nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

COMPIN Coquimbo Recurso de protección Rol Nº2311-2023.- La Serena, dieciséis de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Israel Alejandro Gutiérrez Rojas, abogado, con domicilio en domicilio reservado, en favor de nombre reservado, médico cirujano, cédula nacional de identidad Nº RUT reservado, mismo domicilio, interponiendo recurso de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, en adelante “COMPIN”, representada legalmente por su presidenta doña nombre reservado, de profesión Trabajadora Social, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la Resolución Exenta Nº23044121202 de 12 de octubre de 2023, en cuya virtud se le sancionó con la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas más una multa de 10 UTM pagaderas en un término de 10 días, y Resolución Exenta Nº23044121203 de 03 de noviembre de 2023 y Resolución Exenta Nº23044121204 de 17 de noviembre de 2023, que renovaron la sanción de suspensión de emitir licencias médicas y venta de talonarios, las que vulneran los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ejerce como médico en el Centro Médico Limarí, ubicado en la ciudad de Ovalle.

Señala que el 29 de septiembre de 2023, la recurrida remitió correo electrónico a la dirección correo reservado en el contexto de un procedimiento de fiscalización relativa a las licencias médicas emitidas por el actor, dentro del periodo comprendido entre los meses de agosto de 2022 y septiembre de 2023.

Hace presente que varios de los numerosos casos involucrados en la fiscalización correspondieron a pacientes que habían comprado sus bonos de atención FONASA a nombre del Centro Médico Limarí y no a nombre del recurrente, de manera que la información para evacuar el informe ni siquiera estaba a disposición del recurrente, la que estaba bajo la custodia del centro médico Limarí. En consecuencia, afirma que el recurrente no tuvo a su disposición la información para evacuar los numerosos informes que le fueron solicitados y, además, señala que desde la recurrida no recibió orientación alguna cuando se le consultó.

Luego, señala que el 6 de octubre (cinco días después del requerimiento de información inicial) la recurrida remitió un nuevo correo electrónico a la dirección de correo del Centro Médico Limarí, pero dirigido al recurrente como sujeto de fiscalización, exigiendo que se cumpliera con la entrega de los antecedentes solicitados el 29 de septiembre.

Así, ante la eventual imposición de una sanción, afirma que el administrador del Centro Médico Limarí accedió a facilitarle el acceso a los antecedentes clínicos de los pacientes, así como de los bonos de salud emitidos a nombre del Prestador Institucional.

Por otra parte, agrega que la plataforma dispuesta por la recurrida para incorporar los documentos permitía realizar tan solo una carga de archivos de forma simultánea; sin permitir, en cambio, subir o incorporar documentos en fechas, ni momentos diferentes.

En dicho contexto, señala que el 16 de octubre de 2023 se recibió una carta en el Centro Médico Limarí, la que contenía la Resolución Exenta Nº 23044121202 de fecha 12 de octubre de 2023, en cuya virtud se sancionó al recurrente con la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas más una multa de 10 UTM pagaderas en un término de 10 días, ello por no haber presentado los antecedentes requeridos dentro del plazo otorgado.

Sin embargo, alega que la tabla donde se indican los pacientes a quienes otorgó licencia, contenida en el considerando Nº7 de la Resolución Exenta Nº 23044121202, carece de observaciones con respecto de los informes médicos confeccionados por el agraviado, de manera que las decenas de informes remitidos por el actor a la recurrida, así como las boletas o bonos, no fueron revisados, por faltar las fichas clínicas de la pacientes, misma que no pudieron ser acompañadas por las dificultades propias del sistema proveído por la recurrida.

Indica que el recurrente ejerció su derecho a impugnar la sanción, pero con fecha 3 de noviembre de 2023 la recurrida dictó una nueva Resolución Exenta, esta vez, Nº 23044121203 que renovó la sanción de suspensión de emitir licencias médicas y venta de talonarios, sobre la base de una supuesta negativa -que fue calificada como “reiterada”- en orden a entregar los informes complementarios necesarios para respaldar la emisión de las licencias médicas. Sin embargo, hace presente que dicho argumento se basó en que los informes médicos presentados no habrían cumplido “con los datos requeridos de acuerdo con el modelo de informe médico de COMPIN solicitado al momento de la fiscalización”, no por un asunto de fondo.

