nombre reservado con ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL

nombre reservado

Ilustre Municipalidad de Illapel Recurso de protección Rol N°2181-2025 La Serena, veinte de enero dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, abogada, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, representada legalmente por su Alcalde don Denis Miguel Ángel Cortés Aguilera, ambos con domicilio en domicilio reservado, por el acto que señala como arbitrario e ilegal, consistente en decisión de no renovar su contrato a honorarios para el año 2026, lo que vulnera sus derechos fundamentales a la integridad psíquica, su derecho a la igualdad ante la ley, su derecho a la tutela judicial efectiva y su derecho a la libertad de trabajo, consagrados en los numerales 1, 2, 3 y 16 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señala que desde el año 2022 hasta 2025 prestó servicios de manera continua, permanente e ininterrumpida para la Municipalidad de Illapel, bajo contratos a honorarios sucesivos, desempeñando funciones en el Programa Mujeres Jefas de Hogar, dependiente de DIDECO.

Asimismo, afirma que su contrato fue renovado sistemáticamente durante cuatro años, pese a que siempre estuvo sujeto a convenios anuales con SERNAMEG.

En ese contexto, indica que el 12 de junio de 2025, interpuso una denuncia de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Illapel (Rol T-21-2025), fundada en hostigamiento laboral, represalias internas, modificaciones arbitrarias de remuneraciones, disminución de funciones y afectación a su salud psíquica.

No obstante, con posterioridad al inicio del juicio laboral y mientras éste se encontraba plenamente vigente, la autoridad recurrida adoptó la decisión de no renovar su contrato a honorarios para el año 2026, notificándole dicha determinación mediante Oficio N° OE-01599/2025, emitido el 22 de diciembre de 2025 y notificado el 23 del mismo mes y año.

Enseguida, sostiene que la no renovación contractual no es una decisión administrativa neutra, sino una represalia directa por el ejercicio legítimo de acciones judiciales. Añade que, para justificar la decisión, además del vencimiento del plazo, se invocó de manera genérica el término del convenio con el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), y un supuesto proceso de reestructuración institucional y presupuestaria.

Sin embargo, la recurrente alega que tales fundamentos son abstractos, genéricos y carentes de motivación específica, pues no se acompañan antecedentes objetivos, informes técnicos, evaluaciones de desempeño ni actos administrativos que expliquen por qué la decisión recae exclusivamente en ella, considerando que el programa cuenta con dos coordinadoras con iguales funciones y condiciones, y solo su contrato fue no renovado. De tal manera, sostiene que el acto es ilegal y arbitrario, correspondiendo más bien a una represalia por el ejercicio de acciones judiciales, considerando la relación temporal entre los acontecimientos.

Añade que este actuar de la Municipalidad configura un indicio grave, preciso y concordante de vulneración de la garantía de indemnidad, reconocida en el artículo 485 inciso tercero del Código del Trabajo.

Asimismo, afirma que la Municipalidad habría incurrido en desviación de poder, utilizando una potestad formalmente lícita (no renovación de contrato a honorarios) con un fin ilegítimo.

En cuanto a los derechos fundamentales vulnerados, afirma que el actuar denunciado vulnera su derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, por cuanto ha recibido un trato discriminatorio e injustificado respecto de la otra coordinadora y respecto de su propia situación en años anteriores.

Asimismo, afirma que se vulnera su derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 19 N°3 inciso 5°, toda vez que la decisión impugnada corresponde a una represalia indirecta por ejercer acciones judiciales, con efecto disuasivo y sancionatorio.

Además, que se vulnera su derecho a la libertad de trabajo del artículo 19 N°16, en la medida que la decisión impugnada le produce una privación arbitraria de su fuente laboral, sin causa objetiva ni fundada.

Por último, sostiene que se vulnera su derecho a la integridad psíquica, dado que la decisión de no renovación le ocasiona un daño psicológico, en un contexto de hostigamiento laboral y de pérdida abrupta de estabilidad laboral y económica.

Finalmente, sostiene que en la especie no existe doble vía, ya que el acto impugnado es posterior, autónomo y distinto de los hechos debatidos en la causa laboral que se tramita ante el Juzgado de Letras de Illapel, y que la tutela laboral no resulta idónea para otorgar protección inmediata frente a los efectos actuales del acto administrativo.

