nombre reservado con SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES

nombre reservado, nombre reservado

Servicio Nacional de Migraciones Recurso de protección Rol N° 2189-2022.

La Serena, ocho de junio de dos mil veintidós.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, con fecha 25 de abril de 2022, comparece Henry Gerard Lárez Rivas, abogado, en favor de nombre reservado, nacionalidad venezolana, C.I. N° RUT reservado, deduciendo acción de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, por la actuación ilegal y arbitraria en que ha incurrido al pronunciarse negativamente sobre la solicitud de permanencia definitiva realizada el 25 de mayo de 2020 al transgredir dicha resolución la garantía constitucional de igualdad ante la ley, conforme a lo preceptuado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Refiere que el recurrente ingresó a Chile por paso habilitado y, con el propósito de establecerse y desarrollar un proyecto de vida en el país, decidió presentar una solicitud a fin de obtener su permanencia definitiva.

Señala que dicha solicitud sólo fue resuelta por la recurrida el 22 de marzo de 2022, previa interposición de un recurso de protección en esta Corte, en causa Rol N° 2027-2021.

Es así como, mediante Resolución Exenta N° 23305, del 22 de marzo de 2022, se rechazó su solicitud de permanencia definitiva, por no contar supuestamente con estabilidad económica durante el periodo de visación, comprendido entre el 03.06.2019 y el 03.06.2020, según la información plasmada en los certificados de cotizaciones previsionales del actor.

Al respecto sostiene que, si bien es cierto que los meses de junio y noviembre de 2019 registró ingresos inferiores al sueldo mínimo y que tampoco registró pagos previsionales para los meses enero y marzo 2020, ello se debió por el incumplimiento de su empleador, quien no procedió al pago oportuno de dichas cotizaciones previsionales, razón por la que interpuso reclamo ante la Inspección del Trabajo de Linares y de San Bernardo, respectivamente.

Sin perjuicio de lo anterior, destaca que de las certificaciones de cotizaciones previsionales acompañadas, se desprende que ha mantenido ingresos estables durante el tiempo que ha permanecido en el país, lo que permite acreditar que cuenta con sustento económico para la obtención del beneficio.

Por otro lado, indica que, pese al largo plazo de espera que transcurrió para la resolución de su solicitud, la recurrida no le requirió antecedentes adicionales durante su tramitación ni formuló reparos, en los términos del artículo 31 de la Ley 19.880.

Sostiene que, si bien es cierto que no es obligatorio para la autoridad acceder a las solicitudes de Permanencia Definitiva presentadas, en caso de rechazarlas, sí está obligada a fundamentar esta decisión, deviniendo su actuar en arbitraria, y además en ilegal, toda vez que se cumplen a cabalidad los requisitos que establece la normativa vigente para hacer procedente el beneficio de permanencia definitiva, lo que conculca su derecho de igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Por tanto, solicita tener por interpuesto recurso de protección en contra de la recurrida y ordenarle que deje sin efecto la Resolución Exenta N° 23305 de fecha 22 de marzo de 2022, a través de la cual se rechazó su solicitud de Permanencia Definitiva, ordenándole que, cumplidos los requerimientos de la Ley de Extranjería y su Reglamento, dicte sin más demora la resolución respectiva, en relación a la Permanencia Definitiva, con expresa condena en costas.

Acompaña a su presentación: 1. Estampe de la Visa de Residencia Temporaria, otorgada por el SERVICIO NACIONAL DE MIGRACIONES, por Resolución N° 668 de fecha 27 de marzo de 2019. 2. Certificado Histórico de Cotizaciones de Fonasa de don nombre reservado, emitido con fecha 10 de abril de 2022. 3. Certificado de Cotizaciones Previsionales en la AFP MODELO VITAL de don nombre reservado, emitido con fecha 25 de marzo de 2022. 4. Sentencia causa ROL ICA 2027-2021 seguida por don nombre reservado. 5. Resolución Exenta N° 23305 de fecha 22 de marzo de 2022. 6. Acta de comparendo de conciliación ante la Unidad de Conciliación de la Inspección del Trabajo de Linares de fecha 30 de noviembre de 2020. 7. Acta de comparendo de conciliación ante la Unidad de Conciliación de la Inspección del Trabajo de Maipo, San Bernardo de fecha 15 de diciembre de 2020. 8. Contratos de trabajo suscritos por don nombre reservado. 9. Finiquitos de trabajo de fechas 30 de junio de 2019, 30 de septiembre de 2019 y 7 de mayo de 2020.

