nombre reservado con COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E IVALIDEZ

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Recurso de protección Rol N°2243-2023 La Serena, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece don Pablo Martínez Zúñiga, abogado, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, interponiendo Acción de Protección en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO (COMPIN).

Indica que, el recurrente es médico cirujano de profesión, y que el 12 de octubre de 2023 se le notifica a su correo electrónico Resolución Exenta N°23044121802, de la misma fecha, en la cual la recurrida lo sanciona con una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, y la suspensión de emisión de licencias médicas y venta de talonarios de licencias, por un período de 15 días hábiles a contar del 19 de octubre de 2023. La razón formal de la sanción, expresada en la resolución exenta es, presuntamente no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por 79 licencias médicas emitidas de las 100 solicitadas, así según la propia resolución señala que “no se remitió el informe médico de acuerdo al formato solicitado, o la ficha clínica del paciente, o a la copia del bono o boleta de la atención médica en el plazo dispuesto”.

Explica que, conforme a las facultades contempladas en el artículo 2° de la Ley N°20.585, la COMPIN le solicita al recurrente, el 29 de septiembre de 2023, una gran cantidad de información relacionada con 100 licencias médicas. El requerimiento señala, “se remita a la Comisión, antecedentes complementarios en la forma de un informe médico por cada folio de licencia médica solicitada”, recalcando que, la información solicitada se refiere a 100 licencia médicas. Además, se le solicitó ficha clínica de cada paciente y copia de bono o de la boleta de atención médica. Todo esto en el plazo legal de siete días hábiles.

Señala que, el recurrente no se negó a tal requerimiento, y el día lunes 2 de octubre de 2023 informó al correo electrónico correo reservado que tenía problemas para ingresar a la plataforma I-MED, debido a que en dicho sistema se le solicitaba el folio de la licencia o la fecha de emisión, pero no el número de la licencia ya que muchas tenían una data mayor a seis meses de antigüedad. Al no contar con esa información, vio dificultado el cumplimiento de la carga impuesta por la autoridad de informar sobre las licencias referidas. Indica que, la respuesta fue obtenida el día 10 de octubre de 2023, en la que se le indica que “la solicitud no podía ser atendida por este COMPIN”.

Sostiene que, el recurrente tuvo en todo momento voluntad de colaborar con la información solicitada, y halló obstáculos en la plataforma virtual I-MED pues para acceder a la información de las licencias médicas necesitaba la fecha de emisión de estas. Por otra parte, hace presente que nombre reservado es una persona de 64 años de edad, poco familiarizado con los sistemas digitales e informáticos, por lo que el plazo que se le dio para acompañar la información era considerablemente exiguo.

Cita el artículo 2° de la Ley N°20.585, y afirma que dicha norma faculta a la COMPIN para sancionar en el marco de una etapa de mera recopilación de antecedentes, bastando constatar “la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto…” para cursar una gravosa sanción. Así las cosas, existe una amenaza evidente a los derechos de su representado, pues se le ha exigido reiteradamente cumplir una labor imposible. Agrega que, el procedimiento de reclamo ante la Superintendencia de Seguridad Social que contempla la ley resulta totalmente inoficioso para impugnar la sanción a la que se ve expuesto el recurrente, ya que es imposible cumplir con lo solicitado, pues la ley le otorga a la SUSESO facultades únicamente para discernir y fallar sólo respecto de si se cumplió en tiempo y forma los requerimientos de información de la COMPIN, cuestión que la propia Superintendencia ha reconocido en más de un fallo administrativo.

Indica que, la recurrida sabe que es imposible cumplir lo solicitado y además, en un accionar indiscutido y conscientemente articulado, reiteró a su representado mediante correo electrónico el centenar de requerimientos, cuestión que resulta absurdo, reprochable y derechamente injusto, agregando que, las facultades que la ley otorga a la COMPIN no pueden ejercitarse de forma abusiva, precisamente porque ante este imposible se sanciona a perpetuidad al médico mientras no cumpla lo solicitado, lo que se traduce en la afectación de la actividad médica, pues obstaculiza y entorpece la atención y el tratamiento vigente de sus pacientes y merma el legítimo derecho a desarrollar su profesión para hacerse del sustento económico.

