nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA

nombre reservado, nombre reservado

CCAF Los Andes y otra Recurso de protección Rol Nº2249-2023.- La Serena, cinco de enero de dos mil veinticuatro.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparecen don nombre reservado y don nombre reservado, ambos abogados, con domicilio en domicilio reservado, quienes interponen recurso de protección de garantías constitucionales en beneficio de doña nombre reservado, chilena, dependiente, cédula de identidad N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado; en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LOS ANDES Rol Único Tributario, 81.826.800-9, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, contador auditor e ingeniero comercial, ambos domiciliados en domicilio reservado, Región de Coquimbo, y en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR LA ARAUCANA Rol Único Tributario N°70.016.160-9, persona jurídica del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, chileno, cédula de identidad N°RUT reservado, ambos domiciliados en domicilio reservado. María Elena, por el acto ilegal y arbitrario consistente en efectuarle un descuento, a través de su empleador, en octubre del 2023 por la suma de $74.912 previa solicitud de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

Expone que hace más de 10 años, la recurrente suscribió un pagaré con Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, en donde asumía la obligación de pagar un crédito social de consumo, en virtud del cual la recurrida procedía mes a mes a retener de las remuneraciones de su representada la cuota, siendo la última vez que realizó el descuento hace más de 8 años, cuando la recurrente por motivos personales tuvo que renunciar a su trabajo.

Sin embargo, expone que en el mes de marzo del 2022, la recurrente comenzó un nuevo trabajo, para la empresa Central de Restaurantes Aramark Ltda., RUT RUT reservado, en calidad de auxiliar, y que al recibir la remuneración de octubre de 2023 se encontró con la sorpresa que la recurrida Caja Los Andes, en virtud de un Convenio Intercaja, (convenio que permite que la caja acreedora solicite a la caja actual de afiliación, formule el descuento por ella) instruyó a su empleador efectuar descuentos por la suma de $74.912, bajo el acápite “PRESTAMO C.C.A.F LOS ANDES INTERCAJA”, correspondiente al préstamo otorgado en su oportunidad por la Caja La Araucana.

Luego, alega que esta situación no fue comunicada por ninguna de las recurridas a la recurrente, como tampoco ha sido notificada de ninguna gestión judicial que haya iniciado la recurrida “La Araucana”, que haga presumir al menos, algún título que valide su actuar.

Argumenta que el actuar de las recurridas es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento, constituyendo un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción de su remuneración de manera absolutamente forzada y contra su voluntad.

Sostiene que la recurrida realiza un uso arbitrario de la facultad que le entrega el artículo 22 de la Ley N°18.833, puesto que dicha facultad sólo se refiere a las deudas que sean actualmente exigibles. De esta forma, no puede infringir lo dispuesto en los artículos 2514 y 2515 del Código Civil, toda vez que han transcurrido más de 8 años desde que la recurrida no hace cobro de su acreencia, y tampoco ha existido conducta alguna que haya interrumpido la prescripción, en los términos del artículo 2518 del Código del Ramo.

Asimismo, sostiene que el artículo 58 del Código del Trabajo, obliga al empleador a deducir de las remuneraciones los impuestos que la graven, las cotizaciones de seguridad social, las cuotas sindicales en conformidad a la legislación respectiva y las obligaciones con instituciones de previsión o con organismos públicos, naturaleza que no tiene el crédito que se le descontó.

En cuanto al derecho fundamental afectado, refiere que el acto la priva de la garantía constitucional establecida en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República, esto es el derecho de propiedad sobre sus remuneraciones, generando la consecuencia de no permitirle usar y gozar y disponer de la parte retenida por la prestación de servicios realizados.

Por lo anterior, solicita que se acoja el recurso de protección y se ordene a la recurrida la restitución de los dineros sustraídos, esto es la suma de $74.912, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con condena en costas.

SEGUNDO: Que a folio 10 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Señala que dicha entidad le otorgó el 20 de marzo de 2014, a la Sra. nombre reservado, el crédito social folio 042-000499969, por un monto de $1.767.447, pactado en 48 cuotas, cada una por la suma $74.912; crédito respecto del cual pagó 17 cuotas, no existiendo más pagos. Por lo anterior, señala que se realizaron las gestiones extrajudiciales, que resultaron infructuosas, ya que la recurrente no concurrió a regularizar su acreencia. En consecuencia, ante la falta de pago, pasó a figurar en calidad de morosa, remitiéndose la información al Proyecto Intercajas.

En virtud de lo anterior, afirma que se le descontó una cuota, en octubre 2023, por la suma de $74.912, por lo que existen a la fecha 30 cuotas pendientes de pago.

Luego, expone que se está frente a una deuda plenamente vigente, actualmente exigible y cuyo descuento es legal, ya que no se acredita que el contrato de mutuo se haya extinguido.

Por otra parte, hace presente que las Cajas de Compensación no tienen fines de lucro y, por lo mismo, sus beneficios económicos están destinados a incrementar o mejorar la calidad de sus prestaciones sociales. Agrega que el régimen de prestaciones de estas se financia principalmente con recursos provenientes del fondo social -que corresponde a un patrimonio de afectación- y que, en dicho sentido, los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador.

Señala que no existe un actuar arbitrario o ilegal de su parte, ya que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo al mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833. En consecuencia, refiere que el descuento realizado se debe al cabal cumplimiento del mandato legal de resguardo del Fondo Social, a partir del cual se financian los regímenes de prestaciones otorgadas por las Cajas de Compensación.

