nombre reservado con nombre reservado

nombre reservado

nombre reservado y otro Recurso de protección Rol Nº230-2025.- La Serena, dieciocho de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Javier Eduardo Núñez Michea, abogado, en representación de doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, deduciendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado y de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado por vulneración de los derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°1 y N°5 de la Constitución Política de La República.

Expone que, la recurrente es comunera de la comunidad agrícola nombre reservado ubicada en el sector de Cogotí 18 de la comuna de Combarbalá con el derecho vigente a su nombre, bajo el número 217 y dueña de la casa construida por nombre reservado en el Goce singular que mantiene en razón del referido derecho, situado en el Sector El Higueral S/N de la comuna de Combarbalá, adquirida en el marco del Programa de Habitabilidad Rural, según consta de la Nómina de Comuneros archivada bajo el Numero 27 al final del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Combarbalá, correspondiente al año 2020, agregando que vive sola con su hija, sin mayor red de apoyo dentro de la comuna, haciéndose cargo de todo lo relacionado con la pequeña producción de su predio, su organización y administración.

Señala que, desde hace dos años aproximadamente, la Sra. nombre reservado es hostigada de manera permanente por don nombre reservado, quien detenta la calidad de Presidente de la Comunidad Agrícola nombre reservado, de la cual la actora también forma parte como comunera, quien de manera reiterada manifiesta su molestia, aludiendo que la recurrente no pertenece a la Comunidad Agrícola mencionada por lo cual debe hacer abandono del sitio y casa que habita; todo sin mediar provocación alguna por parte de su representada o hija.

Agrega que, por su parte, recurrido nombre reservado, traspasa el cierre perimetral de la propiedad de la Sra. nombre reservado, llegando a dar corte al suministro de agua, justamente cuando corresponde a la recurrente su turno de riego, siempre de manera amenazante. Hace presente que, las acciones amenazantes se han ido intensificando, es así que, en el último evento de esta naturaleza del 12 de enero del año 2025, el Sr. nombre reservado se presentó comentando a través de sí los dichos de don nombre reservado refiriendo, una vez más, que su representada no pertenece a la comunidad ya indicada sumado a la acción de cortar la bomba generadora, lo que se traduce en el corte del suministro de agua, justamente al momento de su turno de riego. En esta última oportunidad el recurrido llegó al predio de la recurrente, acompañado de perros a modo de amedrentar a quien se acercara a evitar el cierre de la bomba generadora, por lo cual doña nombre reservado no tuvo otra alternativa que ser espectadora de como finalmente logró su cometido, dejándola una vez más sin su turno de agua para riego.

Indica que, por los hechos descritos, la vida de doña nombre reservado ha sufrido un cambio abrupto, donde cada día se ve enfrentada a los recurridos, quienes de manera individual o conjunta llegan a su predio con la finalidad de insistir en que debe hacer abandono del mismo, irrumpiendo no solo en su propiedad, sino que también en su paz mental y emocional. Señala que, a la fecha, su representada vive con la incertidumbre respecto al próximo paso o acción en su contra por parte de los recurridos, y que su día a día se ha transformado en una verdadera incertidumbre, donde vive llena de temor.

Puntualiza que, lo expuesto ha generado en su persona distintas afectaciones, tanto a nivel físico como psicológico, siendo diagnosticada con un estado depresivo, diabetes mellitus e hipertiroidismo, todo en tratamiento; lo cual ha sido diagnosticado por el Hospital de Combarbalá. Ante sus afecciones de salud, se hace vulnerable tanto en su sistema inmunológico como su sistema nervioso, debiendo evitar emociones radicales y situaciones en extremo estresantes, justamente como las que ha padecido a consecuencia de las acciones arbitrarias e ilegales de los recurridos.