Luego expone que el 17 de noviembre de 2023, la recurrida dictó una nueva Resolución Exenta, Nº23044121204 por la que se dispuso otra renovación de la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y venta de talonarios por 15 días, sosteniendo que el actor había incurrido en una negativa de entregar los informes complementarios para respaldar la emisión de las licencias médicas. Señala que habiendo consultado con COMPIN, le indicaron que los informes remitidos tenían en blanco el campo “ocupación”.

A continuación, alega que la resolución de COMPIN ha sido dictada en forma ilegal y con arbitrariedad.

La primera ilegalidad, la identifica con una falsa aplicación del artículo 2 de la Ley N°20.585, referente al plazo para dar respuesta a la solicitud. Argumenta que, si bien, dicha norma establece un plazo máximo de siete días corridos, tal plazo acotado está previsto para un caso concreto, en que exista sospecha cierta de emisión de licencia sin fundamento, no para un conjunto copioso de licencias como el caso en especie, interpretación que se desprende de los artículos 1, 5 y 8 de la Ley N°20.585. En tal sentido, añade que el gran volumen de antecedentes que la recurrida le solicitó, en un plazo brevísimo y con un nivel de exigencias formales que pugna manifiestamente con el principio de la no formalización consagrado en el artículo 13 de la ley 19.880, han propiciado que al recurrente se le imponga la sanción de suspensión de la facultad de emitir licencias médicas, indefinidamente en el tiempo, hasta que pueda responder a todos y cada uno de los requerimientos, principalmente formales, de la recurrida, lo que se traduce en una prohibición parcial para ejercer su trabajo y actividad económica.

Como segunda ilegalidad, señala que está constituida por la imprecisión de la imputación y dificultades de acceso a la información. Señala que se le exigieron centenares de informes, sin siquiera un orden sistemático, requiriéndose además datos sensibles de muchos pacientes a los que el actor atendió como médico, pero cuyo prestador de salud es institucional (Centro Médico Limarí de Ovalle) y, por tanto, es la institución sobre quien recae la custodia y reserva de dichos datos. Por consiguiente, sostiene que no es razonable -y de ahí la arbitrariedad e ilegalidad- formular un requerimiento genérico sin precisar lo que se pide, a quien no tiene facultades para entregar antecedentes clínicos, sin orden sistemático, designación del año y carácter del prestador, menos aún en un plazo ínfimo.

Como tercera ilegalidad, señala la intempestividad en el uso de la potestad sancionatoria. Afirma que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, superando así el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionadora, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

Luego, en el caso de que se estimara que la resolución se ajusta a derecho, alega que la misma es arbitraria, pues afirma que si bien la recurrida se encuentra facultada para solicitar informes respecto de varias licencias médicas, es razonable que se ejerza por un número prudente y materialmente posible, que le permita al administrado dar respuesta satisfactoria en el plazo que establece la ley. En tal sentido, sostiene que es inaceptable que se ordene proporcionar informes y antecedentes respecto de 100 licencias médicas en un plazo tan breve.

Asimismo, señala que la arbitrariedad se manifiesta en la imprecisión de dichos requerimientos, sin motivo, sin fundamentos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos.

En cuanto a los derechos fundamentales afectados, señala que el actuar de la recurrida vulnera el derecho a la vida y la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución, por cuanto se está arriesgando la vida de sus pacientes.

Asimismo, indica que se vulnera su derecho de propiedad del numeral 24, pues el actor detenta un derecho de propiedad sobre su profesión, para cuyo ejercicio ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley y ha sido arbitrariamente privado de una facultad propia de su área de competencia.

Además, señala que se vulnera su derecho a la igualdad ante la ley, ya que se le ha brindado un trato desigual frente a otros profesionales a quienes no se les ha hostigado con solicitudes de información que son imposibles de cumplir.

Señala que también se vulnera su derecho a la libertad de trabajo, ya que se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes quienes no podrán acceder al requirente para ser tratados o esta atención deberá delegarse con otros profesionales.

