uso de licencia médica por un lapso discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años, no obstante ello, la forma en que se procedió a ejercer la potestad aparece como sorpresiva, antojadiza y carente de fundamento, si se toma en cuenta que su estado de salud es recuperable y que la funcionaria se encontraba en funciones.

Cita el inciso tercero del artículo 151 del Estatuto Administrativo, y afirma que, la intención legislativa, al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la COMPIN, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, pronunciamiento que, al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable “podrá” el jefe superior del servicio considerar la salud incompatible. En relación a ello, explica que, nuestro ordenamiento jurídico no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, pues no todas las situaciones son idénticas, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, cuestión que en este caso no ocurre, debiendo tomarse en cuenta que las ausencias de la funcionaria fueron ocasionadas por una situación puntual de la cual se encuentra recuperada, y que la misma COMPIN señala que no adolece de estado de salud irrecuperable.

Previas citas jurisprudenciales, concluye que, se ha ido desarrollando una jurisprudencia consistente y uniforme en materia de motivación del acto administrativo, consagrando una serie de estándares que materializan de manera concreta el mandato del artículo 8° de la Constitución y los artículos 11, inciso 2° y 41° inciso 4° de la Ley de Bases del Procedimiento Administrativo. Por lo tanto, todo acto administrativo, como el impugnado, debe basarse en motivos que deben explicitarse, más allá de la simple referencia a normas y/o hechos, que en este sentido carece absolutamente de fundamentación, ya que si bien realiza dichas referencias, lo que justificaría especialmente las facultades de quien lo dicta, respecto de la fundamentación nada dice, y no se podría considerar como fundamento suficiente de la declaración de salud incompatible con el cargo el uso de licencias médicas, ya que dichas consideraciones en nada permiten comprender porque la salud del funcionario es incompatible con sus funciones. En este sentido, el ejercicio de tal facultad supone necesariamente que el jefe del servicio debe indagar acerca de la situación particular que afecta al funcionario, requiriendo una exposición en orden a los motivos que explican una prolongada licencia médica y la documentación que la justifique, y en especial explicar por qué, en el caso concreto, la salud del funcionario es incompatible con el cargo. Sostiene que, nada de ello ha ocurrido, en este caso, pues la recurrida se ha limitado a aplicar únicamente un criterio matemático consistente en la sumatoria de los períodos sin señalar la justificación porque la salud de la recurrente, es incompatible con su cargo.

Alega vulneración a al derecho a la integridad física y psíquica de la recurrente, por cuanto el actuar de la recurrida únicamente se basó en el tiempo de las licencias y no tuvo ningún otro antecedente respecto de su salud, lo que le ocasiona un perjuicio físico y psíquico, ya que la declaración de salud incompatible, por sí misma la afectó, quien no tenía por qué ver en peligro su futuro económico y laboral por un acto que no respondió a una razón atendible. Asimismo, alega se ha conculcado el derecho de igualdad ante la ley, porque en situaciones similares no se declara la salud incompatible respecto de funcionarios que tienen salud recuperable y que hacen uso de licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los dos últimos años; y finalmente, al derecho de propiedad, pues se le ha privado del legítimo derecho a mantener su contrata y la retribución económica que acarrea el ejercicio de este, por una decisión arbitraria de la autoridad.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la resolución impugnada y reincorporar a la funcionaria a su cargo, proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes debidamente reajustados, entre la fecha de la separación y la de su efectivo reingreso, con expresa condenación en con costas.

Acompaña al recurso: 1.- Resolución TRA N°272/28/2023 de 5 de septiembre de 2023, con su respectiva Toma de Razón por la Contraloría General de la Republica de 21 de noviembre de 2023 y notificada el 24 de noviembre de 2023. 2.- Acta de notificación de la Resolución TRA N°272/28/2023. 3.- Informe médico Psiquiatra don nombre reservado de 3 de octubre de 2022 y 1 de marzo de 2023. 4.- Informe tratamiento psicológico de 22 mayo de 2023.

SEGUNDO: Que, a folio 10 evacuó informe doña nombre reservado, abogada de la División Jurídica del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Refiere los hitos que registra la prestación de servicio en organismos del sector vivienda por parte de la recurrente, incluyendo lo resuelto por esta Corte de Apelaciones y la Excelentísima Corte Suprema, ordenando la renovación de la contratación de la actora, por el periodo 2023 y sucesivos.

