Protección contra Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 2314-2022.

La Serena, veinte de junio de dos mil veintidós.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparecen nombre reservado y Joaquín Andrés Contreras Roa, abogados, interpusieron acción constitucional de protección en favor de nombre reservado, venezolano, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, dirigida en contra del Departamento de Extranjería y Migración dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública de Chile, representado por don nombre reservado, Ingeniero Civil Industrial, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de permanencia definitiva, realizada con fecha 20 de septiembre de 2021, omisión que vulnera el derecho fundamental de igualdad ante la ley, reconocido en el artículo 19 Nº2 de la Constitución Política de la República en concordancia con el artículo 27 de la Ley Nº19.880.

Refiere que el recurrente, quien ingresa al país como turista, decide cambiar su condición migratoria; ante el vencimiento de su visa temporaria decide regularizarse con fecha 20 de septiembre de 2021 como consta en comprobante de solicitud Nº30919361 acompañado al recurso, transcurriendo a la fecha de interposición del recurso 7 meses y 16 días sin pronunciamiento relativo a la solicitud.

En cuanto a los hechos, afirma que, a la fecha de interposición de la presente acción, no ha recibido ninguna respuesta por parte de la recurrida, lo que lo mantiene en una situación de preocupación e incertidumbre.

En cuanto al derecho, destaca lo dispuesto en los artículos 4, 7, 9 y 27 de la Ley Nº 19.880 que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, en particular los artículos 7 y 27 que regulan el principio de celeridad, con la obligación de impulsar el procedimiento de oficio. Del mismo modo, hace referencia al artículo 9 del mismo cuerpo legal, en cuanto al principio de economía procedimental, que establece que la Administración debe responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por lo anterior, solicita se acoja la acción interpuesta, y se ordene a la recurrida que se pronuncie respecto de la solicitud de permanencia definitiva.

Acompaña a su presentación: 1. Comprobante de solicitud de regularización, y 2. Cédula de identidad.

Segundo: Que los abogados Antonio Henríquez Beltrán y Francisco Javier Alarcón Calderón, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, y solicitan el rechazo de la acción deducida por improcedente al no configurarse los presupuestos constitucionales para su interposición, no existiendo acto u omisión de parte de la autoridad que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario que atente en contra de alguna de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Carta Fundamental.

Manifiesta que el recurrente ingresa a territorio nacional el 13 de noviembre de 2017; posteriormente se le otorga visación temporaria vigente desde el 12 de febrero de 2019 al 12 de febrero de 2020.

Posteriormente el 7 de septiembre de 2021, el recurrente se inscribió en el proceso de regularización migratoria extraordinaria, y que, por según Resolución Exenta N°21151454, de fecha 20 de septiembre de 2021, se admite a trámite su solicitud y se le otorga permiso de trabajo al recurrente.

Así, estando en tramitación la solicitud, la situación migratoria de quien recurre se mantiene regular en el territorio nacional durante el período de tramitación de su solicitud.

Sostiene que el plazo del procedimiento administrativo señalado en el artículo 27 de la Ley 19.880 no es un plazo fatal para la administración, el que podrá ser mayor a 6 meses cuando exista caso fortuito o fuerza mayor, Indica que, bajo esa lógica, no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria, considerando que al procedimiento se le ha dado la debida tramitación.

Señala que el extranjero se encuentra en situación migratoria regular en el país, con un permiso de residencia en trámite, y sin haber dictado en su contra medida alguna de multa, abandono o expulsión, el presente recurso, debe ser desestimado y por tanto, rechazado.

Sostiene que la autoridad administrativa ha actuado siempre conforme a la Constitución y a las normas legales y reglamentarias vigentes, dentro de la esfera de sus competencias, y siguiendo los procedimientos que dichas normas establecen, motivo por el que el recurso de protección debe ser rechazado en todas sus partes.

Acompaña a su informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N°8536/2022, otorgada ante el Notario Público suplente de la Trigésima Tercera Notaría de Santiago, doña nombre reservado. 2. Resolución Exenta N°21151454, de fecha 20 de septiembre de 2021, del Servicio Nacional de Migraciones.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Cuarto: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

Quinto: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de permanencia definitiva presentada solicitada en el mes de septiembre de 2021, lo cual califica de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República.

Solicita que se ordene a la recurrida se pronuncie sobre su solicitud, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho.

Sexto: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley 19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

Séptimo: Que, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, queda en evidencia el incumplimiento de la normativa que regula la actividad de la Administración, toda vez que la autoridad respectiva ha desconocido la aplicación de los principios de celeridad, conclusivo, de economía procedimental e inexcusabilidad, en tanto ha dilatado la decisión respecto de la solicitud de permanencia definitiva, excediendo con creces el plazo establecido en el artículo 27 de la mencionada Ley 19.880 (SCS Rol N° 24.827-2020).

Octavo: Que, por tanto, la dilación de la recurrida en el pronunciamiento sobre la mentada solicitud, en este caso particular, debe ser calificada de ilegal y arbitraria porque vulnera la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, en tanto importa una discriminación en contra de quien recurre, en relación con el trato dispensado a otros interesados que, en situación jurídica equivalente, han podido tramitar debidamente sus solicitudes, obteniendo una respuesta formal en la que se contengan las razones conforme a las cuales la autoridad ha adoptado la decisión terminal pertinente.

A mayor abundamiento, la duración del procedimiento, que se generó a propósito de la solicitud de permanencia definitiva de autos ha superado los nueve meses de tramitación, tiempo que a juicio de estos sentenciadores es evidentemente excesivo, toda vez que si bien es de público conocimiento que muchos trámites administrativos se han visto dilatados por la emergencia sanitaria que atravesamos como humanidad, por lo menos durante los años 2021 y 2022 la situación sanitaria se ha ido normalizando y los servicios estatales han desarrollado sus funciones cada vez con menos restricciones, de forma tal que no aparece justificado la extensión que ha tenido la tramitación de las solicitudes, todo lo que transforma en arbitrario el proceder de la recurrida.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del actual Servicio Nacional de Migraciones y, en consecuencia, se dispone que la recurrida deberá emitir el pronunciamiento que en derecho corresponda respecto de la solicitud de permanencia definitiva presentada ante ella por quien recurren, lo anterior, dentro del plazo de 30 días corridos, a contar de la fecha de notificación de la presente resolución.

Se previene que el Fiscal Judicial Sr. Montenegro fue de parecer de acoger el recurso de protección, otorgando el plazo de 30 días hábiles a la recurrida, a contar de la fecha de notificación de la presente, para emitir el pronunciamiento solicitado, al dirigirse la acción en contra de un acto administrativo.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol Nº 2314-2022 Protección.