Alega vulneración a la garantía contemplada en el artículo 19 N°1 de la Constitución Política de la República, toda vez que, de acuerdo a los hechos relatados, los recurridos han generados acciones que vulneran la paz y salud emocional de su representada, lo cual se traduce en la insistencia en que debe hacer abandono del predio en el cual vive, aludiendo que no es la propietaria y por ende no forma parte de la Comunidad Agrícola nombre reservado, desconociendo su derecho de dominio y viéndose constantemente en la obligación de refutar los dichos de los recurridos. Además, su salud emocional se ve seriamente afectada, ya que, si bien la ley ampara su derecho de dominio y su ejercicio, sin perjuicio de ello, las acciones amenazantes de los recurridos con la finalidad que abandone su hogar, la arrastran a pensar en la posibilidad de ceder, a fin de evitar mayores problemas, pensamientos que le perturban día a día y que han transformado su vida en una constante interrogante. Destaca que, el uso y goce del agua se encuentra dentro de los dominios de la comunidad y por lo tanto pertenece a toda ella, no siendo facultad de los recurridos limitar o vulnerar de forma arbitraria su uso.

Asimismo, sostiene que se ha vulnerado el derecho a la inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación privada contemplada en el artículo 19 N°5 de la Carta Magna, lo que se refleja en la irrupción al predio de la Sra. nombre reservado por parte de los recurridos y que, aun teniendo derecho a turno de riego, no puede ejercerlo debido al cierre de la bomba generadora de agua para riego de su plantación, por parte de los mismos, específicamente por el Sr. nombre reservado.

Finalmente destaca lo dispuesto en el artículo 6° de la Convención Internacional de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, concluyendo que, no solo existe una vulneración a la integridad psíquica protegida constitucionalmente sino también a la dignidad y autonomía del adulto mayor protegidas por dicho instrumento internacional.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso y se ordene a los recurridos abstenerse de realizar cualquier acto que afecte, perturbe o amenace la integridad psíquica de su representada, atendido su actuar y amenazas son ilegales y arbitrarias, procediendo a restablecer el imperio del derecho, o bien la medida de protección de las garantías fundamentales que se estimen prudentes para asegurar el respeto de estas, con expresa condenación en costas.

Acompaña a su recurso: 1. Copia de escritura pública de Constitución de Prohibición entre doña nombre reservado y nombre reservado, la que consta a fojas 646 del Protocolo de Instrumentos Públicos de la Notaria de la Comuna de Combarbalá de doña nombre reservado, correspondiente al año 2024. 2. Certificado médico del Hospital de Combarbalá, de doña nombre reservado, extendido por el Médico Cirujano nombre reservado del 03 de diciembre del año 2024. 3. Certificado de dominio vigente de comunero, respecto de derecho comunitario N°217 de doña nombre reservado, correspondiente a la Comunidad Agrícola nombre reservado. 4. Informe de salud mental de doña nombre reservado emitido por don nombre reservado, el psicólogo clínico – neuropsicólogo del Hospital San Juan de Dios de Combarbalá con fecha 10 de diciembre del año 2024. 5. Escritura pública de mandato judicial emitida por don nombre reservado, Notario Público, Conservador y archivero judicial interino de la comuna de Combarbalá Repertorio N°21-2025 primer bimestre del mismo año, con firma electrónica avanzada de 13 de enero del año 2025.

A folio 11, amplía su recurso, incorporando nuevos antecedentes, al haberse producido nuevos actos arbitrarios e ilegales en febrero de 2025.

Indica que, los recurridos ya individualizados culminaron labores de cierre del único paso que mantiene la actora, para entrar y salir durante los meses de lluvias de su domicilio en la comuna de Combarbalá, quienes mediante actos ilegales y arbitrarios procedieron a denegar el ingreso y salida a la propiedad de su representada, instalando un cierre de malla y palos, verificando que el 24 de febrero de 2025 los recurridos no construyeron puerta o algún método de acceso o salida de su propiedad.

Explica que, los recurridos superpusieron un nuevo cierre por sobre el que se mantenía en el lugar y cuyo acceso siempre se mantenía disponible. Dicho acceso específicamente se encuentra ubicado en el costado noroeste del goce singular que detenta la recurrente. Dicho cierre, se encuentra instalado en el punto de salida y entrada que tiene su representada en los meses de lluvia por no existir otro acceso en el lugar que permita su paso, atendida la existencia de una quebrada cuyo caudal de aguas es imposible de cruzar sino es por dicha franja de terreno que pertenece a la misma comunidad y de la cual doña nombre reservado también es comunera.

