Protección contra CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD

Asociación De Industriales Y Armadores Pesqueros De La Cuarta Región A.G. y otros.

Presidente de la República y Consejo de Ministros para la sustentabilidad.

Recurso de protección Rol Nº2250-2023 y acumulada La Serena, veinticinco de abril de dos mil veinticuatro.

VISTO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en la causa Rol N°2250-2023, comparece Jorge Osorio Reilich, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS DE LA CUARTA REGIÓN A.G. (en adelante también AIP), RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, Coquimbo y de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES DE PESCADORES, BUZOS, MARISCADORES Y nombre reservado ELQUI, IV REGION COQUIMBO–FETRAMAR ELQUI A.G., (en adelante también FETRAMAR), RUT N°RUT reservado, domiciliada en domicilio reservado, y en contra del CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD, representado por doña nombre reservado, Ministra de Medio Ambiente, ambos con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana, por haber adoptado el Acuerdo Nº22/2023, de fecha 11 de agosto de 2023, aprobando el ajuste y ampliación del nombre reservado de Múltiples Usos (en adelante, también AMCPMU o AMCP-MU) “Archipiélago de Humboldt”, y en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, señor GABRIEL BORIC FONT, con domicilio en domicilio reservado, por haber dictado el Decreto Supremo Nº31 del Ministerio del Medio Ambiente de fecha 1 de septiembre del año 2023, que declara nombre reservado costera protegida de múltiples usos denominada “Archipiélago de Humboldt” y haberlo sometido al trámite de Toma de Razón. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el 11 de agosto de 2023 el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad adoptó el referido Acuerdo N°22/2023 en virtud del cual se decidió proponer a S.E. el Presidente de la República la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt" ubicada frente a la costa de las comunas de Freirina, provincia del Huasco, en la Región de Atacama y las comunas de La Higuera y La Serena, en la nombre reservado, en la Región de Coquimbo, con una superficie aproximada de 574.873 hectáreas. Agrega que, una vez acordada la propuesta favorable para la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt", el señor Presidente de la República, dictó el 01 de septiembre de 2023 el Decreto Supremo N°31/2023, el que fue ingresado a la Contraloría General de la República para el trámite de Toma de Razón el 12 de octubre de 2023.

Expuesto el contenido de los actos administrativos antes indicados, sostiene que los antecedentes en que se basó la decisión adoptada por el Comité de Ministros de pronunciarse favorablemente a la creación del nombre reservado se encuentran desprovistos de estudios reales y actualizados, y no habría contemplado una etapa de participación ciudadana que involucre a todos los actores eventualmente afectados por la decisión, la que traería aparejada como consecuencia que los recurrentes se vean imposibilitados de seguir desarrollando sus actividades económicas en el sector, las cuales desempeñan desde hace 30 años.

En otro apartado de su libelo recursivo, expresa que la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS DE LA CUARTA REGIÓN A.G. fue creada en el año 1988 en Coquimbo y que ella reúne a diversas empresas de mediano tamaño dedicadas a la captura, elaboración y exportación de crustáceos, lo que genera trabajo para gran cantidad de personas en la región. Respecto de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES DE PESCADORES, BUZOS, MARISCADORES Y nombre reservado ELQUI, IV REGION COQUIMBO, refiere que fue fundada en el año 1989 y que representa alrededor de 20 organizaciones de pescadores artesanales en la región de Coquimbo, con un total de 2435 socios que desarrollan sus actividades en las caletas de la región, entre ellas, Caleta Chungungo y nombre reservado.

Respecto a la tramitación y antecedentes asociados al proceso sobre el ajuste y ampliación del nombre reservado de Múltiples Usos “Archipiélago de Humboldt”, los recurrentes aluden a un informe técnico de la consultoría denominada “Elaboración de Informe Técnico Justificatorio para la creación del nombre reservado Costero Protegida de Múltiples Usos Archipiélago de Humboldt, Región de Coquimbo y Región de Atacama y su socialización con actores locales”, el que según sostienen solo trataría sobre la eventual protección del área ignorando antecedentes de índole económico y la eventual afectación de derechos de las personas que dependen de este sector para su desarrollo humano. Respecto al contenido de este documento afirman que en este se reconoce que la zona corresponde a uno de los sectores de mayor productividad de las regiones de Atacama y Coquimbo, no obstante no se encontraría fundamentación para ignorar estas características y restringir la actividad pesquera que se desarrolla en el lugar. Siguiendo con el informe mencionado, agregan que en éste se contiene un anexo en que se enlistan los actores privados con quienes se socializó la propuesta, entre los cuales se encuentra la recurrente ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS DE LA CUARTA REGIÓN A.G, cuyas apreciaciones no habrían sido tenidas en consideración al adoptar el acuerdo del Consejo de Ministros.

Mas adelante, exponen que durante la tramitación del proyecto, diferentes organismos dieron cuenta de la afectación que causaría la tramitación del área costera nombre reservado. Así, expresan que el Ministro de Transportes y Telecomunicaciones evacuó respuesta a oficio remitido por el Ministerio del Medio Ambiente solicitando que “las condiciones del uso del nombre reservado no afectasen el libre tránsito de las naves que se dirigen a instalaciones portuarias de otras zonas del país sin perjuicio de limitar el fondeo o permanencia de los buques al interior del polígono objeto de la declaración”, y manifiestan que en causa Rol N°2089-2023 sobre recurso de protección, conocida por esta Corte de Apelaciones, se evidencia la entrega a la autoridad de diversas cartas emanadas de agrupaciones y organizaciones comunitarias de la comuna de La Higuera en que solicitan a la Ministra del Medio Ambiente que rechace la propuesta de creación del nombre reservado, peticiones que tampoco habrían sido tomadas en consideración.

Indican, además, que el 11 de mayo de 2023 se evacuó por la Sra. nombre reservado de La Universidad Católica del Norte, Niris nombre reservado, oficio Ord. 026/2023 dirigido al Secretario Regional Ministerial del Medio Ambiente, señor nombre reservado, refiriendo, entre otros aspectos preocupantes, el hecho de que “los polígonos complejos que se generarían producto de las numerosas exclusiones, harían imposible la fiscalización efectiva por parte de la autoridad marítima. La amplia evidencia científica y las recomendaciones internacionales en diseño de AMPs (Áreas Marítimas Protegidas) indican que se deben evitar los polígonos complejos” y la falta de consulta formal a las organizaciones de pesca y comunidades del pueblo Chango reconocidas en el sector, no obstante haber contado con representantes en los talleres de socialización llevados a cabo. En similar sentido manifiestan que la Armada de Chile, a través del Jefe del Estado Mayor General de la Armada señor nombre reservado, emitió pronunciamiento respecto de la creación del Área Marítima Protegida el 05 de junio de 2023, en que se enfatiza la falta de consulta ciudadana sobre el particular teniendo en cuenta los derechos de distintos titulares particulares o agrupaciones sociales que pudieran verse afectados con ella. En el mismo orden de ideas dan a conocer que la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura mediante minuta 014-2023 de 24 de mayo de 2023, reconoce distintas actividades pesqueras industriales y artesanales en la zona y recomienda incorporar esas actividades al informe técnico, incorporar a los Comités de Manejo en los procesos de socialización y excluir los recursos pesqueros del listado de objetos de conservación.