Indica que, el 21 de julio de 2023, se evacúa Oficio N°1034 desde la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo, Región de Coquimbo, con el objetivo de solicitar se disponga la vacancia del cargo de la recurrente, quien a la fecha se desempeñaba como asesor de gestión, profesional a contrata, grado 11 EUR de dicha SERMI, teniendo tal solicitud como fundamento las numerosas licencias médicas presentadas a esa fecha, procediendo a emitir la Resolución TRA 272/28/2023, que declaró vacante, por salud incompatible, el cargo servido por la actora.

Sostiene que, dicha resolución fue dictada atendido a lo dispuesto en los artículos 150 letra a) y 151 del Estatuto Administrativo, los cuales cita, y señala que, la recurrente hizo uso de 14 licencias médicas desde el 24 de mayo de 2022 al 20 de junio de 2023, lo que da un total de 407, superando ampliamente el mínimo normativo. Agrega que, atendido que el pronunciamiento de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez fue previsto por el legislador como un trámite y antecedente previo a la declaración de vacancia por salud incompatible, con anterioridad a la declaración de vacancia del cargo, el Servicio solicitó a dicha Comisión la evaluación de la actora, respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud, la que fue fallada mediante resolución de evaluación N°16455633 de 04 de julio de 2023, la cual indica que la recurrente presenta un estado de salud recuperable.

Puntualiza que, habiendo un pronunciamiento que estableció la recuperabilidad de la salud de la funcionaria, el Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo procedió a solicitar a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo la vacancia del cargo, mediante Ordinario Reservado N°1034 de 21 de julio de 2023. En virtud de lo anterior, es que mediante Resolución TRA N°272/28/2023 de 05 de septiembre de 2023, se decreta por parte de la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo la vacancia del cargo por salud incompatible, resolución cuya toma de razón tiene fecha 21 de noviembre de 2023, siendo notificada personalmente a la recurrente el 24 de noviembre de 2023.

Conforme a lo expresado anteriormente, aduce que, el acto impugnado fue dictado por la autoridad competente en el marco de sus potestades legales, estimando incorrecta y contraria a derecho la aseveración formulada en cuanto a que éste sería vulneratorio de los derechos y garantías contempladas en el artículo 19 N°1,2 y 24 de la Constitución Política de la República.

Refiere el Dictamen E255502N22 de la Contraloría General de la República, del cual desprende que la declaración de salud irrecuperable por parte de la COMPIN no lleva necesariamente a una declaración de vacancia del cargo por su incompatibilidad, si no que corresponde aplicar el procedimiento de a declaración de vacancia por irrecuperabilidad, y habilita al servicio requirente para materializar la primera de ellas. En tal sentido también se pronuncia el dictamen N°17.351 de 11 de julio de 2018, del mismo órgano Contralor, así como el voto disidente del Ministro Jean Pierre Matus en fallo Rol 30.325-2022 de la Excelentísima Corte Suprema.

En cuanto a las Garantías que se invocan como vulneradas, observa que, respecto a la igualdad ante la Ley, la recurrente no entrega antecedentes de hecho que permitan acreditar una discriminación. En relación al derecho a la integridad psíquica, reitera que la medida se tomó haciendo uso de una facultad expresa establecida en el ordenamiento jurídico. Finalmente, en cuanto al derecho de propiedad, estima que, al no haber existido una vulneración de derechos al dictar el acto recurrido, malamente podría afectarle el hecho de dejar de percibir la renta asignada al cargo.

Finalmente, recalca que el fundamento utilizado para decidir la vacancia del cargo es de carácter objetivo, acorde a lo establecido en la legislación aplicable en la materia, por lo que el acto resulta racional y razonable, expresa suficientemente las razones que se tuvieron en consideración para la adopción de la decisión, e indica los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta.

Solicita, por tanto, el rechazo de la acción impetrada, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia de la Resolución TRA N°272/28/2023. 2. Copia de las licencias médicas presentadas por doña nombre reservado. 3. Copia del Oficio N°1034, de 21 de julio de 2023, sobre solicitud de vacancia del cargo formulada por el Secretario Regional de Vivienda y Urbanismo de la Región de Coquimbo. 4. Resolución Folio N°16455633 de 04 de julio de 2023 de la COMPIN. 5. Acta de notificación de la Resolución TRA N°272/28/2023.

TERCERO: Que, a folio 16, se prescinde del informe solicitado al Secretario Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, por medio del presente arbitrio constitucional, la recurrente pretende la invalidación de la Resolución TRA N°272/28/2023 de 05 de septiembre de 2023, que declara la vacancia de su cargo, por salud incompatible, por cuanto ella carecería de fundamentos, al ser declarada la patología que padecía como recuperable, y al haber, en definitiva, retornado a sus funciones.