Afirma que, la actora ha transitado junto a su familia por más de 40 años por dicho espacio, y actualmente de forma arbitraria e ilegal solo se le priva a ella de acceder a dicha y entrada y salida, porque el resto de los vecinos comuneros mantienen salida y entrada directa a la carretera D-715 que une el sector el Higueral con Combarbalá.

Aduce que, los hechos descritos no solo producen una afectación a los derechos constitucionalmente garantizados a su representada, respecto del goce singular que mantiene en la comunidad agrícola nombre reservado, sino también se producen vulneraciones y amenazas a terceros familiares que conviven junto a doña nombre reservado. Es así que, junto con la recurrente convive también su hija y nieta adolescente. La primera realiza labores remuneradas de cuidados de adulto mayor en la comuna de Combarbalá y por lo tanto con el cierre ilegal del paso señalado, también se amenaza el ejercicio del derecho a Libertad para desarrollar cualquier actividad económica y por lo tanto amenaza los ingresos que mantienen el grupo familiar para su subsistencia y, por otro lado, se amenaza el derecho a la educación y el derecho a la integridad física y psíquica de la adolescente por cuanto, estudia en el Liceo Samuel Román Rojas de Combarbalá debiendo trasladarse todos los días en bus escolar desde su domicilio en domicilio reservado hasta Combarbalá. Expone, al efecto, fotografías satelitales para graficar los accesos a su predio, así como del cierre construido.

Alega que con estos hechos se ha vulnerado la garantía del debido proceso establecida en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la Constitución, toda vez que los recurridos cierran el paso a su representada sin justificación alguna, no existiendo garantías mínimas para respaldar o fundar tal decisión, porque no se otorgó derecho a traslado o contestación, a mi representada, tampoco existió derecho a un término probatorio y menos aún a recursos.

Reafirma sus alegaciones en cuanto a las vulneraciones que se producen a las garantías de los numerales 1°, 10°, 7° y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita, por tanto, se ordene a costa de los recurridos abrir un acceso de al menos 3 metros en el lugar que fue cerrado, sin perjuicio de las demás providencias u otras medidas que se estimen pertinentes para restablecer las garantías vulneradas.

Acompaña a folio 25 copia de certificado de estudios con domicilio de adolescente cuyo nombre es de iniciales E.A.J.S cédula nacional de identidad número RUT reservado quien vive con la recurrente.

SEGUNDO: Que, a folio 20, se evacúa informe el abogado David Antonio Bugueño Hidalgo, en representación del recurrido nombre reservado.

Expone, en primer lugar, que la Comunidad Agrícola nombre reservado es una de las 16 Comunidades Agrícolas que se distribuyen por la Comuna de Combarbalá, la tercera en cantidad de Comuneros que la componen y una de las que posee mayor superficie de terrenos, y que, el recurrido a detentado el cargo de director de dicha comunidad desde hace 12 años, siendo secretario por el lapso de 3 años y presidente desde hace 9 años, completando éste año 2025 su tercer periodo en el cargo de presidente, haciendo presente que, estos cargos son elegidos por votación directa de los Comuneros.

En cuanto a los hechos expuestos por la recurrente, afirma que estos serían falsos, por cuanto el recurrido nunca se ha presentado en esos términos en el domicilio de alguno de los Comuneros, ni ha desconocido la condición de miembro de la Comunidad Agrícola de alguien, o le ha pedido a alguna persona que haga abandono de su vivienda, desconociendo absolutamente los motivos que inducen a la recurrente a ejercer la presente acción.

