nombre reservado con SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PUERTO CORDILLERA

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Local de Educación Puerto Cordillera Recurso de Protección Rol N° 226-2020.- La Serena, veinticuatro de marzo de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha catorce de febrero de dos mil veinte comparece nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, en virtud de los siguientes antecedentes.

Expone, en lo pertinente, que por medio de la Resolución Exenta N° 0027, de fecha 1 de marzo de 2018, del Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera, se dispuso su traspaso desde la Municipalidad de Andacollo al nuevo Servicio Local de Educación Puerto Cordillera. En esta resolución se señaló que desempeñaría el cargo de Técnico en Gestión de Personas, grado 17 de la Escala Única de Sueldos, de la planta de técnicos.

Agrega que aun cuando comenzó a trabajar en el Servicio Local de Educación el día 1 de marzo del año 2018, solo por medio de la Resolución N° 35, de fecha 19 de diciembre del año 2018, dictada por Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, se oficializó su nombramiento como Técnico en Gestión de Personas, señalándose que había asumido sus funciones con fecha 1 de marzo del año 2018.

Destaca que Contraloría Regional de Coquimbo, por medio del oficio N° 3103 de fecha 18 de junio de 2019, representó su contratación (y la de otros funcionarios), que se contenía en la Resolución Afecta 35 del Servicio Local de Educación. La razón de la representación de su nombramiento fue que se adjuntó copia autorizada ante notario de su título, debiendo ser acreditado el requisito de estudios mediante documentos originales o por medio de copias debidamente autorizadas por el funcionario competente para otorgar el documento original o para certificar acerca del contenido de éste. Es decir, el Servicio Público no adjuntó al trámite de Toma de Razón su documentación en original, o en copias autorizadas por un Ministro de Fe competente; nada de estas omisiones le eran imputables y el subsanar el reparo era una cuestión de fácil solución; solo se debía acompañar su documentación original, la que se encontraba en poder de su nueva empleadora. Pero esto nunca ocurrió. Más tarde comprendió cual era la real causa de la omisión de la entrega correcta de su documentación en la Contraloría Regional de Coquimbo por parte de su empleadora; por medio de la Resolución Exenta N° 547, de fecha 21 de febrero del año 2019, el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera ordenó iniciar una investigación sumaria, con la finalidad de establecer la existencia de responsabilidad administrativa a causa de la pérdida o extravío de su título técnico.

Agrega que mediante la Resolución Exenta n° 1953, de fecha 24 de septiembre de 2019, se dio término a la investigación sumaria abierta sin resultados, por lo que ese procedimiento se sobreseyó.

Indica que, pese a la pérdida de su documentación original, y pese a que su nombramiento no fue tomado de razón, siguió desarrollando sus funciones en el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, en su cargo de Técnico en Gestión de Personas, grado 17 de la Escala Única de Sueldos, de la planta de técnicos, y recibía la remuneración que correspondía a tal grado. Pero, sin contar con un acto administrativo que lo autorizara, y sin contar con la debida justificación, el día 17 de enero de 2020 se procedió por parte del Servicio Público recurrido a disminuir unilateralmente su remuneración, pasando de hecho del grado 17 de la planta de técnicos, al grado 12 del escalafón administrativo, en calidad de contrata.

Esta decisión, que no ha sido materializa en algún acto administrativo y menos contralada por parte de la Contraloría Regional de Coquimbo, implica un desmedro económico de $536.855 en sus remuneraciones mensuales.

Sostiene que la disminución unilateral e injustificada de remuneraciones y del grado en la Escala Única de Sueldos es ilegal y atenta contra la estabilidad en el empleo y en las remuneraciones. Particularmente, infringe el artículo 3 letra F, 9 y 10 de La Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo. Reglas que sientan las bases del principio de estabilidad en el empleo y la remuneración pública, que no puede ser disminuida o afectada arbitrariamente por parte del jefe superior del Servicio.

Por otro lado, el artículo transitorio cuadragésimo segundo de la Ley N° 21.040 señala expresamente que el traspaso al que alude este párrafo en ningún caso podrá significar disminución de remuneraciones.

Refiere como garantías constitucionales vulneradas el derecho a la integridad psíquica y física, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, establecidas en los numerales 1, 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica, respectivamente.

Por estas consideraciones solicita dejar sin efecto la acción de disminución unilateral de remuneraciones, y que se le pague nuevamente la remuneración correspondiente al grado 17 de la planta de técnicos de la Escala Única de Sueldos, además de todas las asignaciones que le correspondían hasta el mes de diciembre del año 2019, con expresa condenación en costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Contrato de trabajo emitido por la Ilustre Municipalidad de Andacollo, de fecha 10 de mayo de 1993; 2.- Certificado de antigüedad laboral emitido por la Ilustre Municipalidad de Andacollo, del mes de febrero de 2018; 3.- Resolución Exenta N° 27, de fecha 1 de marzo de 2018, emitida por el Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, que ordena su traspaso al Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; 4.- Resolución N° 35, de fecha 19 de diciembre de 2019, emitida por el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera, que la nombra en el cargo de Técnico en Gestión de Personas, grado 17 de la planta de técnicos del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; 5.- Oficio N° 3.103, de fecha 18 de junio de 2019, emitido por la Contraloría Regional de Coquimbo, que representa, entre otras la Resolución N° 35 del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; 6.- Resolución Exenta N° 1.953, de fecha 24 de septiembre de 2019, emitida por el Servicio Local de Educación Puerto Cordillera que aprueba y sobresee a la vez la investigación sumaria ordenada por medio de la Resolución Exenta N° 547, de fecha 21 de febrero de 2019, del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; 7.- Certificado emitido por nombre reservado, Director Ejecutivo Subrogante del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera; 8.- Liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año 2019, más la del mes enero del año 2020; 9.- Informe médico psiquiátrico, de fecha 7 de febrero de 2020, emitido por médico psiquiatra nombre reservado.

