SERVICIO PROFESIONALES DE CAPACITACION LIMITADA con SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

Servicio Profesionales de Capacitación Limitada Servicio Nacional de Capacitación y Empleo Recurso de Protección Rol N°2209-2023 La Serena, uno de diciembre de dos mil veintitrés.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, a folio 1, comparece doña nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en favor de SERVICIO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN LIMITADA, con nombre de fantasía “SERPROF LTDA”, interponiendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE), representado por su Director Regional (S) Eduardo Toro Gallardo.

Indica que, el acto recurrido corresponde a la Resolución Exenta N°266 de 11 de septiembre de 2023, de la Dirección Regional del SENCE, de la que se tomó efectivo conocimiento el 26 de septiembre de 2023, mediante correo electrónico de respuesta a una solicitud ciudadana, y que le impone una multa equivalente a 15 UTM, resolución que, estima, vulnera las garantías constitucionales del debido proceso, la igualdad ante la ley y el de propiedad.

Refiere la forma en que tomó conocimiento de la resolución impugnada, y agrega que, en ella, se dispone que mientras se encuentre pendiente el pago de la multa impuesta, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo no autorizará actividades o cursos de capacitación que brinde su representada.

Expone que, mediante ordinario N°50 de 03 de febrero de 2021, y en el contexto de un proceso de fiscalización documental a los registros de la denominada aula digital, se le formularon diversos cargos que dicen relación con la forma en la cual la sociedad que representa, desarrolló la capacitación denominada “contabilidad básica”. Refiere los cargos formulados y observa que no se indica qué disposición legal o reglamentaria estaría siendo vulnerada o infringida y se remiten a las constataciones descritas, las que por lo demás han sido enunciadas por SENCE de un modo totalmente genérico e impreciso.

Puntualiza que, del mejor modo que pudo ante una imputación tan genérica e imprecisa, presentó por escrito sus descargos, representando el hecho éstos fueran confusos, y que por lo mismo no permiten discernir cuáles serían los antecedentes necesarios para aclarar debidamente cada uno de ellos.

Hace presente que, en la resolución impugnada, sí se especifica cuáles serían las disposiciones legales o reglamentarias que supuestamente habría infringido la recurrente, especificidad que no fue planteada en el ordinario N°50 de formulación de cargos y que afectó su derecho de defensa.

Destaca que, la resolución dictada reproduce gran parte del contenido de los descargos presentados, los cuales cita, y que, al momento de ponderarlos, la recurrida indica que éstos “no logran desvirtuar los hechos irregulares en cuestión, dado que la información proporcionada por el OTEC es solo parcial y asociada a determinados alumnos, en circunstancias que la revisión del curso en forma completa, resultado que se encuentra contenido en la respectiva planilla Excel (Base de Datos con Irregularidades).”

Manifiesta que, no se aprecia un análisis detallado de los hechos descritos en los descargos, indicando que, la información que proporcionaron era parcial y asociada a determinados alumnos, haciendo ver que la revisión de la unidad de fiscalización revisó el curso en forma completa, lo que se encuentra contenido en la respectiva planilla Excel. Sin embrago, reitera que, el ordinario N°50 en el cual se formulan los cargos, no hay alusión a planillas de alumnos, ni indica tampoco respecto a quienes se habrían presentado las irregularidades fiscalizadas. Es decir, es solo al imponerse la multa que la recurrida desarrolla la descripción de los antecedentes que fundamentaron los cargos.

Afirma que, el obrar de la recurrida es arbitrario por cuanto desarrolló parcialmente la fundamentación de los hechos de cargo, perjudicando de este modo el derecho a defensa en el proceso administrativo sancionatorio, y es ilegal en cuanto contraviene lo dispuesto en la Ley N°19.880 al no respetar el principio de contradictoriedad, contemplado en el artículo 10 de la mencionada Ley, al dificultar el desarrollo de las alegaciones tendientes a desvirtuar hechos que no son suficientemente desarrollados por el Organismo de la Administración.