Advierte que, de los documentos que fueron acompañados por la actora, ninguno haría suponer la existencia de “hostigamiento” por parte de su representado y que, el único documento que hace alusión a eventuales daños sufridos por ella, en ningún caso acredita la existencia de hechos vulneratorios de sus garantías constitucionales, mucho menos que dichos actos emanen de su parte. En efecto, tres de los cinco documentos acompañados son referidos a la propiedad que habita la recurrente más el mandato judicial y los otros dos ofrecidos, dicen relación con la salud mental de la recurrente, acreditando eventualmente su deterioro actual, pero en ningún caso serían prueba de un “hostigamiento permanente” como lo indica en su presentación. Indica que, si bien es cierto, su representado habita en terrenos de la Comunidad Agrícola, lo hace a varios kilómetros a distancia de propiedad que habita la recurrente, por lo que mal podría pretenderse, que “el vecino” aludido en el informe de salud mental, es él.

Afirma que, varias situaciones de conflicto son promovidas por la recurrente, quien insulta y transgrede los deslindes de otros comuneros colindantes con su goce singular, sin provocación alguna, generando situaciones complejas en donde incluso ha estado a punto de ser detenida por carabineros, dada la mala forma y las faltas de respeto con la que se expresa en contra de quien se oponga a sus acciones.

Relata que, el año 2024, la recurrente destruye los cercos vivos de la sucesión de don nombre reservado, reconocida en la nómina de comuneros con el derecho número 179 y la que posee un goce singular originario, debido a que dicha familia, poseía títulos de dominio en el sector, antes de la creación de la Comunidad Agrícola, razón por la que, según lo establecido en el DFL N°5 de Comunidades Agrícolas, la Comunidad agrícola está obligada a respetar sus deslindes y superficies en poder de quien ya la detentaba en la distribución de goces singulares. De esta forma, al provocar la recurrente la destrucción de los cercos del vecino colindante, el recurrido se reunió con ambas partes para tratar de alcanzar una solución colaborativa tendiente a resolver los problemas provocados por la recurrente, reunión que resultó compleja dada una serie de insultos y descalificadores que motivaron incluso un llamado a carabineros para que se hiciera presente en el lugar, ocasión en la que estuvieron cerca de llevársela detenida por las malas formas y faltas de respeto esgrimidas hacia su mandante. En aquella oportunidad, la recurrente aceptó mediante un acuerdo que se contuvo en un acta, dejar de intervenir los límites de la propiedad colindante, acuerdo que no respetó desde que, a las pocas semanas de ocurridos los hechos relatados, nuevamente volvió a derribar los cercos de la familia aludida, desconociendo el acuerdo por ella misma suscrito.

Manifiesta que, estos actos de “matonaje” y desconocimiento de la realidad fáctica, han generado toda la animadversión de la recurrente en contra de los recurridos, exponiéndolos como personas violentas y abusivas, en circunstancias que es ella quien actúa con prepotencia, y su mandante, en su calidad de presidente de la comunidad, únicamente ha concurrido al terreno de la recurrente a resolver los problemas que la actora provoca al pretender mover sus deslindes y crear servidumbres de tránsito dentro de los predios colindantes al de ella.

Por otra parte, también niega las acusaciones vertidas en contra de don nombre reservado, no siendo efectivo que traspase el cierre perimetral de la propiedad de la Sra. nombre reservado, llegando a dar corte al suministro de agua. Explica que, en la Comunidad Agrícola todos los comuneros sacan agua de una vertiente por turnos, no siendo efectivo que las bombas sean manipuladas por terceros, ya que cada persona manipula personalmente su bomba de agua, razón por la cual, la recurrente vuelve a invocar un antecedente que no existe y en consecuencia deben ser totalmente desestimados.

Añade que, no es cierto que su mandante o el otro recurrido concurran al predio de la actora a pedirle que abandone la propiedad, ya que no existe ninguna razón que habilite a su representado en su calidad de representante legal de la Comunidad Agrícola, a desalojar a los comuneros del predio común, ello, desde que comprende que no posee esa facultad y que en caso de tener que pedirle a alguien que lo haga, los medios legales para hacerlo se verifican mediante el inicio de acciones judiciales y no desde las acciones de “matonaje” de las cuales es injustamente acusado.

Expone, asimismo, que tanto la recurrente como su hija han publicado “funas” en su contra, acusándolo de ser un acosador y maltratador de mujeres y animales.

