nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE OVALLE

nombre reservado, nombre reservado

I. Municipalidad de Ovalle Recurso de Protección Rol N° 223-2020.- La Serena, dieciséis de junio de dos mil veinte.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ha comparecido don JUAN PABLO CORRAL GALLARDO, Abogado, CNI N° RUT reservado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de don nombre reservado, CNI N° RUT reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, e interpone recurso de protección en contra de la I. MUNICIPALIDAD DE OVALLE, persona jurídica de derecho público, Rut N° RUT reservado, representada legalmente por su Alcalde don CLAUDIO FERMÍN RENTERÍA LARRONDO, cédula nacional de identidad N° RUT reservado, ambos con domicilio en domicilio reservado, corporación que ha dictado el Decreto Alcaldicio N° 533, de fecha 13 de enero de 2020, que pone término anticipado al nombramiento de su representado en calidad de contrata profesional en la Unidad Técnico Pedagógica (Jefe UTP), el que considera un acto arbitrario e ilegal, que viola las garantías constitucionales del derecho a la igualdad ante la ley, previsto en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República y el derecho de propiedad, contemplado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Fundamental.

Fundando el recurso señala que su representado ha trabajado en calidad de contrata para I. Municipalidad de Ovalle, desempeñando el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP) de la Escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas, desde el 01 de agosto de 2016, tal como consta en decreto N° 8050, de fecha 16 de agosto de 2016 y decreto N° 9240, de fecha 11 de octubre de 2016, agregando que su empleador dispuso la renovación de forma sucesiva de su contrata por los años siguientes; para el año 2017 mediante decreto N° 6067, de fecha 24 de mayo de 2017, para el año 2018 mediante decreto N° 1592, de fecha 13 de marzo de 2018, decreto N° 2300, de fecha 14 de marzo de 2018, para el año 2019 decreto alcaldicio N° 3303, de fecha 29 de marzo de 2019, esperando legítimamente la renovación para el año 2020, de la misma manera como se realizó en los años anteriores.

Añade que su representado se desempeñó con eficiencia y dedicación desde el año 2016 como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica (UTP), habiéndose destacado su equipo de gestión a nivel comunal durante el período 2015 a la fecha, convirtiéndose en una escuela referente en convivencia y gestión escolar, todo ello sustentado en seminarios de buenas prácticas en el área, supervisiones de la Superintendencia de Educación y revisión por parte del Departamento Provincial de Educación, logrando excelentes resultados al promover las comunidades de aprendizajes entre redes pedagógicas con otros establecimientos educacionales, siendo impulsores de dicha medida, motivo por el cual su equipo obtuvo la asignación de desempeño colectivo, incentivo que promueve la mejora continua de las prácticas de gestión de los equipos directivos y técnico pedagógicos, para el mejoramiento de los aprendizajes de sus estudiantes.

Menciona que el equipo de gestión de su representado se presentó de manera voluntaria en dos oportunidades a evaluaciones (ADECO), siendo en ambos casos evaluados con la más alta categoría: "destacado", subiendo asimismo la categorización SIMCE de medio bajo a nivel medio, entre otros avances y resultados.

No obstante lo expuesto, dice, el día 13 de enero de 2020, la jefa de personal doña nombre reservado, le informó a su mandante verbalmente que estaba desvinculado del servicio, carta de no renovación que le fue entregada por escrito al día siguiente, la cual no otorga fundamentación o motivación alguna que señale por qué no podría seguir trabajando durante el período escolar 2020, más que el hecho de haber "terminado en sus funciones el director del establecimiento educacional haciendo innecesarios los servicios del profesional", sin hacer referencia alguna a algún ajuste de dotación, mal desempeño o problemas financieros.

Indica que le llama la atención el motivo dado por la recurrida, ya que el director cesó en sus funciones el 1° de septiembre del año 2019, continuando prestando sus servicios de forma continua y normal sin existir de parte del empleador mención alguna a una posible no renovación de su contrata, de forma tal que tal desvinculación pasa sólo por un criterio y capricho político que es ilegal y arbitrario porque se vulneran los derechos fundamentales de su mandante.

Precisa que aparece nítida la arbitrariedad y la ilegalidad dado que: a). Los cargos que son de confianza del director, solo pueden cesar por pérdida de confianza del director, no del sostenedor; b)

. El hecho que el director haya renunciado, ello no equivale a la pérdida de confianza del equipo directivo. Indica que una interpretación semejante haría equivalente que cualquier situación semejante del director repercuta en al menos otros dos trabajadores del establecimiento, dejándolo completamente acéfalo, como podría ocurrir en caso de un fallecimiento o de una larga licencia o suspensión de funciones por disponerse por ejemplo en un sumario.

Refiere que la situación de su representado, debe ser definida por el nuevo director y no por el sostenedor, de modo que no es lícito ni razonable para la recurrida invocar como único fundamento el hecho de que el director del establecimiento haya renunciado anticipadamente.

Señala que el otro antecedente entregado por la recurrida para poner término anticipado a la contrata es aludir a la vencimiento del plazo, pero, ello resulta completamente infundado, sostiene, al tenor del principio de la confianza legítima dado que su mandante ha obtenido la confianza legítima que su contratación sea renovada atendido a que ha permanecido en su cargo ya más de tres anualidades.

