nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

nombre reservado

Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A.

Recurso de protección Rol No.2183-2025 La Serena, diecinueve de enero de dos mil veintiséis.

Visto y considerando.

Primero. Que el abogado Pablo Daniel Peñaloza Parra recurre de protección en favor de nombre reservado, de nacionalidad venezolana, domiciliado en domicilio reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A, por haber negado devolución de fondo de pensiones, alegando vulneración de su garantía constitucional de igualdad ante la ley.

Expone que su representado requirió la devolución de fondos previsionales conforme previene la Ley 18.156, siendo notificado el 3 de diciembre de 2025 de que su petición fue denegada, en cuanto falta constancia de afiliación vigente, apostillada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Alega que la recurrida desconoce lo normado en la ley, habiendo acompañado una constancia de afiliación del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, el cual fue legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile y resulta verificable, más cuando el documento presenta un código alfanumérico con vigencia de treinta días, por lo que concluye que el recurrente cumple con los requisitos previstos en la ley.

Conforme lo expuesto, previas citas de jurisprudencia, pide que se ordene a la recurrida que se reconozca como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados por el recurrente.

Segundo. Que informa Ana María Herrera Brummer, abogada de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA S.A., quien pide el rechazo de la acción.

Alega que la acción cautelar de protección no es la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento con carácter contradictorio y que, en la especie, no se materializa un acto ilegal o arbitrario de su representada.

Precisa que, si bien el recurrente aporta una constancia de cotización sin firma y una declaración jurada, éstas no pueden ser consideradas conforme ha dispuesto la Superintendencia de AFP, en Oficio NO.5376, que previene que “para acreditar la cobertura en el país de origen no resulta suficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas de seguridad social que otorga un sistema previsional determinado sino que se debe consignar en forma específica, por la autoridad previsional competente, el hecho que el trabajador extranjero contó efectivamente con la protección por todos los riesgos a que se refiere la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, durante todo el tiempo en que prestó servicios en Chile.”

Agrega que la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia da cuenta de que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no hayan sido legalizadas o apostilladas por la autoridad previsional competente venezolana y sin que señalen las coberturas con que cuenta el afiliado y respecto de las cuales no se pueda inferir un determinado período de cobertura, cuando se limitan a mencionar de forma genérica las coberturas que otorga el sistema previsional venezolano, no sirven para acreditar debidamente el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero exigido en la letra a) de la Ley 18.156.

Respecto de la apostilla, precisa que, a contar del 30 de agosto de 2016, se exigió que dicha certificación debía venir apostillada por la autoridad competente venezolana, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil.

Asimismo, respecto de los anexos de contrato de trabajo acompañados, de 7 de diciembre de 2012 y 16 de octubre de 2025, en ellos se da cuenta de la declaración del trabajador de mantener la afiliación a un régimen previsional extranjero, mas la jurisprudencia ha exigido “para acreditar el requisito de cobertura previsional de la letra a)del artículo 1° de la ley N°18.156, que el trabajador extranjero acredite que ha contado con un seguro por todos los riesgos exigidos en ese mismo precepto y durante toda la extensión del tiempo en que prestó servicios en Chile”.

Junto con invocar jurisprudencia que ratifica su argumentación, concluye refiriendo que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, PROVIDA debe observar todas y cada una de las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero.

Tercero. Que el recurso de protección es la acción constitucional, de carácter cautelar, que pretende resguardar y garantizar la debida protección de los derechos fundamentales, en este caso, los del artículo 19 en sus números 2 y 24 de la Carta Fundamental, el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad respectivamente.

Cuarto. Que, por esta vía, se impugna la negativa de la Administradora de Fondo de Pensiones respecto al retiro de sus fondos de cotización previsional, alegando cumplir con la normativa y acompañando los antecedentes que hacen procedente su petición.

Quinto. Que la negativa invocada se funda en la inexistencia de un documento con validez en Chile y que no da cuenta de prestaciones referidas por la seguridad social de su país.

Sexto. Que, sin perjuicio de que la discusión por la validez del documento corresponde a una materia que debe ser objeto de un procedimiento declarativo, donde tiene competencia la Superintendencia de Pensiones, en la especie, cabe descartar que la recurrida haya incurrido en un acto arbitrario o ilegal, toda vez que el pronunciamiento reprochado se ha emitido conforme previene la Ley 18.156 y los requisitos que dispone.

Séptimo. Que, en este contexto, la petición de devolución de fondos de técnico extranjero se encuentra regulada en dicha norma, siendo pertinente mencionar que, como expuso la recurrida, el extranjero debe acreditar las prestaciones de seguridad social cubiertas por el régimen de su país de origen, lo que no ocurrió en la especie, no pudiendo imponer la carga de hacer revisión de antecedentes adicionales de un documento que debe dar cuenta del cumplimiento de los requisitos legales.

Octavo. Que, asimismo, cabe prevenir que la trascendencia y objetivo de la apostilla de documentos oficiales emanados de autoridades extranjeras radica en garantizar la autenticidad, integridad y origen de los mismos, permitiendo su reconocimiento y eficacia jurídica conforme a los tratados internacionales suscritos y ratificados por Chile.

En este sentido, no puede esta Corte reconocer como válida documentación extranjera sin dicha formalidad, toda vez que ello implicaría desconocer las normas del derecho internacional privado (Convenio de la Apostilla de La Haya) y los principios de seguridad jurídica que rigen el reconocimiento de actos y documentos públicos o privados extranjeros en territorio nacional, lo que constituye un obstáculo adicional e insalvable para la procedencia de la pretensión deducida, precisamente por cuanto solicita expresamente se reconozca como válida la documentación que sustenta su petición principal de devolución de sus fondos previsionales.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de nombre reservado en contra de AFP PROVIDA.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Rol Protección No.2183-2025.