Destaca que, la recurrente participa de las reuniones de comuneros con normalidad, ha participado de beneficios otorgados por la comunidad, como entrega de terrenos, y no existen en conclusión, los hechos denunciados los cuales nacen desde las negativas recibidas por la recurrente a intervenir en los deslindes de los lotes que colindan con su goce singular, lotes que por lo demás, pertenecen a comuneros que llegaron al sector en donde se emplaza la Comunidad Agrícola, mucho antes que ella, y que cuentan con goces singulares originarios, razón por la cual, sus deslindes se encuentran definidos incluso antes de la creación de la comunidad Agrícola nombre reservado por los títulos individuales de dominio de sus antecesores en el dominio.

Precisa que, si lo que la recurrente pretende es recuperar el dominio o la posesión de parte de su predio, establecer servidumbres de tránsito, modificar los deslindes, etc., debería iniciar las acciones legales que correspondan, lo mismo en caso de las supuestas amenazas, su representado no ha amenazado, ni amedrentado ni impedido por ningún medio a la requirente el ejercicio de las acciones legales que busquen reparar eventuales daños sufridos o la aplicación de sanciones por infracciones a la ley, razón por la cual se encuentra plenamente habilitada para perseguir las responsabilidades correspondientes por las vías legales que corresponden, no obstante en estos autos, pretende utilizar la herramienta del recurso de protección, para evitar iniciar las acciones legales pertinentes.

Cita el artículo 23 de la Ley de Comunidades Agrícolas, y desprende de dicha norma que, ante los hechos denunciados, se establece la forma en la que debe proceder todo comunero que se siente perjudicado o afectado en el uso y goce de terrenos y demás bienes de la comunidad, evadiendo en definitiva la recurrente el ejercicio de las acciones que la ley provee para propender a resolver problemas.

Finalmente, niega la vulneración al derecho a la vida e integridad física y psíquica de la actora, reiterando que, la recurrente no acompaña ninguna prueba que dé cuenta de la veracidad de éstos hechos relatados, los cuales, ante la eventualidad de ser ciertos, deberían ventilarse en un juicio de lato conocimiento en donde ambas partes puedan concurrir a hacer valer sus pruebas y puedan contar con todos los medios probatorios que la ley prevé para fundamentar sus afirmaciones, situación que como ya se señaló, en la especie no se verifica, dada la naturaleza jurídica del recurso impetrado, el cual, no permite un análisis de fondo de los hechos que se denuncian.

Solicita, por tanto, el rechazo del recurso, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia del acta de directorio en donde consta la personería de su mandante para representar a la Comunidad Agrícola nombre reservado, reducida a escritura pública, de 25 de abril de año 2023. 2. Certificado de uso de goce singular de 23 de abril de 2021 emitido por su mandante a solicitud de la actora, para postular a subsidio habitacional (que daría cuenta de que no existe desconocimiento de su calidad de comunera). 3.- Copia de página de nómina de comuneros en donde figura la actora con el derecho 217 y un derecho. 4.- Copia de acta de entrega de terrenos de 4 de septiembre de 2021. 5.- Mandato judicial.

TERCERO: Que, a folio 21, evacúa informe el recurrido nombre reservado.

Alega que, los hechos relatados no configuran actos ilegales ni arbitrarios, ni por su parte ni del co-recurrido, sino más bien constituyen disputas propias de la convivencia al interior de una comunidad agrícola con derechos superpuestos, sujetos a administración y turnos comunitarios.

Agrega que, la actora no ha demostrado fehacientemente que sus derechos de agua hayan sido vulnerados por actos arbitrarios. La administración del recurso hídrico en la Comunidad Agrícola nombre reservado obedece a turnos establecidos y coordinados entre los comuneros, y cualquier discrepancia debe resolverse conforme al Reglamento Interno y los canales establecidos por la comunidad o, en su defecto, mediante juicio ordinario civil.

Recalca que, la recurrente invoca derechos de propiedad y posesión sobre un goce singular, y atribuye un supuesto hostigamiento fundado en discrepancias sobre su pertenencia a la comunidad. Sin embargo, el presente recurso no es la vía idónea para resolver disputas de dominio ni cuestiones posesorias, materias propias del juicio declarativo ordinario civil, en el que deben discutirse mediante prueba.

