nombre reservado con CARABINEROS DE CHILE

nombre reservado. nombre reservado

Carabineros de Chile y otros Recurso de Protección Rol N° 2252-2023.- La Serena, veintinueve de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS:

1) Comparece don nombre reservado, por sí, deduciendo la acción constitucional de protección contra Carabineros de Chile, y en contra del General de la IV Zona de Carabineros Coquimbo, señor nombre reservado.

Expone que el 18 de septiembre del 2014, fue dado de baja de las filas de Carabineros de Chile, de manera condicional, por la presunta comisión de un delito de soborno, y a partir de esa fecha se dio origen a un extenso y dilatado sumario administrativo, que estima del todo arbitrario y atentatorio de sus derechos constitucionalmente garantizados. Agrega que en forma paralela se dio cuenta a la Fiscalía Militar de Ejército y Carabineros de La Serena iniciándose la causa Rol N° 804-2015, causa en la cual la corte Marcial, en definitiva, resolvió absolver temporalmente a este recurrente, ya que el denunciante del presunto delito de soborno, declaró posteriormente, bajo juramento, ante notario, que jamás le habría solicitado dinero alguno y que fue una confusión, sin lograr identificar al verdadero autor del hecho, por consiguiente, jamás logró acreditarse la perpetración de algún tipo de ilícito, existiendo a su favor la presunción de inocencia.

Refiere que desde el año 2014 hasta la fecha han transcurrido más de nueve años desde que se inició el aludido sumario, siendo la última actuación procesal en dicho proceso la interposición de un recurso de apelación, con fecha 9 de enero del año 2023 en contra de la resolución N° 35 dictada el 24 de noviembre de 2022.

Sostiene que atendido el transcurso de más de nueve meses desde la interposición del mencionado recurso de apelación, se ha producido claramente una dilación grave y desproporcionada en la vista y fallo de dicha impugnación, constituyendo una infracción grave a los principios de eficiencia, economía procesal y celeridad, consagrados en los artículos N° 5 y N° 8 de la ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880, en la que ambas disponen la simplicidad y rapidez de los casos, es que por medio del abogado que le asiste, se comunicaron con la Secretaría General de Carabineros, primeramente vía telefónica, oportunidad en que les indicaron que cada petición debía hacerse vía correo electrónico.

Agrega que el 20 de octubre de 2023 se remitió un correo a la Secretaría General de Carabineros, consultando respecto del estado procesal del recurso de apelación interpuesto en contra de la Resolución N° 35 de fecha 24 de noviembre de 2022, y si es posible, conocer tiempo estimativo para su resolución.- Menciona que idéntica solicitud fue enviada, vía correo electrónico, y con igual fecha, a la prefectura de Carabineros de Coquimbo.

Reclama que hasta el día de hoy no existe ninguna respuesta a dichos correos electrónicos, constituyendo dicha omisión una notoria negativa a los principios del debido proceso, acceso a la justicia, principio de inocencia, entre otros bienes jurídicos protegidos legal y constitucionalmente, los que se ven claramente vulnerados, dejándolo en un evidente estado de indefensión.

Afirma que para el presente caso, ha operado el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, la cual ha sido promovida por la Excelentísima Corte Suprema desde el año 2009, como un medio tendiente a limitar la potestad sancionadora de la administración.

Señala que el paso del tiempo se constituye como una mutación de las circunstancias de hecho que inicialmente justificaron la dilatación del acto administrativo que ordenó sustanciar las pesquisas que convocaron al sumario en que se vio involucrado, perdiendo éste su eficacia, produciendo una inexistencia sobreviviente, en los términos previstos y contemplados en el artículo N° 40, inciso 2do., de la Ley 19.880, razón por la cual, solicita a la superioridad de Carabineros dejar sin efecto la medida disciplinaria propuesta, porque sería ilícito colegir que aplicar una sanción después de transcurrido nueve años desde que supuestamente se cometieron las supuestas conductas reprochables, por lo que se considera desproporcionada, alejándose de la finalidad prevista por el derecho administrativo sancionador.

