nombre reservado con MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y DE FAMILIA

nombre reservado

Ministerio de Desarrollo Social y de Familia Recurso de Protección Rol N°2296-2023.- La Serena, cinco de febrero de dos mil veinticuatro.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés comparece nombre reservado, interponiendo acción de protección en favor de su hija nombre reservado, menor de edad, en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA y en contra de la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB).

Expone ser madre de nombre reservado, pero su hija está bajo el cuidado de su hermana porque está enferma y no la puedo tener con ella. Por tanto, su hija aparece en la ficha de protección de su hermana. Añade que su hija junto a sus sobrinos desde hace más de dos años son beneficiarios de la beca indígena y en el año dos mil veintidós nuevamente postularon a dicha beca, pero en el mes de mayo del año dos mil veintitrés, se enteraron que la beca fue rechazada por tener la ficha de protección alta. Manifiesta que fue una gran sorpresa para todos, en atención a que su hermana no percibía la renta que ellos señalaron en la ficha de protección y por esa razón cambiaron arbitrariamente y unilateralmente el puntaje de la ficha a uno más alto, dejando a los niños sin su beca indígena, causándoles un gran perjuicio económico, psicológico.

Señala que al enterarse del resultado concurrió junto con su hermana a pedir una explicación a JUNAEB; ellos les indicaron que no se preocuparan que presentando un documento que acreditara que el recurrido Ministerio de Desarrollo Social y Familiar, se había equivocado en el porcentaje de la ficha de protección ellos pagarían la beca indígena.

Adiciona que con posterioridad concurrieron a hacer el reclamo al Ministerio de Desarrollo Social, sin tener una respuesta que les ayudara a explicar el motivo del cambio de la ficha de protección. Por esa razón, su hermana el siete de junio del año pasado interpuso un recurso de protección (Rol 1206-2023) en esta Corte de Apelaciones a favor de sus hijos y no incluyó a su hija debido a que no tenía su cuidado personal de forma legal y pensando, además, que JUNAEB cumpliría su palabra por estar de buena fe, pero se equivocaron, porque nunca actuaron de buena fe, las engañaron y se negaron a pagar la beca indígena a su hija.

Destaca que el cinco de septiembre del año dos mil veintitrés, JUNAEB interpuso un recurso de apelación contra la sentencia definitiva dictada en el recurso de protección, pero la Corte Suprema confirmó la sentencia. Alega que ello configura un indicio de que JUNAEB no es una institución que cumple su palabra, al señalar en su oportunidad que solo le bastaba un documento que acreditara que hubo un error en la ficha de protección y pagaría las becas; pero, al hacer esta oferta o propuesta, estaba actuando de mala fe porque sabía que no cumpliría. Es por esta razón que apeló ante la Corte Suprema.

Refiere que el cuatro de septiembre del año pasado, su hermana concurrió a JUNAEB y presentó la sentencia dictada por esta Corte de Apelaciones, para que indicara la fecha de pago de las becas de sus hijos y de la de su hija nombre reservado, pero la directora no estaba en su lugar de trabajo, por lo tanto, dejaron la documentación esperando una respuesta. Pasaron los días y nunca respondió por lo tanto enviaron varios correos a la Directora y a la encargada de JUNAEB, hasta que recién el día 03 de noviembre del presente año reciben la siguiente respuesta: “Estimado apoderado, junto con saludarla nuevamente, desde la oficina de Beca me informan que le indicaron las fechas de liberación de pago, la cual está programada para el día 8 de noviembre (próximo miércoles). En cuanto a los beneficiarios de la Beca indígena, dispuesto por parte de la Corte de Apelaciones de La Serena a través del recurso de protección, estos son: nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellido nombre reservado. Respecto al caso de su sobrina, es necesario que pase por los procesos normales de postulación en los plazos correspondiente, esta Dirección regional no tiene las facultades de ampliar la cantidad de beneficiarios que se indican en la sentencia de la Corte, por lo que es imposible otorgarle la Beca indígena en esos término.”. Sostiene que, nuevamente las recurridas niegan la beca indígena a su hija, no señalando nuevamente porque razón no cumplen con lo prometido por parte de ellos en el mes de mayo del año en curso, que manifestaron que presentando un documento que indicara el error cometido por el recurrido Ministerio de Desarrollo Social, ellos pagarían las becas a sus hijos.