Afirma que, en ningún momento ha irrumpido en el domicilio de la Sra. nombre reservado, ni ha cometido acto alguno que vulnere su integridad psíquica o física. La recurrente entrega un relato unilateral, sin pruebas que acrediten la supuesta amenaza, corte intencional de agua o presencia con fines intimidatorios. Agrega que, el uso del sistema de riego comunitario se administra conforme a normas internas y acuerdos entre comuneros. Si existe una discrepancia, debe resolverse mediante los mecanismos comunitarios o judiciales ordinarios, no mediante recurso de protección, y que, en cuanto a la supuesta afectación emocional o psicológica de la recurrente, corresponde hacer presente que la sola existencia de conflicto entre partes no basta para acreditar una acción u omisión arbitraria imputable a este recurrido con la aptitud de vulnerar garantías constitucionales.

Finalmente, sostiene que, tal como lo ha sostenido reiteradamente la Excma. Corte Suprema, el recurso de protección no es procedente cuando el conflicto requiere prueba y discusión de hechos, lo que ocurre en la especie, en la que existen diferencias sobre la pertenencia a la comunidad, derechos de agua y presuntas amenazas verbales, por ende, la controversia descrita por la recurrente debe ventilarse en sede civil, agraria o incluso comunitaria, y no mediante este procedimiento excepcional y sumario.

Por lo anterior, solicita el rechazo del recurso, con costas.

CUARTO: Que, a folio 28 el 30 de mayo de 2025, habiéndose incluido el presente recurso para su vista, la Primera Sala resuelve que no se encuentra en estado de ser vista, por estimarse necesario para su conocimiento y decisión, que los recurridos informen sobre los antecedentes expuestos por la recurrente a folio 11.

QUINTO: Que, a folio 36 evacua informe, según lo ordenado el 30 de mayo pasado por la Primera Sala, don nombre reservado, negando categóricamente los hechos que expone la recurrente a folio 11, en cuanto al supuesto cierre del paso haya sido ejecutado de manera arbitraria e ilegal por esta parte, señala que el cierre corresponde a una medida adoptada por la comunidad agrícola para un terreno de la familia nombre reservado, no por el en forma personal, y se encuentra dentro del marco del derecho de propiedad y de administración legítima del terreno por parte de los comuneros. Asimismo, indica que no es efectivo que se haya privado acceso a la recurrente, pues existen alternativas de ingreso y salida por otros puntos de manera directa de su predio, transitables incluso en época de lluvias.

En cuanto al derecho, indica que no existe acto arbitrario o ilegal, pues el cierre fue una medida adoptada conforme a los acuerdos de la comunidad y dentro de la propiedad que ésta administra, sin perjuicio de que la recurrente pueda ejercer las acciones civiles pertinentes para discutir el eventual derecho a paso. Agrega que no existe vulneración de garantías y que la recurrente pretende extender la tutela constitucional a supuestos derechos posesorios que no ha acreditado ni ante esta sede ni en sede civil. Las garantías invocadas (vida, integridad, libertad de trabajo, educación, debido proceso) no resultan afectadas por el ejercicio legítimo del derecho de propiedad por parte de los comuneros. Reitera la improcedencia de la acción de protección como vía para resolver conflictos posesorios o de servidumbres, pues para aquello existen procedimientos ordinarios civiles, por lo que solicita el rechazo del recurso.

SEXTO: Que, a folio 39 evacua informe, según lo ordenado el 30 de mayo pasado por la Primera Sala, el abogado Davis Bugueño Hidalgo en representación de don nombre reservado.

Señala no ser efectivos los hechos expuestos por la recurrente a folio 11, comprende que no posee las facultades legales para cercar, o definir límites de goces singulares, mucho menos ejecutar acciones que atenten contra los derechos fundamentales de los comuneros a quienes representa, desde ya, por lo que se opone a los hechos denunciados por faltar a la verdad, pues tiene por finalidad exponerse a la recurrente como una persona vulnerada en circunstancias que es ella, quien mediante su personalidad conflictiva y conformacional, ha generado todos los problemas entre comuneros que el día de hoy se logran identificar, y respecto de los cuales, su representado únicamente ha intervenido en su calidad de Presidente de la directiva, en ningún caso tomando decisiones que afecten los derechos de alguien.

