nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
- Fecha
- 22 de mayo de 2024
- Sala
- Primera Sala
- Resultado
- Acogida
- Cita
- Corte de Apelaciones de La Serena, Rol N° 226-2024, sentencia de 22 de mayo de 2024
Resumen
Se acoge el recurso de protección contra la Superintendencia de Seguridad Social y se deja sin efecto la resolución que mantuvo el rechazo de la licencia médica, ordenándose su pago, por ser un acto ilegal y arbitrario que vulnera la integridad física y psíquica de la recurrente.
Texto íntegro
nombre reservado
Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 226-2024.- La Serena, veintidós de mayo dos mil veinticuatro.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
PRIMERO: Que a folio 1 comparece doña Vivian Cortés Antiquera, abogada, en favor de doña nombre reservado, deduciendo recurso de protección en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, representada por doña nombre reservado, señalando como acto ilegal y arbitrario la dictación de la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024, que rechazó la reconsideración deducida el 2 de febrero del presente año, respecto del Dictamen N°R-01-UME-16635-2024, de 29 de enero del año en curso, que confirmó lo resuelto por COMPIN Región de Coquimbo, en orden a mantener el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado, extendida por un total de 60 días a contar del 24 de octubre de 2021 por reposo no justificado, lo que representa una conculcación al derecho fundamental de integridad física y psíquica, de igualdad y de propiedad consagrados en el artículo 19 N°1, 2 y 24 de la Constitución Política de la República, respectivamente.
Sostiene que la recurrente, al momento de la emisión de la licencia médica, padecía espondiloartrosis cervical múltiple y espondiloartrosis lumbar, además de diversas patologías que han aumentado su cuadro clínico y que detalla en su libelo.
Añade que sus graves problemas de salud física han tenido un impacto negativo también en su salud mental, como lo evidencian los informes y antecedentes que, pese a haber sido acompañados al reclamo deducido ante la recurrida, no fueron considerados.
Indica que la entidad recurrida, el 30 de diciembre de 2021, rechazó la licencia que motiva el recurso, señalando que “no amerita reposo según peritaje efectuado”, en circunstancias que nunca se tuvo a la vista y al momento de practicarse se remitieron a escasas preguntas sin mayor atención clínica.
Manifiesta que de la simple lectura de la Resolución Exenta N°R-01-UME-16635-2024, emitida por la recurrida el 29 de enero de 2024, se desprende que ella es arbitraria, pues mantiene el rechazo de la licencia emitida por un profesional de la salud física y mental, sin otorgar una explicación racional que la mueva a confirmar el rechazo de las licencias, que además son la continuación del reposo prescrito desde principios del año 2018.
En efecto, del tenor de la resolución indicada, se aprecia que lo que hace en realidad la recurrida en su resolución no es analizar su situación clínica en relación a la patología física y psiquiátrica que le afecta, sino que sólo cuestiona los antecedentes que acompañó a su solicitud de reconsideración, cuestionándolos en razón de las omisiones que indica, inclusive extendiéndose a reparar en el rol terapéutico del reposo prescrito, pero tales aspectos no son en modo alguno razones médicas que puedan considerarse como una verdadera motivación de la recurrida que permita entender la línea de razonamiento que invite a arribar lógicamente a la decisión de mantener el rechazo de la licencia médica cuestionada, llevando a nada más que concluir que la resolución dictada por el ente administrativo carece de motivación.
Expresa que el mismo acto alude que los antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente. Sin perjuicio, cabe aclarar que la concesión de la invalidez fue otorgada mediante el Dictamen de Invalidez Nº005.3283/2021, de 30 de septiembre de 2021, por parte de la Superintendencia de Pensiones, Comisión Médica de La Serena, decisión que fue apelada por la Compañía de Seguros y tomada en consideración por la Comisión Médica Central de tal Superintendencia para rebajarla al 25%, por lo que revocó el pronunciamiento y resolvió no otorgar la declaración de invalidez solicitada.