Sostuvo que la Contraloría en el Dictamen 31000N08, al informar al Tribunal Constitucional en el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad Rol N° 1133-2008 señala: ”No obstante ello, conviene tener presente que la jurisprudencia administrativa ha reconocido que el vínculo que une a los servidores públicos con la Administración y que se conoce como vínculo estatutario en su sentido amplio, supone la sujeción de los funcionarios, empleados o servidores públicos a un régimen de derecho público preestablecido, unilateral, objetivo e impersonal, fijado por el Estado, cualquiera sea el nombre específico que pudieran recibir los diversos cuerpos estatutarios que los rijan y sea cual fuere la naturaleza del servicio en que se desempeñen". Argumenta que esto significa que el vínculo se encuentra establecido con anterioridad al nombramiento del funcionario, que le es obligatorio respetarlo, y por ello el vínculo se inicia con un acto unilateral de la Administración, denominado nombramiento, y no con un acto bilateral como lo es el contrato, añadiendo que la contrata participa plenamente de la naturaleza jurídica del vínculo estatutario y de los efectos de aquél. Sin embargo, es necesario hacer algunas precisiones para resolver la cuestión planteada: La contrata participa de la misma finalidad que el cargo de planta. El artículo 2° de la mencionada norma señala que los cargos de planta y a contrata solo "podrán corresponder a funciones propias que deban realizar las instituciones" a que se refiere el artículo 10 del mismo Estatuto. Las funciones propias están en la ley orgánica de cada servicio y en el marco regulatorio de la Administración del Estado. El empleo a contrata, al igual que el cargo de planta, es un cargo público a través del cual se realiza la función administrativa, rigen todas las normas estatutarias correspondientes, como por ejemplo el Estatuto Administrativo que contempla obligaciones y derechos funcionarios, calificaciones, prohibiciones e incompatibilidades, responsabilidad administrativa y su extinción, cesación de funciones o la ley de bases del procedimiento administrativo N° 19.880.

Sostiene que además de las normas anteriormente señaladas, cabe hacerse cargo de otras normas que regulan a los funcionarios a contrata que emanan directamente de la administración del Estado, quienes en el ejercicio de las potestades encomendadas como Jefes Superiores de Servicios, norman estos regímenes contractuales y determinan la extensión o procedimientos para la desvinculación de funcionarios a contrata. Oficio circular No 35 dictado por el Ministro de Hacienda el 13 de noviembre de 2014, en relación al artículo 10° de la Ley N° 18.834, Estatuto Administrativo, dirigido a los "Señores Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes y Jefes Superiores de Servicios". (Esta norma fue ratificada en su vigencia por el Oficio Circular No 31 del 14 de diciembre de 2015 del Ministerio de Hacienda sobre seguimiento de implementación de las orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicio sobre proceso de renovación del personal a contrata. Agrega que la norma en comento establece como materia a regular, orientaciones generales a los Jefes Superiores de Servicios sobre procesos de renovación del personal a contrata, estableciendo una serie de orientaciones a fin de regular a los procesos de renovación del personal a contrata en los servicios públicos, dirigidas a lograr una gestión eficiente y de calidad en la prestación de servicios para los ciudadanos, así como también promover un ambiente laboral que favorezca estos procesos. Añade que en este sentido el Ministro de Hacienda señala las siguientes orientaciones: • Las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados y acreditables sobre la base de que concurran criterios objetivos, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes; • Los criterios para la eventual no renovación del personal a contrata deben basarse en fundamentos obtenidos en el proceso de evaluación de desempeño de los funcionarios, o en su defecto, en la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios en la respectiva Institución; • En caso de la no renovación de contratos, los Jefes Superiores de Servicio deberán expresar al funcionario o funcionaria en forma personal el motivo de su cese de funciones con al menos 30 días de anticipación, otorgando las facilidades respectivas para que puedan hacer uso de su feriado legal pendiente y procurando dar especial atención a los años de servicio, situaciones del funcionario en edad de jubilar o próximos a cumplirla, o con enfermedades graves, catastróficas y/o terminales.

Precisa que en el caso de marras y de conformidad al decreto alcaldicio N° 533, de fecha 13 de enero de 2020, se decretó el término de la contrata a contar de la misma fecha; • Finalmente, se debe mantener el proceso de reconsideración de las decisiones en aquellos casos en que existan nuevos antecedentes o circunstancias que no fueron ponderadas en su momento, y que ameriten una revisión de la decisión de no renovación, instancia en la que deberán participar las Asociaciones de Funcionarios formalmente constituidas, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19296 de 1994.

Indica que desde el punto de vista jurídico, un oficio constituye al igual que los reglamentos un tipo de norma y expresión del acto administrativo que emana de las autoridades superiores de la Administración Pública, cuya fuerza vinculante descansa en las facultades que tienen los jefes de servicio para ordenar la buena marcha y funcionamiento del servicio público, sobre las bases de los principios de eficiencia y eficacia en la actuación de los órganos públicos. Son órdenes generales o singulares que el superior jerárquico emite a sus funcionarios subalternos para el correcto cumplimiento de sus funciones, a fin de ajustar sus decisiones a los principios que rigen la gestión pública dentro del marco fijado por la ley. (Respecto a la fuerza vinculante de los Oficios dictados por la Administración del Estado, cita sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Valdivia Rol 423-2013 "Suarez y otra con Gobierno Regional de Los Ríos") Además, señala, se debe tener presente el dictamen 85.700 de la Contraloría General de la Republica que Imparte instrucciones y establece criterios complementarios para la aplicación de los dictámenes N°s. 22.766 y 23.518, ambos de 2016, en relación al personal a contrata, renovación, motivación acto administrativo, confianza legítima, actos administrativos, facultades, y consagra el principio de la confianza legítima de los servidores públicos a contrata que han visto renovadas sus vinculaciones durante más de un periodo.

