nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES DE CHILE

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones y otro Recurso de protección Rol Nº2211-2025 La Serena, veinte de febrero de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece Judith Amelia Urzúa Arriaza, abogada, interponiendo recurso de protección en beneficio de nombre reservado, colombiana, pasaporte N°RUT reservado, con domicilio en domicilio reservado, dirigido en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, sociólogo, con domicilio en domicilio reservado, y en contra de la SUBSECRETARIA DEL INTERIOR, dependiente del Ministerio del Interior, representado por don nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, Región Metropolitana de Santiago, por el acto ilegal y arbitrario consistente en la omisión de pronunciamiento sobre la solicitud de regularización extraordinaria, realizada el 18 de marzo de 2025, omisión que vulnera su derecho fundamental a la igualdad ante la ley y su derecho a la libertad de trabajo, del artículo 19 Nº2 y N°16 de la Constitución Política de la República.

Señala que el 18 de marzo de 2025 la recurrente postuló a una regularización migratoria extraordinaria ante el Servicio Nacional de Migraciones, acompañando los antecedentes necesarios para darle continuidad al proceso. No obstante, alega que a la fecha no ha recibido una respuesta terminal de parte de las recurridas.

De esta forma, alega que las recurridas habrían incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no resolver la solicitud de regularización migratoria extraordinaria presentada por la afectada, excediendo el plazo de seis meses previsto en el artículo 27 de la Ley N°19.880.

Expone que tal inactividad administrativa la mantiene en un estado de indefinición migratoria que le impide acceder formalmente al mercado laboral y realizar trámites básicos, vulnerando las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y libertad de trabajo, especialmente considerando su arraigo en el país, evidenciado por su conducta intachable, desempeño laboral y matrimonio con ciudadano chileno.

Asimismo, invoca los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N°19.880, así como antecedentes de la Contraloría General de la República que darían cuenta de demoras estructurales del Servicio Nacional de Migraciones, aludiendo además a la Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares.

Culmina solicitando que se acoja el recurso de protección y se ordene a la autoridad recurrida dictar, sin mayor dilación, el acto administrativo terminal que resuelva la solicitud de regularización migratoria, con costas.

SEGUNDO: Que, se evacuó informe por el Servicio Nacional de Migraciones, informando al tenor del recurso, y solicitando el rechazo de la acción por improcedente, al no existir acción u omisión ilegal o arbitraria, que pueda atentar contra alguno de los derechos constitucionales garantizados en el artículo 20 de la Carta Política.

En síntesis, expone que los antecedentes de la solicitud de regularización migratoria de la actora fueron remitidos a la Subsecretaría del Interior mediante el Oficio Ordinario N°27.907, de 11 de junio del 2025.

Agrega, que de conformidad a la Ley N°21.325, el Servicio Nacional de Migraciones solo es el encargado de recibir las solicitudes de regularización, gestionar su procedimiento, remitiendo la información por medio de proyecto de resolución a la Subsecretaría del interior, siendo la autoridad llamada por ley a resolver la solicitud de la parte recurrente, careciendo en consecuencia de legitimidad pasiva el Servicio de Migraciones, por lo que solicitó el rechazo del recurso de protección.

TERCERO: Que se evacuó informe por la Subsecretaría del Interior, solicitando el rechazo del recurso.

Señala que la regularización migratoria se enmarca dentro de las concesiones cuyo otorgamiento es una facultad de la autoridad, no una obligación para la misma, la que sólo accederá a la solicitud, siempre que se cumplan los requisitos y estándares que se han establecido internamente.

Refiere que la normativa de la Ley N°21.325 regula dos tipos de regularizaciones migratorias: una de carácter general, cuyos criterios y procedimientos son dispuestos por el Subsecretario del Interior, pero ejecutados por el Servicio Nacional de Migraciones; y otra de carácter excepcional, de aplicación particular, por casos calificados o motivos humanitarios, sujeta a un procedimiento desformalizado que resuelve el Subsecretario del Interior.