Señala que estos dos hitos, es decir, el rechazo de la licencia médica NºRUT reservado, como así también otras tantas anteriores a ella, confirmada por la SUSESO mediante la resolución que se recurre, y la disminución del grado de discapacidad de un 52% a un 25%, impiden, por un lado, hacer ejercicio del derecho al subsidio motivo de la licencia médica que se recurre, y por otro, a la invalidez que clínicamente fue acreditada en un 52% pero que, administrativamente y sin ningún tipo de revisión de exámenes, antecedentes clínicos, certificados médicos, etc., concluyó simplemente rebajarla al 25%, lo que conlleva que las arbitrariedades manifiestas en ambas resoluciones causen un perjuicio a la recurrente.
Sostiene, en cuanto a la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024, emitida por la SUSESO, que no hay ningún análisis de los antecedentes clínicos, ni siquiera una referencia a su extenso historial médico, por lo que resulta imposible entender la razón por la que se mantiene el rechazo de la licencia, pese a los antecedentes hechos valer ante la autoridad administrativa, lo que nuevamente constituye un incumplimiento de la normativa aplicable en la materia, que exige la motivación de la decisión.
Adiciona que, pese a la contundente evidencia y antecedentes que avalan la necesidad de contar con reposo médico, entre los que se encuentra ni más ni menos informes de la propia COMPIN, se resuelve mantener, de manera absolutamente injustificada y arbitraria, el rechazo de la licencia indicada, sin hacerse cargo del contenido y conclusiones de un antecedente tan relevante como lo son sus informes; en lugar de ello, opta por rechazar su licencia agregando una preocupación más a su ya delicado estado mental y físico.
Expone que es la propia recurrida la que, con su conducta y resolución posterior al otorgamiento de la licencia médica indicada en el presente recurso, ha reconocido la existencia y entidad de la afección mental que padece, validando asimismo que su condición de salud amerita autorizar el reposo médico consignado en la licencia médica y, es más, el reconocimiento de la necesidad de una invalidez, y que son anteriores a la licencia y resolución que se recurre.
Explica que, además, si aun así los antecedentes acompañados a su reclamación merecían dudas, perfectamente pudo la recurrida solicitar al profesional que extendió la licencia información complementaria respecto de su situación de salud y la necesidad de reposo, lo cual tampoco se verificó en este caso, pese a tener facultades para hacerlo.
Afirma que es un requisito de todo acto administrativo su fundamentación, la que debe abarcar los hechos y el derecho, lo que está íntimamente ligado con la posibilidad de control del proceder de la Administración y la comprensión de su actuar por los administrados o destinatarios de las mismas, de manera que esta fundamentación, si bien puede ser somera, debe explicitarse y contenerse en el respectivo acto administrativo para una debida inteligencia.
Esgrime que la actuación de la recurrida vulnera el derecho a la integridad física y psíquica, pues ante la carencia de ingresos, derivado del no pago del subsidio debido al rechazo de la licencia, no ha podido continuar con su tratamiento y controles con su psiquiatra tratante, lo que pone en serio riesgo su salud mental y física y genera la posibilidad de un agravamiento en su cuadro clínico; a la igualdad, por cuanto representa una discriminación respecto del resto de la población que en iguales condiciones de salud puede acceder al subsidio por reposo laboral; y al de propiedad, en tanto el rechazo indebido de su licencia médica legalmente emitida, la priva del derecho a la retribución monetaria contemplada en la ley que le corresponde al estar imposibilitada de trabajar por motivo de enfermedad.
Finaliza solicitando se acoja el recurso de protección, ordenando a la recurrida dejar sin efecto la Resolución Exenta SUSESO N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024, dictaminando la autorización de la licencia médica N°RUT reservado, adoptando cualquier otra medida para restablecer el imperio del derecho, con costas.
Acompaña a su presentación: 1. Resolución de Licencia Médica de la COMPIN folio Nº 000077 763822 de 30 de diciembre de 2021; 2. Resolución Exenta N°R-01-UME-16635-2024 de la SUSESO de 29 de enero de 2024; 3. Resolución Exenta SUSESO N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024; 4. Licencia médica NºRUT reservado; 5. Resolución de la COMPIN sobre licencia médica N°RUT reservado; 6. Certificado médico de 1 de septiembre de 2023; 7. Certificado médico de 22 de noviembre de 2018; 8. Dictamen de Invalidez Nº005.3283/2021 de 30 de septiembre de 2021; y 9. Resolución de la Comisión Médica Central del año 2021.