Sostiene que existe ausencia de la debida motivación, conforme el artículo 11 y 41, inciso cuarto, de la Ley N° 19.880, agregando que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior; o la de poner término anticipado a ella, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta. Precisa que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas, agregando que podrá servir de fundamento para prescindir de los servicios del funcionario en ambos casos, o para designarlo a contrata por un lapso menor al año, o en un grado o estamento inferior, y en la medida que se encuentre suficientemente acreditado, entre otros, una deficiente evaluación del servidor, ya sea la calificación regular y periódica u otra evaluación particular, la modificación de las funciones del órgano y/o su reestructuración, que hagan innecesarios los servicios del empleado o requieran que este desarrolle funciones diversas a las desempeñadas, o por un lapso inferior al año calendario, la supresión o modificación de planes, programas o similares, o una alteración de su prioridad, que determinen que las labores del funcionario ya no sean necesarias o dejen de serlo antes de completarse el año siguiente, nuevas condiciones presupuestarias o de dotación del servicio que obliguen a reducir personal, reducción de la dotación docente o de la dotación del sector de atención primaria de salud, conforme a lo prescrito en las leyes Nos 19.070 y 19.378, respectivamente.

Sostuvo que el dictamen N° 48.251 de 2010, resolvió que la aplicación de la cláusula "mientras sean necesarios sus servicios" puede estar referida a las aptitudes personales del empleado, las cuales ya no son requeridas por el servicio, sin que ello implique necesariamente que el organismo dejará de desarrollar las tareas que aquél se le encargaban, las cuales pueden continuar siendo cumplidas por otro funcionario, añadiendo que en este caso deberán expresarse las razones por las cuales los servicios del afectado dejaron de ser necesarios para el organismo.

Refiere que la facultad de prorrogar una contrata debe ser ejercida con al menos treinta días de anticipación al vencimiento del plazo de esa designación, lo que de conformidad con el nuevo criterio contenido en el dictamen N° 22.766 de 2016, se traduce también en un límite temporal para que el jefe de servicio determine la no renovación del vínculo a través de la dictación del respectivo acto administrativo en aquellos casos en que se haya generado la confianza legítima de la renovación del vínculo, o resuelva renovarlo por lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior.

Plantea que cuando se haya generado en el funcionario la confianza legítima de que será prorrogada o renovada su designación a contrata, el acto administrativo que materialice alguna de las decisiones referidas en el párrafo precedente deberá dictarse a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año y notificarse conteniendo su texto íntegro y a más tardar, en los cinco días siguientes a aquél en que ha quedado totalmente tramitado el acto administrativo.

Alega que en caso que no se encuentren debidamente fundada la decisión de no renovación de la contrata y el afectado reclamé oportunamente, corresponde entender que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos a la existente al 29 de febrero de 2020, y por todo el período siguiente. (Dictamen 85700 CGR.)

Sostiene que según el artículo 89 de la Ley 18.834 todo funcionario tiene derecho a gozar de estabilidad en el empleo, prerrogativa de la que en parte alguna se exime a los que detentan la denominada condición "a contrata", añadiendo que esto significa que mientras transcurre el contrato, no puede ponérsele término sino en la forma que el propio Estatuto Administrativo contempla, indicando que el trabajo es una institución amparada por la comunidad jurídica universal en documentos tales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, añadiendo que cualquiera sea la modalidad que asuma la función pública en un Poder del Estado, le son plenamente aplicables principios que indiscutidamente lo informan, como el de la estabilidad, que el derecho chileno explicita y conforme al cual se regula su término y limita el ámbito de la voluntad unilateral para extinguirlo, señalando que es un verdadero axioma del derecho laboral, que si una relación supera el año o se renueva reiteradamente, se transforma en indefinida y que no existe razón legítima para desconocerlo a los empleados del Estado, habida cuenta los mayores deberes que en este orden de materias el derecho internacional y el interno de rango superior imponen a ése. Precisa que el artículo 10 de la Ley 18.834 dispone que los empleos a contrata durarán como máximo hasta el 31 de diciembre de cada año y que quienes los sirvan expirarán en sus funciones en esa oportunidad, sólo por el ministerio de la ley, pero esta prescripción debe ser asumida en su contexto. Explica que de acuerdo con el Artículo 146 de la misma legislación, son causales de cesación en el cargo, la destitución (letra d) o el término del período legal por el cual se ha sido designado (f). La destitución -primera hipótesis- es la más extrema de las sanciones disciplinarias, según expresa el artículo 121 letra d) de la ley en referencia; como en todo castigo de su clase, su fundamento debe ser acreditado mediante una investigación sumaria o sumario administrativo, cual lo exige perentoriamente el inciso segundo del artículo 119, decisión que debe ser adoptada por la autoridad facultada para contratar, procedencia de una eventual destitución queda supeditada a esa causalidad: responsabilidad funcionaria debidamente sumariada. La expiración del tiempo de designación, para el periodo que media entre la contratación y el 31 de diciembre del año calendario en que aquella tiene lugar, empero no para el siguiente.