Acto seguido, alega que durante el proceso tramitado no se respetaron los principios de contradictoriedad, imparcialidad y transparencia recogidos en los artículos 10, 11 y 16 de la Ley Nº19.880, por cuanto no se consideró en el proceso de socialización ni consultas a un numeroso grupo de actores relevantes, que tienen años de trabajo en la zona de interés y han dependido durante décadas de la producción del área para su subsistencia.

Luego, reitera que en sesión ordinaria N°06 de 11 de agosto de 2023, el Consejo de Ministros procedió a adoptar el acuerdo de pronunciarse favorablemente sobre el ajuste y ampliación del Acuerdo N°39/2021, respecto a la creación del nombre reservado de Múltiples Usos “Archipiélago de Humboldt”, y al respecto señalan que las consideraciones tomadas para dicha decisión se encuentran desprovistas de cualquier análisis e información respecto de factores económicos y de trabajo que pudieran afectar a la población y al país en general, en relación a las que se realizan en la zona afectada.

Sostiene, en definitiva, que el Consejo de Ministros incurre en una actuación ilegal y arbitraria -de la cual haría eco el Presidente de la República- al proponer la adopción de una política pública basada en motivos ideológicos por sobre informaciones técnicas.

Argumenta, que estos hechos afectan la garantía de igualdad ante la ley de los recurrentes, pues al no encontrarse debidamente motivados los actos de la Administración estos desconocen las auténticas razones que justifican las decisiones adoptadas. Alega, además, que se amaga el derecho de los actores a desarrollar cualquier actividad económica, su derecho de propiedad y el derecho a la igualdad de trato por parte del Estado en materia económica, pues la implementación del nombre reservado importa un gravamen de tal entidad que, en la práctica, acarreará el cierre de las faenas desarrolladas.

Previas citas de derecho solicita acoger el recurso intentado y, en definitiva, dejar sin efecto el Decreto Supremo N°31/2023 del Presidente de la República, así como el Acuerdo Nº22/2023, de 11 de agosto de 2023, con costas.

SEGUNDO: Que, en causa Rol N°2358-2023, acumulada al presente recurso, comparece Marcelo Castillo Sánchez, abogado, interponiendo acción constitucional de protección en favor de don nombre reservado, pescador, C.I. NºRUT reservado; don nombre reservado, buzo mariscador, C.I. NºRUT reservado; del SINDICATO DE nombre reservado, BUZOS, AYUDANTES, PESCADORES Y RECOLECTORES DE LA CALETA DE CHUNGUNGO, RUT Nº RUT reservado; don nombre reservado, buzo mariscador, C.I. Nº RUT reservado; del SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado DE LA nombre reservado REGIÓN, RUT NºRUT reservado; don nombre reservado, pescador, C.I. NºRUT reservado; de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL nombre reservado, RUT NºRUT reservado; del SINDICATO DE nombre reservado LOS nombre reservado, RUT NºRUT reservado, del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE Nº1 DE BUZOS Y PESCADORES nombre reservado, COMUNA DE LA nombre reservado REGIÓN, RUT NºRUT reservado; todos con domicilio en nombre reservado sin número, de la comuna de La Higuera, y en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, DON GABRIEL BORIC FONT, por haber dictado el Decreto Nº31, de 30 de noviembre de 2023, del Ministerio de Medio Ambiente, que declara nombre reservado de Múltiples Usos denominada “Archipiélago de Humboldt”. Como garantías vulneradas indica aquellas contenidas en los numerales 2, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes son un conjunto de pescadores, buzos, mariscadores y acuicultores, así como organizaciones, sindicatos y agrupaciones que desarrollan sus actividades económicas de pesca, acuicultura y extracción de recursos hidrobiológicos marinos en la caleta de nombre reservado, caleta Chungungo, nombre reservado, y otras localidades ubicadas en la comuna de La nombre reservado Región de Coquimbo. Refiere que estas actividades las desarrollan desde hace más de un siglo, por lo que mantienen un arraigo geográfico y social con la zona, y detalla que los recurrentes representan el 65% de los pescadores asociados que son afectados por la creación del nombre reservado. Agrega que además los recurrentes son titulares de diversas concesiones y áreas de manejo en la zona en que se emplaza el nombre reservado protegida según se consigna en el denominado “Informe Técnico Justificatorio para el nombre reservado de Múltiples Usos (AMCPMU) Archipiélago de Humboldt” de GEAM Chile” que se cita en el decreto impugnado. Hace presente, que el decreto contra el que se recurre hará que los actores pasen de ejercer un régimen de libertad de pesca y extracción de recursos hidrobiológicos a uno de restricciones, limitaciones y/o prohibiciones contempladas en el nombre reservado, cuyos alcances se desconocen en tanto quedarán sujetos a un “Plan de Manejo” que no existe en la actualidad y deberá dictarse en un plazo de 24 meses según dispone el mismo acto administrativo.

En otro apartado de su recurso expresa que a la fecha existen diversas áreas marinas protegidas -entre las cuales se cuenta la Reserva Nacional del Pingüino de Humboldt; la Reserva nombre reservado Chañaral; y la Reserva Marina espacio Marítimo en torno a Isla Choros e Isla Damas, IV Región- que, en su concepto, harían innecesaria la declaración de esta nueva área de protección.

Más adelante, indica que la Ministra del Medio Ambiente antes de ingresar al Gobierno fue una activa promotora del nombre reservado materia del recurso y que, una vez asumido el cargo el 11 de marzo de 2022, impulsó una serie de actividades para su creación, la cual se habría originado en un procedimiento ilegal y que no contó con participación real de los afectados infringiendo los principios de imparcialidad y objetividad que debe observar la Administración del Estado. Agrega que la señora Ministra contrató una consultora llamada GEAM Chile, para que esta organizara 8 talleres de “difusión” y “socialización” de la iniciativa de creación de esta nombre reservado, los cuales se habrían llevado a cabo en algunas caletas terrestres y no habrían contado con auténticas posibilidades de que la comunidad hiciera saber su punto de vista y, en su caso, pudiera oponerse a la idea. Afirma que de manera intencional se habría excluido a cientos de pequeños pescadores y pescadores industriales que pudieran verse afectados, y sostiene que el denominado “Informe Técnico Justificatorio para el nombre reservado de Múltiples Usos (AMCPMU) Archipiélago de Humboldt” de GEAM Chile” en que se basó la propuesta de creación del nombre reservado y que se cita en el decreto del Presidente de la República, se centra en justificar la determinación tomada previamente por la Ministra de Medio Ambiente sin hacerse cargo de las observaciones y del rechazo manifestado por los recurrentes y otros pescadores excluidos del proceso de participación ciudadana. Respecto al contenido del informe antes aludido aduce que este se limita a recoger una propuesta elaborada por la ONG internacional Oceana Inc -que a su vez se basaba en informes del año 2010 y 2017, y en una simple revisión documental de otros trabajos académicos- sin que se contemplen otros antecedentes o evidencia científica verificable acerca del valor ambiental de la zona comprendida en el nombre reservado de Protección.

