nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

nombre reservado

Caja de Compensación y Asignación Familia la Araucanía y otra Recurso de Protección Rol N° 2209-2025.- La Serena, seis de marzo de dos mil veintiséis.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado Pablo Ignacio González Rojas en favor de nombre reservado, interponiendo acción de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes y la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, alegando vulneración a la protección de sus derechos constitucionales establecidos en el artículo 19 N°24 de la Constitución Política de la República.

Señala que en el año 2019 suscribió dos pagarés con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR CAJA LOS ANDES, en donde asumía la obligación de pagar un crédito social de consumo, por el cual la recurrida, en las facultades y atribuciones que ostentaba, procedía mes a mes a retener de las remuneraciones del recurrente.

Refiere que el recurrente comenzó un nuevo empleo prestando sus servicios a la empresa COMPAÑIA MINERA SAN GERONIMO, RUT RUT reservado, en calidad de Operador Plana, cuyo ejercicio se desarrolló sin inconvenientes hasta la remuneración devengada y pagada el mes de junio de 2025, cuando para sorpresa de mi representado, la recurrida CAJA LOS ANDES, en virtud de un CONVENIO INTERCAJA, (convenio que permite que la caja acreedora solicite a la caja actual de afiliación, formule el descuento por ella) y desplegando una actitud derechamente arbitraria e ilegal en contra de nuestro representado, instruyó a su empleador a efectuar en la remuneración correspondiente al mes de noviembre de 2025, descuentos por la suma de $125.000 bajo el acápite “CRÉDITO PERSONAL CAJA LA ARAUCANA CUOTA 1/1”, y descuentos por la suma de $57.563 bajo el acápite “CREDITO PERSONAL CAJA LA ARAUCANA CUOTA 1/1, que corresponde a los préstamos otorgado en su oportunidad por Caja Los Andes en favor de su representado.

Indica que el 30 de octubre de 2025 su representado interpuso un recurso de protección, en contra de las mismas instituciones recurridas en este acto, por descuentos efectuados en el mes de septiembre 2025, que se tramitó bajo el Rol 1867-2025, de la Iltma. Corte de Apelaciones de la Serena, en el cual con fecha 26/11/2025, se omite pronunciamiento por parte de la Iltma. Corte, en atención a que la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, conforme a su informe, dispuso el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, y la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros, por un total de $1.100.002.

Refiere que el día 24 de noviembre de 2025, al recurrente se le realizaron dos reembolsos de parte de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, uno por $503.096, y el segundo por un monto de $230.252, que suman en total $733.348.-, Por lo tanto, se le debe aún la suma $366.674, que corresponde a las cuotas descontadas en la liquidación de sueldo del mes de noviembre, por $183.337 y un saldo de las cuotas anteriores por $183.337, presumiblemente del mes de octubre 2025, que hasta la fecha no le han devuelto. Lo anterior no corresponde, puesto que la Caja Los Andes, señaló en su informe que dispondría el CESE de los descuentos y devolvería TODAS las sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros.

Sumado a lo anterior, el 10 de agosto de 2021, la recurrida ingresó demandas en Juicio Ejecutivo contra de su representado, con el objetivo de cobrar los pagarés originados de las obligaciones anteriormente descritas. Dichas causas, no están concluidas, y se encuentra actualmente en tramitación bajo el rol C-1286-2021, y C-1287-2021 del Segundo Juzgado de Letras de Coquimbo, las que no han sido notificadas.

Como se desprende de lo anteriormente señalado, el actuar de las recurridas es un acto arbitrario, antojadizo e ilegal, que carece de fundamento alguno, tanto en su realización como en el monto que ordena retener a su empleador y reviste un abuso de los preceptos legales que regulan el funcionamiento de estas entidades respecto al cobro oportuno de los créditos sociales, descontando una proporción estructural de su remuneración líquida, de manera absolutamente forzada, intempestiva y en contra de su voluntad, sin entregar ninguna información previa a nuestra representado ni a su empleador.

Es menester hacer presente, que la normativa que regula los créditos sociales y que permiten hacer descuentos “intercaja”, no puede supeditar, las normas civiles que nos regulan, particularmente las contenidas en los artículos 2514 y siguientes del Código Civil. En base a lo dispuesto en el ya mencionado artículo 22 de la Ley 18.833, este sólo se refiere a las deudas que sean ACTUALMENTE EXIGIBLES, ya que el objeto de dicha norma es precisamente facilitar y garantizar a las cajas acreedoras del cobro de sus acreencias, pero NO TRANSFORMA tales obligaciones en IMPRESCRIPTIBLES.