Señala que en virtud del principio que recoge el artículo 11 de la Ley N° 19.880, tampoco calificará de razonada una decisión que identifique la terminología legal "como máximo", con el mero arbitrio del empleador, si se considera que ningún mérito existe ni puede existir para considerar que el discurso legislativo "como máximo... hasta el 31 de diciembre de cada año" pueda significar ni equivaler a otro que rece "hasta la mera voluntad del contratante". Señala que la ilicitud de aceptar la creación de empleos con abierta transgresión al artículo 65 N° 2° de la ley primera, que encomienda esa labor a la iniciativa de ley del Presidente de la República. En ese predicamento lo ilícito evidentemente no sería la actitud de respetar la estabilidad funcionaria, sino la de haber procedido a efectuar nombramientos apartándose del mandato superior, agregando que no necesita probarse lo que se impone por la fuerza de la realidad y que no resulta osado afirmar que un gran porcentaje de los miembros de la administración sirven bajo el régimen de contratas, por años como es este caso.

Precisa que los argumentos esgrimidos por la recurrida para resolver el término anticipado de la relación contractual con la administración del Estado, la comunicación entregada goza de importantes falencias, tales como la ausencia y vaguedad en antecedentes aportados, falta de veracidad en circunstancias esgrimidas, entre otros, situación que en conjunto lleva a concluir la absoluta falta de fundamentación suficiente para solventar la gravosa decisión señalada en lo resolutivo, además de la flagrante vulneración a la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República, como también los recientes pronunciamientos de esta Ilustrísima Corte de Apelaciones como también de la Corte Suprema Corte de Justicia, añadiendo que el decreto alcaldicio materia de esta impugnación no da cuenta de argumentos razonables ni verificables a través de los antecedentes expuestos en el acto administrativo, sino se remite a señalar motivaciones de carácter general, que no se condicen con los graves efectos que el mismo acarrea a su representado, precisando que el decreto establece como motivo de la no renovación de la contrata la cesación de funciones del Director y que por ello serían innecesarios los servicios del profesional. Sin embargo, dice, en la realidad su mandante continuó prestando servicios con total normalidad y eficacia después de la desvinculación del Director ocurrida el 1° de septiembre de 2019, cuestión que no se condice con lo expuesto por la recurrida en el acto materia de impugnación. Sostiene que se omite que la posible desvinculación de su representado debe ser definida por el nuevo director que se designe, ya que resulta anómalo que el municipio pretenda dejar completamente acéfalo al establecimiento, esto es, sin todo su cuerpo su directivo por solo haber renunciado el director, ello no aparece razonable ni respaldado por ninguna disposición legal, añadiendo que el decreto alcaldicio no da cuenta de ninguna otra situación que permita hacer justificable la simple no renovación de la contrata, la que se venía renovando por más de tres años.

Respecto a que no serían necesarios sus servicios, refiere que de acuerdo con lo dispuesto en el Dictamen N° 23.518, de 2016 del organismo contralor, se dispone que "el término anticipado de una designación a contrata dispuesta con la fórmula "mientras sea necesarios sus servicios", debe materializarse por un acto administrativo fundado, correspondiendo que la autoridad que lo dicta exprese los motivos que justifican su emisión, los razonamientos y los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme a los cuales ha adoptado su decisión, sin que sea suficiente la simple referencia formal, de manera que su sola lectura permita conocer cuál fue el raciocinio para la adopción de su decisión. Agrega que el Dictamen 1320, de 2017, en la parte que interesa señala que: "Luego, y en lo que atañe a la legalidad de la fundamentación invocada cumple con hacer presente que hasta antes de la emisión del dictamen N° 23.518, de 29 de marzo de 2016, de este origen, la jurisprudencia vigente contenida, por ejemplo, en los dictámenes Nos 97.831 y 93.988, de 2015, señalaba que si una designación a contrata contemplaba la cláusula mientras sean necesarios sus servicios, la autoridad tenía la facultad de finalizarla en cualquier época precedente a su vencimiento, sin que para ello fuera menester una particular argumentación, de modo que aquella razón constituía, en sí misma, fundamento suficiente para terminar la relación estatutaria de un funcionario. Lo anterior cambió con el nuevo criterio contenido en el citado dictamen N° 23.518, que exige que el cese anticipado de una contrata sea fundado, debiendo la autoridad emitir un acto administrativo en que se detallen los antecedentes de hecho y de derecho en que se sustenta". Señala que el Dictamen 43.302 de 2017, indica que "Al respecto, es pertinente anotar que la actual jurisprudencia administrativa acerca de esta materia, contenida en el dictamen N° 23.518, de 2016, de esta procedencia, ha concluido que cuando una contrata o su prórroga ha sido dispuesta con la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", la autoridad puede ponerle término en el momento que estime conveniente, siempre que lo materialice a través de un acto administrativo fundado. En efecto, dicho pronunciamiento exige que la superioridad emita un acto administrativo en que se detallen los antecedentes de hecho y de derecho que le sirven de sustento y conforme con los cuales ha adoptado su decisión, de modo que, de su sola lectura se pueda conocer cuál fue el raciocinio para ello; sin que la mera referencia formal de los motivos en base a los cuales se adoptó la determinación de que se trate, ni la alusión a expresiones como "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas, sean suficiente para satisfacer tal condición".