En otro acápite del recurso expone que el 6 de marzo del año 2023 los recurrentes manifestaron formalmente y por escrito su oposición a la propuesta -lo que fue reiterado el 07 de julio de 2023- y solicitaron la incorporación de esta presentación en el expediente administrativo lo que no habría ocurrido, sin que conste tampoco que en la sesión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático se hayan abordado los argumentos expresados por los recurrentes para desestimar la propuesta.

Señala que el procedimiento para la creación y ampliación del AMCPMU es ilegal puesto que el Decreto N°31/2023 fue publicado en el diario oficial el 30 de noviembre de 2023, mientras que el 6 de septiembre del mismo año se publicó la Ley N°21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, normativa que habría derogado la categoría de protección denominada “Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos”. Alega además que según esta nueva normativa la creación de nuevas áreas protegidas corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, de lo que seguiría que el consejo de ministros para la sustentabilidad carecía de las facultades para crear el nombre reservado costera protegida materia de este recurso.

Por otra parte, arguye que el Decreto Supremo N°31/2023 contiene disposiciones que estima abiertamente ilegales e inconstitucionales, pues la normativa vigente antes de la modificación introducida por la Ley N°21.600 no autorizaba la aprobación de un Plan de Manejo para la administración del nombre reservado y no otorgaba facultades al Ministerio de Medio Ambiente para dictar un Plan de Manejo del área ni definir los responsables de su ejecución. En la misma línea, acusa que la legislación vigente no autoriza al Presidente de la República para delegar sus facultades en el Subsecretario de Medio Ambiente como acontece en el artículo sexto del decreto impugnado. Agrega que el artículo octavo del referido decreto es asimismo ilegal, pues pretende otorgar al ministerio de medio ambiente la súper vigilancia de las áreas marinas costeras protegidas, en circunstancias que en la actualidad se repartición carece de facultades de fiscalización en la materia. Finalmente alega que el artículo noveno del decreto es igualmente contrario a derecho dado que la exigencia de compatibilizar las actividades que se realizan en la zona con el objeto de protección supone una regulación, restricción o límite que no está establecido en la ley.

Sostiene hoy que el decreto supremo impugnado vulnera el derecho a la igualdad ante la ley de los recurrentes en la medida que por su intermedio se pretendió favorecer las pretensiones de la ONG Oceana INC y las convicciones personales de la Ministra del Medio Ambiente, en desmedro de quienes se oponen a la medida sin que existan antecedentes que así lo justifiquen. Además estima conculcado el derecho de propiedad de los recurrentes y su derecho a desarrollar cualquier actividad económica pues se les impide el ejercicio de su actividad pesquera a partir de un procedimiento ilegal que finalizó con la dictación de un decreto que carece de la motivación suficiente para la adopción de la política que se pretende implementar.

Previas citas de derecho solicita acoger la acción intentada y, en definitiva, dejar sin efecto el decreto N°31 de 30 de noviembre 2023, con costas.

TERCERO: Que a folio 14 se evacuó informe por don nombre reservado, Presidente de la República, y don nombre reservado, Ministro de Medio Ambiente (S), en representación del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, en lo relativo al recurso rol N°2250-2023.

Previamente, afirman que la acción de protección debe ser desestimada al no concurrir los requisitos para su interposición.

En primer lugar, aducen que los recurrentes no identifican en forma suficiente él o los actos del procedimiento de creación de la ACMPMU que concretamente pretenden impugnar, lo que impide la adecuada comprensión del recurso y, además, tiene relevancia para la determinación del plazo para deducir la acción.

En segundo lugar, alegan que el recurso, en la medida que se dirige en contra del Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros que propone al Presidente la Creación de un nombre reservado, pretende impugnar un acto tramite dentro del procedimiento administrativo, respecto del cual no es procedente la acción constitucional de protección según el criterio recogido en diversos fallos de tribunales superiores de justicia.

En tercer término, señalan que el recurso no detalla en forma suficiente la manera en que los actos de la Administración del Estado vulnerarían los derechos fundamentales de los recurrentes, máxime cuando se reconoce estos aun requieren de tramitación y regulaciones adicionales para determinar y hacer operativa la declaratoria de AMCPMU.

Por último, arguyen que la acción deducida es extemporánea pues fue interpuesta el 07 de noviembre de 2023, mientras que el Acuerdo del Consejo de Ministros tuvo lugar el 11 de agosto de 2023 y el Decreto Supremo N°31 fue dictado el 01 de septiembre de 2023, de forma tal que ya había transcurrido el plazo previsto en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, sin que pueda aducirse que los actos impugnados tengan efectos permanentes o que el ingreso del decreto a toma de razón el 12 de octubre de 2023 permita entender renovado el plazo para recurrir.

Luego, en cuanto al marco regulatorio y la declaratoria AMCPMU Archipiélago De Humboldt, afirman que las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos tienen por objeto conservar la biodiversidad, proteger especies marinas en peligro, reducir conflictos de uso, generar educación e investigación, así como realizar actividades tradicionales, comerciales y recreativas de manera sustentable.

Expresan que recientemente se introdujeron modificaciones a la Ley N°19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente y se creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que está a cargo del ahora Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que estará constituido por el conjunto de áreas protegidas tanto estatales como privadas. Adicionalmente, se incorpora un procedimiento único para la declaración de las áreas protegidas.

Señalan que la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entró en vigencia con posterioridad a la ocurrencia de los actos impugnados, por lo que el marco regulatorio aplicable al caso concreto corresponde a aquel vigente a la época de adopción del acuerdo Nº22/2023 y de la dictación del decreto supremo 31/2023. Explican que antes de las modificaciones introducidas por ley N°21.600, la ley Nº19.300 sobre Bases del Medio Ambiente no contempló un procedimiento especial para la declaratoria de las AMCPMU; pero exigía como requisitos tanto la propuesta del Consejo de Ministros como la decisión del Presidente de la República mediante un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente, siendo aplicable en lo no previsto las disposiciones de la Ley N°19.880.

En cuanto a los efectos de declaratoria de un AMCPMU, exponen que esta impone a quienes deseen desarrollar actividades en el lugar, la carga de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y, además, se exige la elaboración de un plan de manejo que establezca un modelo de administración que se haga responsable de las labores de conservación del área. Así, el plan de manejo del AMCPMU constituirá el marco regulatorio del nombre reservado, tanto para su adecuada gestión como para la definición de las actividades permitidas y prohibidas. Una vez operativa, se podrán realizar en el área aquellas actividades que sean compatibles con los fines, el objeto de conservación y su plan de manejo.

Respecto a la declaración de nombre reservado materia de la acción, sostienen que existen una serie de características y antecedentes técnicos que hacen del área propuesta “Archipiélago de Humboldt” una de las más importantes en nuestro país y que justifican su protección especial.

Por otra parte, sostienen que los actos de la administración que se pretenden impugnar por esta vía se encuentran suficientemente motivados y, en particular, el acuerdo N°22/2023 fue adoptado de acuerdo a la legislación aplicable, respetando las disposiciones de conformación del Consejo de Ministros, quórum de sesión y acuerdo, registro y publicación, de conformidad con las disposiciones de la ley N°19.300. Afirman que, en forma contrario a lo sugerido en el recurso, que sí fueron tomados en consideración y ponderados los antecedentes reseñados por los actores en su libelo, consistentes en oficios de diversos órganos de la Administración, cartas de las agrupaciones locales y de otras instituciones competentes en las distintas materias involucradas.