SEGUNDO: Que a folio 8, comparece don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social evacuando el traslado conferido.
En primer término, alegó la improcedencia del recurso por cuanto la materia sobre la que versa el recurso dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social establecido en el numeral 18 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.
En subsidio, en cuanto al fondo, solicita se desestime el recurso, con costas. Se extiende en orden al marco regulador relativo al derecho a licencia médica, haciendo hincapié en que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral.
Luego, señala que consta en el expediente administrativo que la actora recurrió ante dicha autoridad mediante presentación realizada el 14 de agosto de 2023, reclamando respecto de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Coquimbo, que rechazó de la licencia médica N°RUT reservado por reposo no justificado.
Explica que estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por la licencia médica referida no se encontraba justificado, conclusión que se basó en que los antecedentes aportados no permiten establecer la existencia de incapacidad laboral temporal más allá del período de reposo ya autorizado por el diagnostico reclamado, no acreditando rol terapéutico del reposo prescrito. Sumado a lo anterior, dichos antecedentes permiten establecer que la parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, lo que consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-16635-2024, de 29 de enero de 2024.
Añade que la recurrente se presentó por segunda vez, solicitando la reconsideración de la citada resolución, oportunidad en que la recurrida cumplió con informar que, entre los antecedentes tenidos a la vista, la actora no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto, lo que es concordante además con el hecho de que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas, por ende, no serán considerados para dicho efecto, puesto que, como se señaló, ya fueron examinados, es decir, con ellos no resultará posible que se desvirtúe lo dictaminado previamente por tal organismo, razonamientos que se contienen en la Resolución Exenta N° R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024.
Expone que los facultativos de la recurrida, consistente con lo señalado, informaron en la ficha médica del expediente administrativo lo que sigue: “Fundamentos de la resolución: mujer de 52 años, con extenso historial de licencias médicas por diversas causas, reclama licencia del 24/10/2021 con dg de lumbociática; presenta antecedentes de 2018 donde ya lo catalogaban de irrecuperable; no acredita adecuadamente terapias pendientes o procesos pendientes en esa fecha; además ya tendría al menos 1 TPI rechazado de 2019. Se mantiene rechazo por irrecuperable”.
Expresa que, en razón del artículo 21 del DS 3/84, el 19 de noviembre de 2021 la COMPIN efectuó un peritaje a la recurrente, en el cual se señaló, en síntesis, lo siguiente: “(…) Examen Físico: Respuesta exagerada al examen, marcha normal, neurológico normal, tepe (-), lasegue (-), artrosis de dedos de mano. CONCLUSIÓN SOBRE REPOSO MÉDICO. Fecha de inicio de licencia N°4-7776382: 24-10-2021. Días acumulados de reposo a la fecha (incluye Licencia Médica) N°4-7776382: 539 días. Días de reposo indicados en licencia N°4-7776382: 60 DIAS. Conclusión respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente: no se justifica reposo, paciente con poliartralgias, ya tiene pensión de invalidez transitoria, no tiene lumbociática. La licencia peritada se encuentra justificada, NO (...)”
En consecuencia, lo resuelto por la Superintendencia de Seguridad Social, en el sentido de rechazar la licencia médica de la recurrente, se encuentra médico y administrativamente justificada, según lo indicado precedentemente, debido a que los antecedentes médicos tenidos a la vista no permiten justificar el reposo prescrito y el rol terapéutico que éste debe cumplir.
Manifiesta que la pretensión de la recurrente en orden a que se le autorice la licencia médica y se le pague el subsidio por incapacidad laboral desborda claramente los límites de aplicación de la acción de protección, toda vez que es una herramienta de tutela de derechos indubitados, preexistentes, lo que no acontece en la especie.
