Protección contra Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá

nombre reservado

I. Municipalidad de Combarbalá Recurso de Protección Rol N° 222-2019.- La Serena, veintisiete de marzo de dos mil diecinueve.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha cuatro de marzo de dos mil diecinueve comparece Juan Castillo Peña, abogado, en representación de nombre reservado, profesor, domiciliado en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, nombre reservado, en base a los siguientes antecedentes.

Indica que mediante decreto alcaldicio N° 369, de fecha 22 de enero de 2019, se dispuso en forma arbitraria, ilegal e injustificada, la no renovación del contrato laboral de su representado, lo cual le produce perturbación y amenaza grave a los derechos de libertad de trabajo y propiedad, contemplados en el artículo 19 números 16 y 24 de nuestra Constitución Política de la República.

Indica que su representado tomó conocimiento de dicho acto recién con fecha 18 de febrero de 2019, por cuanto no se encontraba en la ciudad de Combarbalá, dado que estaba realizando unos cursos en la ciudad de La Serena.

Considera ilegal dicha medida por cuanto, conforme se desprende del tiempo que ha permanecido a contrata su representado, han transcurrido más de tres años, en tanto el municipio de Combarbalá dispuso reiteradamente la contratación del Sr. nombre reservado, tornando en permanente y constante la mantención del vínculo, lo que determinó así en definitiva que el ente comunal mencionado incurriera en una práctica administrativa que generó para su representado una legítima expectativa que le indujo razonablemente a confiar de tal actuación.

Agrega que, conforme se desprende del decreto alcaldicio, los fundamentos de que se vale son ilegales, arbitrarios e injustificados, por cuanto hacen referencia a un hecho en el que a su representado no se le ha asignado ninguna responsabilidad penal, vulnerando además el principio de inocencia.

Destaca que, tratándose de un decreto alcaldicio que materialice la no renovación del vínculo o resuelva prorrogarlo por un lapso menor de un año, en conformidad al dictamen N° 37.403 de 2017, debe desarrollar el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta, y deberá dictarse y notificarse con treinta días de anticipación al inicio del año escolar de que se trate, acorde con el concepto que otorga el artículo 9° de la Ley N° 19.070, lo que resulta armónico por lo demás con el Código del Trabajo, aplicable supletoriamente en la materia de conformidad con el artículo 71 de esta última norma.

En el caso de su representado, no se ha cumplido con lo referido precedentemente, por cuanto la carta certificada la recibió en su domicilio la cuñada del mismo, el 28 de enero de 2019, y se la entregó el 18 de febrero del mismo año, al regresar a la ciudad de la que estaba ausente, resultando en consecuencia que en primer término no se cumplió con dictar y notificar la resolución de no perseverar con el contrato con 30 días de anticipación como lo ordena la ley, razón por la cual el decreto de destitución debe ser desestimado en todas sus partes y ordenarse la inmediata reincorporación de su representado Por estas consideraciones, solicita acoger el presente recurso en todas sus partes, con costas, ordenando dejar sin efecto el referido decreto ilegal y proceder a dictar la resolución que en derecho procede.

Acompaña los siguientes documentos: 1.- Copia de decreto alcaldicio N° 369/2019 de fecha 22 de enero de 2019; 2.- Copia de correo de fecha 25 de enero de 2019; 3.- Copia de dictamen N° 6.400 emitido por el señor Contralor General de La República con fecha 2 de marzo de 2018.

SEGUNDO: Que, con fecha veinte de marzo de dos mil diecinueve, evacuó informe Alejandro Echeverría Jerez, abogado, en representación de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, quien, en primer término, alega la eventual extemporaneidad de la acción impetrada, haciendo presente que en el ámbito administrativo, en relación a las notificaciones rige lo prescrito en el artículo 46 de la Ley Nº 19.880, el cual señala que la notificación se entenderá practicada al tercer día de puesta en el servicio de Correos, es decir, necesariamente debemos entender la notificación practicada con fecha 28 de enero de 2019, por lo cual ha transcurrido con largueza el plazo de 30 días para interponer el presente recurso de protección.

En efecto, expresa que resulta acomodaticia la argumentación que la hermana del recurrente le habría supuestamente entregado la carta con fecha 18 de Febrero, en circunstancias que ninguna prueba se aportó de que aquello fuera efectivo, pareciendo más bien un modo de acomodar los hechos para soslayar la extemporaneidad del recurso interpuesto.

Sin perjuicio de lo anterior, y en cuanto a la fundamentación del acto administrativo, manifiesta que existe vigente respecto del recurrente una prohibición de acercarse respecto de una alumna en causa proteccional RIT P-38-2018, del Juzgado de Familia de Combarbalá, teniendo entonces el recurrente un acabado conocimiento de los fundamentos de no renovar su contrato.

En conclusión, se tuvo antecedentes a la vista de la entidad suficiente para justificar el acto administrativo que dispuso la no renovación del contrato del recurrente.

Por estas consideraciones solicita rechazar en todas sus partes la acción intentada.

Acompaña copia de resolución del Tribunal de Familia de Combarbalá, en causa RIT P-38-2018.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el artículo 1º del Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección establece que el recurso o acción de protección se interpondrá dentro del plazo fatal de treinta días corridos, contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

SEXTO: Que, en cuanto a la alegación de extemporaneidad del recurso planteada por la recurrida, del propio tenor del libelo pretensor se advierte un reconocimiento expreso por parte del actor, en cuanto a haber recibido copia del decreto alcaldicio que se impugna por esta vía el día 28 de enero de los corrientes en su domicilio ubicado en la comuna de Combarbalá.

En este orden de ideas, si bien el recurrente indica que tomó conocimiento del acto administrativo referido recién el día 18 de febrero del presente año, oportunidad en la cual habría regresado a su domicilio luego de estar en la ciudad de La Serena realizando cursos, lo cierto es que no ha acompañado antecedente alguno que permita tener dicha circunstancia como efectiva.

A mayor abundamiento, el artículo 46 de la Ley N° 19.880 establece una presunción sobre el particular, la cual si bien tiene un carácter meramente legal, admitiendo prueba en contrario, no ha logrado ser destruida por el actor en razón de la ausencia de antecedentes relativos a la fecha en que habría tomado conocimiento cierto del acto reprochado. En efecto, la disposición precedentemente indicada señala que “las notificaciones por carta certificada se entenderán practicadas a contar del tercer día siguiente a su recepción en la oficina de Correos que corresponda”.

Así las cosas, habiéndose recepcionado la carta certificado que contiene el acto administrativo impugnado mediante el presente arbitrio constitucional en Correos de Chile el día 25 de enero de 2019, conforme da cuenta la documentación que acompaña el propio recurrente a su presentación, es que solo cabe entender que la fecha de su notificación fue el día 28 del mismo mes y año, lo cual es coincidente por lo demás con la fecha de recepción de la misiva en el domicilio del actor.

SÉPTIMO: Que, en conclusión, habiéndose interpuesto la presente acción constitucional el día 4 de marzo de 2019, queda de manifiesto que se ha superado largamente el plazo referido en los considerandos precedentes, circunstancia suficiente para su rechazo.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por Juan Castillo Peña, en representación de nombre reservado, en contra del Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Combarbalá, nombre reservado, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 222-2019 (Protección).- Pronunciado por la Segunda Sala de la Ilma. Corte de Apelaciones de La Serena, integrada por la Ministro titular señora Marta Maldonado Navarro, el Ministro suplente señor Juan Carlos Espinosa Rojas y la abogado integrante señora Maritza Cortés Cortés.

La Serena, a veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, notifiqué por el estado diario la resolución que antecede.