Adicionalmente, argumentan que el decreto impugnado se encuentra dentro de la legalidad y que la declaratoria de AMCPMU responde a una decisión de política pública destinada a conservar y preservar la naturaleza, dando cumplimiento al mandato constitucional del artículo 19 N°8 de la Constitución Política de la República.

Agregan, que la declaratoria del AMCPMU es una potestad discrecional de la Administración que fue ejercida conforme a las competencias que el ordenamiento jurídico le entrega al Presidente de la República y al Ministerio del Medio Ambiente, de manera que no es procedente que por esta vía se pretenda revisar el mérito y oportunidad de la decisión del órgano público, aun cuando sea posible el control de su legalidad mediante el examen de los elementos determinados en la ley tales como la existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para su ejercicio y su finalidad.

A mayor abundamiento, sostienen que el decreto supremo exterioriza los motivos de la declaratoria y la finalidad que se espera alcanzar; enumera las normas constitucionales, legales, reglamentarias, actos particulares y resoluciones en los que se funda; y explicita los motivos de hecho y de derecho que justifican la dictación del acto.

Por otro lado, hacen presente que el Decreto Supremo N°31/2023 fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el 22 de noviembre del año 2023, sin que dicho órgano de control lo haya representado, gozando el referido decreto, por tanto, de presunción de legalidad.

Argumentan que con la declaratoria del AMCPMU no se excluyeron actividades en forma ilimitada, quedando fuera del ámbito de protección las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERBs); concesiones marítimas y acuícolas; destinaciones marítimas; actividades de pesca artesanal; la solicitud de ECMPO en trámite; áreas adyacentes a las reservas marinas islas Choros-Damas e Isla Chañaral; y, finalmente, Isla Gaviota. Así, no se produce impacto alguno respecto de autorizaciones ya otorgadas.

Por otra parte, afirman que la declaratoria de AMCPMU no exige de un proceso de participación ciudadana propiamente tal, no obstante, se realizó un proceso de difusión, sociabilización y participación que tuvo como objetivo validar la propuesta ante la comunidad.

En otro acápite de su informe, controvierten que la declaratoria de AMCPMU produzca vulneración a los derechos fundamentales de los recurrentes puesto que aquella no supone la prohibición de desarrollar actividades económicas en el área, sino que compatibiliza aquellas con la preservación del patrimonio ambiental, disponiéndose la dictación de normativa que se haga cargo de la consecución de ambos objetivos.

CUARTO: Que, a folio 42 del expediente digital, se evacuó informe por don nombre reservado, Presidente de la República respecto del recurso deducido bajo el Rol N°2358-2023, solicitando su rechazo.

En primer término, se realizan similares cuestionamientos de forma a los planteados a propósito del primer recurso de protección deducido en cuanto a que no se explicitaría suficientemente por los actores cual es el concreto acto ilegal o arbitrario y como éste se relaciona con la supuesta vulneración de sus derechos fundamentales. Además, se acusa que en el fondo, al proponer una interpretación legal como la que se sugiere en el libelo, se pretende impugnar la legislación vigente aplicada en el Decreto Supremo 31/2023, cuestión impropia del recurso de protección.

Luego, en cuanto al marco regulatorio y la declaratoria AMCPMU Archipiélago De Humboldt, afirma que las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos tienen por objeto conservar la biodiversidad, proteger especies marinas en peligro, reducir conflictos de uso, generar educación e investigación, así como realizar actividades tradicionales, comerciales y recreativas de manera sustentable.

Expresa que recientemente se introdujeron modificaciones a la Ley N°19.300 en esta materia. En particular la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que quedó a cargo del ahora Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que estará constituido por el conjunto de áreas protegidas estatales y privadas. Adicionalmente, se incorpora un procedimiento único para la declaración de las áreas protegidas.

Señala que la Ley que creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, entró en vigencia con posterioridad a la ocurrencia de los actos impugnados. Por lo anterior, el marco regulatorio aplicable al caso concreto corresponde a aquél vigente a la época de la ocurrencia del acuerdo Nº22/2023 y de la dictación del decreto supremo. Previo a las modificaciones de la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, la ley Nº19.300 no contempló un procedimiento especial para la declaratoria de las AMCPMU; pero exigía como requisitos tanto la propuesta del Consejo de Ministros y la decisión del Presidente de la República mediante un decreto supremo expedido por el Ministerio del Medio Ambiente.

En cuanto a los efectos de declaratoria de un AMCPMU, impone la carga de ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental para quienes quieran realizar actividades en el área; además de exigir la elaboración el tipo de gobernanza y el modelo de gestión del área. Así, el plan de manejo del AMCPMU constituirá el marco regulatorio del nombre reservado, tanto para su adecuada gestión como para la definición de las actividades permitidas y prohibidas. Una vez operativa, se podrán realizar en el área aquellas actividades que sean compatibles con los fines, el objeto de conservación y su plan de manejo.

Refiere que, en la especie, existen una serie de características y antecedentes técnicos que hacen del área propuesta “Archipiélago de Humboldt” una de las más importantes en nuestro país y que justifican su protección especial.

Asimismo, refiere que el marco regulatorio aplicable a la zona debe considerar la regulación de la actividad pesquera por medio de la LGPA. Esta normativa sectorial reconoce expresamente dentro de sus objetivos la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Lo anterior, mediante la aplicación del enfoque precautorio y ecosistémico que permita salvaguardar los ecosistemas marinos. De lo anterior deriva la creación de instrumentos que persigan su cumplimiento; la formulación de criterios para la aplicación del enfoque ecosistémico; y la facultad de la autoridad competente para establecer medidas para la administración de recursos hidrobiológicos, entre otros.

Agrega, que otro de los objetivos que persigue la regulación sectorial pesquera es el resguardo de la sustentabilidad del recurso pesquero, el cual tiene una serie de expresiones a lo largo de la LGPA. En esta línea, es esencial la corroboración de la autoridad en el cumplimiento de ciertos estándares antes de adoptar decisiones que dispongan del recurso pesquero.

Por otra parte, en cuanto al actuar de los órganos administrativos involucrados en la tramitación, señala que se ajusta al ordenamiento jurídico y se encuentra debidamente fundado, sin perjuicio de insistir en que el recurso no desarrolla claramente la manera en que los actos mencionados se habrían llevado a cabo en contravención a la ley.

Sostiene que el Decreto Supremo N°31 fue adoptado de acuerdo a la legislación aplicable, encontrándose investido de legalidad y razonabilidad. La declaratoria de AMCPMU responde a una decisión de política pública destinada a conservar y preservar la naturaleza, dando cumplimiento al mandato constitucional del artículo 19 N°8 de la Constitución Política.