Es del parecer que conforme a los antecedentes expuestos se ha vulnerado la garantía constitucional del numeral 2 del artículo N° 19 de la Constitución, por cuanto el mando de la Institución ha procedido con diferencias arbitrarias por el sólo hecho de haber recibido un reclamo con características de delito y de faltas graves a la disciplina sin existir un debido proceso y por sobre todo la inocencia del recurrente. Agrega que también se ha vulnerado el N° 3 del citado artículo 19 porque el mando de Carabineros dispuso de un sumario administrativo el cual lo realiza una comisión especial denominada Fiscalía Administrativa, quien procedió a dictaminar como medida disciplinaria la expulsión de Carabineros y vulnerar la libertad de trabajo y su protección, conllevando con ello a la pérdida de los derechos previsionales y de salud, actuando de esta manera el mando institucional de forma tormentosa y gravosa en su psicología y moral.

Asimismo estima que se han vulnerado las garantías de los números N° 4, 7 letra g), 9, 16, 18 inciso 2do, 23 y 24 del artículo 19 de la Constitución.

Manifiesta que el actuar arbitrario, improcedente, inconstitucional y con falta de fundamentos de la recurrida, además, vulnera ley N° 18.575 del Estatuto Administrativo del Estado, en la que Carabineros como parte del estado debe velar permanentemente por la carrera funcionaria asegurando la igualdad de oportunidades, entre otras como las ya expuestas en el cuerpo de este recurso; y la ley N° 19.880 de los Procedimientos Administrativo del Estado, que establece plazos y, en este punto, ya existe un abandono de procedimiento porque habiéndose ya cumplido el plazo primero de tramitar la pieza sumarial, no la han cumplido.

Argumenta que habiendo transcurrido más de nueve meses desde la interposición del recurso de apelación, esto es, con fecha 9 de enero del presente año, sin que exista algún tipo de respuesta a sus requerimientos, se ha generado un vicio que, en definitiva, genera expectativas y a su vez pobreza, incertidumbre y daños psicológicos al no lograr una fuente de trabajo permanente ya que siempre queda la expectativa de que alguna oportunidad sea llamado al servicio, perdiendo de esta manera años de trabajo y beneficios, por lo tanto, reclama, que no es posible que se aplique este tormento psicológico a una persona, cosa que se contrapone abiertamente incluso con los derechos humanos consagrados internacionalmente.

Pide que esta Corte adopte de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de este afectado, además de ordenar dejar sin efecto el acto del recurrido, en lo que se refiere a la aplicación de la medida disciplinaria consistente en la eliminación de las filas de institución, por mala conducta, y consecuentemente, disponer el reintegro a Carabineros conforme a los hechos y derechos descritos en este Recurso, con todos los derechos legales y reglamentarios, con costas del mismo.

Acompaña a su recurso los siguientes documentos:

1.- Constancia de notificación de fecha 26 de agosto del 2019, correspondiente a la ampliación de vista de fiscal para reabrir el sumario administrativo.

2.- Constancia de notificación de fecha 25 de marzo del 2021, correspondiente a la ampliación de vista de fiscal para reabrir el sumario administrativo.

3.- Solicitud de invalidación de pieza sumarial de fecha 01 de abril del 2021. 4.- Copia simple de la resolución de la Corte Marcial, causa Rol N° 804-2015. 5.- Copia simple de recurso de apelación interpuesto con fecha 9 de enero de 2023 en contra de la resolución N° 35 de fecha 24 de noviembre de 2022.- 6.- Copia de correo electrónico enviado con fecha 20 de octubre de 2023 a la Secretaría General de Carabineros, a su casilla electrónica institucional: correo reservado.

2. A folio 7, comparece don nombre reservado General de Carabineros JEFE DE ZONA, evacuando el informe requerido planteando como alegación preliminar la extemporaneidad del recurso de protección, ya que a su entender lo realmente impugnado es por una parte el Dictamen N° 06250/2014/4/2, de fecha 24.03.2022, de la Prefectura Coquimbo, y por otra, la decisión del mismo informante que resolvió no acoger el recurso jerárquico interpuesto por el ex Cabo 1° nombre reservado, contenida en Resolución Exenta N° 35, de fecha 24.11.2022 de esta Alta Repartición, y en consecuencia, a la fecha de interposición el plazo para accionar de protección se encontraba vencido en exceso.

Señala que mediante Resolución Nro. 13 de fecha 18.09.2014, de la Prefectura Coquimbo, se impuso al recurrente la medida administrativa de "Baja por conducta Mala, con efectos inmediatos", en relación con los hechos acaecidos con fecha 18 de septiembre de 2014, que culminaron con la detención del ex Cabo 1ro. nombre reservado y del ex Carabinero nombre reservado, por el delito de "Cohecho y otros".