Finalmente, señala que las argumentaciones expuestas en los párrafos precedentes se encuentran en total sintonía con lo dispuesto en el Párrafo VIII del Oficio N° 6400, de 2 de marzo de 2018 de ese órgano contralor, cuyo cumplimiento es obligatorio de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 1° y 6° de la ley 10.336, por medio del cual se actualizan las instrucciones y criterios complementarios fijados en el Dictamen N° 85.700, de 2016, señalando expresamente, en la parte que interesa que "Según lo han manifestado los Dictámenes N° 1320 y 43.302, ambos de 2017, si el acto administrativo que dispone el término anticipado de una contrata carece de la debida fundamentación de acuerdo a lo expuesto en el presente instructivo y, habiendo reclamado oportunamente, la presentación del funcionario afectado es acogida, corresponderá que la autoridad deje sin efecto el acto irregular". Agrega el párrafo siguiente que "Adicionalmente, en el evento que el servidor hubiere sido separado de sus labores, la repartición de que se trate deberá reincorporarlo debiendo pagarle las remuneraciones correspondientes al tiempo durante el cual permaneció alejado de sus funciones ya que el impedimento provino de una situación de fuerza mayor". Sostuvo que en la especie debe considerarse que no ha existido ninguna reestructuración en el servicio que haga prescindibles los servicios de mi representado, al contrario ante la ausencia del director ellos se hacen mucho más necesarios .

Entiende que el decreto y la desvinculación impugnada, decisión de no renovar del día 13 de enero de 2020, es un acto ilegal y arbitrario, toda vez que termina, en forma intempestiva e incumpliendo la antelación que dispone la ley, a la contrata, sin fundamentos, o al menos sin una relación de hechos atribuibles a su mandante, sino que dando fundamentos generales sin establecer en qué afecta a su función, agregando que no es acto derivado de la facultad legal de la superioridad de poner fin de este vínculo como lo refiere, ya que todos los trabajadores tienen derecho a que se respeten los contratos de trabajo o nombramientos hasta la fecha en que se señala el respectivo acto, lo que demuestra la ilegalidad del acto, y en este caso la legitima expectativa de verlo renovado por un nuevo periodo a lo menos. Añade que si es legal esa facultad, es arbitraria ya que no argumenta y demuestra como es debido, que pasen a ser innecesarios los servicios de su representado, cuál es el argumento o por qué no puede continuar prestando sus funciones, en dicho cargo o en algún otro dentro del mismo establecimiento.

Añade que la postura de los Tribunales Ordinarios de Justicia en relación a esta materia, en cuanto a que existiendo más de dos renovaciones en calidad de contrata se concreta una confianza debida entre el órgano contratante y el funcionario que presta servicios, no pudiendo poner término al contrato sino por causales de sumario administrativo a calificación insuficiente, ambas situaciones tampoco se configuran en éste caso.

En relación a la arbitrariedad del acto recurrido, indica que resulta evidente, ya que es posible apreciar por medio de una simple lectura, la ausencia de fundamento racional evidente, pues en el decreto alcaldicio nada se señala respecto, agregando que la comunicación de la autoridad cuestionada no precisa las razones fácticas ni jurídicas que conducen a prescindir de sus servicios, amparándose en que el director habría renunciado y en la forma genérica "no ser necesarios sus servicios" que no pasa de ser una mera afirmación que carece de todo fundamento, donde se pone término a una relación que se prolongaba desde el año 2016, lo que conduce a concluir que no se cumple con la motivación que exige la ley, puesto que no se dota de contenido factico al motivo que pretende amparar la decisión la recurrida, tornándose ilegal al carecer de razonabilidad y fundamentos suficientes, Añade que se puede poner término anticipado a las contratas mientras el decreto que las designa lleve consigo la frase "mientras sean necesarios sus servicios", como lo ha señalado reiteradamente la Contraloría General de la República, pero se debe agregar a ello que se requiere de un acto administrativo formal y que sea fundado, requisito éste que se colige de los artículos 11 inciso segundo y 16 de la Ley 19880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos.

Agrega que una interpretación contraria, importaría aceptar que la decisión de permanencia de un empleado a contrata, se halla sujeta a la mera voluntad del jefe superior del servicio quien por una circunstancia subjetiva anticipa su término por motivos ajenos a la eficiente e idónea administración de los medios y de la administración pública, que por mandato del artículo 5° de la Ley de Bases de la Administración del Estado, está obligado a cumplir.

Termina solicitando que se acoja el presente recurso de protección y se ordene a la I. Municipalidad de Ovalle que deje sin efecto el decreto alcaldicio N° 533 del 13 de enero de 2020, ordenando que la recurrida adopte las medidas para que continúe vigente la contratación durante el período 2020 hasta febrero de 2021, ordenando el pago íntegro de todas sus remuneraciones y demás prestaciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación al municipio. Asimismo, que se ordene a la Municipalidad de Ovalle que adopte todas las medidas que se estimen conducentes para obtener el restablecimiento del imperio del derecho y la protección de los garantías constitucionales que legítimamente le corresponden al recurrente y que se han denunciado como infringidas y vulneradas, con costas.

En sustento de su acción cautelar el recurrente acompañó los siguientes documentos: 1. Decretos de nombramiento y decreto alcaldicio N° 533, que dispuso el término de nombramiento de contrata, de fecha 13 de enero de 2020; Acta de notificación del decreto alcaldicio N° 533 ya referido, de fecha 14 de enero de 2020 y Certificadotizaciones previsionales Isapre Consalud, emitido con fecha 07 de febrero de 2020.