Alega que el acto recurrido es ilegal, por cuanto se incurre en una falsa aplicación del artículo 2° de la Ley N°20.085, el cual establece un plazo que no está concebido para un conjunto copioso de licencias, siendo razonable en el entendido que se trate de una o dos licencias médicas relacionadas a un mismo paciente, la elaboración del informe es una tarea ardua y compleja. Hace referencia a la historia fidedigna de la ley, que contemplaba originalmente un plazo de 30 días, sin embargo, bajo el fundamento de darle celeridad al procedimiento, se redujo a 7. Observa, además, que en su artículo primero sólo se hace referencia a una licencia, por lo que, en contexto general de la ley, entiende que el proceso se refiere a una revisión independiente y aislada de cada licencia y no en cantidades inabordables.

A ello, agrega el requerimiento de la ficha clínica de los pacientes, lo cual es un dato sensible, que sólo puede ser entregado en los casos y a las autoridades indicadas en el artículo 13 de la Ley N°20.584, no estando facultado para extraer y ventilar copias de datos sensibles para responder de los antecedentes médicos complementarios exigidos por la COMPIN. Este requerimiento de antecedentes médicos que integran la Ficha Clínica debe ser solicitado por el legalmente facultado a quien detenta el carácter de prestador, sea este personal o institucional.

Como tercera ilegalidad, indica que el requerimiento impugnado comprendería la revisión de licencias médicas emitidas hace más de 6 meses, esto es, superando entonces el plazo de que disponen los órganos de la Administración del Estado, para ejercer su potestad administrativa sancionadora, de conformidad con los artículos 94 y 97 del Código Penal.

En cuanto a la arbitrariedad de la autoridad recurrida, alega que se trata de un acto sin razón alguna, inspirada por motivaciones político coyunturales y, en el mejor de los casos, en el capricho del órgano administrativo, manifestada en la imprecisión de los requerimientos, sin motivo, sin fundamentos, sin indicación del año de emisión de las licencias, sin expresar cuáles son los antecedentes concretos que se requieren y solicitan en cada uno de ellos, que podrían contener o referirse a datos sensibles de los pacientes, complejizando aún más la labor del requirente y robusteciendo la imposibilidad de dar respuesta a tan masivo e inverosímil requerimiento. A mayor abundamiento, existe arbitrariedad al exigir informar respecto de licencias médicas emitidas en una época respecto de las cuales la potestad sancionadora es intempestiva por la llegada del plazo que la ley habilita para su ejercicio. Finalmente, agrega que la solicitud de la recurrida vulnera también el principio de proporcionalidad, que puede extenderse a la cuantificación y carga de lo requerido al administrado, inexorablemente unido al plazo.

Indica que las acciones de la recurrida vulneran, en sus modalidades de privación y perturbación los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 3 inc. 5°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Más allá del perjuicio evidente a la integridad de su representado, se está arriesgando la salud de sus pacientes; la profesión de su representado exige que atienda, identifique enfermedades y entregue un adecuado tratamiento para sus afecciones. Dentro de las acciones de tratamiento, conocido es que muchos pacientes requieran de reposo laboral para así evitar un agravamiento de sus patologías. La sanción impuesta afecta el derecho a desempeñar su actividad profesional y emitir las licencias médicas que correspondan, afectando también el derecho a su integridad psíquica, precisamente por el temor justificado a ser sancionado, por la imposibilidad material de informar tal requerimiento.

Añade que al verse expuesto a estas gravosas sanciones, que afectan su patrimonio –por las multas asociadas y pérdida de capacidad de trabajo– y la facultad de emitir licencias médicas, es evidente que se encuentra en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales no hostigados con solicitudes de información que apenas se pueden cumplir o al menos a quienes se les notifica de los requerimientos de información sobre licencias médicas cuestionadas.

Señala que la falta de cumplimiento por la administración, en la especie, pone al COMPIN de la Región de Coquimbo en la irracionalidad de una decisión sancionadora. Siendo estos deberes formales, el núcleo esencial del límite a la arbitrariedad estatal, su omisión pone al órgano en la hipótesis de constituirse como comisión especial para juzgar.