Arguye que su hermana interpuso el recurso de protección contra ellos porque no les quedaba más alternativa y que, en este momento, ella recurre pues, tampoco tiene más opciones mientras ve que el actuar de las recurridas sigue perjudicando psicológica, física y económicamente a su hija que tiene apenas 14 años. Manifiesta que los recurridos no leyeron la sentencia que señala en una parte que, con la sola presentación de la ficha de protección por parte de su hermana en el mes de mayo del año pasado, que indica que su ficha de protección está con un porcentaje del 40% de vulnerabilidad, debieron haber pagado la beca indígena.

Hace presente que en los documentos presentados en el recurso aparece su hija en la ficha de protección. Agrega que no señalan porque razón no aceptan ahora el documento solicitado y pagan la beca de su hija; ellos solicitaron cualquier documento que indicara que existía error en el porcentaje de la ficha de protección, en ningún momento les pidieron una sentencia que los obligara.

Aduce que el rechazo y no pago de la beca indígena es ilegal, arbitraria, carente de fundamento legal y de toda racionalidad, constituyendo su actuar, una vulneración al derecho a la vida y a la integridad física y síquica, económica, garantía contemplada en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República; en virtud de lo razonado, la decisión del órgano recurrido deviene además en arbitraria, pues carece de fundamento y además, infringe la garantía constitucional contenida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, toda vez que representa una discriminación respecto del resto de la población.

Por estas consideraciones solicita se ordene a las recurridas a pagar la beca indígena a su hija nombre reservado, o cualquier otra medida que este Tribunal considere necesaria para restablecer el imperio del derecho y asegurar el debido resguardo y respeto a las garantías fundamentales, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: a) Certificado de nacimiento de nombre reservado; b) Sentencia de la Corte de Apelaciones de La Serena; c) Sentencia de la Corte Suprema; d) Correo a la directora de JUNAEB; e) Ficha de protección año 2022 y 2023; f) Carta a la directora; g) Postulación a beca indígena.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ANA VARGAS VALENZUELA, Fiscal del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, Expone, en lo pertinente, que la Calificación Socioeconómica (CSE), es un instrumento que tiene por objetivo medir la vulnerabilidad socioeconómica de los hogares, a partir de los integrantes del RSH. La metodología y procedimiento de cálculo de la CSE, regulados en la entonces Resolución Exenta N°47/2022, de la Subsecretaría de Evaluación Social, vigente a la data de los hechos materia del presente recurso, permitía realizar la acción de caracterización de la población nacional para la identificación de potenciales usuarios de beneficios, programas y/o prestaciones sociales creadas por ley, considerando sus características o atributos y los de su grupo familiar, los que deben ser compatibles con los definidos para la población objetivo del beneficio, programa y/o prestación social que hará uso del instrumento.

Añade que la metodología y procedimiento de cálculo de la CSE señalan a ésta como un indicador sintético de actualización mensual, basado preferentemente en registros administrativos con que cuenta el Estado, utilizando un enfoque centrado en la inferencia de ingresos y necesidades para identificar los niveles de vulnerabilidad socioeconómica de los hogares que forman parte del RSH. Su metodología de cálculo consta de cinco etapas, las cuales contemplan de manera transversal protocolos de Actualización, Rectificación y Complemento de información relevante (ARC), acciones que tienen por objetivo reducir el error en la calificación y generar una instancia ciudadana de verificación de la información usada en el cálculo de la CSE. Describe las etapas de la metodología, contenidas en la entonces vigente Resolución Exenta N°47/2022:

En primer lugar, se calculan los ingresos totales del hogar (o ingreso equivalente del hogar), considerando los ingresos por concepto de trabajo (dependiente y/o independiente, descontando las cotizaciones obligatorias), de pensiones (jubilación, invalidez y otro tipo, contributivas y no contributivas) y de rentas de capital, de cada una de las personas de 18 años o más del hogar declarado en el RSH. No se consideran para este fin otros beneficios monetarios que reciben las personas del hogar, tales como subsidios o transferencias directas. Para calcular esto, se combinan diversas bases de datos de ingresos administrativos y auto reportados, de modo de aprovechar de la mejor manera la actualidad, cobertura y calidad de cada una. Además, para aproximar la situación de mediano plazo del hogar, se considera el promedio de los últimos 12 meses con información disponible. Por ejemplo, en el caso de los ingresos del trabajo del individuo, la variable incorpora información proveniente de la Superintendencia de Pensiones, la Administradora de Fondos de Cesantía, la Superintendencia de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, y la información de ingresos del trabajo reportada en el formulario del RSH. Dado que se prioriza el uso de datos administrativos por su calidad, es en el caso de que no exista información administrativa de ingresos del trabajo, que se considera el ingreso del trabajo reportado en el formulario del RSH.

