nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado, nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N°2278-2023 La Serena, trece de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado y nombre reservado, abogado de la Corporación de Asistencia Judicial, en favor de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que el recurrente de 37 años, a la época en que se desencadenan los hechos que motivan la presente acción de protección, se desempeñaba como técnica en enfermería en el Hospital de La Serena.

Hace presente que durante el año 2019 doña nombre reservado mientras cursaba su embarazo comenzó a sufrir reiterados dolores en su rodilla izquierda, los cuales fueron asociados a la condición en que se encontraba y que luego del nacimiento de su hijo los dolores fueron en aumento. Hace presente que su salud también se vio afectada por la angustia provocada por el COVID 19, lo que se vio acrecentado con problemas de diversa índole.

Finalmente, y luego de pasar por diversos médicos y exámenes de rigor es diagnosticada en noviembre del 2021, por el traumatólogo Dr. nombre reservado, con una Disfunción Patelofemoral con Subluxación de Rodilla. Indica que asistió durante el año 2021 y 2022 a terapia de kinesiología, luego fue infiltrada con corticoides, lo que no causó mejoría, hasta que finalmente fue operada el 20 de mayo del 2022, sumando posteriores sesiones de kinesiología. En ese escenario advierte que sus dolores persistían, por lo que en enero del año 2023 consulta a otro especialista la ciudad de Viña del Mar, quién luego de varios exámenes le informa que la operación que le realizaron fue mal ejecutada y por ello persisten los dolores y molestias, provocando ahora una artrosis y además descubrió que la rótula que fue sometida a la operación estaba mal alineada.

El 3 de mayo de 2023, doña nombre reservado asiste a un nuevo control con el Dr. nombre reservado, quien le indica que el tratamiento utilizado hasta ese momento no estaba generando los resultados esperados, por lo que la única opción que podría solucionar sus dolencias de manera definitiva era una nueva cirugía y que ese proceso requiere dos intervenciones. Con todos esos antecedentes es que el Dr. nombre reservado, le comenta que no está en condiciones de volver a trabajar debido a las limitaciones que le provoca la operación mal realizada y que no podrá hacerlo hasta la recuperación de la intervención que prontamente se realizará.

Señala que a pesar de todos los tratamientos, medicamentos e intervenciones quirúrgicas y procedimientos que doña nombre reservado se ha realizado, aún se encuentra en una complicada situación de salud, con reiterados dolores en su rodilla y complicaciones para caminar.

Agrega que se encuentra en una difícil situación económica al no poder presentarse a trabajar, provocando que no pueda costear sus medicamentos y las fases de su nueva operación. La primera fase de la intervención que se debe realizar tiene un costo de $2.660.720 y la segunda intervención la suma de $5.823.160.

Puntualiza que todas las licencias médicas que han sido presentadas con anterioridad a las que son materia del presente recurso de protección por doña nombre reservado, han sido aprobadas sin ninguna observación o reparo.

Señala que el presente recurso de protección comprende la reclamación de 5 licencias médicas correspondiente a las Nº 82163370-2, 82843632-5, 83450586-k, 84717381-5, 85857884-1, 87301889-5, extendidas por un total de 155 días de reposo, a contar del 04 de febrero del 2023.

Explica que a través de la Resolución Exenta Nº R-01-UME-142838, de 30 de octubre de 2023, la Superintendencia de Seguridad Social confirmó el rechazo de las licencias médicas, por Reposo no Justificado, conforme al siguiente tenor: “Esta conclusión se basa en que, analizados los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado, el que supera los 400 días por el diagnostico actual. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Por lo anterior, no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas sea de origen terapéutico”.

Señala que el diagnóstico de la enfermedad de doña nombre reservado se encuentra suficientemente fundamentado y acreditado con los informes y exámenes médicos que han sido acompañados. Es más, se ha acreditado la necesidad de ser sometida a una nueva intervención quirúrgica, pues la realizada anteriormente no fue bien realizada.

Se cuestiona los antecedentes médicos que le permitieron a la recurrida arribar a un diagnóstico distinto de aquel reseñado por el médico tratante, y sí el solo transcurso del tiempo en la recuperación de un paciente es una causal suficiente para rechazar el subsidio laboral.

Hace presente lo dispuesto en el Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, artículos 16, 21 y 22.