SEGUNDO: Que, con fecha dos de marzo de dos mil veinte evacuó informe Axel Slobadan Biskupovic Heredia, abogado, en representación del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, en los siguientes términos.

Señala, en lo pertinente, que efectivamente el titulo original de la recurrente fue presentado oportunamente por ella a dicho Servicio al momento de su contratación, no obstante, dicho documento se extravió en las dependencias del Servicio, por lo anterior, se procedió a realizar el procedimiento disciplinario sumarial correspondiente.

Del procedimiento anterior, se logró acreditar que efectivamente se extravió dicho documento, no siendo imputable a la recurrente responsabilidad alguna sobre estos hechos, sin perjuicio de lo anterior a fin de poder solucionar la situación de la recurrente se requirió al Ministerio de Educación y a la Secretaria Regional Ministerial información acerca del nivel educacional de la recurrente y así de esta manera poder subsanar la representación de un nombramiento por parte de la Contraloría Regional en un nombramiento.

Con fecha 09 de octubre de 2019, a través de oficio ordinario N°06/00688, la Jefa de Unidad de Registro Institucional de la Subsecretaría de Educación Superior, señala que en respuesta a la solicitud de que se extienda un certificado de estudios superiores a la recurrente, informa que el Centro de Formación Técnica nombre reservado, registro N° 94, no impartió durante su vigencia la carrera de Secretariado Ejecutivo con Mención en Computación.

Indica que tal como se señala en la fotocopia del diploma de la recurrente, los estudios realizados por doña nombre reservado, fueron efectuados en la institución denominada Corporación Thieleman, la cual no cuenta con reconocimiento oficial como Centro de Formación Técnica, razón por la que no es posible para dicha Subsecretaria emitir ningún título por no corresponder. Finaliza indicando que podría tratarse de un curso de capacitación, de los cuales dicha entidad no dispone de registros.

A su vez, Contraloría Regional de Coquimbo en oficio ordinario N° 868 de fecha 19 de febrero de 2020, rechazó la solicitud de reconsideración del oficio N° 3103 de 2019, que representó su nombramiento, en síntesis indicando que el artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley N° 33 de 2017, del Ministerio de Educación, que fija la planta de personal del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, dispone que para desempeñar un cargo técnico grado 17, se requiere alternativamente estar en posesión de un Título Técnico de Nivel Superior otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por este o Título Técnico de Nivel Medio otorgado por un establecimiento de educación técnico profesional del Estado o reconocido por éste. Y en atención a los antecedentes tenidos a la vista, en especial el oficio N°688 ya citado, se logró verificar que el Centro de Formación Técnica nombre reservado no impartió durante su vigencia la carrera de Secretariado Ejecutivo con mención en Computación, sin que la Corporación nombre reservado, entidad que emitió el certificado de título, cuente con reconocimiento oficial como centro de formación técnica.

Finaliza indicando que la recurrente no cumple con los requisitos legales establecidos en el Decreto con Fuerza de Ley N° 33 referido, para desempeñar un cargo de la planta técnica grado 17, del Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, debiendo informar las medidas adoptadas respecto de la situación estatuaria de la recurrente.

Destaca que de los artículos 3º, 5º y 9º de la ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, se colige que los funcionarios a contrata carecen de un grado especifico en la planta, siendo atribución de la autoridad que realiza el nombramiento el establecer un grado específico según la relevancia de las labores en el estamento respectivo, incluso al no existir una limitación en los grados de los funcionarios a contrata a los existentes para las dotaciones permanentes, la autoridad pertinente se encuentra habilitada para asimilarlas incluso a alguno inferior al último previsto en su planta, pero contemplado en la escala de sueldos vigentes, criterio que ha sido ratificado por la Contraloría General de La República en diversos dictámenes.

De lo anterior, se evidencia que la recurrente no cumple con los requisitos para ser parte de la dotación técnica, en atención a que el título que ella detenta de Secretaria Ejecutiva con Mención en Computación, otorgado por la Corporación nombre reservado, es de una entidad que no cuenta con reconocimiento oficial como centro de formación técnica, por lo que mantener su contratación en dicho estamento contraviene la normativa citada previamente, debiendo el servicio regular su contratación en un estamento donde si cumpla con los requisitos legales, lo que en la práctica obligó a dicho servicio a regularizar su situación, dejándola como parte del estamento administrativo en grado 12°, dado que dicho estamento establece como requisito poseer Licencia de Educación Media o equivalente y acreditar experiencia laboral no inferior a 4 años, requisitos que si cumple la recurrente y de esta manera solucionar y regularizar su situación sin que esta implique mayor detrimento patrimonial e incluso un cese de funciones con ocasión del incumplimiento al D.F.L. N° 33 que fija la planta y dotación de este servicio.