La libertad de trabajo de su representado también se ve gravemente perjudicada, porque se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes quienes no podrán acceder a ser tratados (en toda la extensión del acto médico) o deberán ser derivados con otros profesionales, atendida la imposibilidad coyuntural del médico Sr. nombre reservado de entregar un tratamiento íntegro, certero y adecuado.

Asimismo, existe una perturbación inmediata del patrimonio del actor, al estar en curso una multa de 10 UTM que ya se adeuda, y que crecerá en intereses mientras se sustenta este requerimiento constitucional.

Ahora bien, amparado en la protección constitucional del derecho de propiedad en sus diversas especies, sin hacer distinción entre cosa corporal o incorporal, el derecho como profesional de la medicina para emitir licencia médica puede perfectamente ser considerado parte de su patrimonio y le ha sido derechamente privado. También, se afecta su patrimonio, pues claramente frente a la materialización de esta sanción de suspensión, afectará su relación con sus pacientes, quienes deberán recurrir por sus patologías a otros profesionales.

Por estas consideraciones solicita se ordene que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión y compra de talonarios de licencias médicas decretada, notificada mediante correo electrónico de fecha 12 de octubre de 2023, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya al profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas, además, que en el futuro la recurrida se limite al requerimiento de información de licencias médicas en un plazo y cantidad razonables y proporcionales, dentro de los plazos de ejercicio de la potestad administrativa sancionatoria, sin perjuicio de las medidas que se estimen convenientes para restablecer el imperio de los derechos conculcados, con costas.

Acompaña al recurso: 1. Fiscalización de Licencias Médicas 230441218 dirigida a nombre reservado. 2. Ordinario Nro. 230441218 solicitando remisión de antecedentes e informes complementarios de 29 de septiembre de 2023. De nombre reservado a nombre reservado. 3. Carta de fecha 2 de octubre de 2023 de don nombre reservado a Fiscalizadores del COMPIN solicitando más plazo. 4. Correo electrónico de 6 de octubre de 2023 de don nombre reservado a COMPIN. 5. Resolución Exenta Nro. 230441218 dirigida a nombre reservado. 6. Copia correo electrónico de 16 de octubre de 2023 de Fiscalización COMPIN a nombre reservado. 7. Copia de formulario de ingreso código 830811. 8. Respuesta consulta web de SUSESO a nombre reservado de fecha 19 de octubre de 2023.

SEGUNDO: Que, a folio 6, evacúa informe doña Beatriz Muñoz Jara, abogada en representación de la COMPIN Región de Coquimbo.

Expone, en primer lugar, el plan de fiscalización a altos emisores de licencias médicas, entregando los parámetros según los cuales tanto la COMPIN, como las Superintendencia de Seguridad Social y FONASA han definido para determinar tal calidad, destacando que el fundamento de dicho plan tiene relación con el alto gasto en el sistema de salud en el pago de licencias médicas, teniendo, por tanto, una finalidad de resguardar la correcta focalización de fondos públicos. Indica, respecto del recurrente, que en su caso se trata de un especialista que, en el último año móvil, previo a la fiscalización emitió 1.315 licencias médicas.

Recalca que, el Plan de Fiscalización a Altos Emisores de Licencias Médicas no se sustenta en la existencia de un límite de licencias médicas por prestador, por el contrario, el Plan se ha ideado y ejecutado bajo el amparo de la normativa, para una adecuada protección de la salud de los cotizantes y beneficiarios de FONASA y su conveniencia social se cimienta en la necesidad de llevar a cabo el control técnico de las licencias médicas ante el gasto asociado por el pago de aquellas que no se ajustan a derecho.

Lo precedentemente expuesto justifica que la autoridad administrativa instruya un proceso administrativo de fiscalización y requiera la colaboración del recurrente mediante la remisión de los antecedentes o informes complementarios que respalden las licencias médicas por él expedidas y fiscalizadas, estimando, en tal sentido, procedente tanto la solicitud de fichas clínicas la boleta o comprobante de pago por servicios médicos prestados.