Por otra parte, no menos importante, el artículo 54, y siguientes del Código del Trabajo, consagran el principio de la protección de las remuneraciones y la certeza de estas que tiene como objetivo garantizar la certidumbre al trabajador en cuanto a la remuneración que le corresponde recibir por la prestación de sus servicios.

En este caso de marras, las entidades acreedoras no están facultadas para hacer los descuentos pertinentes a mi representada, sino que debió atenerse a lo pagado en su oportunidad que corresponde al total, o en su defecto, ejercer las acciones ordinarias que corresponda. Que este proceder manifiestamente arbitrario de las recurridas corresponde sea declarado y se otorgue amparo al actor, de lo contrario las Cajas de Compensación recurridas obtendrá un reconocimiento de la jurisdicción a su actuación arbitraria y podrá mantenerlo permanentemente en el futuro y con quienes estime procedente, al igual que todas las otras Cajas que integran este sistema de prestaciones asistenciales, sin que el Estado pueda amparar estas conductas ni esta forma abusiva de ejercer sus atribuciones por parte de una entidad privada que presta un servicio público asistencial, especialmente en este caso, respecto de quien se encuentra en una condición de vulnerabilidad frente al ejercicio de potestades contractuales permisivas ejercidas a destiempo. Citando jurisprudencia al respecto.

Pide se acoja el presente recurso, ordenando al recurrido la restitución de todos los dineros sustraídos, esto es la suma de $125.774 y la suma de $57.563, descontados en el mes de noviembre, así como el saldo anterior de $183.337, que no fue devuelto el día 24-11-25, adoptando las providencias que sean necesarias para establecer el imperio del derecho, con EXPRESA condena en costas.

SEGUNDA: Que, informando la CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES y expone en primer lugar que el recurrente dedujo recurso de protección el 30 de octubre de 2025, en contra de las mismas partes y que fue resuelto por esta Corte de Apelaciones como “Falta de oportunidad”, desde que se le devolvió al accionante un total de $ 503.096 y $230.252.

Expone en cuanto a los créditos sociales otorgados al recurrente que:

Operación de crédito N° 043CON201646386 Esta Caja de Compensación con fecha 08 de marzo 2019 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 043CON201646386 por un capital inicial de $4.010.911.-, a una tasa de Interés mensual de 2.2%, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $126.184, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 31 de mayo 2019.

Las cuotas de los meses de mayo 2019 a agosto 2021, N° 1 a 28, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 29 de mayo 2019 al 30 de diciembre 2025.

A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo morosidad en las cuotas de los meses de septiembre 2021 a abril 2024, N° 29 a N° 60 de 60.

Operación de crédito N° 043CON201822394 así también, esta Caja de Compensación con fecha 17 de julio 2019 otorgo al señor nombre reservado la operación de crédito código N° 043CON201822394 por un capital inicial de $1.874.547.-, a una tasa de Interés mensual de 2.15, pagadero en plazo de 60 meses, con una cuota mensual de $57.707, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 30 de septiembre 2019.

Las cuotas de los meses de septiembre 2019 a julio 2021, N° 1 a 23, fueron pagadas entre los periodos comprendido entre el 29 de septiembre 2019 al 30 de diciembre 2025.

A la fecha, la operación de crédito se encuentra en cobranza judicial, manteniendo morosidad en las cuotas de los meses de septiembre 2021 a agosto, N° 24 a N° 60 de 60.

Hace presente que los descuentos para el pago de cuotas de crédito social son informados al empleador del deudor de acuerdo con el mecanismo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 18.833 Por otro lado, su representada se encuentra efectuado el cobro de una deuda cuya acción de cobro no ha sido declarada prescrita. Como bien sabe su SS. Iltma., la prescripción de las acciones está tratada por los artículos 2492 y ss. del Código Civil, de cuya lectura se desprende -con toda claridad-, que la prescripción debe ser alegada, DECLARADA JUDICIALMENTE, y que no opera de pleno derecho.