Finalmente, sostiene que no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la recurrida, pues se limitó a resolver la situación de la recurrente dentro del ámbito de su competencia, no existiendo tampoco vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos al derecho de propiedad de la recurrente, dado que el solo otorgamiento de una licencia médica por parte de un facultativo de la salud no implica el nacimiento de ningún derecho en relación con un eventual subsidio por incapacidad laboral o remuneración según sea el caso.
Acompaña a su informe: Expediente administrativo de la recurrente.
TERCERO: Que, a folio 13, estimándose por esta Corte indispensable para un adecuado conocimiento, se requirió informe a la COMPIN Región de Coquimbo, la que a folio 26, evacuó el informe solicitado, pidiendo, en primer término, se declare la improcedencia de la acción al haber sido interpuesta en forma extemporánea, con costas. En efecto, esgrime que la recurrente ejerció esta acción constitucional el 6 de marzo del 2024, esto es, cuando el plazo fatal de 30 días corridos estaba con creces vencido respecto de la licencia médica recurrida, toda vez, que tuvo conocimiento cierto de los rechazos dispuestos por COMPIN de la licencia médica en comento, desde el 29 de diciembre del 2021. A mayor abundamiento, la recurrente respecto de la licencia médica reclamada agotó la vía administrativa, pero lo cierto es que, si estimaba que los rechazos de las licencias médicas adolecían de un vicio de ilegalidad y arbitrariedad, debió recurrir por esta vía tan pronto tuvo noticias o conocimiento cierto de las mismas, sin perjuicio de los demás derechos que hizo valer, entre ellos los reclamos que presentó ante la SUSESO.
En subsidio, respecto del fondo del asunto, solicita el rechazo de la acción deducida. Refiere que la recurrente en la actualidad padece de un cúmulo de patologías crónicas degenerativas, desde el 2015 hasta la fecha, sin mejoría de ninguna especie, en virtud de la naturaleza de las mismas, las cuales continuarán avanzando, lo que se contrapone al carácter temporal del reposo asociado a una licencia médica.
Señala que desde el 2019 a la fecha acumula 39 licencias médicas y 1.318 días de pérdida, sin contabilizar el periodo que media desde el 2015 hasta el 2018, hechos que dejan de manifiesto que la solución inmediata e idónea para la recurrente no es la presentación o tramitación de licencias médicas, en primer lugar, porque no encuadra dentro de los sujetos e hipótesis establecidos en el D.S. N°3/84 del MINSAL para obtener el derecho de la misma, y en segundo lugar, porque se encuentra en urgente situación de obtener su invalidez, para el adecuado tratamiento de sus patologías crónicas degenerativas.
Adiciona la recurrente haber obtenido en primera instancia un 52% de invalidez, cuya incapacidad fue otorgada por la Comisión Médica Regional de AFP, y no como se expresa en la acción de protección, en virtud del requerimiento realizado en primera instancia a la propia aseguradora a la que se encuentra afiliada desde el 1 de febrero de 1996, siendo aquella la que se opuso a la calificación inicial, y no la COMPIN y menos aún la SUSESO. Por lo expuesto, y en el caso de que la recurrente nuevamente deba enfrentar tal oposición de la aseguradora o la AFP, podrá apelar tal resolución ante la Comisión Médica Central, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 del D.L. N° 3.500, ya que los dictámenes que emitan las Comisiones Médicas Regionales serán reclamables mediante solicitud fundada ante la Comisión Médica Central, por el afiliado y por la Compañía de Seguros correspondiente, reclamación que la recurrente no ejerció en su época, en circunstancias que contaba con los antecedentes para ello.
Ahora bien, expone en relación con lo dispuesto a las resoluciones de 2 de noviembre de 2021 y 29 de diciembre del mismo año, emitidas por la COMPIN Región de Coquimbo, por medio de las cuales se rechaza el reposo de la licencia médica N° 4-RUT reservado, extendida por un total de 60 días, que efectúan un análisis técnico jurídico, realizado con relación a las circunstancias médicas de la usuaria en el periodo 2021, mediante peritaje y los antecedentes acompañados para análisis, concluyendo que no amerita reposo según peritaje efectuado.