Finalmente, alega la vulneración a la garantía del numeral 26 del artículo 19 de la Constitución, toda vez que todos los derechos citados están siendo afectados por una condición que impide su libre ejercicio, por la ejecución de una sanción que limita la expedición de licencias médicas y la aplicación de una gravosa multa.

Por tales fundamentos, y previas citas de derecho, solicita acoger la acción en todas sus partes, y se disponga: 1) Que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión y compra de talonarios de licencias médicas decretada en contra del agraviado, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya al profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas. 2) Que la recurrida se limite al requerimiento de información de licencias médicas en un plazo y cantidad razonables y proporcionales, dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, es decir, una licencia médica por cada requerimiento y por separado, permitiendo al requirente el plazo que ofrece la Ley N°20.585 para cumplir dicha solicitud y que alcanza el máximo de 7 días, de manera tal que el periodo legal proceda para la recopilación de antecedentes, análisis y elaboración de información de manera exclusiva, y no de forma paralela para dos o más. En su defecto, que el requerimiento solo pueda recaer en el número razonable de licencias médicas que estime el tribunal, debiendo precisar y mantener la COMPIN un orden o criterio unificador para requerir informe, por ejemplo, acotando el requerimiento a licencias otorgadas respecto de un paciente, sin que corran simultáneamente varios plazos. 3) Sin perjuicio de lo anterior, que se adopten por el tribunal las medidas que estime convenientes para restablecer el imperio de los derechos conculcados. 4) Que se condene en costas a la recurrida.

Acompañó a su recurso: 1. Resolución COMPIN 23044121202. 2. Resolución COMPIN 23044121203. 3. Resolución COMPIN 23044121204 de fecha 17 de noviembre de 2023. 4. Screenshot o captura de pantalla de correo electrónico dirigido desde la COMPIN al agraviado con fecha 21 de noviembre de 2023. 5. Sentencia pronunciada por la Iltma. Corte de Apelaciones de La Serena con fecha 24 de noviembre de 2023, recaída en un caso muy similar al de autos (rol 2243-2023).

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Señala que el 29 de septiembre de 2023 y 06 de octubre de 2023, COMPIN Coquimbo, en el marco del Plan de Fiscalización a los médicos altos emisores, solicitó al recurrente nombre reservado, antecedentes respecto a 100 licencias médicas fiscalizadas.

Luego, siguiendo el procedimiento establecido, pasados 14 días desde la fecha en que se remitió el correo electrónico, y al no recibir los antecedentes solicitados, COMPIN emite Resolución Exenta N°23044121202 de fecha 12 de octubre de 2023, sancionando al recurrente con una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días a contar del 19 de octubre de 2023.

Con fecha 03 de noviembre de 2023, considerando que a dicha fecha, y a pesar de la sanción, no se habían proporcionado todos los antecedentes requeridos, se emite Resolución N°23044121203, que renueva sanción de suspensión de emisión de licencias médicas y venta de talonarios. Con fecha 17 de noviembre de 2023, se emite Resolución N°23044121204, que vuelve a renovar sanción.

No obstante, señala que con fecha 04 de diciembre de 2023, a través de Resolución N°23044121205, se pone término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y emisión de ellas, habida consideración de que el profesional aportó todos los antecedentes requeridos.

Por último, hace presente que mientras exista incumplimiento de la no remisión de los antecedentes mediante plataforma MIDAS, la sanción asociada a la ley N°20.585 se mantiene hasta que se dé cumplimiento total de lo solicitado y visado por equipo técnico. Así, este levantamiento puede realizarse en cualquiera de los 15 días que la sanción indique.

Acompañó a su informe: 1. Resolución Exenta N°23044121205 fecha 04.12.23., que pone término a la sanción. 2. Copia de Mandato judicial otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, con fecha 25 de agosto de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta Nº23044121202 de 12 de octubre de 2023, en cuya virtud se sancionó al recurrente con la suspensión de 15 días para emitir licencias médicas más una multa de 10 UTM pagaderas en un término de 10 días, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución, y las siguientes resoluciones exentas Nº23044121203 de 03 de noviembre de 2023 y Nº23044121204 de 17 de noviembre de 2023, que renovaron la sanción de suspensión de emitir licencias médicas y venta de talonarios.