Añade, que la declaratoria del AMCPMU es una potestad discrecional de la Administración que fue ejercida conforme a las competencias que el ordenamiento jurídico le entrega al Presidente de la República y al Ministerio del Medio Ambiente. Luego, aun cuando se trata de una potestad discrecional, siempre existen elementos determinados en la ley que permiten su control, como la existencia misma de la potestad, su extensión, la competencia para su ejercicio y el fin.

A mayor abundamiento, sostiene que el decreto supremo exterioriza los motivos de la declaratoria y la finalidad que se espera alcanzar; enumera las normas constitucionales, legales, reglamentarias, actos particulares y resoluciones en los que se funda; y explicita los motivos de hecho y de derecho que justifican la dictación del acto. En general, se consideraron los oficios de los demás órganos de la Administración del Estado, el acuerdo del Consejo de Ministros, y los antecedentes técnicos en que fundó su propuesta de declaratoria de AMCPMU. Todos estos antecedentes destacan el valor del área que hace procedente su protección especial.

Expresa que la legalidad del decreto impugnado se ratifica por la propia Contraloría General en el respectivo examen de legalidad, tomando razón el acto impugnado sin observaciones. Este trámite, de acuerdo con la propia jurisprudencia administrativa, imprime al acto administrativo de una presunción de legalidad, sin que las aseveraciones que se realicen en un sentido contrario sean suficientes para derrotar dicha presunción. En autos, los recurrentes se limitan a afirmar la vulneración de determinadas garantías constitucionales sin mayor desarrollo.

Señala que el Presidente de la República se encuentra plenamente facultado para delegar la representación del Fisco en los jefes superiores de los servicios centralizados para la ejecución de los actos y la celebración de los contratos necesarios para el cumplimiento de los fines propios del respectivo servicio. La formulación utilizada en el decreto supremo cumple a cabalidad con todas las características y requisitos que exige la ley en esta materia, por lo que el reclamo de los recurrentes desconoce u omite la regulación vigente en la materia.

Agrega que la declaratoria de AMCPMU no produce por sí misma efectos materiales o jurídicos, careciendo de la entidad para afectar los derechos reclamados.

El decreto impugnado no excluye actividades en forma ilimitada, quedando fuera del ámbito de protección las áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos (AMERBs); concesiones marítimas y acuícolas; destinaciones marítimas; actividades de pesca artesanal; la solicitud de ECMPO en trámite; áreas adyacentes a las reservas marinas islas Choros-Damas e Isla Chañaral; y, finalmente, Isla Gaviota. Así, no se produce impacto alguno respecto de autorizaciones ya otorgadas.

Por otra parte, afirma que la declaratoria de AMCPMU no exige de un proceso de participación ciudadana. Si bien la Ley de Bases reconoce la participación de las personas, no existe actualmente exigencia normativa para la realización de un proceso de participación ciudadana propiamente tal en este proceso. Sin perjuicio de ello, en el caso que nos ocupa, se realizó un proceso de difusión, sociabilización y participación que tuvo como objetivo validar la propuesta.

Respecto a los cuestionamientos a la habilitación legal para dictar el respectivo plan de manejo, sostiene que el artículo 70 del entonces literal c) y literal i) de la ley Nº19.300 habilitaba al Ministerio de Medio Ambiente a proponer y formular políticas, planes, programas y acciones con el objetivo de conservar el medio ambiente. Esta facultad es coherente con lo dispuesto en instrumentos internacionales en la materia, contando con una habilitación legal clara que los recurrentes omiten en la presente acción.

Por otra parte, refiere que la AMCPMU no supone un cambio desde un régimen de libertad de pesca a uno de restricciones, limitaciones y/o prohibiciones. El marco regulatorio general de la actividad pesquera prevé facultades y prerrogativas en favor de la Administración para dictar normas que permitan asegurar el cumplimiento de los objetivos que establece la LGPA. No es efectivo que la actividad de los recurrentes se desarrolle de forma auto determinada, sino altamente regulada a nivel legal y administrativo; más aún, se encuentran actualmente sometidos a obligaciones mediante instrumentos de naturaleza infra legal.

Por lo anterior, argumenta que la conducta desplegada por la Administración no vulnera ninguno de los derechos constitucionales invocados por los recurrentes.

Señala que el recurso contiene una grave confusión respecto al entendimiento respecto de la idea de reserva legal. En efecto, su comprensión del problema asociado a la reserva legal conduce a conclusiones erróneas sobre el alcance de la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la forma en que esta debe ejercerse para el desarrollo y regulación de derechos en nuestro ordenamiento jurídico.

No existe una vulneración al derecho de igualdad ante la ley. El recurso no explicita la forma en que se habría vulnerado concretamente la igualdad ante la ley, e insiste que la declaratoria de AMCPMU permite compatibilizar diversos intereses en el área, incluyendo las actividades de los recurrentes. Asimismo, la decisión de la autoridad de proteger la zona no implica discriminación arbitraria, toda vez que sus antecedentes fueron debidamente ponderados para adoptar la decisión.

Tampoco existe una vulneración al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, arguyendo que los recurrentes no comprenden el contenido del derecho establecido en la Carta Fundamental. En efecto, el constituyente configura el derecho de forma tal que no se impida la intervención del legislador, sino que lo habilita para regular derechos que permitan alcanzar los objetivos establecidos en el artículo 19 N°8 de la Constitución Política.

Adicionalmente, el reproche de los recurrentes se orienta a la supuesta falta de consideración de los recurrentes en las instancias de difusión, sociabilización y participación y el consecuente incumplimiento del Convenio de Escazú. Sin embargo, de los antecedentes acompañados resulta claro que se han desarrollado instancias, tanto en el proceso de la declaratoria como en la futura elaboración del plan de manejo. Dicho proceso asegura –en los términos mandatados por el instrumento internacional– el aseguramiento de la participación ciudadana.

Asimismo, no existe una vulneración al derecho a desarrollar actividades económicas. El AMCPMU es la figura que compatibiliza en mayor medida las actividades económicas y la protección del medio ambiente por lo que su sola declaratoria no impone prohibiciones a determinada actividad. Al contrario, reconoce el valor ambiental del área y establece que todas las actividades que allí se realicen sean compatibles con los objetivos de protección.

Por último, afirma que no se vulnera el derecho de propiedad considerando que esta no se verá afectada por la declaratoria. Así, se excluyeron las AMERB, concesiones relacionadas a la actividad de pesca y acuicultura, y las otras actividades descritas; se declaró como objeto de protección la pesca artesanal; se dejó constancia de que no afectará la libre navegación y las áreas de fondeo; y se mandató a que el plan de manejo y gestión del área considere la participación de comunidades y organizaciones interesadas. De esta manera, lejos de limitarse o restringirse los derechos enunciados, se fijaron los objetivos para facilitar la compatibilidad del ejercicio de este derecho conjuntamente con la protección del medio ambiente.

Por dichos fundamentos, solicitó el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

QUINTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

SEXTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SÉPTIMO: Que, para que proceda el recurso se requiere entonces, la concurrencia de los siguientes requisitos: a) Que se compruebe la existencia de la acción u omisión reprochada, esto es, que efectivamente el recurrido ha realizado el acto o incurrido en la omisión que se le atribuye; b) Que dicha acción u omisión pueda estimarse arbitraria o ilegal de acuerdo al mérito de los antecedentes; c) Que de la misma se siga un directo e inmediato atentado en contra de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, en términos que se prive, perturbe o amenace el ejercicio de un derecho indubitado y no disputado del afectado, que se encuentre expresamente garantizado y amparado en el artículo 19 del texto Constitucional; y, por último, d) Que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de otorgar la protección pedida.