Alega que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley, ya que la debida falta de fundamentación en la formulación de cargos, y que concluyen en la imposición de una multa en la resolución recurrida, involucra un trato arbitrario para con la sociedad recurrente; la igual proyección de la ley en el ejercicio de los derechos, especialmente en lo que atañe a la legalidad del proceso sancionatorio en el que se vulneró la posibilidad de una debida defensa al no explicitarse los hechos que fundamentaban los cargos y al no considerarse ni ponderarse adecuadamente los descargos los que contenían una exposición plausible del porqué no se incurría culpablemente en las faltas imputadas; el derecho a realizar cualquier actividad económica, atendido a que supedita la posibilidad que el recurrente desarrolle cursos de capacitación al pago de la multa cursada por la resolución recurrida; y, el derecho de propiedad, atendido que la multa que se está imponiendo irroga un perjuicio al patrimonio del recurrente.

Solicita, por tanto, se acoja el recurso de protección, y, en consecuencia, ordenar al recurrido modificar lo resuelto en la Resolución Exenta N°266 de 11 de septiembre de 2023, dejando sin efecto la multa impuesta y sanciones accesorias a la misma, sea porque se acogen los descargos o porque se constatan irregularidades en el proceso administrativo sancionatorio, sin perjuicio de otras medidas que se determinen adoptar para salvaguardar las garantías constitucionales infringidas, con costas.

Acompaña al recurso: 1.- Certificado de Vigencia de la sociedad recurrente extendido el 12 de octubre por el Conservador del Registro de Comercio de La Serena. 2.- Copia Escritura de constitución de sociedad, de 3 de julio de 2008 que da cuenta de la calidad de representante legal y personería de doña nombre reservado. 3.-Certificado de Representante Legal del Conservador de Comercio de 12 de octubre de 2023. 4.- Copia de inscripción de extracto social a fojas 686 N°384 del Registro de Comercio de La Serena del año 2008. 5.- Ordinario N°50 de 3 de febrero de 2021, del Director Regional del SENCE, por el cual se formulan cargos. 6.- Copia de Escrito de Descargos presentados por la OTEC SERPROF Ltda, de 8 de marzo de 2021. 7.- Ordinario N°342 de 11 de septiembre de 2023, del Director Regional(s) de SENCE por el cual se indica adjuntar resolución exenta que aplica multa administrativa. 8.- Impresión de correo electrónico de 26 de septiembre de 2023 remitido desde la cuenta de correo correo reservado y por él se adjunta link a la resolución exenta N°266/2023. 9.- Res Exenta N°266/2023 del Director(s) Regional de SENCE, que impone multa administrativa.

SEGUNDO: Que, a folio 8 evacuó informe doña nombre reservado, representación del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo.

Expone la normativa que regula el Sistema de Capacitación y Empleo contenida en la Ley N°19.518, así como las partidas contempladas en la Ley N°21.192 de Presupuestos del Sector Público correspondiente al año 2020, así como el D.S. N°14 de 2011 y el D.S. N°7 de 2019, ambos del Ministerio del Trabajo y Previsión Social que establecieron los componentes, líneas de acción y procedimientos del Programa de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios. Además, refiere la Resolución Exenta N°0444, de 22 de enero de 2020, del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que aprueba las Bases del Primer Concurso Público Modalidad Cerrada, para el programa Bono de Capacitación para Micro y Pequeños Empresarios, año 2020.

Indica que la recurrente resultó seleccionada para ejecutar, entre otros, curso de “Contabilidad Básica”, entre el 11 de noviembre de 2020 al 31 de diciembre de 2020, traspasado de modalidad presencial a modalidad e-learning, en atención a las condiciones sanitarias del país. Agrega que, el 27 de enero de 2021, a petición de la Unidad regional de Capacitación Personas (UCAP) inicia proceso de fiscalización al curso individualizado, detectándose las siguientes irregularidades:

1.1 Avance en materias por parte de alumnos, con fecha posterior a término del curso.

1.2 Ingreso de datos de avance de materia de alumnos, por parte de usuario nombre reservado, anterior a fecha de término de curso.

1.3 Ingreso de datos de avance de materia de alumnos, por parte de usuario Claudio Rojas, relator del curso, anterior a fecha de término de curso.

1.4 Ingreso de datos de avance de materia de alumnos, por parte de usuario nombre reservado, posterior a fecha de término de curso.

1.5 Ingreso de datos de avance de materia de alumnos, por parte de usuario Claudio Rojas, relator del curso, posterior a fecha de término de curso.