SEXTO: Que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que dicho precepto determina la carga para los profesionales que deben emitir los informes, siendo aplicable la supletoriedad de la Ley 19.880, normativa ésta que a su vez, dispone en el artículo 17 que entre los derechos de los administrados, se encuentra, según señala el literal e) “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

OCTAVO : Que en la situación sublite, el contraste entre el número de informes requeridos, - cien informes -y el plazo para cumplir con la carga demuestran una lógica dificultad para cumplirla en el término referido, atendidos los límites de la referida norma contenida en la Ley N°19.880 transcrita en el considerando que precede, y por lo tanto, efectivamente, aparece razonable inferir que ello constituye una amenaza tangible para la integridad psíquica de la parte sobre quien pesa tal obligación, desde que resulta atendible en un orden lógico del entendimiento de las cosas, que por breve que pudieran ser los referidos informes, ello no dejaría tiempo para otras naturales y ordinarias actividades de la parte recurrente.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto, el volumen de informes a emitir, aconsejaba una mayor prudencia en la definición del término dentro del cual debía satisfacerse la petición del ente fiscalizador, el que en la especie no ha tenido en cuenta los ya anotados derechos del administrado consagrados expresamente por el legislador, lo que define que aun cuando dentro de la legalidad vigente, el actuar de la recurrida se torna en arbitrario, al alterar del modo que se ha venido diciendo, los aspectos de comodidad y compatibilidad que establece el legislador de la Ley N°19.880, lo que viene dado por el grueso volumen de antecedentes requeridos dentro del plazo exiguo que contempla la ley. Así, el alto volumen de antecedentes requeridos torna en arbitraria la actuación de la recurrida.

DÉCIMO: Que ahora bien, las conductas descritas precedentemente llevaron a la recurrida a inhabilitar al médico para la emisión de licencias médicas por 15 días desde el 19 de octubre de 2023, imponiendo dicha sanción sin cumplir con la normativa atinente al caso, puesto que junto a las arbitrariedades antes anotadas, la resolución fundada que permite imponer la sanción pecuniaria no contempla la argumentación necesaria y en el segundo porque no se explica la calidad de “caso calificado” -como lo establece el artículo 2 de la Ley N°20.585- que amerite la suspensión, más aún cuando el administrado solicitó una ampliación de ese plazo para recabar la información, cumpliendo lo peticionado por la autoridad en un número de licencias inferior al requerido.

UNDÉCIMO: Que las actuaciones de la constituyen un atentado a la garantía que se dice infringida, prevista por el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional sobre la base de parámetros inválidos, no pudiendo prestar atención médica en los casos que es preciso la concesión del reposo laboral, circunstancia que merma sus ingresos en uno de los ámbitos que son de su competencia, por lo que se hace procedente acoger el recurso y disponer una cautela coherente con lo aquí razonado, como se decidirá.

DUODÉCIMO: Que, no obstante lo expuesto, teniendo especialmente presente lo informado por la recurrida a folio 7 del expediente virtual, en orden a que el 04 de diciembre de 2023, a través de Resolución N°23044121205, se puso término a la sanción de venta de talonarios de licencias médicas y emisión de ellas, habida consideración de que se estimó por la recurrida que el recurrente aportó todos los antecedentes requeridos, es que no existen actualmente medidas que esta Corte pueda adoptar en relación al impedimento que afectaba al actor para emitir licencia y talonarios, como tampoco alguna medida que pueda adoptar en relación al plazo para remitir a la recurrida los antecedentes requeridos; razón por la cual, se acogerá la presente acción en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve, que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, REGIÓN DE COQUIMBO sólo en cuanto se dejan sin efecto todas aquellas Resoluciones que impusieron sanciones pecuniarias o inhabilitaciones para la emisión de licencias médicas al recurrente con anterioridad a la dictación de esta decisión.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°2311-2023 Protección.-