Refiere que a través de la Orden de Sumario Nro. 06250/2014/1, de fecha 18.09.2014, se dispuso la instrucción de un sumario administrativo con la finalidad de establecer fehacientemente forma y circunstancias en que ocurrieron los hechos acaecidos con fecha 18 de septiembre de 2014; que agotada la investigación, se cerró el Sumario el 10 de noviembre de 2014, emitiéndose la correspondiente Vista Fiscal con esa misma data, la que fue contestada por la defensa de cada uno de los involucrados, la que posteriormente fue remitida al Servicio Jurídico de la Prefectura de Carabineros "Coquimbo" para su respectivo estudio y análisis, oportunidad en la que se sugirió la apertura de un término probatorio, el que decretado por el Mando de Repartición.

Posteriormente, el 16.09.2015, la Jefatura de la Prefectura Coquimbo emitió el Dictamen N° 06250/2014/1, mediante el cual se aprobó la Vista Fiscal, confirmando la medida disciplinaria de carácter expulsivo al ex Cabo 1ro. nombre reservado y al ex Carabinero nombre reservado, consistente en la Baja de las Filas de la Institución, por Conducta Mala, con efectos inmediatos, con nota de conducta MALA.

Luego de efectuar un resumen pormenorizado de las distintas actuaciones y avances en el sumario administrativo seguido en contra del recurrente, indica que la pieza sumarial finalizó mediante el Dictamen N° 06250/2014/4/2, de fecha 24.03.2022, de la Prefectura Coquimbo, que resolvió confirmar al ex Cabo 1ro. nombre reservado y al ex Carabinero nombre reservado, la medida disciplinaria de carácter expulsiva consistente en "ELIMINACIÓN DE LAS FILAS DE LA INSTITUCION, POR CONDUCTA MALA", con efectos inmediatos, fijándose como nota de conducta "MALA", a contar de las 00:00 horas del día 19 de septiembre de 2014, correspondiente al día siguiente a aquel en que fueron notificados de la medida expulsiva al afectado.

Dice que en este contexto, se efectuó la notificación de ambos ex P.N.I., quienes se manifestaron disconformes interponiendo en tiempo y forma sus respectivos escritos de recurso jerárquico ante el Mando de Zona Coquimbo, Alta Repartición que a través de la Resolución Exenta N° 35, de fecha 24.11.2022, resolvió no acoger los recursos jerárquicos interpuestos por los referidos funcionarios, confirmando la medida disciplinaria de carácter expulsiva, encontrándose debidamente emplazados, ambos funcionarios se manifestaron no conformes según constancias presentando el ex Carabinero nombre reservado, su escrito de recurso jerárquico, en tanto que el ex Cabo 1ro. nombre reservado, interpuso su respectivo escrito de apelación.

Prosigue informando que a través de Documento Electrónico N° 175935977, de fecha 24.01.2023, el sumario administrativo respectivo, fue elevado a la Secretaria General de Carabineros, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de Sumarios Administrativos N° 15, encontrándose desde esa data en instancia reglamentaria ante el señor General Director de Carabineros.

En cuanto a que el recurrente manifiesta que el 20 de octubre de 2023, solicitó conocer el estado de tramitación del proceso sumarial, mediante mail direccionado a las casillas electrónicas de la Secretaria General de Carabineros y a la Prefectura de Carabineros Coquimbo, indica que de conformidad con certificado extendido por el Jefe Subrogante de la Oficina de Partes Única de la Prefectura Coquimbo, en dicha repartición no se habría recibido el correo electrónico en referencia, en tanto que, la Secretaria General de Carabineros si habría recibido dicha misiva, otorgando respuesta al recurrente mediante nota N° 438 de fecha 16.11.2023, en la cual, en su parte pertinente se indica que: “1. El expediente sumarial en referencia, actualmente se encuentra en poder de la Dirección de Justicia, en proceso de revisión en derecho, previo a su resolución por parte de la Máxima Autoridad Institucional, ello en la medida que no presente observaciones que impidan continuar con su tramitación reglamentaria" (SIC).

Comenta que el ex Cabo 1° nombre reservado, interpuso similar recurso ante esta Corte de Apelaciones de La Serena, Rol de ingreso N° 6639-2022, los cuales fueron desestimados mediante resolución de siete de diciembre de dos mil veintidós, que resolvió rechazar el recurso deducido, por haber perdido oportunidad.