Expone que su representado nunca ha participado en el cierre de algún goce singular, cada comunero ejecuta las labores que estime pertinente dentro del paño que la junta ordinaria de comuneros le ha autorizado a ocupar, o del terreno que su familia ocupaba antes de la creación de la Comunidad Agrícola, cuando se trata de goces singulares originarios, por lo que el presidente de la comunidad Agrícola, no posee facultades para pronunciarse en temas de deslindes, o problemas que se generen en los límites de los goces singulares, existe un procedimiento legal, contenido en el DFL N°5 Ley de Comunidades Agrícolas, el cual, establece la forma en la que deben resolverse los conflictos que se generen dentro de la Comunidad Agrícola, así transcribe el artículo 23 del referido D.F.L.

Hace presente que efectivamente se produjo una reunión entre la recurrente, el recurrido señor nombre reservado y el Presidente de la Comunidad Agrícola don nombre reservado, dicha reunión tuvo lugar en el sector del conflicto y respecto de ella se levantó un acta que la recurrente se negó a firmar, a dicha reunión acudió carabineros quien se vio en la necesidad de pedirle a la recurrente que dejara de ofender al Sr. nombre reservado, ya que indica ser ella la que insulta, ofende y alborota a su familia, convocándola para confrontar a otros Comuneros que únicamente pretenden ejecutar trabajos dentro de sus goces singulares.- Así adjunta acta en que señala acreditar que es la recurrente la que comienza el conflicto en contra de otra comunera la Sra. nombre reservado titular del derecho 179 (goce singular originario), y también derribando el cerco de otro comunera, doña nombre reservado titular también de un goce singular originario, derribando deslindes que se encontraban instalados en la comunidad mucho antes de que la recurrente llegara a habitar el sector, y que definen los deslindes de los lotes que existían antes de la creación de la comunidad.

Expone dos imágenes indicando que la primera, muestra la situación de los predios en conflicto, y la segunda, muestra los dos portones de acceso que tiene la recurrente a su predio, situación que señala acreditar que no es efectivo que posea únicamente un ingreso a su goce, graficándose además, que el sector en donde señala le habrían cerrado el paso, es la parte posterior de su goce en donde no posee entrada individual, y que ella misma se ha pretendido fabricar una, derribando los deslindes de los goces colindantes, es este el punto de origen del problema.- Prosigue exponiendo otra imagen en la que indica se muestra la ubicación del goce de la recurrente, respecto a la ruta D-715, y en la cual se aprecia que la actora, al igual que los demás comuneros, puede llegar por 2 vías a la carretera, por medio de caminos internos y que, es un hecho que, cuando llueve, todos los comuneros quedan aislados de la carretera porque la quebrada corta los caminos, situación que siempre ha ocurrido y que los obliga a mantenerse en la comunidad aislados siempre que llueve.

Alega que, las supuestas vulneraciones a las que hace referencia el recurso deducido, no existen, desde que el problema se produce porque la recurrente pretende incorporar a su goce singular salidas que no posee, situación que la confronta con los dueños de los goces singulares colindantes, quienes en ejercicio valido de sus derechos (como dueños de goces singulares originarios y miembros de la comunidad agrícola) han procedido a renovar sus deslindes, considerando la actora que éste acto vulnera sus derechos fundamentales, situación que hace inviable la tramitación del presente recurso. Señala que acompaña título originario de uno de los lotes en conflicto, el cual, ni siquiera considera como vecino al lote de la recurrente, ello, desde que ésta última, llegó a la comunidad agrícola, mucho después que sus vecinos que están reparando sus deslindes, de las mismas imágenes acompañadas por la recurrente, es posible apreciar cómo es que se encuentran dos cercos separados por poco más de un metro, ello obedece a que los comuneros dueños de dichos goces singulares colindantes a la recurrente, han procedido a renovarlos, por el paso del tiempo, situación que la recurrente estima como acto vulneratorio de sus derechos fundamentales, iniciando la presente acción constitucional, y evitando el camino legal establecido por nuestro ordenamiento consistente en, requerir el arbitraje de la directiva de la Comunidad, y en caso de disconformidad con la resolución, acudir a un tribunal ordinario de justicia tal como lo exige el artículo 23 de la ley de comunidades agrícolas.