Puntualiza que el rechazo de la licencia médica fue debidamente fundado e informado por esta autoridad, administrativa y técnica en materia de salud en su época, teniendo en cuenta que se analizaron las circunstancias de invalidez de la trabajadora y su dolencia, como lo ha reiterado la jurisprudencia de la SUSESO, en orden a que la autorización de una licencia médica supone ponderar y determinar la posibilidad real y cierta de que en base al reposo médico indicado en ella, el trabajador pueda recuperar su capacidad de trabajo y quede en condiciones de reincorporarse a la vida laboral, sea que la incapacidad laboral temporal derive de un cuadro aislado o, en su caso, de una patología crónica e irrecuperable.
A su turno, detalla que la jurisprudencia reiterada de la SUSESO, en concordancia con la circular N°2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, ha señalado que mientras dure el primer trámite de calificación de invalidez y hasta que se emita el dictamen definitivo, y éste se encuentre legalmente ejecutoriado, se deberán continuar autorizando las licencias médicas del trabajador y pagando el subsidio correspondiente cuando cumple con los requisitos legales habilitantes. Pues bien, para estos efectos es dable señalar que, la recurrente fue notificada por Comisión Médica La Serena el 30 de septiembre de 2021, es decir a la época en que fue emitida la licencia recurrida ya no era sujeto de hipótesis de la circular N°2C/134, de 24 de junio de 1985, del Ministerio de Salud, y la Circular N°3433, de 03 de julio del 2019.
Expone que cabe rechazar la acción de protección, descartándose cualquier actuar arbitrario e ilegal, ya que el rechazo aludido expone las razones por las cuales se llegó a la conclusión y que son conocidas por la usuaria recurrente. No se trata entonces de un acto carente de fundamento racional o nacido solo del capricho irracional de la autoridad técnica, sino que del estudio y ponderación de los elementos que se han señalado, en concordancia con criterios normativos y jurisprudenciales vigentes.
Acompaña a su informe: 1. Copia resolución de licencia médica COMPIN, de 22 de noviembre de 2021; 2. Copia resolución de licencia médica COMPIN, de 29 de noviembre de 2021; 3. Copia Superintendencia de Pensiones - Consulta de Afiliación recurrente; y 4. Copia Circular N°3433 de 03 de julio 2019, emitida por la Superintendencia de Seguridad Social.
CUARTO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.
QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquellas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.
SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, toda vez que el artículo 20 de la Carta Fundamental no la establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas, cierto es que la recurrente alega la conculcación de otras que sí lo están, motivo por el que se desestimará tal alegación.
SÉPTIMO: Que en cuanto a la alegación de extemporaneidad de la acción de protección, debe considerarse que se recurre respecto de la Resolución Exenta N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024, interponiendo el recurso con fecha 6 de marzo de 2024, y siendo el plazo establecido en el artículo primero del Auto Acordado sobre tramitación y fallo del recurso de protección de las garantías constitucionales el de treinta días corridos contados desde que se ha tenido conocimiento cierto del acto, no cabe sino concluir que se ha interpuesto dentro del plazo legal, por lo que la alegación de extemporaneidad también será rechazada.
OCTAVO: Que, respecto al asunto sometido a conocimiento de esta Corte, es dable señalar los hechos que no fueron discutidos:
1.- La actora recurrió ante Superintendencia de Seguridad Social mediante presentación realizada el 14 de agosto de 2023, reclamando respecto de la decisión de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez región de Coquimbo, que rechazó de la licencia médica N°RUT reservado por reposo no justificado.
2.- La parte reclamante presenta lesiones de carácter crónico, produciéndole una incapacidad para trabajar no susceptible de revertir, por lo que probablemente ya se ha configurado una incapacidad permanente, lo que consta en la Resolución Exenta N°R-01-UME-16635-2024, de 29 de enero de 2024.
3.- La recurrente se presentó por segunda vez ante la entidad recurrida, solicitando la reconsideración de la citada resolución.