En segundo lugar, para una correcta comparación de hogares con composiciones diversas, se construye un índice de necesidades que considera el número de integrantes del hogar, la capacidad de generar economías de escala al interior de este y la mayor necesidad de gasto generada por sus integrantes de acuerdo con su edad y/o con situaciones de discapacidad, dependencia o Necesidades Educativas Especiales (NEE).

En tercer lugar, el ingreso equivalente se divide por el índice de necesidades, dando lugar a lo que se denomina el ingreso equivalente corregido del hogar. Con base en este, se ubica a los hogares que forman parte del RSH en siete tramos. El primer tramo agrupa a los hogares que se ubican dentro del 40% de mayor vulnerabilidad socioeconómica del país y los otros seis tramos corresponden al 60% superior, dividido en grupos de 10 puntos porcentuales cada uno. Los umbrales de cada tramo se definen con base en los percentiles de la distribución a nivel nacional del ingreso equivalente corregido de cada hogar, obtenida a partir de la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) donde se puedan construir los ingresos de las personas de forma comparable.

En cuarto lugar, debido a que hay hogares en los que los ingresos de sus integrantes provienen de fuentes informales (que no se observan en los registros administrativos) y/o en los que existe una omisión en la declaración de integrantes del hogar, se complementa la calificación con una evaluación de medios que identifica bienes y/o servicios a los que accede o posee el hogar. Estos son el pago de cotizaciones de salud, el pago de la mensualidad en establecimientos educacionales, la propiedad de vehículos terrestres y/o embarcaciones marítimas, la propiedad de bienes raíces y la existencia de padres o madres de altos ingresos no presentes en el hogar. De no existir un mecanismo de ajuste con base en variables distintas a los ingresos observados, un grupo de hogares quedaría en tramos bajos de la CSE, pese a tener patrimonios observables en los percentiles de mayores ingresos del país. Es por esta razón que los bienes y servicios considerados han sido seleccionados por ser indicativos de un alto estándar de vida.

En la práctica, la evaluación de medios considera el tramo en el que ha sido calificado el hogar de acuerdo con los ingresos observados y lo compara con los medios presentes en este. Esto con el objetivo de verificar la consistencia entre dichos ingresos y el nivel socioeconómico que reflejan estos bienes y servicios, lo que implica que los hogares que presentan medios asociados a un nivel socioeconómico mayor que los demostrados en base a su ingreso equivalente corregido son asignados a tramos superiores de la CSE, dependiendo del número de medios y el valor de éstos. Ahora bien, es importante destacar las siguientes consideraciones generales que se tienen en cuenta en el proceso de evaluación de medios:

• No se consideran en la evaluación de medios los hogares compuestos íntegramente por niños, niñas y/o adolescentes, es decir, solo con personas de 17 años o menos.

• No se consideran las cotizaciones de salud de alto o muy alto valor si durante los últimos tres meses, con los últimos datos disponibles, en promedio se hayan pagado cotizaciones por un monto igual o menor al percentil 20 del valor de los montos pactados de planes de ISAPRE.

• No se considera el vehículo de mayor tasación a hogares con al menos un (a) integrante con un factor individual de discapacidad, dependencia o necesidades educativas especiales asociado a un coeficiente moderado o severo/profundo.

• No se consideran vehículos de uso comercial, excepto para aquellos hogares que posean tres o más de estos vehículos.

• No se considera el avalúo del bien raíz de destino habitacional de mayor valor que sea propiedad de una persona de 60 años o más dentro del hogar.

• No se considera el avalúo de bienes raíces de destino habitacional exentos del pago del impuesto territorial al estar categorizadas bajo el artículo 12° de la Ley N°19.253 (Tierras Indígenas) o bien de aquellos descritos en el artículo 2o de la Ley N°17.729.

En quinto lugar, para evitar cambios abruptos en la CSE de las personas mes a mes, existe un mecanismo que modera los cambios, actuando según la persistencia y cuantía del cambio de ingresos totales de los hogares, para representar de mejor forma la situación socioeconómica de mediano plazo de los hogares. Específicamente, cuando existen cambios pequeños (un tramo) se pondera más la persistencia de este para justificar el cambio de tramo. Por otro lado, cuando los cambios son de una cuantía mayor (dos o más tramos), y por tanto son un indicativo más fuerte de un cambio estructural, entonces la ponderación relativa de la persistencia es menor. Lo anterior se traduce en la verificación de la cantidad de períodos que un hogar sale del tramo Inicial en que se encontraba y de cuántos tramos se mueve desde el tramo inicial:

a.