1.6 Duplicación de IP de pares de alumnos, con avance de materia de alumno en fecha posterior al término del curso.

1.7 Duplicación de IP de alumna con usuario nombre reservado, con avance de materia de alumno en fechas posteriores al término del curso.

Destaca que, los descargos relativos a los numerales 1.2 y 1.6 fueron acogidos por cuanto decían relación a problemas de la plataforma digital o comportamiento de los alumnos más allá de su control.

Refiere que, el recurrente, en sus descargos, señala que los cargos no habrían indicado qué disposición legal o reglamentaria estaría siendo vulnerada o infringida y consistirían en constataciones genéricas e imprecisas, que por lo mismo no habrían permitido discernir cuales serían los antecedentes necesarios para aclarar debidamente el respectivo cargo imputado. Sin embargo, la actora en su escrito de descargos reconoce que en determinadas situaciones debieron acceder al Aula Virtual o Aula Digital de participantes del curso para poder dar respuesta y solución a las consultas realizadas por estos, en cuanto al acceso a determinados recursos dispuestos en dicha plataforma.

Expresa que, mediante Resolución Exenta N°266, de 11 de septiembre de 2023, de la Dirección Regional de Coquimbo del SENCE, teniendo en cuenta lo anterior, se aplicó multa de 15 UTM por los hechos descritos en los cargos 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 y 1.7, los que, dada la naturaleza de los mismos, se agrupan y sancionan como un solo hecho irregular, de conformidad a la Resolución Exenta N°0444, de 22 de enero de 2020, que aprueba las bases del concurso público en el marco del Programa Bono de Capacitación para micro y pequeños empresarios, indica en su título 9.2 “Otras Infracciones” lo siguiente: “Todas aquellas otras conductas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los convenios pertinentes, en las presentes Bases, en la propuesta seleccionada en el Acuerdo operativo, sus modificaciones y anexos., como asimismo en cualquier otra instrucción que dicte el SENCE para la correcta ejecución del Programa, que no se encuentren descritas expresamente y que no ameriten la cancelación del organismo, serán calificadas por el Director Regional respectivo, conforme a la gravedad de las mismas, pudiendo al efecto aplicar multas que van de las 3 a 30 UTM”, por cuanto se acredito que el recurrente transgredió lo indicado en la Resolución Exenta Nº4459, de 20 de diciembre de 2019, que aprueba Instructivo de Diseño y Desarrollo de cursos Modalidad a Distancia E-Learning para programas sociales 2020.

Luego de indicar los fundamentos del recurso, advierte que, más que una protección, la recurrente pretende discutir las razones de la resolución sancionatoria, como si se tratara de un recurso de reposición. No describe cómo se habrían vulnerado sus derechos objeto de la actual causa judicial, por el contrario, reitera sus argumentos que demostrarían que no cometió ninguna irregularidad. Por otra parte, señala que la actora alega la poca claridad de los cargos. Sin embargo, durante el proceso sancionatorio, en su escrito de descargos, describe actuaciones que claramente constituyen las irregularidades, las cuales debió informar oportunamente al servicio recurrido, y no esperar a que fuera fiscalizado el curso para justificarlas.

Alega que no ha actuado arbitraria o ilegalmente, pues, de la revisión documental efectuada con posterioridad al término de la fase lectiva del curso, se pudo determinar la existencia de ingresos y avances por parte de los facilitadores a las plataformas con posterioridad a su término. Reitera que, en cada uno de los 5 cargos por los que se aplicó la multa, los alumnos tenían problemas y no sabían o no podían ingresar al sistema de clases, fueron ayudados en reiteradas oportunidades por los facilitadores del curso. En estos procesos de ayuda a los alumnos, los señores Mendoza y Rojas, dependientes del recurrente, habrían ingresado en oportunidades que no les correspondía.

Sostiene que, no se vulneró el derecho al debido proceso por cuanto la recurrente tuvo la oportunidad de presentar sus descargos y la documentación que consideró pertinente para fundamentarlos, contando además con un amplio plazo para solicitar y presentar la documentación que considerara necesaria para fundamentar sus dichos, conforme al artículo 17 de la Ley N°19.880, y recalca que, de los 7 cargos formulados, se acogieron los 2 relativos a conductas de los alumnos que escapan al control del recurrente, como son los cargos 1.2 y 1.6. Por lo anterior, se puede concluir que los cargos fueron formulados de manera clara y precisa.

