nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

nombre reservado

Superintendencia de Seguridad Social Recurso de Protección Rol N° 2231-2023.- La Serena, treinta de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha treinta de octubre de dos mil veintitrés comparece don nombre reservado, RUN RUT reservado, por si, interponiendo recurso de protección en contra de la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL (SUSESO).

Expone que con fecha 5 de octubre del año en curso la recurrida mediante resolución exenta N° R-01-UNRA-132402-2023 rechazó la reclamación deducida ratificado lo obrado por la COMPIN, que a su vez rechazó las licencias médicas Folios 3-91093995 y 3-91093998, extendidas por un total de 22 días a partir del 5 de septiembre.

Afirma que dicho acto carece de fundamentación en tanto se limitó a señalar que consideró injustificado el reposo prescrito por cuanto no se acreditó incapacidad laboral temporal durante las licencias reclamadas, sin explicar el sustento fáctico o técnico, dejándolo en la indefensión al no existir argumentos que rebatir, sin realizar actividad tendiente a establecer las causas de sus licencias ni citándolo a algún examen personal.

Sostiene que, al no encontrarse debidamente fundada, la resolución de la recurrida infringe lo dispuesto en la Ley 19.880, lo que la torna en ilegal y, por la misma razón, también en arbitraria.

Estima como vulneradas las garantías establecidas en los numerales 1, 3 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Solicita que, acogiéndose el recurso y declarando ilegal y arbitraria la resolución impugnada, se ordene a la recurrida decretar el pago de los subsidios correspondientes a las licencias médicas Folios 3-91093995 y 3-91093998, o bien adopte las medidas que estime pertinentes para reestablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuó informe ROBERTO BARRAZA SAAVEDRA, Abogado, en representación de la recurrida la SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL.

Solicita, en primer lugar, se declare la improcedencia de la presente acción de protección por cuanto la materia sobre la que realmente versa dice relación con un derecho perteneciente al sistema de seguridad social, establecido en el numeral 18 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, que no está amparado por la acción cautelar que motiva estos autos.

En subsidio, evacúa informe sobre el fondo, solicitando el rechazo de la acción.

Señala que consta en el expediente administrativo que acompaña, que el Sr. nombre reservado recurrió ante la Superintendencia, mediante presentación de fecha 28 de septiembre de 2023, reclamando por cuanto la COMPIN REGIÓN DE COQUIMBO, confirmó el rechazo de las licencias médicas N°s 91093995-5, 91093998-K, extendidas por un total de 22 días a contar del 05 de septiembre de 2023, por reposo no justificado.

En razón de lo señalado, su representada estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas referidas no se encontraba justificado. Esta conclusión se basó en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal durante las licencias médicas reclamadas, señalando además que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por especialista que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan terapéutico implementado y respuesta y/o ajustes, fecha probable de alta y/o informe de recuperabilidad; copia de carnet de psicoterapias realizadas y/o informe emitido por psicólogo(a) tratante, que permitan a profesionales médicos del Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de autorizar las licencias médicas reclamadas, dictamen y fundamentos contenidos en Resolución Exenta N° R-01-UNRA-132402-2023, de fecha 05 de octubre de 2023.

Luego de hacer referencia a lo informado por facultativos de la Contraloría Médica COMPIN, refiere el marco jurídico aplicable en torno al derecho a la licencia médica y las facultades de la recurrida en la materia, y agrega que los profesionales médicos de la Superintendencia analizaron los elementos del caso en concreto, concluyendo que estos por si solos son más que suficientes para formarse una convicción médica, sin ser indispensable para su decisión la solicitud nuevos informes médicos, destacando además lo dispuesto en el Decreto Supremo N°7 de 2013, del Ministerio de Salud, en cuanto regula de manera especial el reposo respecto de las patologías mentales.

Sostiene que, la pretensión del recurrente, en orden a que se le autoricen las licencias médicas y se le pague el subsidio por incapacidad laboral, fuera de no tener fundamento legal de acuerdo con los antecedentes y preceptos legales que se han expuesto, ciertamente, desborda claramente los límites de aplicación de la Acción de Protección, la que fue pensada por el constituyente como una herramienta de protección de derechos indubitados, preexistentes, tal como se colige claramente de la expresión utilizada por el mismo, al disponer en el artículo 20 que ésta es procedente cuando una persona, por un acto ilegal o arbitrario “… sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías establecidos en el artículo 19…”. En el caso del recurrente claramente su derecho a licencia médica y consecuentemente al subsidio por incapacidad laboral, no reúnen la condición de un derecho preexistente, indubitado, cuyo ejercicio resulte legítimo, por el contrario, tras las sucesivas revisiones de la COMPIN y de la Superintendencia, se llegó a la conclusión que no era procedente la autorización de sus licencias médicas.