Aduce que Carabineros de Chile posee un sistema disciplinario especial al cual está sujeto el personal institucional, según se desprende de lo estipulado en el artículo 84 bis, de la Ley Nro. 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile; en el artículo 23 del Reglamento de Disciplina de Carabineros de Chile, Nro. 11; en el artículo 25, Nro. 9, del citado cuerpo reglamentario; en el artículo 127, Nro. 4, inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros, Nro. 8. Menciona que la normativa antes citada permite que, cuando concurran los supuestos indicados, la baja será dispuesta por la autoridad policial aun cuando el procedimiento disciplinario no se encuentre del todo afinado, en cuyo caso, la eliminación tiene el carácter de condicional, pues se encuentra supeditada al resultado final de dicha investigación, lo cual tiene su fundamento último en la necesidad de alejar de sus funciones a aquellos Carabineros respecto de los cuales los primeros antecedentes recabados, den cuenta que éstos están involucrados en hechos de carácter grave.

Agrega que la Contraloría General de la República, ha sostenido que la determinación de mayor o menor gravedad de la falta cometida por el personal institucional queda entregada a la calificación de la Jefatura Institucional respectiva (Dictámenes Nros. 997, de 2021; 16569, de 2019; 4.401, de 2018; 35.714, de 2017), lo que implicaría que es la Autoridad Institucional la que aprecia y pondera los hechos para determinar la sanción o medida a aplicar, sin perjuicio que ello deba expresarse en un acto administrativo. Cita al efecto, el inciso segundo del articulo 84 bis de la Ley Nro. 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y explica que el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, Nro. 15, contempla la forma de presentar los correspondientes recursos que pueden hacer valer los inculpados y las pruebas que a su favor pudieren incidir, observándose con ello el respeto al debido proceso y el libre ejercicio de su derecho a defensa.

En base a lo dicho es del parecer que no es posible sostener que Carabineros de Chile actuó arbitraria o ilegalmente, puesto que el acto administrativo y sus efectos tienen sustento jurídicos y fácticos; lo anterior sin perjuicio además que cualquier análisis ulterior acerca del Sumario Administrativo instruido al efecto, excede con creces la naturaleza cautelar del Recurso de Protección, debiendo tramitarse en un juicio de lato conocimiento.

Menciona que la jurisprudencia uniforme de la Excma. Corte Suprema ha determinado que la remuneración constituye la retribución por el trabajo que toda persona recibe por su desempeño efectivo y que, sin embargo, si como consecuencia de la adopción de una medida administrativa como la de autos se produce la desvinculación inmediata de sus labores, el lógico efecto de ello es que dicho pago, conjuntamente con los respectivos derechos previsionales, sea suspendido, pues en estricto rigor la labor a remunerar ya no se realiza.

Agrega que este criterio es refrendado en los Dictámenes Nros. 53.449 y 60.053 de 2009, 20.513 de 2011 y 26.406 de 2012, de la. Contraloría General de la República, pronunciamientos que de acuerdo con los artículos 6 y 9 inciso cuarto de la Ley Orgánica de esa Entidad son obligatorios para la Institución, de manera que al denegarse el pago de las remuneraciones del recurrente de autos, Carabineros de Chile actuó de acuerdo a la ley, no pudiendo reprocharse ilegalidad ni tampoco arbitrariedad en su actuar.

Explica que la resolución que dispone la Baja de las Filas de la Institución se encuentra sujeta a lo que se resuelva del sumario administrativo, de modo que, si la misma es posteriormente revocada, el efecto inmediato de ello será ordenar la reincorporación, disponiéndose el pago de las remuneraciones que debieron ser percibidas en el tiempo intermedio, por lo que tampoco hay agravio que por esta vía haya de ser reparado, razón por la cual, el recurso necesariamente debe ser desestimado.

Niega que la recurrida se hubiese erigido en una verdadera comisión especial, ya que el cúmulo de diligencias probatorias y recursos que la normativa institucional le reconoce al afectado en los artículos 77 a 85 y 94 a 99, todos, del Reglamento de Sumarios Administrativos, N° 15, recursos procesales que además se ven complementados con lo dispuesto en el artículo 84 sexies de la Ley N° 18.961, y conforme lo dispuesto en el artículo 84 bis de la ley N° 18.961 que radica el ejercicio de la potestad disciplinaria en las autoridades institucionales respectivas, y que han participado de la instrucción del proceso sumarial que por la vía de la presente acción se impugna, dan cuenta de un justo y racional procedimiento administrativo, dotado de todas las garantías procedimentales para los sumariados.