Por su parte, la recurrida sostiene que el acto fue dictado en uso de las facultades que la Ley le confiere al respectivo Jefe del Servicio, expresando debidamente los fundamentos objetivos en los que se sustenta.

SEXTO: Que, el artículo 151 del Estatuto Administrativo, luego de la modificación introducida por la Ley 21.050, dispone que:

“El Jefe superior del servicio podrá considerar como salud incompatible con el desempeño del cargo, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable.

No se considerará para el cómputo de los seis meses señalado en el inciso anterior, las licencias otorgadas en los casos a que se refiere el artículo 115 de este Estatuto y el Título II, del Libro II, del Código del Trabajo.

El jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario respecto a la condición de irrecuperabilidad de su salud y que no le permite desempeñar el cargo.”

SEPTIMO: Que, según la jurisprudencia de los tribunales Superiores de Justicia en particular aquella dictada por la Excma. Corte Suprema el 9 de septiembre de 2020, en autos Rol 88.302-2020, considerando sexto, antes de la Ley N° 21.050, uno de los reproches a la legislación vigente, radicaba en que la calificación de la salud del funcionario, como irrecuperable o incompatible para el cargo, era realizada por el jefe superior del servicio, esto es, una persona no experta en salud ocupacional. En efecto, al alero de la antigua normativa, el Tribunal Constitucional sostenía que: “la mera circunstancia de haber hecho uso de licencias médicas por más de seis meses en los últimos dos años no habilita por sí sola al Jefe superior del servicio para considerar que el funcionario que ha disfrutado de ellas tenga salud incompatible con el desempeño del cargo que le corresponde, sino cuando ellas sean indicativas de que el afectado no podrá recuperar el estado de salud que le permite desempeñar el cargo”(STC Rol 2024-11-INA, de 13 de diciembre de 2012).

Del mismo modo, el Tribunal Constitucional expresó que: “no basta para fundamentar la declaración de salud incompatible con el cargo el solo hecho de haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, y que, de existir efectivamente un estado de salud en el funcionario afectado que le impida desempeñar el cargo, ella es constitutiva de falta de idoneidad personal -que no es ciertamente culposa- para continuar en su trabajo, circunstancia que, al igual que ocurre con la capacidad, la Carta Fundamental contempla específicamente como factor de diferenciación en materias laborales, al aludir de modo expreso a la “idoneidad personal” (STC 3006-16-INA, de 29 de septiembre de 2016).

En razón de dichas objeciones, el Ejecutivo propuso modificar el artículo 151 de la Ley N° 18.834, en orden a que tal incompatibilidad fuese declarada por la Compin respectiva, esto es, por un órgano técnico cuya función consiste en desarrollar prestaciones médico administrativas para constatar, evaluar, declarar o certificar el estado de salud, la capacidad de trabajo o recuperabilidad de los estados patológicos permanentes o transitorios de los trabajadores, con el objetivo de permitir la obtención de beneficios estatutarios y laborales, proyecto de ley que dio origen al actual inciso tercero del artículo 151”.

OCTAVO: Que, entonces, de lo consignado en el motivo anterior, no cabe duda que la intención del legislador al momento de establecerse la obligatoriedad del informe previo de la Compin, fue que un organismo técnico estudiara los antecedentes del funcionario, a fin de determinar si su salud resulta o no recuperable, como también que ese profesional se pronunciara respecto si su salud le permite o no desempeñar el cargo, ello a propósito de fundar la incompatibilidad, informe que al emanar del órgano administrativo competente al efecto, resulta vinculante para el servicio público y, en este sentido, de declararse que la salud es recuperable, en principio, no es posible aplicar la causal del artículo 151 del Estatuto Administrativo, si es que la Compin no concluye, a su vez, que la salud del funcionario no le permite desempeñar el cargo NOVENO: Que de esta forma es ésta la interpretación más coherente con la intención del legislador al incorporar el nuevo inciso tercero, pues de otra forma se permitiría que la autoridad administrativa resolviera con independencia de la opinión del organismo técnico, con lo cual la decisión quedaría desprovista de todo fundamento, al prescindirse del informe obligatorio en relación a la irrecuperabilidad de la salud del funcionario y a la compatibilidad de la misma con el desempeño del cargo. En este sentido, del claro tenor de la norma legal antes señalada, el informe no sólo debe solicitarse respecto al carácter irrecuperable de la salud, sino también sobre la incompatibilidad de la salud del funcionario para desempeñar el cargo.