Persistencia: Si un hogar se mueve un tramo (en cualquiera de las direcciones) y se mantiene durante tres períodos fuera del tramo de procedencia, su tramo final será el calculado en el tercer período desde el cambio.

b.

Magnitud: Si un hogar se mueve dos o más tramos (en cualquiera de las direcciones) y se mantiene durante dos períodos fuera del tramo de procedencia, su tramo final será el calculado en el segundo período desde el cambio.

Estas condiciones solo son consideradas cuando los hogares mantienen sus características estructurales constantes, siendo las fluctuaciones de ingreso de registros administrativos su única fuente de movimiento entre tramos.

Señala que, tal como se informó por ese Ministerio en el recurso de protección Rol N° 1206-2023, de esta Corte, acorde a la información contenida en el RSH, nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado, es la jefatura del hogar Folio N°41253779, el cual está compuesto por cuatro integrantes con fecha de incorporación al RSH en enero del 2016.

Destaca que hay tres solicitudes a la fecha asociadas al folio del hogar, todas registradas en la comuna de Coquimbo, siendo dos de éstas relativas al auto reporte de ingresos (módulo ocupación e ingresos del formulario del RSH), y una tercera solicitud de desvinculación de integrante.

a. Solicitudes de Actualización Ocupación e Ingresos:

Corresponden a la solicitud N°12473701 del 22 de julio del 2020 y la solicitud N°31038604 del 08 de mayo del 2023. Solicitudes que de conformidad a los registros del RSH ambas fueron realizadas por la jefatura de hogar folio N°41253779, doña nombre reservado, R.U.N. N° RUT reservado.

Pues bien, al revisar lo reportado en julio del 2020, se verifica el registro de ingresos mensuales provistos por la jefatura de hogar (autoreporte), los cuales no tuvieron solicitud de actualización hasta el 08 de mayo del 2023. En este contexto hace presente, como se indicó en el apartado anterior, que la metodología de cálculo del tramo de la CSE prioriza el uso de la fuente de información disponible según actualización, calidad y cobertura del dato, se procedió a revisar el historial de ingresos del hogar para los años 2020, 2021 y 2022.

Así las cosas, en diciembre del 2020 se observa que la fuente de información utilizada para el cálculo de ingresos del trabajo fue la Superintendencia de Pensiones, lo que refiere a que hubo registro de ingresos como independiente por uno de los integrantes del hogar -siendo priorizado el uso de esta fuente de información por sobre lo auto reportado en julio del mismo año-. Para diciembre, el hogar se ubicó en el tramo 50% del RSH.

Para noviembre del 2021 y noviembre del 2022, se constata que para fuente de información de ingresos del trabajo el hogar se reporta “Sin ingresos”, lo cual significa que no hubo información proveniente de registros administrativos.

En este orden de ideas, dada la priorización de fuentes de información ya descrita, acorde a la antes mencionada Resolución Exenta N°47, de 2022, vigente a la época de los hechos materia del presente recurso y considerando el promedio de 12 meses, a diciembre 2022 la fuente de información utilizada para el cálculo del tramo CSE fue la información auto reportada por el hogar, correspondiéndose el promedio de ingresos del trabajo de diciembre 2022 con el promedio de los 12 meses provenientes de la última actualización del módulo, que es de julio 2020.

En consecuencia, la razón por la que este promedio no fue considerado previamente para el cálculo, es porque hubo información proveniente de registros administrativos (Superintendencia de Pensiones que recibe a su vez de las Administradora de Fondos de Pensiones) dentro de los 12 meses anteriores. Sin embargo, a diciembre del 2022 la ausencia de ingresos obtenidos mediante registros administrativos en los últimos 12 meses significó el uso del dato auto reportado por la persona a través del formulario del RSH.

Señala que, mediante procedimientos de actualización de la información, la recurrente siempre pudo realizar una solicitud de actualización del módulo ocupación e ingresos en algún punto entre julio del 2020 y noviembre del 2022, y esta información se hubiese tenido a la vista para el cálculo del tramo RSH de diciembre 2022.