Así, la única forma para que opere la prescripción extintiva de derechos y obligaciones, es que esta sea alegada por quien quiere aprovecharse de ella, de tal manera que mientras no exista un pronunciamiento judicial emanado del Tribunal competente en la materia, la obligación de pagar la suma de dinero recibida en préstamo por la actora existe y es plenamente exigible. A lo anterior debemos agregar el hecho de que, procesalmente, la vía idónea para alegar o excepcionar de prescripción no puede ser una acción de protección como la ventilada en autos. Por ende, mal puede la recurrente pretender evadir el pago las obligaciones que mantiene para con mi representada a través del ejercicio de una acción constitucional en circunstancias de que ni siquiera posee un derecho indubitado que obste su exigibilidad, el cual, en todo caso, debe ser discutido y declarado en la sede jurisdiccional correspondiente, en un juicio de lato conocimiento.

De este modo, esta parte rechaza haber efectuado actuación ilegal o arbitraria alguna que hubiese infringido, perturbado o amenazado alguna garantía constitucional del recurrente.

No obstante, lo informado precedentemente, y sin reconocer extinción de la deuda ni los hechos ni fundamentos de derecho que esgrime el recurrente en el presente recurso de protección, caja los andes ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado a la recurrente. asimismo, dispuso la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas a partir de la reanudación de los cobros con fecha 25 de noviembre de 2025.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada por cuanto ha perdido oportunidad toda vez que su representada ha accedido voluntariamente al cese de los descuentos y restitución solicitados.

TERCERO: Que, evacuado el informe de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, solicita su rechazo y expone que se interpone la presente acción constitucional en atención a que en el año 2019 solicitó un crédito a Caja Los Andes, el cual por diversos motivos dejo de pagar, percatándose en el mes de septiembre de 2025 de descuentos de sus remuneraciones realizados por Caja La Araucana, en virtud del convenio “intercajas”. Agrega que en el año 2021 fue demandado por Caja Los Andes, y que las causas se encuentran actualmente en tramitación, lo que considera arbitrario e ilegal, vulnerándose su derecho de propiedad.

Es del caso señalar SS. Iltma., que según consta en los sistemas de Caja La Araucana, el señor nombre reservado, no mantiene créditos con Caja La Araucana ni se constata que el recurrente no registra créditos en el sistema.

Sostienen que es en virtud de lo expuesto por la informante, C.C.A.F. La Araucana, que no ha privado, perturbado, o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, ya que, en todo momento, esta entidad ha obrado conforme a derecho y salvaguardando además las garantías constitucional contempladas en el artículo 19 N° 24 de la Constitución, relativo al derecho de propiedad, por cuanto en este caso no hay un descuento ilegal que afecte ya sea la igualdad o la esfera de dominio de la recurrente, ni expropiación alguna de parte de su pensión, por cuanto el cobro de lo adeudado se funda en una normativa que tiene por objeto asegurar el pago efectivo de los créditos sociales que tiene evidente carácter social al ser una prestación se seguridad social y cuya modalidad de descuento no es otra que la de facilitar el cobro de los dineros dados en préstamo contra un fondo social, en virtud del Orden Público Económico.

Que, en estas circunstancias, esta parte solicita el rechazo de la acción de protección incoada en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por cuanto según lo informado el recurrente no mantiene créditos pendientes.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, de los antecedentes allegados al recurso y lo informados por la caja de Compensación La Araucana, pues a su respecto estos sentenciadores no vislumbran un actuar ilegal o arbitrario, pues el recurrente no figura como deudor de esta en sus registros.

SEXTO: Que, por otro lado, y respecto de la Caja de Compensación Los Andes, se debe definir la oportunidad de la presente acción, toda vez que, si el acto u omisión que se invocan como ilegales o arbitraria ha desaparecido, entonces la mismo termina por perder su objeto y el pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto se vuelve estéril.

Que, de acuerdo al informe evacuado por la Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, no solo reconoce que se le reembolsó sumas de dineros conforme a lo señalado en la sentencia 1687-2025 de esta Corte, y que respecto de lo ahora alegado, ha dispuesto el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente por C.C.A.A La Araucana y que Caja Los Andes Cobró por un convenio legal, disponiendo asimismo la restitución de aquellas sumas que hayan sido recibidas del periodo de 25 de noviembre de 2025.

De este modo, la acción constitucional impetrada ha perdido oportunidad y, en consecuencia, se omitirá pronunciamiento en relación con la misma.

Por estas consideraciones y de acuerdo, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales se declara:

I.- Que SE RECHAZA el recurso de protección deducido en contra de la Caja de Compensación La Araucana.

II.- Que SE OMITE PRONUNCIAMIENTO en relación con la acción constitucional intentada por nombre reservado en contra de Caja de Compensación Los Andes, al haber perdido oportunidad.

III.- Se deja sin efecto la orden de no innovar decretada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2209-2025 Protección.