De las normas citadas precedentemente, resulta manifiesto que el actuar de dicha autoridad administrativa, que se reprocha con esta acción constitucional, no es ni arbitrario ni ilegal, toda vez que es la ley quien impone los requisitos para ser parte de la planta del Servicio, ajustándose su actuar a la normativa que lo rige y a lo ordenado por la Contraloría Regional de Coquimbo, órgano cuyas instrucciones tiene el carácter de vinculantes y obligatorias, no pudiendo prescindir dicho servicio de estas.

Agrega que si bien hasta el momento no se ha dictado el acto administrativo respectivo con la decisión que el recurrente pretende impugnar por esta vía, no es ilegal ni puede serlo, toda vez que esta actuación se encuentra ajustada a derecho, dotada de la legalidad suficiente para producir efectos jurídicos válidos y vinculantes.

Tampoco es un acto arbitrario, dado que su ejercicio constituye una facultad discrecional de la Dirección Ejecutiva de tal Servicio, y que goza de respaldo legal. La discrecionalidad dice relación, con que, frente a una misma situación, la autoridad administrativa puede optar entre dos o más alternativas, por razones de mérito, oportunidad y conveniencia.

Por estas consideraciones solicita rechazar el recurso de protección interpuesto, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Oficio Ordinario N°868 de fecha 19 de febrero de 2020 de la Contraloría Regional de Coquimbo; 2.- Oficio Ordinario N° 06/00688 de fecha 09 de octubre de 2019 de la Subsecretaria de Educación Superior; 3.- Certificado de título de la recurrente de fecha 03 de marzo de 1993, emitido por la Escuela de Secretariado de la Corporación Thielemann.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en forma preliminar, cabe dejar asentada la circunstancia de no existir controversia entre las partes en orden a la disminución de remuneraciones de que habría sido objeto la actora como consecuencia de la modificación de su planta y grado dentro del servicio.

SEXTO: Que, del mismo modo, tanto en su informe como en estrados la recurrida ha confirmado que aquella situación -modificación de planta y grado- constituye una consecuencia de la ausencia de título técnico por parte de la recurrente, sosteniendo en síntesis que aquella no cumpliría con los requisitos legales para ostentar el cargo por el cual fue contratada, a saber, Técnico en Gestión de Personas, correspondiente al grado 17 de la Escala Única de Sueldos, de la planta de técnicos de la repartición recurrida.

SÉPTIMO: Que, como también reconoce expresamente la denunciada, la situación referida en los considerandos precedentes no cuenta con respaldo jurídico, al no haberse dictado a la fecha acto administrativo alguno que materialice la aludida decisión.

OCTAVO: Que, de lo anterior, solo cabe colegir que la recurrente sigue incorporada a la planta de técnicos, en el grado 17 de la Escala Única de Sueldos, de tal suerte que la remuneración que en derecho le corresponde percibir es la que corresponde precisamente a aquel grado y planta.

NOVENO: Que, así las cosas, se concluye que el actuar que por esta vía se reprocha no encuentra amparo legal, al no contenerse el mismo en una manifestación escrita de la Administración que permita conocer el marco jurídico que habilitó al Servicio de Educación Pública Puerto Cordillera para proceder de la manera ya descrita, y del mismo modo es arbitraria, en razón de la ausencia de justificación de tal medida, circunstancia ultima que se encuentra dada precisamente por la ausencia de acto administrativo que materialice la modificación ya tantas veces referida, transformándose la misma en una mera actuación de facto carente de motivación comprobable.

DÉCIMO: Que, en la misma línea de ideas y a partir de los antecedentes allegados a esta causa, particularmente, del mérito de las liquidaciones de sueldo de la actora, se constata que la acción ilegal y arbitraria ya descrita ha producido privación del derecho de propiedad de la recurrente respecto de la remuneración integra que tenía derecho a percibir desde el mes de enero de los corrientes, en atención a su planta y grado, al haber implicado la alteración de aquello una merma importante en su salario mensual, garantía que nuestra Ley Suprema ampara en el numeral 24 de su artículo 19 y que resulta susceptible de ser amparada por esta vía por mandato expreso del artículo 20 del mismo cuerpo normativo.

UNDÉCIMO: Que, lo anterior hace procedente acoger la acción interpuesta, en los términos que se indicarán en lo resolutivo de este fallo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de Servicio Local de Educación Pública Puerto Cordillera, ordenando a esta última proceder al pago íntegro de las remuneraciones de la primera, correspondiente al grado 17 de la planta de técnicos de la Escala Única de Sueldos, desde el mes enero de 2020 en adelante.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 226-2020 (Protección).-