OCTAVO: Que, dicho lo anterior, cabe pronunciarse en primer término respecto a la alegación de extemporaneidad formulada, a folio 14, por los recurridos, quienes sostuvieron que a la fecha de presentación del recurso tramitado bajo el Rol 2250-2023, esto es, el 7 de Noviembre de 2023 habían transcurrido más de 30 días contados desde la fecha en que se emitieron los actos recurridos, a saber, el 11 de agosto de 2023 en el caso del Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que propuso la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt" y 1 de septiembre de 2023 en el caso del Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente a través del cual S.E. el Presidente de la República declaró la referida nombre reservado de Múltiples Usos.

NOVENO: Que según dispone el artículo 1 del Auto Acordado Sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, éste debe ser interpuesto “dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de éstos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos”, siendo el caso que los recurridos no han indicado la fecha y forma en que los recurrentes tomaron conocimiento de las actuaciones impugnadas, considerando que incluso la publicación del Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente en el Diario Oficial (en atención a su carácter de norma general), sólo se verificó con posterioridad a la interposición de la acción de autos, a saber, el 30 de Noviembre de 2023, de forma tal, que no existe antecedente alguno que permita sostener que el conocimiento del Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y del Decreto Supremo referido se produjera en la época de su emisión, como han sostenido los recurridos, o en alguna data que dé cuenta de la extemporaneidad de esta acción cautelar, motivo por el cual esta alegación será desestimada.

DÉCIMO: Que corresponde a continuación hacerse cargo del recurso de protección deducido bajo el Rol N° 2250-2023, el cual aparece dirigido tanto en contra del Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que propuso la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt" como del Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, de 1 de septiembre de 2023, a través del cual S.E. el Presidente de la República declaró la referida nombre reservado de Múltiples Usos.

UNDÉCIMO: Que así en lo relativo a la impugnación del Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad que propuso la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt", es del caso señalar que esta Corte ya tuvo oportunidad, en el marco del recurso de Protección tramitado bajo el Rol 2089-2023 caratulado “nombre reservado con Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático”, de pronunciarse en relación a este acto, arribando a la conclusión plasmada en el considerando 9° de la sentencia dictada con fecha 5 de Diciembre pasado en los referidos antecedentes, que dicho acuerdo constituye un acto trámite, que no adopta decisión alguna más que proponer al Presidente de la República una determinada acción, siendo éste quien tiene la potestad de acogerla o rechazarla, consignado el referido considerando que el “vocablo proponer que contiene la norma legal citada (artículo 71 letra c) de la Ley 19.300) y que, además, se replica en el resuelvo 2 del Acuerdo 22-2023 cuestionado al consignar este “Proponer a S.E. el Presidente de la República la creación del nombre reservado de Múltiples Usos “Archipiélago de Humboldt” en los términos referidos anteriormente, para su posterior oficialización mediante Decreto Supremo expedido a través del Ministerio del Medio Ambiente”, según la primera acepción contenida en el Diccionario de la lengua española, Edición del Tricentenario, Actualización 2023, significa “Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo” (https://dle.rae.es/proponer), en otras palabras es solo una opinión, sugerencia o recomendación a quien deba tomar la decisión. Lo anterior lleva a descartar la acción constitucional intentada pues no tiene efectos decisorios de manera que no es capaz de producir privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías que ampara el artículo 20 de la Constitución Política de la República”.

DUODÉCIMO: Que de la misma forma la sentencia precitada concluyó que el Acuerdo señalado cumple adecuadamente con el deber de fundamentación que impone la normativa legal y que no existió desviación de poder alguna pues su finalidad era acorde con el marco normativo que le resultaba aplicable, de forma tal que no se constituía en un acto ilegal o arbitrario que pudiera ameritar acoger el recurso planteado.

DECIMOTERCERO: Que estos sentenciadores comparten las conclusiones referidas, en particular, en cuanto a que el Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad sólo representa una recomendación o sugerencia que carece de la virtud necesaria para producir una privación, perturbación o amenaza en el ejercicio de los derechos y garantías fundamentales de los recurrentes que pueda justificar acoger este recurso, sin perjuicio de lo cual, igualmente se analizarán las alegaciones formuladas en el señalado recurso y que se extienden al Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, en torno a la ilegalidad del procedimiento que concluyó con la emisión del decreto referido sobre la base de afirmar la falta de participación de los recurrentes, eventualmente afectados con la declaratoria de nombre reservado de Múltiples Usos y con la inobservancia, vinculada a dicha falta de participación, de los principios de contradictoriedad, imparcialidad y de transparencia que establece el artículo 4 de la Ley 19.880 y que se desarrollan en los artículos 10, 11 y 16, respectivamente, del señalado texto normativo.

DECIMOCUARTO: Que sobre este punto es del caso precisar que el artículo 71 letra c) de la Ley 19.300, según su texto vigente a la fecha de emisión del DS N° 31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente establecía como función y atribución del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, “c) Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos”, sin que el texto legal referido estableciera el procedimiento que el órgano administrativo debía seguir como paso previo a dicha propuesta, por lo que no cabe sino concluir que en principio resultarían aplicables, para suplir dicho silencio legal, las normas de la Ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado.

DECIMOQUINTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, en lo que respecta a la posibilidad de participación de la ciudadanía y en particular de los recurrentes en el procedimiento que derivó en la emisión del DS N° 31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, resulta atinente señalar que el DFL 1-19653, que fija el texto refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, establece en su Título IV la normativa que resulta aplicable a la participación ciudadana en la gestión pública, preceptuando el artículo 73 del texto legal indicado que “los órganos de la Administración del Estado, de oficio o a petición de parte, deberán señalar aquellas materias de interés ciudadano en que se requiera conocer la opinión de las personas, en la forma que señale la norma a que alude el artículo 70”, indicando a su vez esta última norma que “Cada órgano de la Administración del Estado deberá establecer las modalidades formales y específicas de participación que tendrán las personas y organizaciones en el ámbito de su competencia” añadiendo el inciso siguiente que “las modalidades de participación que se establezcan deberán mantenerse actualizadas y publicarse a través de medios electrónicos u otros”.

DECIMOSEXTO: Que, en consecuencia, de acuerdo a la normativa referida, la necesidad de un proceso formal de participación ciudadana puede ser impuesta por el legislador o bien determinada por el propio órgano de la Administración del Estado, siendo el caso que conforme a la normativa legal vigente a la fecha de expedición del decreto presidencial ese proceso de participación no se contemplaba en la Ley N° 19.300 como un paso previo para la adopción de algún acuerdo por parte del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático respecto a la creación de Áreas Protegidas del Estado o para la emisión del decreto supremo correspondiente, no habiéndose establecido tampoco por la autoridad administrativa, en uso de sus facultades legales, el requerimiento de este proceso participativo para la adopción de estas determinaciones.