Afirma, en relación a las fichas clínicas, que la COMPIN se encuentra facultada para solicitarlas, conforme al Decreto Ley N°1 de 2005, artículo 2° de la Ley N°20.585, artículo 34 del Reglamento del Ministerio de Salud y artículo 21 del Decreto Supremo N°3 de 1984, del Ministerio de Salud.

Asimismo, sostiene que el plazo razonable dado por la ley y utilizado por la COMPIN en el proceso de fiscalización, se encuentra expresamente regulado el artículo 2 de la ley N°20.585, lo cual ha sido respaldado por la Excelentísima Corte Suprema, en fallo el cual cita.

Finalmente, alega que la regla de los seis meses de los artículos 94 y 97 del Código Penal no resulta aplicable en la especie, desde que la sanción contemplada en el artículo 2° de la Ley 20.585 se vincula con la inasistencia injustificada y repetida a citaciones, o negativa a entrega o no remisión de antecedentes en el plazo de siete días, y no con las circunstancias en que se emitieron las licencias médicas consultadas, no existiendo prescripción de plazo alguno en la especie.

Solicita, por tanto, el rechazo del recurso.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, por el presente recurso se cuestiona la Resolución Exenta N°23044121802, de la COMPIN Región de Coquimbo, que aplica al recurrente una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días, a contar del 19 de octubre de 2023, por no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por las licencias médicas detalladas en la resolución.

SEXTO: Que, según lo dispone el artículo 2 de la Ley N° 20.585 sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas las “Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez podrán solicitar a los profesionales que por ley emitan licencias médicas que se encuentren sometidas a su conocimiento, la entrega o remisión de los antecedentes o informes complementarios que las respalden y, en casos excepcionales y por razones fundadas, los citará a una entrevista para aclarar aspectos de su otorgamiento. Dichos requerimientos se realizarán por carta certificada o medios electrónicos, bajo apercibimiento de aplicar las multas y suspensiones señaladas en el siguiente inciso.”

A su vez el inciso segundo de la referida disposición señala que “La inasistencia injustificada y repetida a las citaciones, como también la negativa reiterada a la entrega o la no remisión de los antecedentes solicitados, en los plazos fijados al efecto, los que no podrán exceder de siete días corridos, habilitarán a la Comisión para que, mediante resolución fundada, sancione al profesional con multas a beneficio fiscal de hasta 10 unidades tributarias mensuales. Además, en casos calificados, podrá suspenderse tanto la venta de formularios de licencias médicas, como la facultad para emitirlas, hasta por 15 días. Dicha suspensión podrá renovarse mientras persista la conducta del profesional. Las notificaciones de las resoluciones que apliquen las referidas sanciones se realizarán mediante carta certificada, entendiéndose practicadas a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos que corresponda. A este procedimiento se aplicarán supletoriamente las normas de la ley N°19.880.”

Enseguida el inciso tercero de la misma norma señala que “Una vez que el profesional proporcione los antecedentes requeridos o acuda a la citación, la Comisión, de oficio o a petición de parte, dictará una resolución que ponga término a la suspensión indicada. Asimismo, en caso que el reclamo señalado en el inciso tercero sea resuelto a favor del profesional, se dejarán sin efecto las multas cursadas y cesará la suspensión aplicada.”

SÉPTIMO: Que dicho precepto determina la carga para los profesionales que deben emitir los informes, siendo aplicable la supletoriedad de la Ley 19.880, normativa ésta que a su vez, dispone en el artículo 17 que entre los derechos de los administrados, se encuentra, según señala el literal e) “Ser tratados con respeto y deferencia por las autoridades y funcionarios, que habrán de facilitarles el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Los actos de instrucción que requieran la intervención de los interesados habrán de practicarse en la forma que resulte más cómoda para ellos y sea compatible, en la medida de lo posible, con sus obligaciones laborales o profesionales”.

OCTAVO : Que en la situación sublite, el contraste entre el número de informes requeridos, - cien informes -y el plazo para cumplir con la carga demuestran una lógica dificultad para cumplirla en el término referido, atendidos los límites de la referida norma contenida en la Ley N°19.880 transcrita en el considerando que precede, y por lo tanto, efectivamente, aparece razonable inferir que ello constituye una amenaza tangible para la integridad psíquica de la parte sobre quien pesa tal obligación, desde que resulta atendible en un orden lógico del entendimiento de las cosas, que por breve que pudieran ser los referidos informes, ello no dejaría tiempo para otras naturales y ordinarias actividades de la parte recurrente.