Sostiene que la actuación del ente administrativo no obedece a los parámetros de razonabilidad y motivación y que la recurrida ha omitido analizar los certificados e informes médicos relativos a la condición de salud del recurrente, y más aún han soslayado explicar siquiera someramente acerca de las razones por las qué los certificados e informes médicos acompañados a la carpeta administrativa no sirven o no son suficientes para justificar las Licencias Médicas que se reclaman, sino que obedece a una resolución tipo.

Que el rechazo de las licencias médicas carece de una adecuada fundamentación, constituye un acto administrativo que debe cumplir con sus requisitos propios, entre ellos, el principio de imparcialidad contenido en el artículo 11 de la Ley N°19.880, y la necesaria fundamentación consagrada en el artículo 41 de la misma Ley, sin que se cumpla dicho estándar normativo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas a través del presente arbitrio, aduce que se afecta el derecho a la vida e integridad física y psíquica y el derecho de propiedad ya que el rechazo indebido de las licencias médicas legalmente emitidas, privan del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley, en caso de que el trabajador se imposibilite de trabajar por motivo de enfermedad, como en este caso.

Por lo expuesto pide que se acoja el recurso de protección y en definitiva se resuelva que se deben autorizar las licencias médicas y se disponga su pago.

Acompaña los siguientes documentos: 1°.- Copia de la Resolución Exenta N.º R-01-UME-142838-2023, de fecha 30 de octubre de 2023, pronunciada por la Superintendencia de Seguridad Social. 2º.- Copia Receta Médica Ambulatorio, de fecha 17 de febrero de 2022, emitida por Clínica Red Salud, que refiere a presupuesto quirúrgico y código de intervención. 3º.- Copia epicrisis y protocolo de operación, de fecha 20 de mayo de 2022, emitida por Clínica Red Salud, La Serena. 4º.- Copia receta medico ambulatorio (prohibición de volver a su puesto de trabajo), de fecha 18 de octubre de 2022, emitida por Clínica Red Salud. 5º.- Copia del informe del Telerradiografía de extremidades inferiores, de fecha 24 de enero de 2023, emitida por Clínica Red Salud, La Serena. 6º.- Copia del informe de resonancia magnética rodilla izquierda, de fecha 27 de enero de 2023, emitida por Clínica Red Salud, La Serena. 7º.- Copia del informe de tomografía de ambas rodillas, de fecha 27 de enero de 2023, emitida por Clínica Red Salud, La Serena. 8º.- Copia Factura Electrónica, compra ácido hialuronato, de fecha 13 de abril de 2023. 9º.- Copia Certificado Médico, de fecha 28 de abril de 2023, otorgado por el Dr. nombre reservado. 10º.- Copia credencial de discapacidad (17,20%), de fecha 12 de mayo de 2023. 11º.- Copia Certificado Médico (diagnostico), de fecha 08 de julio de 2023, otorgado por Dr. nombre reservado. 12º.- Copia Certificado Médico (Realineación patelofemoral fulkerson, Artroscopia rodilla izquierda), de fecha 08 de junio de 2023, otorgado por el Dr. nombre reservado, copia estimación de valores por uso de dependencias e insumos, de fecha 05 de julio de 2023, entregado por Clínica Miraflores S.A de Viña del Mar y copia de valores de profesionales entregada por Fonasa. 13º.- Copia Certificado Médico (Retiro osteosíntesis, biopsia, cultivo), de fecha 4 de septiembre de 2023, otorgado por el Dr. nombre reservado, copia estimación cobros por uso de insumos y dependencias, de fecha 31 de octubre de 2023, entregado por Clínica Miraflores S.A de Viña del Mar y copia de valores de profesionales entregada por Fonasa.

SEGUNDO: Que, evacuó informe SEBASTIÁN DE LA PUENTE HERVÉ, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, que se declare improcedente la acción por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, informa en cuanto al fondo del asunto.

Indica que consta en el expediente administrativo PA código R-86864-2023, la interesada recurrió a su representada el día 22 de mayo de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 82163370-2, 82843632-5, 83450586-K, 84717381-5, 85857884-1 y 87301889-5, extendidas por un total de 155 días a contar del 4 de febrero de 2023, por reposo no justificado.

Por lo anterior, mediante la Resolución Exenta Nº R-01-UME-142838-2023, de 30 de octubre de 2023, previa solicitud de informe, y del estudio de los antecedentes del caso, mi representada concluyó que: “…el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 82163370-2, 82843632-5, 83450586-K, 84717381-5, 85857884-1, 87301889-5, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado, el que supera los 400 días por el diagnóstico actual. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Por lo anterior, no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas sea de origen terapéutico.