Concluye señalando que la actuación de esta Institución Policial ha sido realizada con apego a derecho, y en pleno ejercicio de una facultad de la cual, la pertinente autoridad, se encuentra investida, y pide que el recurso de protección interpuesto en su contra sea rechazado por no mediar un acto ilegal o arbitrario imputable a Carabineros de Chile.

Acompaña a su informe los siguientes documentos: a) Dictamen N° 06250/2014/4/2, de fecha 24.03.2022, de la Prefectura Coquimbo. b) Resolución Exenta N° 35, de fecha 24.11.2022, de la Zona de Carabineros Coquimbo. c) Documento Electrónico N° 175935977, de fecha 24.01.2023, que eleva el sumario administrativo respectivo a la Secretaría General de Carabineros. d) Nota N° 438 de fecha 16.11.2023, de la Secretaria General de Carabineros.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurso de protección establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República se define como una acción cautelar de derechos fundamentales, frente a los menoscabos que puedan experimentar las personas como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares, y tiene por objeto restablecer el imperio del derecho y dar protección al afectado.

Se trata de una acción cautelar destinada a restablecer de manera rápida y eficaz el imperio del derecho cuando se ha vulnerado, perturbado o amenazado, por acción u omisión arbitraria o ilegal, el ejercicio legítimo de las garantías señaladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que en el presente caso se hacen consistir en el numeral 7 literal a) de su artículo 19.- Se trata de una acción por cuanto ha sido establecida para provocar el ejercicio de la función jurisdiccional, de manera urgente, excepcional y concentrada, con el objetivo de dar protección eficaz a ciertos derechos reconocidos en la Constitución.

SEGUNDO: Que, tal como reiteradamente ha expresado esta Corte, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1 del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

TERCERO: Que, son presupuestos de esta acción cautelar: a) Que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible al recurrido; b) Que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; c) Que dicho derecho esté señalado en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y d) Que exista posibilidad de que el órgano jurisdiccional ante el cual se plantea pueda adoptar las medidas de protección o cautela adecuadas para resguardar el legítimo ejercicio del derecho afectado.

CUARTO: Que, en el presente caso, la acción ilegal y/o arbitraria que se le reprocha a la recurrida se circunscribe a la etapa recursiva de un sumario administrativo dirigido en contra de don nombre reservado. En este sentido el recurrente denuncia que han transcurrido más de nueve meses desde que interpuso un recurso de apelación en contra de la Resolución N° 35 de fecha 24 de noviembre de 2022, sin que hasta la fecha haya sido resuelto, lo cual a su juicio implica una dilación grave y desproporcionada en la vista y fallo de dicha impugnación, constituyendo una infracción grave a los principios de eficiencia, economía procesal y celeridad, consagrados en los artículos N° 5 y N° 8 de la ley N° 18.575 y la Ley N° 19.880.- En base a este cuestionamiento que sirve de base a la acción constitucional de autos, el actor pretende que se declare que ha operado el decaimiento del procedimiento administrativo sancionador, por cuanto esta excesiva dilación en que ha incurrido la parte recurrida hace que el sumario dirigido en su contra, pierda su eficacia, produciendo una inexistencia sobreviviente, en los términos previstos y contemplados en el artículo N° 40, inciso 2do., de la Ley 19.880, razón por la cual, solicita que se deje sin efecto la medida disciplinaria propuesta.

La parte recurrida, en cambio, argumenta que el sumario administrativo se encuentra en etapa de revisión en derecho, previo a la resolución de la máxima autoridad institucional, no resultando arbitrario ni ilegal el actuar de Carabineros, agregando que en todo momento se ha respetado el debido proceso administrativo.

QUINTO: Que, si bien y tal como se ha advertido en el basamento precedente, lo cuestionado por el actor es la dilación en la vista y fallo del recurso de apelación interpuesto ante la superioridad de Carabineros en contra de la Resolución N° 35 de fecha 24 de noviembre de 2022, lo cierto es que no puede obviarse el hecho indiscutido que el procedimiento administrativo que afecta a don nombre reservado se ha extendido de manera excesiva por más de nueve años, lo que torna aún más urgente y necesario que la autoridad recurrida emita pronunciamiento respecto a la antedicha impugnación.