DECIMOSÉPTIMO: Que, de esta forma, teniendo presente que el decreto que crea el nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt", importa una acción de carácter general enmarcada en el deber del Estado de velar por la preservación de la naturaleza y que no se preveía para la adopción de la decisión correspondiente, un proceso formal de participación ciudadana, no cabe sino concluir que los eventuales interesados si bien tienen la facultad de efectuar alegaciones y aportar antecedentes a la autoridad, ello no los torna en legítimos contradictores de la Administración ni fuerza a ésta a generar una suerte de procedimiento contencioso-administrativo para adoptar su determinación, por lo que no cabe sino desestimar que exista una infracción a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 19.880, en cuanto al principio de contradictoriedad que esa norma prevé, más aún si consta que la autoridad efectivamente allegó al expediente administrativo todas las presentaciones que se realizaron tanto a favor como en contra de la declaratoria del Área Costera Protegida.

DECIMOCTAVO: Que ahora en lo que respecta a la eventual vulneración del artículo 11 de la Ley 19.880, en cuanto al principio de imparcialidad de la Administración, se debe señalar que esta regla pretende excluir la arbitrariedad en la actuación de la Administración de Estado, constando que tanto el Acuerdo N°22/2023 del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, que propuso la creación del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt", como el Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, contienen una extensa sección de considerandos (diez y veintidós respectivamente), en que se expone de manera lata la motivación de los actos administrativos que se impugnan, haciendo alusión a antecedentes legales, técnicos, científicos y de compromisos internacionales que justifican tanto la propuesta del Consejo de Ministros como la decisión adoptada por el Presidente de la República, lo que da cuenta de una exposición de datos objetivos que apreciados, dentro del ámbito de competencia que es propio de la autoridad, explican su decisión, por lo que más allá del ideario que legítimamente las autoridades político-administrativas pueden sostener, lo cierto es que no se advierte, en el caso en cuestión, que no se haya efectuado una exposición y ponderación objetiva, adecuada y suficiente de los antecedentes para justificar la creación del nombre reservado "Archipiélago de Humboldt".

DECIMONOVENO: Que finalmente en lo que dice relación al principio de transparencia y publicidad, contemplado en el artículo 16 de la Ley 19.880, siendo el caso que los propios recurrentes han reconocido que existieron actividades para dar a conocer y socializar la medida propuesta y que tuvieron conocimiento previo del procedimiento que culminó con la emisión del Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, no cabe sino concluir que la alegación formulada carece de todo sustento y que los actos de la Administración no han incurrido en la ilegalidad acusada.

VIGÉSIMO: Que en consecuencia no configurándose la ilegalidad y/o arbitrariedad alegada en el recurso deducido bajo el Rol 2250-2023, no cabe sino desestimarlo.

VIGESIMOPRIMERO: Que corresponde, a continuación, hacerse cargo del recurso deducido bajo el Rol N°2358-2023, acumulado a estos antecedentes, que aparece dirigido en contra del Decreto Supremo N°31/2023 del Ministerio del Medio Ambiente, de 1 de Septiembre de 2023, en que se alegó que dicho decreto incurrió en una serie de ilegalidades y arbitrariedades que afectan las garantías de los recurrentes, en concreto aquellas señaladas en los numerales 2, 8, 21 y 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental.

VIGESIMOSEGUNDO: Que conforme se lee el texto del recurso se ha sostenido la ilegalidad del Decreto Supremo N°31/2023, argumentando que el decreto carece de motivación, que a la época de su publicación en el Diario Oficial (30 de Noviembre de 2023) se encontraban derogadas las normas de los artículo 70 letra c) y 71 letra c) de la Ley 19.300 que sustentaron la emisión del decreto y que la categoría de Área Marítima Costera Protegida de Múltiples Usos desapareció con la dictación de la Ley N° 21.600, publicada en el Diario Oficial el 6 de Septiembre de 2023, resultando ilegal el contenido del decreto en cuanto encomienda la supervigilancia del nombre reservado de Múltiples Usos "Archipiélago de Humboldt" al Ministerio del Medio Ambiente (artículo 8), delega en el Subsecretario del Medio Ambiente efectuar modificaciones de la administración del nombre reservado costera protegida (artículo 6), establece la necesidad de que el Ministerio del Medio Ambiente dicte dentro de los 24 meses siguientes un plan de manejo del área con las acciones concretas para hacer efectiva su conservación (artículo 5) y establece la posibilidad de restricciones que no se avienen a la Constitución y a la ley (artículo 9), sin ajustarse la normativa emitida al nuevo procedimiento establecido para la creación de las áreas protegidas del Estado ni a las reglas señaladas en la ley 21.600 para la administración del área ni para la confección del correspondiente plan de manejo, añadiendo que el decreto resulta arbitrario al sostenerse en normas derogadas y/o modificadas, al haberse actuado sin consultar a pescadores, buzos, mariscadores y extractores de la comuna de La Higuera ni a los pequeños y grandes pescadores industriales de la Región de Coquimbo y al carecer de sustento técnico la superficie y polígono del nombre reservado.

VIGESIMOTERCERO: Que en lo que respecta a la ilegalidad por falta de motivación del decreto supremo se debe indicar que tal como se razonó en el considerando decimoctavo de este fallo el decreto en cuestión cumple con exponer los antecedentes que le sirven de sustento, cumpliendo así con la exigencia de motivación que se requiere a todo acto de la Administración del Estado (artículos 11 y 41 de la Ley 19.880), no siendo la discrepancia que pueda existir por parte de eventuales interesados, en relación al contenido de la misma y a las conclusiones de la autoridad, razón suficiente para entender que el acto quede desprovisto, por dicha circunstancia, de la motivación correspondiente y se configure con ello la ilegalidad pretendida por los recurrentes.

VIGÉSIMOCUARTO: Que de la misma forma atendiendo que a la fecha de emisión del Decreto Supremo N° 31/2023 por parte del señor Presidente de la República (1 de Septiembre de 2023), aún no había sido publicada la Ley 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, requisito necesario para entender vigente dicho texto legal al tenor de lo establecido en el artículo 75 de la Carta Fundamental y 6 del Código Civil, no cabe sino concluir que mantenían su vigencia las reglas legales que regulaban la declaratoria y gestión de las Áreas Marítimas Costeras Protegidas de Múltiples Usos y en virtud de las cuales se dictó el decreto recurrido, por lo que aquellas argumentaciones que dicen relación con la derogación y modificación de los artículos 70 letra c) y 71 letra c) de la Ley 19.300 carecen de fundamento, lo mismo en cuanto a no haberse seguido el procedimiento establecido en el nuevo texto legal para la creación de las áreas protegidas del Estado o no haberse ajustado a las nuevas reglas que se han establecido para la gestión del área y para la confección del plan de manejo que el nuevo cuerpo legal prevé, pues lo que se pretende es la aplicación retroactiva de un texto legal que a la época de materializarse la decisión presidencial no se encontraba vigente, concluyendo estos sentenciadores, por tanto, que la autoridad recurrida se ajustó a la normativa legal que resultaba aplicable y regía en la materia a la fecha de adoptar su decisión, lo que descarta la existencia de una actuación ilegal en los términos propuestos en el recurso.