A dicho argumento también debe adicionarse que la redacción artículo 151 de la Ley 18.834 establece una facultad para el jefe superior del servicio, que puede o no aplicar, estableciendo para cada caso los fundamentos en que se sostiene esa decisión; la que por lo demás debe encontrarse debidamente fundada, cuestión que en la especie no ocurre, por cuanto la Resolución Exenta, tal como se consigna del documento aparejado a folio 1 solo contiene la transcripción de la disposición aludida, sin considerar argumentos que, en este caso en específico, llevaron a adoptar tal decisión, teniendo presente además que el ordenamiento jurídico vigente no considera una etapa previa a la dictación del acto terminal del jefe superior del servicio, en la que el funcionario afectado pueda ser oído y ejercer su defensa, sin que puede considerarse una situación idéntica a las diversas que pueden ocurrir, de modo que la autoridad debe ser especialmente diligente en la fundamentación del ejercicio de una potestad discrecional, que no por ello se encuentra exenta, claro está, del control jurisdiccional cuando la misma se ha ejercido al margen de la legalidad o de manera arbitraria, sin expresión de las circunstancias de hecho y de derecho que le sirven de fundamento.

Sobre este punto, resulta relevante señalar que según consta de la documental allegada por la recurrida, en particular el Ordinario Reservado N° 1034 de 21 de julio de 2023, agregado a folio 11, al requerirse por don nombre reservado, Secretario regional Ministerial de Vivienda y urbanismo de la región de Coquimbo a la señora Subsecretaria de Vivienda y urbanismo, la vacancia del cargo de la recurrente, junto con mencionarse los antecedentes de su contratación y las licencias médicas de las que ha hecho uso, también se menciona que la acción constitucional presentada por ésta ante esta Corte, ingresada bajo el Rol N° 6859-2022, describiéndose que la misma fue acogida, disponiéndose la reincorporación a sus funciones de la actora, decisión que fue confirmada en los autos Rol N° 10.570-2023, por la Excma. Corte Suprema, con lo cual se advierte que al requerirse la declaración que se cuestiona se tuvo en consideración otra serie de antecedentes que no aparecen mencionados en la resolución que por esta vía se impugna, con lo cual queda en evidencia la falta de fundamentación de la decisión.

DÉCIMO: Que, si bien en la especie, la declaración de salud incompatible con el cargo y su posterior vacancia, se basó aparentemente en la circunstancia de haber hecho uso la recurrente de licencias médicas por un periodo superior a seis meses, en los últimos dos años, ese presupuesto no basta para cumplir los requisitos del artículo 151 del Estatuto Administrativo, por cuanto es un hecho no discutido que por Resolución de evaluación de la Comisión Médica Preventiva e Invalidez Folio 16455633 de 4 de julio de 2023, declaró que la salud de la recurrente es recuperable, sin pronunciarse sobre si, a pesar de ello, resulta incompatible con el cargo.

Lo anterior deja de manifiesto no sólo la ilegalidad del acto administrativo recurrido, al dar término al vínculo estatutario de la recurrente sin cumplir con el presupuesto legal del artículo 151 de la Ley Nº 18.834, sino también su arbitrariedad, dado que no cumple con el informe que la ley exige para determinar que la salud del actor no sería compatible con el cargo, limitándose a invocar el hecho de hacer uso de licencias médicas por el lapso establecido en la ley, aunque también se tomaron en consideración otras circunstancias no explicitadas en la resolución cuestionada para sustentar la determinación de vacancia del cargo.

UNDECIMO: Que, por lo demás, cabe tener presente que a la fecha en que se notificó el acto impugnado, el 24 de noviembre de 2023, la actora ya se había reincorporado a sus labores el 18 de octubre del mismo año, según consta de los documentos allegados a esta causa, lo que da cuenta además de la falta de proporcionalidad y razonabilidad de la medida de desvinculación.

DUODECIMO: Que, por lo expuesto, la ilegalidad constatada produce una vulneración de los derechos fundamentales de la recurrente, contemplados en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razón por la cual el recurso necesariamente debe ser acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de doña nombre reservado, en contra de la SUBSECRETARÍA DE VIVIENDA Y URBANISMO, y, en consecuencia, se deja sin efecto la Resolución TRA N°272/28/2023 de 5 de septiembre de 2023, debiendo la recurrida reincorporar a la recurrente al servicio y proceder al pago de todas las remuneraciones y estipendios correspondientes, desde la fecha de separación y hasta su efectiva reincorporación, si procediere.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Titular Señora Marcela Sandoval Durán.

Rol N°2314-2023 (Protección).-