4.- La ficha médica del expediente administrativo señaló: “Fundamentos de la resolución: mujer de 52 años, con extenso historial de licencias médicas por diversas causas, reclama licencia del 24/10/2021 con dg de lumbociática; presenta antecedentes de 2018 donde ya lo catalogaban de irrecuperable; no acredita adecuadamente terapias pendientes o procesos pendientes en esa fecha; además ya tendría al menos 1 TPI rechazado de 2019. Se mantiene rechazo por irrecuperable”.
5.- En razón del artículo 21 del DS 3/84, el 19 de noviembre de 2021 la COMPIN efectuó un peritaje a la recurrente, en el cual señaló, en síntesis, lo siguiente: “(…) Examen Físico: Respuesta exagerada al examen, marcha normal, neurológico normal, tepe (-), lasegue (-), artrosis de dedos de mano. CONCLUSIÓN SOBRE REPOSO MÉDICO. Fecha de inicio de licencia N°4-7776382: 24-10-2021. Días acumulados de reposo a la fecha (incluye Licencia Médica) N°4-7776382: 539 días. Días de reposo indicados en licencia N°4-7776382: 60 DIAS. Conclusión respecto del reintegro laboral al examen actual del paciente: no se justifica reposo, paciente con poliartralgias, ya tiene pensión de invalidez transitoria, no tiene lumbociática. La licencia peritada se encuentra justificada, NO (...)”
6.- Desde el año 2019 a la fecha acumula 39 licencias médicas y 1.318 días de pérdida.
7.- El 3 de noviembre de 2021, la Superintendencia de pensiones, Comisión Médica Central resolvió “Que no procede otorgar invalidez, por cuanto la(s} enfermedad(es) alegada (s) como invalidante(s) no alcanza(n) a provocar una pérdida de su capacidad de trabajo de a lo menos el cincuenta por ciento”, en consecuencia, no procede otorgar Invalidez. Agrega que su incapacidad global alcanza 25%.
NOVENO: Que, en relación con los argumentos expuestos por la recurrida y considerando la naturaleza de la resolución, cabe analizar lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento de Autorización de Licencias Médicas, contenido en el Decreto Supremo N° 3, del Ministerio de Salud, de 1984, que señala que, en caso de rechazo de una licencia, la resolución o pronunciamiento respectivo debe dejar constancia de los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida. En consecuencia, la reconsideración a su vez también debe cumplir con el mínimo exigido.
Del mismo modo, el artículo 11 de la ley 19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la sustanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, y agrega que “los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada y pormenorizada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley.
De esta manera, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicitando al solicitante las razones del acto, su sustento material y las normas jurídicas aplicables a la situación que debe resolver.
DÉCIMO: Que, la fundamentación de la resolución recurrida resulta evidentemente escueta y acotada, limitándose a indicar “entre los antecedentes tenidos a la vista, la parte recurrente no acompañó ninguno que amerite efectuar un nuevo estudio de lo resuelto por este Servicio” agregando “que los antecedentes acompañados en procesos anteriores ya han sido ponderados por nuestros especialistas”, y concluyendo “Rechazar la solicitud de reposición de la Resolución Exenta N° R-01-UME-16635-2024, de fecha 29 de enero de 2024.”
De esta forma se realizó una fundamentación, basada en aseveraciones generales y negativas, que impiden comprender la razón del rechazo, tratándose en definitiva de una respuesta meramente formal.
UNDÉCIMO: Que, además, el “Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por la COMPIN” contenido en el D.S. N°3 de 1984, establece en su artículo 21 que: “Para el mejor acierto de las autorizaciones, rechazos, reducción o ampliación de los períodos de reposo solicitados y otras modificaciones a las licencias, la Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la ISAPRE correspondiente, podrán disponer de acuerdo con sus medios, alguna de las siguientes medidas: a) Practicar o solicitar nuevos exámenes o interconsultas; b) Disponer que se visite al trabajador en su domicilio o lugar de reposo indicado en el formulario de licencia, por el funcionario que se designe; c) Solicitar al empleador el envío de informes o antecedentes complementarios de carácter administrativo, laboral o previsional del trabajador; d) Solicitar al profesional que haya expedido la licencia médica que informe sobre los antecedentes clínicos complementarios que obren en su conocimiento, relativos a la salud del trabajador; e) Disponer cualquier otra medida informativa que permita una mejor resolución de la licencia médica”.