“Cabe destacar que la parte reclamante se mantiene con reposo bajo concepto de licencias médicas, por diversos diagnósticos, desde marzo de 2020, sin lograr su recuperación”.

Concluye dicha Resolución que: “Esta Superintendencia confirma el rechazo de las licencias médicas N°s 82163370-2, 82843632-5, 83450586-K, 84717381-5, 85857884-1, 87301889-5, de acuerdo con lo anteriormente expuesto”

Luego reseña el marco normativo de las licencias médicas, el procedimiento al cual se encuentran sujetas, las facultades que posee.

Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que los pronunciamientos que emite lo hace en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión y que además, la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral”.

Agrega que, que el 26 de octubre de 2023, el Dr. nombre reservado, médico de la Superintendencia analizó el caso de la recurrente y concluyó lo siguiente: “Fundamentos de la resolución: Mujer de 36 años, más de 400 días autorizados con dg de disfunción patelofemoral; operada en mayo 2022, se mantiene con licencia; no acredita kine ni medidas pendientes; Destaca extenso historial de licencias previas; posterior a postnatal de 2019 se mantiene con licencias con diversos diagnósticos. Se mantiene rechazo por falta de antecedentes”. Conforme a lo anterior, el reposo reclamado impresiona como no justificado por ser prolongado y sin claro rol terapéutico.

Señala que, conforme a lo expuesto, es posible establecer que el reposo temporal otorgado por las licencias médicas reclamadas, no se encuentra médicamente justificado, por lo que es procedente su rechazo.

Alega que no existe actuación ilegal o arbitraria de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, ya que los pronunciamientos que emite lo hace en su calidad de autoridad técnica de control de las instituciones de previsión y que además, la interposición del presente recurso desborda los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue creada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes y que en el presente caso la parte recurrente no es titular del derecho a licencia médica y del consecuente subsidio por incapacidad laboral.

Cita jurisprudencia y sostiene la ausencia de vulneración de los derechos fundamentales reseñados por la recurrente y que la Superintendencia de Seguridad Social resolvió dentro del ámbito de su competencia.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes el recurso, con costas.

Acompaña copias de los antecedentes que obran en los expedientes administrativos, relativos al caso de la actora TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

CUARTO: Que en primer término, la Superintendencia recurrida alegó la improcedencia de la acción recurrida por tratarse de materias de seguridad social, garantizadas en el N°18 del artículo 19 de nuestra Constitución Política de la República, que no se encuentran amparadas por la acción cautelar que se ejerce, argumentación que no puede prosperar, debido a que de los fundamentos fácticos del recurso, aparece que con el rechazo del pago de la licencias médica, se ha visto vulnerado el patrimonio y la integridad psíquica de la parte recurrente, derechos que sí se encuentran tutelados por el recurso que se ejerce.

QUINTO: Que, la recurrente impugna la Resolución Exenta Nº R-01-UME-142838, de 30 de octubre de 2023 de fecha 30 de octubre de 2023 de la Superintendencia de Seguridad Social, que resolvió mantener el rechazo de las Licencias Médicas las Nº 82163370-2, 82843632-5, 83450586-k, 84717381-5, 85857884-1, 87301889-5, extendidas por un total de 155 días de reposo, a contar del 04 de febrero del 2023. Que la resolución impugnada señala al respecto que: “Esta conclusión se basa en que, analizados los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del periodo ya autorizado, el que supera los 400 días por el diagnostico actual. Los informes médicos aportados, no detallan evolución del cuadro, incapacidad funcional ni plan terapéutico, tampoco acredita kinesioterapia u otro procedimiento pendiente durante la vigencia de las licencias reclamadas, no fundamentando rol terapéutico del reposo prescrito. Por lo anterior, no es posible acreditar de manera fehaciente que el reposo prescrito en las licencias médicas reclamadas sea de origen terapéutico”.

SEXTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, por vía de la presente acción cautelar, cabe señalar que el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional, contenido en el Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, señala que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez de este. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

SÉPTIMO: Que, además es necesario tener presente que el artículo 21 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por las COMPIN e Instituciones de Salud Previsional prescribe que “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas:

a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas;

b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe;

c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador;

d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador;

e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica.

Sin perjuicio de lo anterior la Compin, deberá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”.

OCTAVO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que las resoluciones recurridas dictadas por la Superintendencia de Seguridad Social carecen de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión contenida en los actos administrativos objeto de la presente acción, se funda exclusivamente en que se ha estimado que los antecedentes que obran en poder de esa entidad permiten entender que lo resuelto por la Isapre es justificado y que, por otra parte, no permitirían justificar el reposo prescrito.