SEGUNDO: Que el 30 de mayo de 2022 nombre reservado y Camila Cortés Palma, abogados, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, evacuando informe y solicitando el rechazo de la acción.

Manifiesta que la acción ha perdido oportunidad, al haberse emitido pronunciamiento respecto de la solicitud de permanencia definitiva del actor.

Al respecto señala que, mediante Resolución Exenta N° 23305 del 22 de marzo de 2022, se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del recurrente y se otorgó en subsidio visa temporaria por el periodo de un año, la cual fue notificada con fecha 23 de marzo de 2022.

Indica que, bajo esa lógica, no puede sostenerse que exista acción u omisión ilegal o arbitraria vulneradora de garantías fundamentales, motivo por el cual solicita el rechazo de la acción deducida, con costas.

Acompaña a su informe: 1. Copia de escritura pública de mandato judicial Repertorio N° 8.536-2022, otorgada ante la Notaria Público nombre reservado de Santiago, don nombre reservado, donde consta mi personería. 2. Copia de simple de Resolución Exenta N°23.305 de 22 de marzo de 2022, del Servicio Nacional de Migraciones.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, en cuanto a la alegación formulada por la recurrida relativa a la pérdida de oportunidad del recurso, apareciendo que lo pretendido por quien recurre es que se deje sin efecto la Resolución Exenta N° 23.305 de 22 de marzo de 2022, que rechazó la solicitud de permanencia definitiva del actor, y no la falta de pronunciamiento de aquella, tal alegación será desestimada.

SEXTO: Que, en cuanto al fondo, la recurrida tiene la facultad de solicitar y requerir documentos adicionales para el análisis de la petición, y la falta de ejercicio de la atribución del ente público para recabar mayores antecedentes, teniendo en consideración, además, el excesivo tiempo de tramitación de su solicitud de permanencia definitiva, torna en arbitrario y desproporcionado el acto administrativo impugnado, máxime teniendo presente que la solicitud de permanencia definitiva del actor cumplía con los requisitos contemplados en los artículos 42 de la Ley de Extranjería y 82 inciso primero de su Reglamento, y que los documentos acompañados a su recurso dan cuenta de una situación laboral y económica estable, a lo menos, hasta el año 2020, en que se ingresó su solicitud, situación que necesariamente hace caer el soporte fáctico que sustenta la decisión de la recurrida, dejándola, en consecuencia, sin fundamento, violentando así el mandato legal contenido en los artículos 11 inciso segundo y 41 de la Ley 19.880.

OCTAVO: Que el acto administrativo impugnado conculca la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el 19 N°2 de la Constitución Política de la República, toda vez que se dispensa al actor un trato desfavorable en comparación a otras personas a quienes se les ha permitido aportar mayores antecedentes a fin de que el ente público emita un pronunciamiento más acabado.

NOVENO: Que, por lo demás, en similares términos se ha pronunciado la Excma. Corte Suprema entre otras en la causa Rol 80.101-2021, en la que el máximo Tribunal ha señalado que “como consecuencia de todo lo anterior, el acto administrativo impugnado, como acto terminal, ha devenido en la vulneración de la garantía constitucional prevista en el Nº 2 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, igualdad ante la ley- tal como se acusa en el recurso- desde que con el actuar de la autoridad recurrida, se ha discriminado a la recurrente en la tramitación de su solicitud, obrar que no ha podido acontecer en casos similares, de ser aplicada correctamente la normativa sobre la materia, por lo que será acogida la acción deducida en los términos que se consignaran en lo resolutivo, teniendo en consideración que no corresponde a esta Corte determinar si procede o no otorgar la residencia definitiva al actor, sino disponer las providencias necesarias para dar debida protección a las garantías fundamentales de las afectadas.”, por lo que el recurso será acogido en la forma que se dirá en lo resolutivo.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre la materia, se declara:

1° Que se rechaza la alegación de pérdida de oportunidad del recurso.

2° Que SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado, en contra del actual Servicio Nacional de Migraciones, solo en cuanto se deja sin efecto la Resolución Exenta N° 23305 de fecha veintidós de marzo de dos mil veintidós, del Servicio Nacional de Migraciones, a través de la cual se rechazó la solicitud de permanencia definitiva del recurrente y se dispone, a fin de dar estricto cumplimiento a la normativa ya referida, que la recurrida deberá proceder a un nuevo análisis de los antecedentes, debiendo requerir la información complementaria pertinente para adoptar su decisión.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

Rol N° 2189-2022 Protección.