SEGUNDO: Que Claudio Enrique Ardiles Araya, Abogado, cédula de identidad número RUT reservado, en representación de la I. Municipalidad de Ovalle Rut RUT reservado, corporación de derecho público, ambos domiciliados en domicilio reservado, sostiene que se ha procedido conforme a la ley y que no asiste el principio de confianza legítima al recurrente, precisando que no provenía de la planta docente de la comuna de Ovalle y que conforme al artículo 34 letra c) de la Ley 19.070, se desempeñó en un cargo de la exclusiva confianza del Director de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, desde el 1° de agosto del año 2016, como consta del decreto N° 8050 y Decreto N° 9240 de 11 de octubre del año 2016, para cumplir funciones de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico, añadiendo que el último decreto de nombramiento del recurrente, esto es, el N° 3303 de 29 de marzo de 2019, dispuso - al tenor de lo establecido en el artículo 34 C de la Ley 19070 -, una fecha y/o una condición para el término de su designación, por una parte “hasta el término de la confianza del Director”, y como alternativa, el día 29 de febrero de 2020, la fecha de término del nombramiento del director don nombre reservado, quien fue nombrado para servir el cargo de Director de la Escuela Guardiamarina nombre reservado hasta el día 29 de febrero de 2020, según consta de Decreto N° 1855 de fecha 17 de marzo de 2015.

Agrega que el 17 de enero de 2020 a través del Decreto Alcaldicio N° 735, fue designada la nueva directora de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, doña nombre reservado, para servir el cargo entre el día 1° de marzo de 2020 hasta el día 28 de febrero de 2025, quien dentro de sus facultades está la de designar a su equipo directivo incluido en este el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica.

Indica que la Directora recién asumida, en uso de las facultades que le otorga el artículo 34 Letra c) de la Ley 19.070, ha optado por designar en el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica, que ocupó el docente nombre reservado, a doña nombre reservado, según consta de Oficio Ordinario N° 10 de fecha 2 de marzo de 2020, mediante el cual informa al Jefe del Departamento de Educación Municipal de Ovalle, los nombres de los docentes que integrarán su equipo directivo.

Refiere que el recurrente, en forma equivocada señala que la situación de su representado de continuar en el cargo de Jefe de UTP debe ser definida por el nuevo director, pues la nueva directora optó por designar a otra docente y no al recurrente en el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, de modo que aún en la tesis errónea del recurrente de que sería el nuevo director y no el sostenedor quien defina si continua o no en el cargo directivo, no se observa arbitrariedad alguna de parte del municipio.

Argumenta que es errónea la interpretación de que es el nuevo director quien debe definirla, por cuanto el articulo 34 letra c), inciso tercero, de la Ley 19.070, dispone: “Cuando cesen en sus funciones los profesionales que hayan pertenecido a la respectiva dotación docente al asumir los cargos a que se refiere este artículo, y no concurra una causal derivada de su responsabilidad administrativa, civil o penal, el sostenedor podrá optar entre que continúen desempeñándose en ella en caso de que exista disponibilidad, en alguna de las funciones a que se refiere el artículo 5° de esta ley en establecimientos educacionales de la misma Municipalidad o Corporación Municipal sin derecho a la asignación establecida en el artículo 51 de esta ley; o a poner término a su relación laboral con una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses, con un máximo de once descontada la asignación que establece el artículo 51 de esta ley. En los casos en que los profesionales no hayan pertenecido a la respectiva dotación, sólo tendrán derecho a una indemnización equivalente al total de las remuneraciones devengadas el último mes, por año de servicio o fracción superior a seis meses con un máximo de seis y un mínimo de uno.”

En cuanto al Decreto Alcaldicio N° 533, de fecha 13 de enero de 2020, que dispuso la no renovación de la contrata del recurrente, sostuvo que fue fundamentado en el hecho de que se trataba de un nombramiento de exclusiva confianza del Director que lo había nombrado, lo cual era de pleno conocimiento del recurrente, más aún considerando que en el ultimo nombramiento, designado por Decreto Alcaldicio N° 3303, de 29 de marzo de 2019, de que fue objeto el recurrente, explícitamente se señaló que se le nombraba como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica hasta el 29 de febrero del año 2020 o hasta que durara la confianza del Director.

A mayor abundamiento, indica que la Municipalidad de Ovalle, dispuso su término o no renovación con más de 30 días de antelación al día 29 de febrero del año 2020, pues le fue comunicada, como reconoce el propio recurrente, por carta de fecha 14 de enero de 2020. Añade que en este caso, tratándose de un docente, no se aplica como fecha máxima de antelación el día 30 de noviembre como erróneamente el recurrente ha expresado para argumentar que la comunicación se le hizo fuera de plazo, señalando que así lo ha resuelto la Contraloría General de la República. Finalmente, solicita el rechazo de la acción constitucional entablada.