Asimismo, afirma que la obligación no se ha extinguido y tampoco se ha declarado judicialmente la prescripción de la acción que emana del mutuo, encontrándose plenamente vigente, De tal manera, en ningún caso se está reviviendo y/o forzando unilateralmente un descuento a través del beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Por otra parte, sostiene que el descuento efectuado por planilla ha sido objeto de pronunciamiento por parte de la Superintendencia de Seguridad Social, la que ha señalado en el dictamen 56554- 2015 de 07 de septiembre de 2015, que para efectuarlo no es necesario contar con la autorización del deudor.

A mayor abundamiento, señala que las Cajas de Compensación no requieren de una sentencia ni proceso previo para informar el descuento de un crédito social al empleador de un afiliado deudor, por cuanto las deudas cuyo origen es un crédito social cuentan con normas especiales para su recaudación, de acuerdo con el artículo 22 de la ley N°18.833.

En virtud de lo anterior, solicita el rechazo de la acción de protección, TERCERO: Que a folio 11 del expediente digital, se evacuó informe por la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes.

En síntesis, expone que procedió a efectuar los cobros por encargo de C.C.A.F. La Araucana, en calidad de diputada para efectuar el cobro y recibir el pago, en virtud del convenio y mandato recíproco “Proyecto Intercajas”.

Al respecto, señala que el 15 de abril de 2013, las Cajas de Compensación celebraron un contrato de mandato y prestación de servicios, denominado “Proyecto Intercajas”, el que tiene por objeto que la respectiva Caja acreedora de un crédito social pueda acceder a la información esencial necesaria para detectar y ubicar a sus deudores con obligaciones morosas, que hubieren perdido la calidad de afiliados en ella. Dicho contrato ha sido acordado conforme a lo dispuesto en el art. 19 Nº7 de la Ley N°18.833.

En tal contexto, refiere que Caja Los Andes, a requerimiento de Caja de Compensación La Araucana, y como diputada para recibir el pago del crédito social otorgado a la recurrente, ha informado a su empleador la existencia de esta deuda, y ha requerido su descuento en la remuneración, en los términos del art. 22 de la Ley 18.833.

Por lo anterior, solicitó el rechazo del recurso de protección.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que para resolver el conflicto planteado mediante este arbitrio importa determinar primero, la existencia del acto impugnado, esto es, el hecho de haber efectuado la recurrida descuentos en la remuneración de la recurrente fundados en la existencia de un crédito social anterior, y, posteriormente, si aquella acción constituye, a esta fecha, un actuar ilegal y/o arbitrario de la recurrida y, por tanto, si ese proceder afecta o amenaza las garantías constitucionales invocadas.

SEXTO: Que no se discute que la Caja recurrida al amparo de la Ley 18.833, que “Establece un nuevo estatuto general para las Cajas de Compensación de Asignación Familiar (C.C.A.F.)”, en virtud del artículo 22 que lo “adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, sin embargo, este beneficio debe ser aplicado oportunamente.

En efecto, no fue cuestionado por la recurrida que el 20 de marzo de 2014 le fue otorgado un crédito social a la recurrente, el que fue pactado en 48 cuotas, pagándose la última de ellas en el año 2015 por un monto de $1.767.447, el que fue pactado en 48 cuotas, pagándose la última de ellas en el año 2015. Procediéndose, a realizar un nuevo cobro en el mes de octubre de 2023, esto es, habiendo transcurrido 9 años desde su otorgamiento y 8 desde el pago de la última cuota.

Entonces, el beneficio contemplado en el artículo 22 de la Ley 18.833 ya citado resultaba improcedente, considerando el extenso lapso que alcanzó a transcurrir entre la fecha de otorgamiento de los créditos y la que se efectúa el cobro, a través del mecanismo de descuento denominado Proyecto Intercajas, sin que se hubiere llevado a cabo por la acreedora acciones tendientes a cobrar el crédito, con lo que su actual decisión de requerir el pago a través de esa vía especial deviene en antojadiza, sin perjuicio de su derecho para perseguir la obligación por los medios legales ordinarios, lo que hasta la fecha no ha ocurrido.

Así, constituye el actuar de las recurridas constituye un retraso desleal o “verwirkung”, mismo que supone el ejercicio inadmisible de un derecho propio, que tiene lugar cuando su titular ha permanecido inactivo durante un período significativo sin hacer valer dicho derecho, de modo que el sujeto pasivo le ha confiado y podía confiar en que el derecho en cuestión ya no iba a ser objeto de ejercicio en el futuro. Se produce, por tanto, un retraso desleal que se erigirá en obstáculo al ejercicio del derecho. “Miranda Núñez, nombre reservado. “La Teoría del Retraso Desleal”. Revista Jurídica Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 2021.Vol. 3, p. 86-95)

SÉPTIMO: Que la conducta de las Cajas recurridas, constituye un acto arbitrario, que vulnera la garantía constitucional del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, desde que se priva a la recurrente de una parte de sus remuneraciones, al retenérsele indebidamente parte de sus emolumentos, al requerir la caja de compensación La Araucana y al ejecutarlo la de Los Andes.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de esta Corte sobre la materia, SE ACOGE, con costas, la presente acción constitucional interpuesta en favor de doña nombre reservado, debiendo la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y La Araucana, abstenerse de perseguir el pago del crédito social en cuestión de las remuneraciones del recurrente mediante retenciones, asimismo, deberá devolver aquellas que ha efectuado por tal motivo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra Señora Marcela Sandoval Durán.

Rol N°2249-2023-Protección.