En relación con el derecho a ejercer libremente la actividad económica, señala que la normativa que regula las actividades del Organismo Técnico de Capacitación se encuentra establecida en la Ley N°19.518 y el Decreto Supremo N°98, de 1997, en los cuales se establece claramente que no se autorizarán nuevos cursos estando pendiente el pago de multas, por lo que no puede considerarse que la aplicación de las mismas signifique una traba a su derecho a ejercer libremente una actividad económica ni una vulneración a los derechos de igualdad ante la Ley.

En cuanto a la supuesta vulneración a su derecho de propiedad, indica que no ha especificado algún bien mueble o inmueble determinado sobre los cuales recaería la vulneración alegada, considerando que el derecho de propiedad no existe como una generalización, sino que, por el contrario, debe recaer sobre bienes muebles o inmuebles específicos y determinados.

Concluye que, no puede considerarse que el servicio recurrido haya actuado arbitraria o ilegalmente, ya que la multa aplicada se encuentra legalmente fundada y claros los cargos formulados, no existiendo vulneración al debido proceso ni al derecho de propiedad, así como tampoco ha existido discriminación alguna, por lo que el recurso debe ser rechazado.

Acompaña a su informe: 1. Resolución Exenta Nº0444, de 22 de enero de 2020. 2. Resolución Exenta N°0334, de l6 de enero de 2020. 3. Resolución Exenta N°4035, de 21 de noviembre de 2019. 4. Resolución Exenta N°4459 de 20 de diciembre de 2019.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, el recurrente impugna la Resolución Exenta N°266 de 11 de septiembre de 2023, de la Dirección Regional del Servicio recurrido, por haberse dictado con infracción a las garantías de igualdad ante la ley, debido proceso, libertad en el ejercicio de su actividad económica, así como su derecho de propiedad.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes que obran en estos autos, es posible desprender que la vulneración de garantías que alega el recurrente no es tal.

En primer lugar, no se fundamenta debidamente en que forma se vulnera la garantía de la igualdad ante la ley, no habiéndose invocado, y mucho menos acreditado, que el recurrente haya recibido un trato distinto a los demás organismos técnicos de capacitación que se encuentren en la misma situación o análoga a ésta.

Luego, en cuanto a la vulneración al debido proceso, se advierte que el actor impugna los fundamentos de la resolución recurrida, así como su posibilidad de ejercer el derecho a defensa, no alegándose, y tampoco advirtiéndose por esta Corte, que la recurrida se haya erigido como una comisión especial, que es la garantía que ampara la acción de protección.

En relación a la libertad para ejercer una actividad económica, sin perjuicio que la Ley N°19.518 contempla la sanción impuesta en la resolución recurrida, en cuanto a suspender la autorización para realización de cursos mientras se encuentra pendiente el pago de la multa, es importante recalcar que el conocimiento a la eventual vulneración de ella, corresponde al conocimiento de un procedimiento diverso del que se ha invocado, donde puedan resolverse y probarse cada una de las alegaciones que la recurrente señala, no siendo esta, la vía para determinar tales inadvertencias, por la naturaleza rápida y cautelar de protección de derechos indubitados.

Finalmente, en lo que respecta al derecho de propiedad, tampoco se advierte su infracción, por cuanto la multa decretada, si bien, importa una afectación al patrimonio de la recurrente, fue impuesta dentro de los supuestos contemplados en la Ley.

SÉPTIMO: Que, a mayor abundamiento, del examen de la resolución impugnada y de los antecedentes acompañados, tampoco se advierte una ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, por cuanto emana de autoridad competente, en el ejercicio de sus funciones, y se encuentra debida y latamente fundada, dictada en mérito de un procedimiento respecto del cual no se advierten irregularidades, sino que, por el contrario, contó con la posibilidad de realizar descargos, algunos de los cuales fueron acogidos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se resuelve que, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por SERVICIO PROFESIONALES DE CAPACITACIÓN LIMITADA, en contra de del SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO (SENCE).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2209-2023 (Protección).