Allegó a los autos los siguientes documentos: 1.- Registro Siaper del docente don nombre reservado; 2.- Decreto Alcaldicio N° 1855 de 17 de marzo del año 2015, de la Municipalidad de Ovalle; 3.- Decreto Alcaldicio N° 735, de 17 de enero del año 2020, de la Municipalidad de Ovalle, en el que consta que doña nombre reservado, fue nombrada como Directora de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, para servir el cargo entre el día 1° de marzo de 2020 y el 01 de marzo de 2025; 4.- Oficio Ordinario N° 10, de la Directora de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, que da cuenta que doña nombre reservado, nombró a doña nombre reservado en el cargo de Jefa de Unidad Técnico Pedagógica.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, según se ha expuesto, el apoderado del recurrente señaló que el acto reprochado como arbitrario e ilegal consiste en la dictación por el Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, del Decreto Alcaldicio N° 533, de fecha 13 de enero de 2020, en virtud del cual se puso término al nombramiento, en calidad de contrata, a su representado don nombre reservado, quien se desempeñaba como Jefe de la Unidad Técnica Pedagógica, en la Escuela Básica Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas de Ovalle, desde el 01 de agosto de 2016, contrata que había sido renovada en forma sucesiva por los años siguientes, precisando que fue desvinculado del servicio por el hecho de haber terminado en sus funciones el Director del establecimiento educacional, sin hacer referencia a algún ajuste de dotación, mal desempeño o problemas financieros, agregando que cesó en sus funciones el 1° de septiembre del año 2019 y su representado continuó prestando sus servicios, estimando que la desvinculación se basa en un criterio y capricho político que es ilegal y arbitrario, vulnerándose sus derechos fundamentales contemplados en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, añadiendo que los cargos que son de confianza del director, solo pueden cesar por pérdida de confianza del director, no del sostenedor y que el hecho que el director haya renunciado, no equivale a la pérdida de confianza del equipo directivo. Otro antecedente entregado por la recurrida para ponerle término a la contrata, dice, es aludir al vencimiento del plazo, lo que es infundado al tenor del principio de la confianza legítima, atendido que el recurrente ha permanecido en su cargo por más de tres años, precisando que existe ausencia de la debida motivación y que los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo por un lapso menor a un año, en un grado inferior o la de poner término anticipado, deberán contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, no resultando suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas. Finalmente solicita que se acoja el presente recurso de protección y se ordene a la I. Municipalidad de Ovalle que deje sin efecto el Decreto Alcaldicio N° 533 de 13 de enero de 2020, ordenando que la recurrida adopte las medidas para que continúe vigente la contratación durante el período 2020 hasta febrero de 2021, ordenando el pago íntegro de todas sus remuneraciones y demás prestaciones devengadas en el tiempo que medie entre su desvinculación y su efectiva reincorporación al municipio.

SEXTO: Que atendido lo expuesto por el recurrente y el recurrido y los antecedentes que se han aportado a esta Corte, se han logrado establecer los siguientes hechos:

a). Que, con fecha 17 de marzo de 2015, se dictó por el Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado, el Decreto N° 1855, mediante el cual se nombró a nombre reservado, como Director de la Escuela Básica Guardiamarina nombre reservado de la ciudad de Ovalle.

b) Que, con fecha 29 de octubre de 2019, se dictó por el Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado, el Decreto N° 8267, mediante el cual, atendido la renuncia voluntaria presentada por nombre reservado, se nombró como Director Suplente de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, desde el 01 de septiembre hasta el 29 de febrero de 2020, a nombre reservado.

c) Que, con fecha 29 de marzo de 2019, se dictó por el Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado, el Decreto N° 3303, mediante el cual se designó a nombre reservado, en calidad de contrata, para servir el cargo de Jefe Unidad Técnico Pedagógica, quien había iniciado sus labores con fecha 01 de marzo de 2019, precisándose que el nombramiento tendría por fecha de término el 20 de febrero de 2020 y/o hasta el término de la confianza del Director.

d). Que, con fecha 13 de enero de 2020, se dictó por el Alcalde Subrogante de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado, el Decreto N° 533, mediante el cual se puso término al nombramiento, en calidad de contrata, de nombre reservado, Jefe de Unidad Técnica Pedagógica en Escuela Básica Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas de la comuna de Ovalle, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 72, letra d) de la Ley 19.070, esto es, por término del período por el cual se efectuó el contrato, precisando que esto acontece con el término de la confianza del Director, quien cesó en sus funciones, cargo de exclusiva confianza del director del establecimiento educacional.

e) Que, con fecha 17 de enero de 2020, se dictó por el Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle, don nombre reservado, el Decreto N° 735, mediante el cual se nombró como Directora del establecimiento Guardiamarina nombre reservado, a doña nombre reservado

f) Que, con fecha 02 de marzo de 2020, la Directora del establecimiento Guardiamarina nombre reservado, doña nombre reservado, designó hasta el 25 de febrero de 2025, como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica en el establecimiento Guardiamarina nombre reservado, a doña nombre reservado.

SEPTIMO: Que no existe discusión respecto de que la relación estatutaria a contrata del recurrente ha existido de manera continua desde el día 01 de agosto de 2016, habiendo sido prorrogada en el último período hasta el 29 de febrero de 2020.

OCTAVO: Que, para la resolución de la presente acción constitucional, es del caso tener presente que, de conformidad a la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, los empleados de la Administración del Estado se clasifican en “empleados de planta” o “empleados a contrata”, y que la diferencia esencial radica en la permanencia de las funciones de los primeros y en transitoriedad de los segundos, de conformidad a lo dispuesto en su artículo 3° letra c), que define el empleo a contrata como “aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”. En ese sentido, el artículo 10 de la Ley, dispone que “los empleados a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expiraran en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos”. En armonía con el precepto anterior, el artículo 146 letra d) del mismo texto legal, señala que el funcionario cesará en el cargo por el término del período legal por el cual ha sido designado y el artículo 153 dispone que produce la inmediata cesación de funciones el término del período legal por el cual es nombrado el funcionario o el cumplimiento del plazo por el cual es contratado.