Agrega que la solicitud N°17627684, efectuada el 11 de marzo de 2021 por doña nombre reservado, RUN RUT reservado, desvinculó del hogar a la recurrente doña nombre reservado, RUN RUT reservado, que, acorde a la información contenida en el RSH provista por el Servicio del Registro Civil e Identificación, es hermana de la jefatura de hogar y madre de la actual cuarta integrante del hogar folio N°41253779, doña nombre reservado, RUN RUT reservado, y cuyo parentesco con la jefatura de hogar está clasificado como "12. Otro familiar” en el RSH.

Ahora bien, del contexto de la solicitud realizada, se advierte que doña nombre reservado, RUN RUT reservado, solicitó Ingreso al RSH en abril del 2021, con fecha de encuesta al 25 de abril 2021, la solicitud fue aprobada, conformándose el hogar folla N°53748476.

Concluye que siendo revisados los antecedentes provistos por doña nombre reservado mediante recurso de protección, se concluye que el tramo de la Calificación Socioeconómica del hogar en el que se encuentra su hija, a la época de los hechos materia del presente recurso, en el RSH se ajustó a la normativa vigente a esa data, según la antes citada Resolución Exenta N°47, de 2022, y de igual forma, según los protocolos vigentes a esa época, que tuvo como fuente de información auto reportada por el hogar (recurrente de autos) provenientes de la última actualización del módulo, en julio 2020.

En este orden de consideraciones, hace presente que la jefa de hogar, siempre pudo actualizar su módulo de Ocupación e Ingresos del hogar según Resolución Exenta N° 0414, de 2021, de la Subsecretaría de Evaluación Social, actualización que realizó y fue aprobada en mayo del año 2023.

Finalmente destaca que uno de los fundamentos y pilares del Registro Social de Hogares es que promueve la participación, corresponsabilidad e interacción activa de las personas con el Estado, razón por la cual se considera y utiliza los datos provistos por los integrantes de los hogares registrados, motivo por el cual en forma permanente se enfatiza a las personas la importancia de mantener actualizada su información.

Se recalca que la CSE del RSH y la información contenida en este, conforman el eje central para la asignación de recursos con que cuenta el Estado, en tanto contiene información para la caracterización de la población. El uso de esta información queda a disposición de las instituciones y servicios del Estado de Chile, siendo competencia de éstos la definición de criterios de elegibilidad de población beneficiaría.

En cuanto a lo resuelto en autos de protección Rol N° 1206-2023, caratulados “nombre reservado CON MINISTERIO”, de esta Corte de Apelaciones, lo que fue confirmado por la Excelentísima Corte Suprema a través de fallo de 26 de septiembre de 2023, a dicho Ministerio no le correspondía realizar ninguna actuación posterior, con motivo de la dictación de aquella, toda vez que el texto del anotado dictamen, ordena la renovación de la beca indígena a los niños nombre reservado y nombre reservado, ambos de apellido nombre reservado, sin incluir a la hija de recurrente, y además, como se indicó en el informe evacuado por esa cartera el 5 de julio de 2023 en esos autos y como se reitera en el presente, ese Ministerio no tiene competencia alguna en cuanto al otorgamiento ni renovación de la mencionada beca indígena, siendo el organismo competente, de acuerdo al ordenamiento jurídico, la Junta Nacional de Auxilio Escolar Y Becas. JUNAEB.

Finalmente, anota que no existió ningún error por parte de ese Ministerio en cuanto al cálculo de la Calificación Socioeconómica, CSE, del hogar de la niña a favor de la cual se recurre, siendo clara la sentencia antes referida, en orden a establecer como fundamento para acoger el mencionado recurso, lo siguiente: "de la documental acompañada por la actora, es posible tener por acreditado que al mes de mayo del año en curso la requirente y sus hijos figuran incorporados en el Registro Social de Hogares dentro del 40% de las familias de menores ingresos o de más alta vulnerabilidad lo que, conforme a lo indicado por las entidades recurridas, es suficiente para que detenten el beneficio indicado. E[ no haberlo estado a la fecha en que se estudiaban las solicitudes para aquel otorgamiento no es óbice para que aquello pueda ser resuelto ahora (...), por lo que no es posible atribuir alguna acción omisión ilegal o arbitraria a esa Secretaría Ministerial, toda vez que la CSE, cuenta con un mecanismo de actualización, que fue descrito en el presente informe, el que se encuentra regulado en los cuerpos normativos antes citados, y que fue aplicado en su integridad en el caso de autos.