Esto cobra importancia desde dos puntos de vista; primero, que se menciona haber hecho uso de esta facultad, pero el informe corresponde al año 2021, y por otro, que dada la omisión a disponer de alguna de las medidas señaladas, han dejado a la recurrente en una situación compleja, ya que le requieren acompañar nuevos exámenes, siendo una obligación que la ley no pone de cargo de la paciente, sino del organismo que en este caso por ley debe resolver el rechazo de las licencias médicas y que, insistimos, cuenta con las herramientas legales y técnicas para hacerlo.
DUODÉCIMO: Que, es oportuno recordar que, además, la entidad recurrida argumenta que la licencia médica es un derecho esencialmente temporal, cuya finalidad última es ayudar al trabajador afectado por una incapacidad temporal a recuperar su salud y reincorporarse a su actividad laboral y que, en consecuencia, al existir un pronunciamiento de incapacidad temporal del 52% no procede el pago de la licencia médica.
Sin embargo, la Superintendencia de pensiones Comisión Médica Central, el 3 de noviembre de 2021, al resolver que no procede otorgar invalidez, deja a la recurrente en una situación de decisiones contrapuestas entre dos organismos que resuelven sobre su incapacidad y, en consecuencia, ya no puede servir de fundamento para el no pago de la licencia médica su situación de invalidez transitoria del 52 %.
DÉCIMO TERCERO: Que, en conformidad a las normas legales precedentemente referidas, aparece que la resolución recurrida dictada por la Superintendencia de Seguridad Social carece de la fundamentación exigida por el ordenamiento jurídico, en la medida que su decisión -contenida en el acto administrativo objeto de la presente acción- es arbitraria, al no expresar razones concretas en base a las cuales resuelve la reconsideración y confirma el reposo como no justificado, lo que, además, la torna en ilegal, desde que es dictada por la entidad competente, pero omitiendo requisitos que la hacen válida.
DÉCIMO CUARTO: Que, la conducta del organismo recurrido constituye una perturbación y amenaza al derecho a la vida e integridad física de la recurrente, el que se encuentra garantizado en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, ya que su obrar, en la forma descrita, le priva de obtener una calificación de su enfermedad que le permita gozar de un estatuto adecuado a su estado de salud y de acuerdo a los fines de éste.
Asimismo, dicho proceder afecta y lesiona la garantía consagrada en el numeral 2 del artículo 19 de la Ley Fundamental, toda vez que el actuar cuestionado le priva del trato que a toda persona en la misma situación corresponde dar.
Por último, también importa una afectación al derecho de propiedad, pues la decisión cuestionada le impide acceder a los beneficios económicos que supone la declaración de enfermedad laboral del padecimiento que le afecta.
DÉCIMO QUINTO: Que, por ende, habiéndose acreditado que por la institución recurrida se cometió un acto ilegal y arbitrario que perturba, amenaza y vulnera garantías fundamentales del recurrente, corresponde acoger el recurso de protección Por estas consideraciones, las normas legales ya citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve:
I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción de protección en materias de seguridad social.
II.- Que SE RECHAZA la alegación de extemporaneidad de la acción de protección.
III.- Que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto a favor de doña nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social y, en consecuencia, se declara que se deja sin efecto la decisión de la recurrida, materializada en la Exenta N°R-01-UNAAD-20048-2024, de 5 de febrero de 2024, por medio de la que se rechazó la reconsideración deducida por la actora y, en consecuencia, se mantuvo el rechazo de la licencia médica N°RUT reservado declarando, por el contrario, que dicho organismo gubernamental deberá disponer el pago de la licencia reclamada, en un plazo que no podrá exceder de quinto día corrido, desde la fecha que el presente fallo quede ejecutoriado.
Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.
Redacción del Ministro señor Felipe Pulgar Bravo.
Rol N°226-2024 Protección.-