Alega que, no existe acto ilegal o arbitrario de parte de la Superintendencia de Seguridad Social, pues se limitó a resolver la situación del Sr. nombre reservado, dentro del ámbito de su competencia, y tampoco ha existido, en la especie, vulneración o amenaza al derecho a la vida e integridad física y psíquica, ni menos se ha infringido o vulnerado el derecho de propiedad de la recurrente, reconocidos a todas las personas en el artículo 19 N°s 1 y 24 de la Constitución Política de la República, como tampoco ningún otro derecho garantizado por la referida Carta Fundamental.

Por estas consideraciones solicita sea desestimada la acción en todas sus partes con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación de improcedencia de la acción en materias de seguridad social, fundada en que el artículo 20 de la Carta Fundamental no establece dentro del catálogo taxativo de garantías constitucionales protegidas aquella prevista por el numeral 18 del artículo 19 de la Carta Magna, cabe señalar que si bien es efectivo lo sostenido por la recurrida, no es menos cierto que ello sólo implica que por este acápite no podrá, si correspondiere, ser acogido el presente recurso.

SEXTO: Que, es relevante tener presente que este recurso se erige en contra de la Resolución Exenta N° R-01-UNRA-132402-2023, de fecha 5 de octubre de 2023, dictada por la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de la cual mantiene lo dictaminado por la COMPIN en relación a las Licencias Médicas N°s 91093995-5, 91093998-K, extendidas por un total de 22 días a contar del 05 de septiembre de 2023.

En torno al argumento vertido por la SUSESO, organismo recurrido, al mantener la decisión de rechazar las licencias médicas referidas previamente, aquel gira en torno a la siguiente idea: Que, esta Superintendencia estudió los antecedentes y con su mérito concluyó que el reposo prescrito por las licencias médicas N°s 91093995-5, 91093998-K, no se encontraba justificado. Esta conclusión se basa en que los informes médicos aportados no permiten establecer incapacidad laboral temporal durante las licencias médicas reclamadas.

Que, resulta relevante además señalar que la parte reclamante no aporta informe amplio y fundado emitido por especialista que indique evolución cronológica del cuadro clínico y compromiso funcional que le ocasiona la patología, plan terapéutico implementado y respuesta y/o ajustes, fecha probable de alta y/o informe de recuperabilidad; copia de carnet de psicoterapias realizadas y/o informe emitido por psicólogo(a) tratante, que permitan a profesionales médicos de este Organismo Fiscalizador formarse convicción respecto de la pertinencia de autorizar las licencias médicas reclamadas.” (sic).

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes expuestos, no cabe duda que la argumentación otorgada por la recurrida devela la obligación que pesaría sobre el paciente de demostrar él la viabilidad de su reposo temporal.

Sin embargo, esta Corte no puede dejar pasar aquella argumentación que, sin duda, pone de cargo del recurrente, afectado por una patología de salud mental, de buscar uno y otro profesional del área, que sea de confianza de la recurrida y, pagando sus servicios, obtenga un informe que ratifique el diagnóstico otorgado por su médico tratante.

Para el análisis de las licencias, digamos que el Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud sostiene que “Para los efectos de este reglamento, se entiende por licencia médica el derecho que tiene el trabajador de ausentarse o reducir su jornada de trabajo, durante un determinado lapso de tiempo, en cumplimiento de una indicación profesional certificada por un médico-cirujano, cirujano-dentista o matrona, en adelante "el o los profesionales", según corresponda, reconocida por su empleador en su caso, y autorizada por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez, en adelante "Compin", de la Secretaría Regional Ministerial de Salud, en adelante "Seremi", que corresponda o Institución de Salud Previsional según corresponda, durante cuya vigencia podrá gozar de subsidio de incapacidad laboral con cargo a la entidad de previsión, institución o fondo especial respectivo, o de la remuneración regular de su trabajo o de ambas en proporción que corresponda.” (Artículo 1).