Tal consideración, permite concluir que la decisión de la recurrida respecto a las licencias médicas materia del presente recurso es arbitraria al no expresar razones concretas en base a las cuales se califica el reposo como no justificado.

NOVENO: Que, si bien el rechazo de las licencias médicas fue realizado por la entidad llamada por la ley a resolver, no puede desatenderse que la falta de sustento fáctico en la decisión configura un motivo que amerita que ella sea calificada, a lo menos, de arbitraria, y que, de paso, deja en la indefensión al recurrente al no tener certeza de cuál o cuáles eran los antecedentes que debía aportar para superar la insuficiencia esgrimida.

A mayor abundamiento, la falta de ejercicio de atribución legal conferida por el artículo 21 del Decreto Supremo Nº3, del Ministerio de Salud, de 1984, aparece como antojadiza, pues bien pudo el ente administrativo llamado a resolver, disponer la práctica de diligencias que permitieran despejar sus dudas en torno a la procedencia de autorizar el pago de licencias médicas.

En tal sentido es de relevancia señalar que el peritaje médico que se indica en la resolución impugnada se efectuó en el mes de agosto de 2022, es decir, con mucha anterioridad a las licencias médicas reclamadas las que se extendieron por el periodo de reposo que abarca desde el 30 de enero de 2023 en adelante, en consecuencia, dicho informe no comprende las variaciones que eventualmente pueda haber tenido la patología que afecta a la paciente y la respuesta al tratamiento farmacológico, sin que pueda ser considerado, por dichas razones, un antecedente determinante para evaluar el reposo médico otorgado.

Asimismo, la resolución impugnada no se hace cargo de sendos informes que constan en el expediente administrativo que dan cuenta de la necesidad del reposo médico prescrito y de los documentos acompañados en esta sede, en que se indica la necesidad de dos intervenciones quirúrgicas extendida por el Dr. nombre reservado, sumado a la declaración de invalidez parcial y sin que se haga uso de las facultades que la ley otorga en el artículo 21 del Reglamento del Decreto Supremo Nº3, como se dijo en los párrafos precedentes, lo que pone de relieve la arbitrariedad de la resolución pronunciada.

Que los mayores y mejores antecedentes que pudo haber aportado la práctica de peritajes, la elaboración de informes y otras medidas tendientes a recabar de mejor forma los fundamentos para el rechazo de la licencia médica, no aparecen vertidos en el acto administrativo que se reclama, el que se limita a indicar que lo resuelto por la Isapre se encuentra justificado y que los antecedentes no permiten justificar el reposo prescrito, sin siquiera mencionar los efectivos datos que pudieron otorgar basamento a su decisión, impidiendo de ese modo a la destinataria tomar debido conocimiento de las razones por las que sus licencias médicas fueron rechazada, dejándola, como ya se ha dicho, en una situación de indefensión frente a los actos de la autoridad administrativa.

DÉCIMO: Que, en estas circunstancias, el actuar de la recurrida es arbitrario, ya que la falta de la necesaria fundamentación de su resolución de rechazo de la licencia médica transforma su decisión en caprichosa y carente de razones e injustificada, y este acto vulnera el derecho de propiedad del actor, protegido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues, como es obvio, dice directa relación con su patrimonio que se vio mermado por la referida decisión que le impiden acceder al subsidio por enfermedad, todo lo cual conduce a conceder la protección impetrada del modo que se dirá.

UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, lo razonado es coherente con lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema en la causa Rol N°157.728-2022, en cuanto consideró que “al basarse el ejercicio de la facultad de rechazar una licencia médica únicamente en la revisión de la información contenida en el documento rechazado, sin que se haya tomado previamente alguna de las medidas que permiten, según el Reglamento aplicable, fundamentar ese rechazo, la decisión recurrida carece de sustento y deviene en un acto meramente discrecional de la recurrida y, por ende, arbitrario y contrario a nuestro ordenamiento jurídico.” (Cons.5°, sentencia pronunciada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la causa Rol 157.728-2022 sobre recurso de protección).

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política del Estado y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que se rechazan las alegaciones de improcedencia y extemporaneidad de la acción entablada y que, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, y en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, debiendo la recurrida autorizar el pago de las licencias médicas Nº 82163370-2, 82843632-5, 83450586-k, 84717381-5, 85857884-1, 87301889-5, extendidas por un total de 155 días de reposo, a contar del 04 de febrero del 2023.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°2278-2023 Protección.-