VIGÉSIMOQUINTO: Que en el mismo sentido, en lo que dice relación con la eventual eliminación de la categoría de Área Marítima Costera Protegida de Múltiples Usos, amén de lo señalado en el motivo precedente, en cuanto a la entrada en vigencia posterior del texto que se pretende aplicar, se debe agregar igualmente que éste en sus disposiciones transitorias (en particular el artículo 4 transitorio de la Ley N° 21.600) contempla la categoría de área de conservación por la cual deben regirse estas zonas, lo que da cuenta que el legislador sin eliminar la protección otorgada conforme a la normativa previa, establece las reglas que deben seguirse con posterioridad a la entrada en vigencia de la nueva institucionalidad ambiental, lo que desvirtúa lo argumentado en el recurso.

VIGESIMOSEXTO: Que en lo que respecta al contenido del decreto y cuya legalidad fue igualmente impugnada por los recurrentes, se debe indicar que el establecimiento de la supervigilancia por parte del Ministerio del Medio Ambiente del área en cuestión, se ajustaba a lo dispuesto en el artículo 70 letra c) de la Ley 19.300, vigente a la fecha de expedición del decreto y que la delegación de facultades es algo que la normativa legal que rige a la órganos de la Administración del Estado expresamente permite, en concreto en el artículo 41 del DFL 1-19653, que fija el texto refundido Coordinado y Sistematizado de la Ley 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, de forma que estas alegaciones también deben ser desechadas.

VIGESIMOSÉPTIMO: Que ahora en lo que respecta a la norma que dispone la confección de un plan de manejo para determinar las acciones concretas para hacer efectiva la conservación del área y aquella que señala que toda actividad que se realice en el área deberá ser compatible con los objetos de protección de la misma y deberá ajustarse a lo dispuesto en el respectivo plan de manejo, cabe indicar que no se advierte ilegalidad alguna en que el señor Presidente de la República al crear el nombre reservado, conforme a las facultades contempladas en la normativa medioambiental vigente a la época del respectivo decreto, delegara en un acto posterior el establecer las acciones concretas para la conservación del área, para lo cual además ha dispuesto que se deberá tener a la vista los objetos de protección que el mismo decreto establece y que no son otros que aquellos que éste en su artículo 4 prevé, siendo natural que las actividades que se realicen en el área deban ser compatibles con los objetos de protección establecidos en la norma referida, lo que importa que, en la práctica y por ahora, no se ha establecido ninguna restricción concreta a las actividades que se realizan y pueden realizar en el área, pues esto ha quedado supeditado al plan de manejo que se deberá elaborar con posterioridad y que de acuerdo al artículo 5 del Decreto Supremo N° 31/2023 del Ministerio de Medio Ambiente deberá contar, esta vez sí, con una instancia formal de participación ciudadana.

VIGESIMOCTAVO: Que, en consecuencia, no existiendo en el decreto supremo impugnado alguna restricción concreta que pueda estimarse exceda el margen que la ley permite al crear un nombre reservado de esta índole, pues incluso la determinación de las acciones concretas de protección han quedado entregadas a un instrumento posterior, no cabe sino desestimar que exista alguna ilegalidad en el contenido del decreto supremo por lo que las alegaciones expresadas en el recurso de protección en este sentido serán también desestimadas.

VIGESIMONOVENO: Que ahora en lo que respecta a la arbitrariedad imputada al Decreto Supremo N° 31/2023 del Ministerio de Medio Ambiente fundada en sustentarse éste en normas legales derogadas y/o modificadas, deberá estarse a lo razonado precedentemente, luego en cuanto al haberse actuado sin consultar a pescadores, buzos, mariscadores y extractores de la comuna de La Higuera ni a los pequeños y grandes pescadores industriales de la Región de Coquimbo debe señalarse que tal como se razonó en las motivaciones decimoquinta a decimoséptima, dicha consulta no resultaba exigible a la autoridad administrativa, sin perjuicio de lo cual el decreto impugnado sí ha contemplado la exigencia de un proceso de participación ciudadana para la determinación del Plan de Manejo correspondiente, por lo que no se avizora la existencia de alguna arbitrariedad por parte de la autoridad recurrida que pueda dar sustento a las alegaciones de los recurrente.

TRIGÉSIMO: Que finalmente en lo que dice relación con la falta de sustento técnico en relación a la superficie y polígono del nombre reservado se debe señalar que independiente que, de acuerdo a la normativa vigente a la fecha de expedición del decreto impugnado, la determinación precisa de estos aspectos constituye una facultad discrecional de la autoridad presidencial, es del caso que el Decreto Supremo N° 31/2023 en su considerando 7° expresamente hace alusión al informe técnico que sustenta la declaratoria de Área Marítima Costera Protegida de Múltiples Usos, lo que desvirtúa la existencia de arbitrariedad por falta de antecedentes técnicos que han sostenido los recurrentes, no siendo en todo caso esta sede de protección aquella que debe dilucidar controversias en relación al mérito del antecedente referido.

TRIGESIMOPRIMERO: Que, así las cosas, habiéndose desvirtuado la existencia de alguna ilegalidad o arbitrariedad en los términos planteados en el recurso deducido bajo el Rol N°2358-2023, se impone igualmente desestimar este arbitrio.

TRIGESIMOSEGUNDO: Que, finalmente y atento a lo expuesto en el considerando séptimo no habiéndose establecido que los recursos tramitados en autos se hayan dirigido en contra de actos que puedan ser catalogados como de ilegales y/o arbitrarios, finalmente se impone el rechazo de los mismos resultando inoficioso e innecesario entrar a analizar las eventuales afectaciones de garantías fundamentales que se acusaba en los recursos.

Y VISTO ADEMAS lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

1°- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Jorge Osorio Reilich, en favor de la ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES Y ARMADORES PESQUEROS DE LA CUARTA REGIÓN A.G. y de la FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES GREMIALES DE PESCADORES, BUZOS, MARISCADORES Y nombre reservado ELQUI, IV REGION COQUIMBO–FETRAMAR ELQUI A.G., en contra del CONSEJO DE MINISTROS PARA LA SUSTENTABILIDAD, representado por doña nombre reservado, y del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, señor GABRIEL BORIC FONT.

2°.- Que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por el abogado don Marcelo Castillo Sánchez en favor de don nombre reservado, de don nombre reservado; del SINDICATO DE nombre reservado, BUZOS, AYUDANTES, PESCADORES Y RECOLECTORES DE LA CALETA DE CHUNGUNGO; de don nombre reservado; del SINDICATO DE TRABAJADORES nombre reservado DE LA nombre reservado REGIÓN; de don nombre reservado; de la ASOCIACIÓN GREMIAL DE TRABAJADORES DEL nombre reservado; del SINDICATO DE nombre reservado LOS nombre reservado y del SINDICATO DE TRABAJADORES INDEPENDIENTE Nº1 DE BUZOS Y PESCADORES nombre reservado, COMUNA DE LA nombre reservado REGIÓN, en contra del PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, señor GABRIEL BORIC FONT.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactada por el Ministro Suplente Rodrigo Patricio Díaz Figueroa.

Rol N° 2250-2023 y acumulada (Protección).-