Luego, el artículo 16 del citado cuerpo normativo regula que “La Compin, la Unidad de Licencias Médicas o la Isapre, en su caso, podrán rechazar o aprobar las licencias médicas; reducir o ampliar el período de reposo solicitado o cambiarlo de total a parcial y viceversa. En todos estos casos se dejará constancia de la resolución o pronunciamiento respectivo, con los fundamentos tenidos a la vista para adoptar la medida, en el formulario digital o de papel de la respectiva licencia.”

Luego, agrega que “Sin perjuicio de lo anterior la Compin, podrá requerir todos los demás antecedentes y exámenes que el Ministerio de Salud ordene solicitar, respecto de aquellas patologías específicas que éste señale, para que la licencia pueda ser visada por períodos superiores a los que esa Secretaría de Estado determine.”

Por su parte, el artículo 24 del mismo texto sostiene, en lo pertinente que, en el caso de que “…sea necesario un nuevo examen del trabajador o solicitar informes o exámenes complementarios para pronunciarse sobre la misma, el plazo se prorrogará por el lapso necesario para el cumplimiento de esas diligencias, el que no podrá exceder de 60 días, decisión que deberá ser comunicada al trabajador y al empleador.”

De todo lo anterior fluye con prístina claridad que el organismo a cargo de pronunciarse sobre las licencias médicas otorgadas al trabajador es quien debe asumir un rol activo en torno al análisis de la viabilidad de las mismas, sin poner de cargo del paciente, afectado por una enfermedad, que sea él quien procure la obtención de antecedentes que avalen el diagnóstico del médico tratante de éste, siendo improcedente, a juicio de estos sentenciadores, esgrimir como argumentos de rechazo la falta de antecedentes aportados por el propio paciente.

Por otro lado, el artículo 11 de la Ley N°19.880, sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, consagra el principio de imparcialidad que rige los procedimientos administrativos, prescribiendo que “la Administración debe actuar con objetividad y respetar el principio de probidad consagrado en la legislación, tanto en la substanciación del procedimiento como en las decisiones que adopte”, para lo cual ordena que los “hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio”, norma que es complementada por los artículos 40 inciso final y 41 inciso cuarto de la misma ley, los que disponen que una decisión de este tipo, debe ser fundada.

Así, la justificación racional y legal del acto administrativo es una condición de validez del mismo. En consecuencia, el órgano del Estado actuante debe fundamentar suficientemente su decisión, tanto en lo fáctico como en lo jurídico, explicando al administrado el porqué del acto, su sustento material y juridicidad.

OCTAVO: Que, con lo dicho, emana que la argumentación otorgada al paciente por la recurrida escapa a los márgenes de sus facultades y al expreso mandato legal, dejando al paciente en una situación compleja, en que debe ser éste quien procure nuevos exámenes, siendo aquello una obligación que la propia ley pone de cargo del organismo que analiza su contenido, razón suficiente para entender que, aunque aparezca, la fundamentación de rechazo de la licencia dada en este asunto, es carente de sustento fáctico, al no mediar antecedentes obtenidos por la propia institución y que echen por tierra las recomendaciones médicas que las precedieron, resultando insuficiente para estos efectos el informe evacuado por los profesionales de la recurrida, toda vez que el mismo, de acuerdo a su propio tenor, solo se basa en un análisis de la documentación medica acompañada por el actor en sede administrativa, sin haber entrevistado ni evaluado directa y personalmente a la afectada.

NOVENO: Que, este actuar de la recurrida atenta evidentemente con las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 numerales 1 y 24; la primera, pues dificulta su vida e integridad física; la segunda porque, al no contar con el subsidio de incapacidad laboral, afecta el patrimonio del recurrente, desde que el trabajador, que padece una patología, no cuenta con el dinero proveniente de este ítem, afectando aún más su debilitada salud mental, motivos por los cuales se acogerá el recurso, en los términos que se indicarán en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se resuelve:

I.- Que SE RECHAZA la alegación de improcedencia de la acción.

II.- Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, sólo en cuanto se dispone que la recurrida ordenará que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez del domicilio del recurrente deberá realizar a éste un examen necesario para determinar la existencia y eventuales concurrencias de la incapacidad laboral temporal que originó el reposo prescrito por las Licencias Médicas N°s 91093995-5, 91093998-K, extendidas por un total de 22 días a contar del 05 de septiembre de 2023, para luego determinar la procedencia de su autorización, a fin de que con dichos resultados proceda –o no- al pago de éstas, según corresponda y determine la autoridad competente, todo ello dentro de un plazo de treinta días corridos desde que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada.

Notifíquese, regístrese y archívese.

Rol N° 2231-2023 (Protección).-