Por estas consideraciones solicita el rechazo de la acción intentada por la recurrente en todas sus partes, por las razones de hecho y de derecho expuestas, las permiten descartar cualquier actuar arbitrario por parte de esa secretaría de Estado.

Acompaña los siguientes: 1.-Informe de protección evacuado por esa Cartera de Estado en autos Rol N° 1206-2023, de la Corte de Apelaciones de La Serena; 2.- Sentencia definitiva dictada en autos de protección Rol N° 1206-2023, caratulados "nombre reservado CON MINISTERIO”, de esta Corte de Apelaciones la que fue confirmada por la Excma. Corte Suprema de Justicia a través de fallo de 26 de septiembre de 2023; 3.-Captura de pantalla de la página web institucional de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, JUNAEB, en el que se informa a la ciudadanía sobre la postulación y renovación de la Beca Indígena.

TERCERO: Que, evacuó informe Rachid Karim Majluf Cortés, abogado, por la recurrida la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB).

Solicita que se rechace el remedio judicial intentado toda vez que el recurso de protección de autos resulta del todo improcedente y carece de sustento legal y material, en tanto: 1) fue deducido de forma extemporánea; 2) la acción de protección no es la vía idónea para obtener lo pretendido por la recurrente, esto es, la declaración de un derecho que no indubitado; 3) la acción resulta improcedente al pretender extender los efectos de una sentencia judicial en la que la recurrente ni su hija fueron parte, lo que vulnera la regla jurídica del “efecto relativo de las sentencias”; 4) y finalmente por no incurrir su representada JUNAEB, en ninguna acción u omisión ilegal o arbitraria que haya privado, perturbado o amenazado alguna garantía fundamental de la recurrente o su hija, al momento de decidir no renovar el beneficio en favor de esta última.

En efecto, expone que tal como reconoce la propia recurrente en su libelo, en el mes de mayo del año pasado se publicaron los resultados de la postulación y beneficiarios de la beca indígena para el referido año. En consecuencia, desde la acción u omisión supuestamente ilegal y arbitraria, consistente en no haberle reconocido ni renovado la beca indígena a la hija de la recurrente, resultados que se publicaron el día ocho de mayo del año dos mil veintitrés, han transcurrido más de seis meses, excediendo con creces el plazo previsto para la interposición de la acción, por lo que no cabe, sino declarar como extemporáneo el presente recurso de protección.

A continuación, refiere que en la especie, su representada JUNAEB, solo ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, al verificar la concurrencia o no de los requisitos necesarios de los postulantes a la beca indígena, procediendo a su otorgamiento, renovación o no renovación, según sea el caso.

Por tanto, es posible advertir que la vía elegida por la actora para resolver la controversia surgida no es la correcta, toda vez que la litis planteada en autos trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el presente arbitrio, lo que determina que no sea procedente para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones relativas a la existencia, validez, declaración o extinción de derechos, como es la situación de la especie, que se refiere a una materia propia de un juicio de lato conocimiento.

Luego, refiere que el principal argumento de la recurrente para solicitar el presente remedio judicial, consiste en el hecho de haberse dictado una sentencia en la causa Rol N°1206-2023, que ordenó acoger un recurso de protección y renovar la beca indígena, en favor de sus sobrinos, acción constitucional en la que no figura como parte interviniente ni ella ni su hija, por lo que, con base en la regla jurídica denominada “efecto relativo de las sentencias judiciales”, se cae el único argumento sobre el cual descansa la presente acción de protección.

Prosigue señalando que la renovación de la Beca Indígena, al igual que el resto de los programas de becas y residencias, se realiza una vez al año. Respecto del calendario previsto para la renovación de becas JUNAEB en el año dos mil veintitrés, se dispuso un plazo desde el primero de diciembre de dos mil veintidós hasta el veintisiete de enero de dos mil veintitrés.

Añade que para proceder a la renovación de la Beca Indígena se deben verificar de los antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los requisitos enumerados detalladamente en la Resolución Exenta Nº 3986, de fecha 27 de diciembre de 2022, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas.

Pues bien, al momento de verificación de los requisitos para la renovación de la Beca Indígena, realizada en el mes de abril, consta que la hija de la recurrente no cumplió con los requisitos socioeconómicos correspondientes del Tramo del Registro Social de Hogar, ya que contaban de un Tramo en el RSH de 71%-80%, en circunstancias que para la renovación se exige que los estudiantes cuenten con un Tramo en el RSH hasta el 70%.