NOVENO: Que, conforme a lo expuesto, el volumen de informes a emitir, aconsejaba una mayor prudencia en la definición del término dentro del cual debía satisfacerse la petición del ente fiscalizador, el que en la especie no ha tenido en cuenta los ya anotados derechos del administrado consagrados expresamente por el legislador, lo que define que aun cuando dentro de la legalidad vigente, el actuar de la recurrida se torna en arbitrario, al alterar del modo que se ha venido diciendo, los aspectos de comodidad y compatibilidad que establece el legislador de la Ley N°19.880, lo que viene dado por el grueso volumen de antecedentes requeridos dentro del plazo exiguo que contempla la ley. Así, el alto volumen de antecedentes requeridos torna en arbitraria la actuación de la recurrida.

DÉCIMO: Que, asimismo, se observa que en el requerimiento de información solicitado excede aquello que lo habilita la normativa fundante, en cuanto exige que se acompañe la ficha clínica de cada paciente, además de la copia del bono o boleta de la atención médica correspondiente.

Respecto de las fichas clínicas solicitadas, se debe tener presente lo que al respecto señalan los artículos 12 y 13 de la Ley N°20.584 que regula los derechos y deberes que tienen las personas con relación a las acciones vinculadas a su atención en salud, disponiendo el artículo 13 precitado que “Los terceros que no estén directamente relacionados con la atención de salud de la persona no tendrán acceso a la información contenida en la respectiva ficha clínica. Ello incluye al personal de salud y administrativo del mismo prestador, no vinculado a la atención de la persona, independiente de la modalidad de atención prestada”. En consecuencia el requerimiento de la ficha clínica del paciente, sin que medie el consentimiento de su titular, y no encontrándose el COMPIN dentro de aquellos organismos respecto de los cuales se faculta su otorgamiento, aparece como excedido de aquello que permite el artículo 2 de la Ley N°20.585, misma situación en la que se encuentra los bonos o boleta de atención médica.

UNDÉCIMO: Que ahora bien, las conductas descritas precedentemente llevaron a la recurrida a inhabilitar al médico para la emisión de licencias médicas por 15 días desde el 19 de octubre de 2023, imponiendo dicha sanción sin cumplir con la normativa atinente al caso, puesto que junto a las arbitrariedades antes anotadas, la resolución fundada que permite imponer la sanción pecuniaria no contempla la argumentación necesaria y en el segundo porque no se explica la calidad de “caso calificado” que amerite la suspensión, más aún cuando el administrado solicitó una ampliación de ese plazo para recabar la información, cumpliendo lo peticionado por la autoridad en un número de licencias inferior al requerido.

DUODÉCIMO: Que las actuaciones de la constituyen un atentado a la garantía que se dice infringida, prevista por el número 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, pues lo margina del ejercicio de una atribución inherente a su condición profesional sobre la base de parámetros inválidos, no pudiendo prestar atención médica en los casos que es preciso la concesión del reposo laboral, circunstancia que merma sus ingresos en uno de los ámbitos que son de su competencia, por lo que se hace procedente acoger el recurso y disponer una cautela coherente con lo aquí razonado, como se decidirá.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve, que SE ACOGE, con costas, el recurso de protección interpuesto en favor de don nombre reservado, en contra de la COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ, REGIÓN DE COQUIMBO únicamente en cuanto la recurrida deberá otorgar a la recurrente, un plazo razonable no inferior a 20 días hábiles según la Ley N°19.880 a contar de que este fallo se encuentre ejecutoriado, para emitir los informes solicitados, excluyendo de éstos las fichas médicas de los paciente y los bonos de atención médica, dejándose sin efecto todas aquellas Resoluciones que impusieron sanciones pecuniarias o inhabilitaciones para la emisión de licencias médicas al recurrente con anterioridad a la dictación de esta decisión.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°2243-2023 Protección.-