Ello lleva implícito que una vez vencido el período legal por el cual se ha efectuado el nombramiento, el acto administrativo en que se materialice la decisión de no renovar la contrata, de hacerlo por un lapso menor a un año o en un grado o estamento inferior, deberá contener el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, conforme a lo establecido en los artículos 11 y 41, inciso cuarto, de la Ley 19.880.

NOVENO: Que de la documentación aportada por las partes, se desprende que el recurrente se desempeñó en un cargo de la exclusiva confianza del Director de la Escuela Guardiamarina nombre reservado, desde el 1° de agosto del año 2016, según consta del Decreto N° 8050, de 16 de junio de 2016 y Decreto N° 9240 de 11 de octubre del año 2016, para cumplir funciones de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógico. Asimismo consta que en el último decreto de nombramiento N° 3303 de 29 de marzo de 2019, se dispuso - al tenor de lo establecido en el artículo 34 C de la Ley 19070 -, una fecha y/o una condición para el término de su designación, esto es, por una parte “hasta el término de la confianza del Director”, y como alternativa, el día 29 de febrero de 2020, la fecha de término del nombramiento del director don nombre reservado, quien fue nombrado para servir el cargo de Director del establecimiento hasta el día 29 de febrero de 2020, según consta de Decreto N° 1855 de fecha 17 de marzo de 2015.

DECIMO: Que según se aprecia el Decreto Alcaldicio N° 533, de fecha 13 de enero de 2020, que dispuso la no renovación de la contrata, fue fundamentado en el hecho de que se trataba de un nombramiento de exclusiva confianza del Director que lo había nombrado, lo cual era de pleno conocimiento del recurrente, toda vez que en el último nombramiento, designado por Decreto Alcaldicio N° 3303, de 29 de marzo de 2019, explícitamente se señaló que se le nombraba como Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica hasta el 29 de febrero del año 2020 o hasta que durara la confianza del Director.

Luego, el 17 de enero de 2020 a través del Decreto Alcaldicio N° 735, fue designada la nueva directora del establecimiento, doña nombre reservado, para servir el cargo entre el 1° de marzo de 2020 hasta el día 28 de febrero de 2025, quien en uso de las facultades que le otorga el artículo 34 Letra c) de la Ley 19.070, designó en el cargo de Jefe de la Unidad Técnico Pedagógica que ocupó el recurrente, a doña nombre reservado.

UNDECIMO: Que la recurrida no ha cometido acto ilegal o arbitrario alguno. En efecto, de la lectura del acto impugnado se desprende que la autoridad administrativa sí fundó su actuar, puesto que el Decreto Alcaldicio aludido contiene todos los razonamientos que llevó a la recurrida a dar por terminada la contrata del recurrente por no ser necesarios sus servicios, cumpliéndose entonces con lo que exige el inciso segundo del artículo 11 de la Ley 19.880, sin que la judicatura pueda reemplazar el juicio de la autoridad administrativa. Lo cierto es que el acto está motivado y el hecho que el recurrente no comparta los argumentos del Alcalde de la I. Municipalidad de Ovalle no lo torna infundado.

DECIMO SEGUNDO: Que por todo lo dicho solo corresponde rechazar el recurso de protección intentado, pues, se reitera, la decisión del Alcalde de la Municipalidad de Ovalle, plasmada en el Decreto N° 533 de fecha 13 de enero de 2020, de poner fin a la contrata de nombre reservado, por el término del período por el cual se efectuó el contrato, lo que acontece con el fin de la confianza del director, quien había cesado en sus funciones, no es ilegal ni arbitraria y se plasmó en una resolución debidamente fundada, no siendo posible formar el convencimiento que la recurrida haya incurrido en actos u omisiones arbitrarias o ilegales que permitan a esta Corte adoptar alguna medida de resguardo a favor del recurrente, ni es posible advertir la vulneración que se denuncia a los numerales 2 y 24 de la Constitución Política de la República por no constatarse la existencia de un comportamiento antijurídico atribuible al actuar de la recurrida, a lo que debe agregarse que las controversias que puedan existir acerca de dicha fundamentación supera los márgenes del recurso interpuesto.

No resulta procedente esta vía para que se deje sin efecto la decisión del Alcalde y se disponga la reintegración del recurrente a su cargo, si se tiene presente que ya se encuentra desempeñándose como Jefa de la Unidad Técnico Pedagógica de la Escuela Guardiamarina Ernesto Riquelme Venegas de Ovalle, doña nombre reservado, quien fuere designada en uso de sus facultades por la Directora doña nombre reservado, mediante Decreto Alcaldicio N° 735 17/01/2020, de fecha 02 de marzo de 2020, es decir, fue designada legalmente.

DECIMO TERCERO: Que, en todo caso, ninguna de las garantías que se dicen amagadas merecen este adjetivo. En efecto, la igualdad ante la ley -N° 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República – debería haberse acreditado demostrando que la recurrida ha obrado de una manera distinta con alguna persona en iguales circunstancias que el recurrente, lo que no ha sucedido. Y el derecho de propiedad, garantizado en el N° 24 del artículo 19 de la Carta Fundamental, como muchas veces se ha dicho, no guarda relación con el caso sub judice, pues ciertamente no existe un derecho de propiedad sobre el ejercicio de una función pública, no tuvo nunca el recurrente el derecho de dominio sobre su empleo a contrata.

Y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección deducido por don nombre reservado, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Ovalle La Serena, representada por su Alcalde don Claudio Fermín Rentería Larrondo.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro suplente don Jorge Corrales Sinsay.

Protección Rol N° 223-2020.