Sin embargo, precisa que en la actualidad no existen procedimientos de regularización vigentes de aplicación general. Por lo que, cualquier solicitud que se realice sobre esta materia sólo puede tramitarse como solicitud de otorgamiento excepcional por casos calificados o humanitarios, de acuerdo a lo establecido en el artículo 155 N°9 de la Ley N°21.325.

En cuanto al estado de tramitación de la solicitud de otorgamiento excepcional de la parte recurrente, señala que se recibieron los antecedentes del Servicio de Migraciones, estando actualmente la solicitud de la recurrente en tramitación ante la Subsecretaría, previo a que la autoridad suscriba el acto administrativo que la resuelve. Añade que, una vez concluida la tramitación de dicho acto, será debidamente notificado a la parte recurrente.

Por otro lado, señala la vía del recurso de protección, de naturaleza cautelar y emergencia, no es la pertinente para declarar derechos nuevos ni tutelar meras expectativas, lo que desnaturaliza su finalidad. Asimismo, sostiene que al acogerse recursos como el de autos, se produce una afectación a la garantía de la igualdad ante la ley, al colocar en una situación favorable a la parte recurrente, sin que exista una razón aparente que lo justifique.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

QUINTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

SEXTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Migraciones y en contra de la Subsecretaría del Interior, por la dilación injustificada en dar respuesta a la solicitud de regularización migratoria presentada, lo cual califica la parte recurrente de ilegal y arbitrario, señalando que vulnera su garantía fundamental contemplada en los numerales 2 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la Republica.

Solicita que se ordene a los recurridos resolver sin más demora su solicitud o bien adoptar las medidas que se estimen apropiadas para resguardar y restablecer el imperio del derecho.

SÉPTIMO: Que, para resolver el asunto en examen, se debe acudir a lo estatuido en la Ley N°19.880. En este sentido resulta útil destacar el principio de celeridad, previsto en su artículo 7, conforme al cual la autoridad debe impulsar de oficio, en todos sus trámites, el procedimiento administrativo, debiendo actuar por propia iniciativa, haciendo expeditos los trámites que debe cumplir el expediente y removiendo todo obstáculo que pudiere afectar a su pronta y debida decisión. Lo anterior, resulta congruente con el principio conclusivo, consagrado en el artículo 8, que determina la necesidad de término del procedimiento con un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo, así como con el principio de economía procedimental, del artículo 9, que manda a la Administración responder con eficacia, evitando trámites dilatorios.

Por último, el artículo 14 del mismo cuerpo legal, define el principio de inexcusabilidad señalando que la Administración está obligada a dictar resolución expresa en todos los procedimientos y a notificarla, cualquiera que sea su forma de iniciación.

OCTAVO: Que, no obstante, de acuerdo a los antecedentes que constan en la tramitación de la presente causa, consta que la solicitud de la parte recurrente se encuentra actualmente en tramitación ante la Subsecretaría del Interior, organismo al cual se remitieron los antecedentes recién el 11 de junio de 2025.

En tal sentido, resulta oportuno tener presente que el requerimiento tendiente a la obtención de la regularización extraordinaria, normado en la Ley N°21.325, debe culminar mediante la decisión del Subsecretario del Interior, autoridad facultada por ley para conceder dicho beneficio en caso de existir fundamentos calificados que así lo ameriten. Además, al tratarse de una concesión especial de la autoridad, el análisis de los diversos antecedentes necesarios para su pronunciamiento, requiere de un tiempo que es evidentemente superior al de los demás trámites administrativos de requerimiento ordinario.

NOVENO: Que, en consecuencia, por ahora no se puede reprochar a la Subsecretaría del Interior una dilación de la entidad suficiente, que haga concluir la existencia de una omisión arbitraria o ilegal y que implique una discriminación arbitraria con relación a otros interesados, por lo que la acción deberá ser desestimada.

Que, por último, quedando en evidencia que los antecedentes de la solicitud de regularización extraordinaria ya fueron remitidos al Ministerio del Interior, no hay medida que esta Corte actualmente pueda tomar respecto al Servicio Nacional de Migraciones, por cuanto la fase de tramitación correspondiente a aquella repartición ya finalizó, careciendo de oportunidad a su respecto el recurso de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones y de la Subsecretaría del Interior.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2211-2025 (Protección).