En conclusión, y habiéndose revisado los antecedentes relativos a la hija de la recurrente nombre reservado, es posible colegir que según su tramo de la Calificación Socioeconómica de su hogar en el RSH se ajusta a la normativa ya mencionada y a los protocolos vigentes sobre la materia, siendo uno de los fundamentos y pilares del Registro Social de Hogares, la promoción, participación, corresponsabilidad e interacción activa de las personas con el Estado, enfatizando la gran importancia de mantener actualizado en referido registro, a partir del cual JUNAEB analiza el otorgamiento de este y otros beneficios.

A la luz de lo anterior, no es posible imputarle a JUNAEB, haber incurrido en alguna actuación u omisión ilegal o arbitraria, por el hecho de ejercer las facultades y atribuciones propias, al otorgar este tipo de beneficios, y que puedan producir o generar una afectación a su integridad síquica, física ni dignidad humana.

Agrega que el libelo de protección adolece de una total ausencia de una descripción de hechos que demuestren la forma concreta en que, para el caso de autos, el derecho constitucional invocado de la recurrente habría sido privado, perturbado o amenazado por un actuar atribuible a JUNAEB, en su desmedro, limitándose a expresar que “representa una discriminación respecto del resto de la población” (página Nº 4), sin indicar nada más al respecto.

En consecuencia, de lo expresado, no puede sino concluirse que, durante el proceso de renovación de la beca indígena para el año 2023, no ha existido por parte de JUNAEB vulneración alguna de esta garantía, en relación con la recurrente ni su hija.

Enseguida, sobre el derecho de propiedad, la recurrente no manifiesta en su recurso, ningún párrafo destinado a explicar cómo la conducta desplegada por su representada habría afectado su derecho de propiedad. Resulta llamativo la falta de seriedad de la recurrente en este punto, desde que no refiere ni siquiera mínimamente de qué tipo de daños o afectaciones le fueron supuestamente provocados.

En definitiva, no se verifica en el caso de marras una afectación expresada en privación, perturbación o amenaza del legítimo ejercicio referido a los derechos invocados por la recurrente en su libelo, esto es, la integridad física y síquica (19 N°1), la igualdad ante la ley (19 Nº 2) y el derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales (19 Nº 24).

Por estas consideraciones solicita el rechazo del recurso.

Acompaña copia de la Resolución Exenta Nº 3986, de fecha 27 de diciembre de 2022, de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, que aprueba el Manual de Asignación de Beneficios, para los procesos de postulación y renovación, y ordena su publicación.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que en relación a la oportunidad para interponer este recurso, el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales dispone "1°.- El recurso o acción de protección se interpondrá ante la Corte de Apelaciones en cuya jurisdicción se hubiere cometido el acto o incurrido en la omisión arbitraria o ilegal que ocasionen privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales respectivas, dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos, lo que se hará constar en autos”.

SÉPTIMO: Que, conforme se ha expuesto, la recurrida JUNAEB solicitó el rechazo del presente recurso, por cuanto éste fue interpuesto fuera de plazo, toda vez que en los resultados del proceso de renovación de la Beca Indígena se publicó en el mes de mayo del año recién pasado, habiendo transcurrido más de 6 meses entre dicha publicación y la interposición del recurso.

OCTAVO: Que, si bien no existe discusión en cuanto a que la actora tomó conocimiento del resultado de la postulación y beneficiarios de la Beca Indígena en el mes de mayo del año pasado, no puede soslayarse la circunstancia de que la recurrente y su hermana efectivamente solicitaron a la JUNAEB el pago de la Beca Indígena, respecto de la niña nombre reservado, con posterioridad al fallo pronunciado por esta Corte, de fecha treinta de agosto de dos mil veintitrés, que acogió el recurso de protección deducida contra las recurridas, en causa Rol N°1206-2023. Asimismo, de los documentos acompañados por la recurrente, es posible advertir que, por correo electrónico de tres de noviembre de dos mil veintitrés, doña nombre reservado, Directora Regional de la JUNAEB dio respuesta a la solicitud de pago de la Beca Indígena para la hija de la recurrente; indicando que, en el caso de la niña nombre reservado, era necesario que pasara por los procesos normales de postulación en los plazos correspondientes, por cuanto dicha Dirección Regional no tenía facultades para ampliar los beneficiarios que se indicaban en la sentencia pronunciada por esta Corte.