De este modo, forzoso resulta concluir que en el presente caso se configura una infracción a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley N 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, que impone a los órganos de la Administración la obligación de actuar por propia iniciativa en el cumplimiento de sus funciones, procurando la simplificación y rapidez de los trámites correspondientes.

Igualmente, se constata una infracción a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley N 19.880, el cual impone a las autoridades y personal de servicios de la Administración la obligación de cumplimiento de los plazos establecidos en esa u otras leyes.

SEXTO: Que, la circunstancia que Carabineros de Chile estén dotados de un poder sancionador administrativo ante conductas graves que puedan cometer sus integrantes impone la obligación de proceder con celeridad en la investigación y sanción de esas conductas, lo que se vuelve aún más imperativo en aquellos casos en que se dispone de manera cautelar la inmediata baja del funcionario investigado, de manera condicional. En efecto, una decisión de esta naturaleza, que implica que el funcionario deja de percibir remuneraciones, sin que exista un pronunciamiento definitivo acerca de su culpabilidad en los cargos que se le imputan, incluso con la posibilidad de ser absuelto y por ende, repuesto en sus funciones, impone a la autoridad llamada a resolver el asunto, obrar con la mayor celeridad posible, de lo contrario, aquello que es una medida cautelar condicionada al resultado del sumario administrativo, se transforma en una sanción anticipada.

SÉPTIMO: Que, conforme a todo lo expuesto, es posible concluir que existe una dilación excesiva en la tramitación del procedimiento administrativo disciplinario que afecta a don nombre reservado, demora que es imputable a la inactividad del ente recurrido, lo que vulnera las garantías constitucionales de los numerales 1 y 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, razones por las que el recurso será acogido en los términos que se dirá en la parte resolutiva de esta sentencia.

OCTAVO: Que, en cuanto a la figura del decaimiento del acto administrativo invocada por el recurrente, la Excma. Corte Suprema, ha señalado que consiste en “(…) la extinción de un acto administrativo, provocada por circunstancias sobrevinientes de hecho o de derecho, que afectan su contenido jurídico, tornándolo inútil o abiertamente ilegítimo” (Sentencia Rol N° 7554-2015, Corte Suprema)

Sobre la base de esta figura propia del derecho administrativo, el recurrente solicita a esta Corte que se deje sin efecto el sumario administrativo seguido en su contra, como efecto de la excesiva demora en la tramitación del mismo.

Tal como ya se ha advertido, el sumario administrativo que afecta al recurrente no se encuentra concluido por un acto administrativo terminal ejecutoriado, toda vez que existe un recurso jerárquico (apelación) en contra de la Resolución N° 35 de 24 de noviembre de 2022, cuya decisión se encuentra pendiente. Además, está Corte está impedida de conocer el fondo del asunto, según expresamente determina el artículo 54 de la Ley N 19.880, lo que incluye pronunciarse respecto de un eventual decaimiento.

Así las cosas, la petición decaimiento del procedimiento administrativo, excede de las materias que son de conocimiento de la acción de protección, por cuanto se enmarca, eventualmente, en materias de conocimiento de los tribunales o de la autoridad administrativa competente. Dicho de otro modo, dado el carácter cautelar del recurso de protección, esto es, destinado a ofrecer protección inmediata frente a actos que vulneren garantías constitucionales, no constituye la vía idónea para resolver asuntos propios de procedimientos administrativos o de competencia de otros tribunales o autoridades.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, la acción constitucional interpuesta por don nombre reservado, en contra Carabineros de Chile, y en contra del General de la IV Zona de Carabineros Coquimbo, señor nombre reservado, y se ordena que la referida institución deberá proceder a concluir el procedimiento disciplinario que afecta al recurrente, pronunciándose respecto del recurso de apelación deducido por este último, dentro del plazo de 20 días hábiles, a contar de la fecha en que la presente sentencia quede ejecutoriada Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del Abogado Integrante Jorge Fonseca Dittus.

Rol N°2252-2023.- Protección.- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena integrada por los Ministros titulares señor nombre reservado, señora nombre reservado y el abogado integrante señor Jorge Fonseca Dittus. (No firma la señora nombre reservado, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo de la causa, por encontrarse con feriado legal).-