Protección contra COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

nombre reservado

Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la Región de Coquimbo Recurso de Protección Rol N° 2225-2023.- La Serena, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, el veintiséis de octubre de dos mil veintitrés comparece PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, abogado, en nombre y representación de nombre reservado, deduciendo acción de protección en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO, en adelante “COMPIN”.

Expone que su representado es médico cirujano de profesión. Puntualiza que el pasado jueves 19 de octubre de 2023, se notificó por vía de correo electrónico la resolución exenta N ° 23044121302, fechada a 12 de octubre de 2023; dicha resolución establece que se le sanciona con una multa de 10 UTM a beneficio fiscal, y la suspensión de emisión de licencias médicas y venta de talonarios de licencias, por un período de 15 días hábiles a contar del 19 de octubre de 2023. La razón formal de la sanción, expresada en la resolución exenta: presuntamente no haber presentado, reiteradamente, la solicitud de antecedentes por 101 licencias médicas emitidas entre el agosto de 2022 y septiembre de 2023.

Destaca que los requerimientos de la recurrida se efectuaron en virtud de las facultades que el artículo 2 de la Ley N°20.585 “Sobre Otorgamiento y Uso de Licencias Médicas” entrega a la COMPIN; el problema es que su representado no fue notificado válidamente de ningún requerimiento de información conforme dichas facultades fiscalizadoras, y mucho menos emplazado bajo los apercibimientos que legalmente autorizan a la autoridad administrativa recurrida para imponer las gravosas sanciones que ahora pretende ejecutar.

De hecho, intentó ser notificado en un domicilio que puede leerse de los documentos que acompaña: calle “Borgoño 409, Esquina Aldunate”. Dicho domicilio corresponde a un domicilio incompleto y erróneo al que realmente corresponde al domicilio laboral del médico nombre reservado. Su domicilio laboral es domicilio reservado, por lo que el sobre obviamente no fue recibido.

En efecto, la misma COMPIN al notificar la sanción acompaña en su comunicación por correo, el sobre con las devoluciones correspondientes a los envíos fallidos.

Aduce que, curiosamente, la administración, después de recibir sobres devueltos por Correos de Chile con los requerimientos de información, recordó que podían notificar al correo electrónico del prestador, pero solo para efectos de comunicar la multa y la suspensión de la habilitación para emitir licencias médicas.

Alega infracción de las normas generales sobre notificaciones de los procedimientos administrativos (arts. 17 letra a) y 45 de la ley 19.880); el Sr. nombre reservado, jamás se pudo imponer de la existencia de un procedimiento de fiscalización en su contra. La comunicación de procedimiento de fiscalización, bajo el debido apercibimiento, son los requisitos que la ley le exige al COMPIN para poder proceder luego con la sanción. En el caso, de esta facultad concreta, el art. 2 de la ley 20.585, inc. 1°, contiene expresamente el deber para el órgano administrativo de notificar por carta certificada o medios electrónicos del requerimiento de justificar las emisiones de licencias médicas.

A continuación, sostiene infracción a las normas generales sobre contradictoriedad y prueba en los procedimientos administrativos; las consecuencias de estas omisiones manifiestas a deberes legales formales provocan la transgresión a su vez de la norma del art. 4 y 10 de la ley 19.880 al privar a su representado de ejercer la más mínima contrariectoridad en el procedimiento, es decir, de efectuar alegaciones o afirmaciones que permitieran esclarecer el contenido de las licencias médicas cuestionadas.

De paso, esta omisión de la comunicación íntegra y oportuna de la fiscalización, lo privó también del derecho a poder probar sus justificaciones respecto de dichas licencias, conforme el art. 36 de la misma ley de procedimientos administrativos. En la especie y de acuerdo con el ya referido art. 2 de la ley 20.585, se traduce en la imposibilidad material de evacuar oportunamente los informes médicos que le habían solicitado y con ello impedir ser sancionado.

Agrega que luego de que la infracción normativa se produce por omitir notificaciones válidas, COMPIN Región de Coquimbo incurre ahora en un actuar, que en concepto de su parte, se configura en arbitrario e irracional, a la vez que ilegal, al aplicar una sanción gravosa tanto patrimonial como de suspensión de emisión de licencias, sin la información suficiente y vulnerando flagrantemente los preceptos legales ya referidos y el proceso debido que deben observar también los órganos administrativos en su actuación, específicamente para ejercer su potestad sancionatoria.

Dichas irracionalidades, provocan una afectación directa al derecho a ser oído y a defensa, ambos componentes esenciales del catálogo de garantías mínimas reconocidas en nuestra Constitución por vía de la expresión procedimiento e investigación racionales y justos, del art. 19 N ° 3 inc. 6°.

Indica que las acciones de la recurrida vulneran, en sus modalidades de privación y perturbación los derechos y garantías consagrados en los números 1, 2, 3 inc. 5°, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

En cuanto al derecho a la vida y la integridad física y psíquica. Más allá del perjuicio evidente a la integridad de su representado, se está arriesgando la salud de sus pacientes; la profesión de su representado exige que atienda, identifique enfermedades y entregue un adecuado tratamiento para sus afecciones. Dentro de las acciones de tratamiento, conocido es que muchos pacientes requieran de reposo laboral para así evitar un agravamiento de sus patologías. La sanción impuesta afecta el derecho a desempeñar su actividad profesional y emitir las licencias médicas que correspondan, afectando también el derecho a su integridad psíquica, precisamente por el temor justificado a ser sancionado, por la imposibilidad material de informar tal requerimiento.