NOVENO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad intentada por la recurrida JUNAEB, es dable señalar que corresponde rechazar la alegación pues, tanto del tenor del propio recurso como de los informes evacuados por las recurridas, se desprende que doña nombre reservado realizó la solicitud de pago de la beca para su sobrina en razón de lo resuelto en el recurso de protección Rol 1206-2023, la que se resolvió -negando el pago de la beca- mediante correo electrónico de tres de noviembre de dos mil veintitrés, por lo tanto, a contar de dicha fecha debe iniciarse el cómputo del plazo dispuesto en el artículo 1 del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales.

En consecuencia, teniendo presente que el recurso de protección fue presentado el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, resulta forzoso concluir que dicha acción constitucional se ha ejercido oportunamente, debiendo rechazarse la alegación de extemporaneidad.

DÉCIMO: Que, en cuanto al fondo, de acuerdo al mérito de los antecedentes, es posible concluir que la requirente concurre en favor de su hija a raíz de que ésta fue privada de la Beca Indígena que detentaba, pues a la fecha de renovación del referido beneficio, la niña -que aparecía vinculada en el Registro Social de Hogar de su tía y hermana de la recurrente, doña nombre reservado- se encontraba en el tramo de 71%-80% del referido Registro.

Asimismo, se acreditó que al mes de mayo del año dos mil veintitrés, la menor nombre reservado figuraba incorporada en el Registro Social de Hogares dentro del 40% de las familias de menores ingresos o de más alta vulnerabilidad, sin que se lograra explicar por parte de las recurridas cuáles fueron las razones del cambio del tramo respectivo, durante el periodo en que se analizaban las solicitudes para el otorgamiento de la Beca.

Por otra parte, para los efectos de resolver esta acción constitucional, cobra especial relevancia la sentencia pronunciada por esta Corte en causa Rol 1206-2023, del treinta de agosto de dos mil veintitrés, pues en dicho laudo se estableció que la Administración, al haber negado la renovación de la beca a los hijos de doña nombre reservado, por los mismos motivos en virtud de los cuales se privó del beneficio a la hija de la recurrente, constituía una conducta ilegal y arbitraria, que importaba una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°1 de la Carta Fundamental.

De este modo, teniendo presente que -en definitiva- la niña nombre reservado se encontraba en idéntica situación que los hijos de doña nombre reservado, pues era integrante del mismo Registro Social de Hogar; la Administración debió renovar la Beca Indígena para ella, sin embargo, a pesar de los fundamentos señalados por esta Corte en el fallo que acogió el recurso de protección ya citado, privó a la niña de dicho beneficio, disponiendo que volviera a postular dentro de los plazos correspondientes; conducta que resulta arbitraria, por no haber esgrimido fundamento alguno para la no renovación de la beca y, en consecuencia, ilegal, al no adecuarse dicha negativa al estatuto legal vigente.

UNDÉCIMO: Que, la conducta descrita importa una vulneración a la garantía constitucional del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, pues se da un trato diferente entre quienes se encuentran en idéntica condición, sin que exista fundamento razonable que justifique tal disparidad, circunstancia que amerita acoger el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en favor de su hija nombre reservado, en contra del MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA y en contra de la JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS (JUNAEB), sólo en cuanto se ordena a las recurridas renovar la Beca Indígena en favor de la niña nombre reservado, durante el año 2023, como si nunca la hubiera perdido.

Acordada con el voto en contra del Ministro Suplente Sr. Carvajal, quien fue de opinión de declarar extemporáneo la presente acción constitucional porque fluye del mérito de los antecedentes –incluso del tenor del propio libelo del recurso de protección- que se le había notificado en el mes de mayo de 2023 a la solicitante y ella había tomado pleno conocimiento en esa época, que no se renovó la beca a la hija de la recurrente, que es precisamente el acto que irroga a la peticionaria el perjuicio que solicita que se repare en la presente acción cautelar, pareciendo entonces claro a este disidente que ya en mayo de 2023, la recurrente tomó pleno y cabal conocimiento de la acción ilegal o arbitraria que motiva el presente arbitrio, transcurriendo desde ese momento, hasta el 21 de noviembre pasado, en exceso, el plazo de 30 días contemplado en nuestra legislación para la interposición de esta acción constitucional.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redactada por la abogada integrante Señora Pía Paulina Bustos Fuentes y la disidencia por su autor.

Rol N° 2296-2023 (Protección).-