Luego replica similares hechos y argumentos referidos en su informe a folio 20, para finalizar solicitando el rechazo del presente recurso.

SÉPTIMO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

OCTAVO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

NOVENO: Que, el objeto de la presente acción cautelar consiste en reclamar como ilegal y arbitrario el actuar de los recurridos nombre reservado y nombre reservado, en cuanto a los hostigamientos que han ejercido contra la recurrente, desconociendo su calidad de comunera, amedrentándola para que haga abandono de su predio, realizando cortes de suministro de agua y cortando una vía de acceso por medio de un cierre perimetral.

Que, a su turno, los recurridos niegan la veracidad de los hechos expuestos por la actora, y si bien, reconocen la existencia de conflictos dentro de la comunidad a la que pertenecen, sostienen que ellos deben ser resueltos conforme a las normas aplicables a las comunidades agrícolas, o en su defecto, por la justicia civil, no siendo el recurso de protección la vía idónea para atender a las reclamaciones de la recurrente.

DÉCIMO: Que, de lo expresado por las partes y de los antecedentes allegados al proceso, se desprende que la controversia que plantea la actora se basa, esencialmente, en hechos controvertidos, no encontrándose acreditados los actos de hostigamiento que acusa y, por otra parte, cualquier pronunciamiento en lo que se refiere al conflicto en el interior de la comunidad a la que las partes pertenecen, sea en lo referente al uso de derechos de agua, demarcación de deslindes, constitución de servidumbres, u otros, debe realizarse en el marco de un procedimiento de lato conocimiento, más no por esta vía de excepción.

En efecto, cabe recordar que el recurso de protección es un procedimiento excepcional que “Se aplica sólo cuando existe una amenaza, perturbación o privación del legítimo ejercicio de un derecho esencial producida por una acción u omisión arbitraria o ilegal de un tercero, sea este público o privado, existiendo una manifestación de dicha actuación que no requiere de un proceso de prueba complejo, la afectación del derecho debe ser relativamente clara o evidente. En caso contrario, debe utilizarse el procedimiento ordinario o sumario correspondiente.” (Nogueira Alcalá, Humberto; El Recurso de Protección en el Contexto del Amparo de los Derechos Fundamentales Latinoamericano e Interamericano, en Revista Ius et Praxis, 13 (1): 75 - 134, 2007)

De lo anterior se colige de forma clara y palmaria, que las partes no tienen coincidencia en asuntos de relevancia como el dominio de los terrenos ni sus deslindes, lo que impide compartir lo afirmado por la recurrente y concluir que el recurrido haya hecho uso de una vía de hecho, pues es perfectamente posible que simple y llanamente haya ejercicio facultades de domine en un terreno de su propiedad.

Así las cosas, es imposible para esta Corte acceder al presente requerimiento constitucional, pues es relevante primero dilucidar asuntos civiles, lo que escapa con creces a los márgenes de esta acción, de suyo excepcional y de urgencia que supone el ejercicio de derechos fuera de debate, cuyo no es el caso de marras. Es necesario, entonces, someter el asunto a un proceso declarativo que resuelva los puntos discutidos, permitiendo a las partes el uso de un contradictorio, rendir prueba, objetar la de la contraria y, luego, que la autoridad pertinente defina la propiedad de los derechos, solo con lo cual será posible comprender quién ejecuta y pide lo que le corresponda.

UNDÉCIMO: Que, por los argumentos esgrimidos, no constando los hechos descritos a folio 1 y tratarse de un asunto de fondo aquellos de folio 11, sólo cabe rechazar el recurso en comento.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en contra de don nombre reservado, y de don nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°230-2025 (Protección).