Añade que al verse expuesto a estas gravosas sanciones, que afectan su patrimonio –por las multas asociadas y pérdida de capacidad de trabajo– y la facultad de emitir licencias médicas, es evidente que se encuentra en una hipótesis de desigualdad frente a otros profesionales no hostigados con solicitudes de información que apenas se pueden cumplir o al menos a quienes se les notifica de los requerimientos de información sobre licencias médicas cuestionadas.

Señala que la falta de cumplimiento por la administración, en la especie, pone al COMPIN de la Región de Coquimbo en la irracionalidad de una decisión sancionadora. Siendo estos deberes formales, el núcleo esencial del límite a la arbitrariedad estatal, su omisión pone al órgano en la hipótesis de constituirse como comisión especial para juzgar.

La libertad de trabajo de su representado también se ve gravemente perjudicada, porque se le priva injustamente de una herramienta fundamental para la atención de sus pacientes quienes no podrán acceder a ser tratados (en toda la extensión del acto médico) o deberán ser derivados con otros profesionales atendida la imposibilidad coyuntural del médico Sr. nombre reservado de entregar un tratamiento íntegro, certero y adecuado.

Asimismo, existe una perturbación inmediata del patrimonio del actor, al estar en curso una multa de 10 UTM que ya se adeuda, y que crecerá en intereses mientras se sustenta este requerimiento constitucional.

Ahora bien, amparado en la protección constitucional del derecho de propiedad en sus diversas especies, sin hacer distinción entre cosa corporal o incorporal, el derecho como profesional de la medicina para emitir licencia médica puede perfectamente ser considerado parte de su patrimonio y le ha sido derechamente privado. También, se afecta su patrimonio, pues claramente frente a la materialización de esta sanción de suspensión, afectará su relación con sus pacientes, quienes deberán recurrir por sus patologías a otros profesionales.

Por estas consideraciones solicita se ordene que la recurrida deje sin efecto la sanción de multa y suspensión de emisión y compra de talonarios de licencias médicas decretada, notificada mediante correo electrónico de fecha 19 de octubre de 2023, absteniéndose de ejecutar la sanción pecuniaria y habilitando desde ya al profesional requirente para la emisión y compra de talonarios de licencias médicas, con costas.

Acompaña los siguientes documentos: i. Resolución exenta N ° 23044121302, de fecha 12 de octubre de 2023; ii. Copia de los sobres devueltos por Correos de Chile, donde le fueron presuntamente solicitados los informes que, bajo apercibimiento, su representado supuestamente nunca entregó; iii. Correo electrónico de fecha 19 de octubre dirigido desde la cuenta correo reservado a la cuenta de correo de su representado en que se le notifica de la resolución exenta sancionatoria.

SEGUNDO: Que, evacuó informe BEATRIZ MUÑOZ JARA, abogada, por la recurrida COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ REGIÓN DE COQUIMBO.

Expone que con fechas 29 de septiembre de 2023 y 06 de octubre de 2023, COMPIN Coquimbo, en el marco del Plan de Fiscalización a los médicos altos emisores, solicitó al recurrente nombre reservado antecedentes respecto a 100 licencias médicas fiscalizadas, al correo electrónico: correo reservado.

Siguiendo el procedimiento establecido, pasados 14 días desde la fecha en que se remitió el correo electrónico, y al no recibir los antecedentes solicitados, COMPIN emite Resolución Exenta N°23044121302 de fecha 12 de octubre de 2023, sancionando al recurrente con una multa a beneficio fiscal de 10 Unidades Tributarias Mensuales y la suspensión de la facultad de emitir licencias médicas y la venta de talonarios de licencias médicas, por un plazo de 15 días a contar del 19 de octubre de 2023.

De conformidad con lo prescrito en el artículo 2° de la Ley 20.585, la citada resolución fue remitida por carta certificada al domicilio ubicado en domicilio reservado. ALDUNATE – COQUIMBO. Dicho domicilio fue el registrado por el prestador en la última licencia que emitió al momento de la fiscalización.

Con todo, una vez notificados del presente recurso, y percatándose del error en el correo electrónico del recurrente, se procedió a cerrar el respectivo expediente y levantar la sanción por el error administrativo en que se había incurrido, subsanándolo inmediatamente. Lo anterior se materializó a través de Resolución Exenta N°23044121303 de fecha 07 de noviembre de 2023.

Por último, hace presente que COMPIN Coquimbo, a pesar de haber notificado válidamente la sanción al correo electrónico correcto del recurrente, no recibió reclamo alguno del prestador, alegando falta de notificación de la solicitud de antecedentes.

Por estas consideraciones solicita rechazar la acción de protección interpuesta en contra de su representada, habida consideración de que no existe agravio alguno a la fecha.

Acompaña los siguientes documentos: 1. Resolución Exenta N°23044121303 fecha 07.11.23., que deja sin efecto sanción; 2. Copia de Mandato judicial otorgado en la Notaría Reinoso de La Serena, con fecha 25 de agosto de 2023.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, atendido el mérito de los antecedentes, en particular, de lo informado por la recurrida, quien sostiene que al advertirse un error de notificación se procedió a cerrar el respectivo expediente administrativo y levantar la sanción materia de la presente acción, lo anterior, mediante Resolución Exenta N° 23044121303, de 07 de noviembre de los corrientes, es que solo cabe sostener que la presente acción ha perdido oportunidad, al haber desaparecido su sustento factico y encontrarse satisfecha la pretensión del actor, circunstancia que conduce indefectiblemente al rechazo del recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por PABLO MARTÍNEZ ZÚÑIGA, en nombre y representación de nombre reservado, en contra de la COMISIÓN DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2225-2023 (Protección).-