Por tales fundamentos, solicita que se acoja el recurso, declarando ilegal y arbitrario el Oficio N° OE-01599/2025 de 22 de diciembre de 2025, dejando sin efecto el acto administrativo que se contiene en él, que se ordene restablecerla en sus funciones o en otras equivalentes, bajo las mismas condiciones vigentes al 31 de diciembre de 2025, con costas.

SEGUNDO: Que a folio 9, compareció la recurrida ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo del recurso, con costas.

En primer lugar, afirma que la acción sería inadmisible por versar sobre una controversia de naturaleza laboral que requiere un procedimiento de lato conocimiento, impropio de la acción cautelar de protección. Afirma que el recurso no es la vía idónea para discutir la no renovación de un contrato a honorarios ni para determinar la existencia de una relación laboral encubierta, materias que deben ser conocidas por los Juzgados de Letras del Trabajo, y que la recurrente carece de un derecho indubitado a la renovación contractual.

En subsidio, sostiene que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, ya que la no renovación del contrato de la recurrente responde a razones objetivas y legales. Señala que el contrato a honorarios para el año 2025 tenía una fecha de término expresa al 31 de diciembre de 2025, circunstancia conocida y aceptada por la recurrente, rigiéndose el vínculo por el Código Civil y el artículo 4 de la Ley N°18.883.

Agrega que los honorarios de la recurrente eran financiados íntegramente con recursos del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), en el marco del Programa Mujeres Jefas de Hogar, y que el convenio de transferencia de fondos para 2025 también expiró el 31 de diciembre de ese año, sin existir a la fecha un convenio vigente ni financiamiento asegurado para el año 2026. A ello suma restricciones presupuestarias municipales, previamente informadas al Servicio, que impedirían comprometer nuevos gastos o prorrogar la contratación.

Concluye que la no renovación constituye la consecuencia jurídica natural del vencimiento del plazo contractual y del término del financiamiento externo, descartando que se trate de una represalia, discriminación o desviación de poder.

Por lo anterior, solicita que el recurso de protección sea rechazado en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones, arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal o arbitraria, que afecte una o más de las garantías protegidas y que los derechos en cuestión se encuentren indubitados y fuera de discusión.

CUARTO: Que, la presente acción se dirige en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel, denunciando la actora el hecho de haber sido víctima de actos de represalia por su empleador, lo que habría culminado con la decisión de no renovar su contrato a honorarios para el presente año 2026.

Por su parte, la recurrida ha señalado, en lo pertinente al fondo del asunto, que no es efectivo que se hubieren cometido actos de represalia en contra de la recurrente, sino que la no renovación de su contrato a honorarios obedece a al vencimiento del plazo de su contrato, como también, al término del programa en el cual se solicitaron los servicios de la recurrente, así como la existencia de restricciones presupuestarias municipales.

QUINTO: Que, así las cosas, del mérito de los antecedentes allegados al recurso se infiere que, precisamente, es un hecho controvertido en la causa, la existencia o no del presunto acto de represalia que alega la recurrente y, de lo cual, sería un indicio de vulneración la decisión de no renovar su contrato a honorarios, luego de haber presentado una denuncia en contra de la recurrida ante el Juzgado de Letras de Illapel.

Que, constatado lo anterior, permite situar esta discusión en un ámbito que escapa de la acción constitucional ejercida, toda vez que esta última supone hechos ciertos y derechos indubitados en juego, nada de lo cual ocurre en la especie, pues como se desprende del propio libelo intentado, es dable entender que las situaciones fácticas que afectarían los derechos invocados por la actora, en que sostiene su recurso son, básicamente hechos controvertidos, debiendo ser dilucidado previamente en la sede declarativa que corresponda, en la cual las partes tengan la posibilidad de desarrollar un contradictorio, con la oportunidad de presentar y valorar pruebas, objetar la contraria y el examen integral de todos los antecedentes relevantes; más aún cuando la recurrente sustenta su pretensión en la técnica de la prueba indiciaria. De consiguiente, la recurrente por ahora carece de un derecho indubitado, que es un requisito indispensable para la procedencia del recurso. Esto determina que la resolución del conflicto existente entre las partes exceda el ámbito de este recurso que es meramente cautelar, sumario y no contradictorio y deba ser dilucidado previamente en la sede declarativa que corresponda.

SEXTO: Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente que -conforme lo sostiene la propia recurrente- se presentó ante el Juzgado de Letras de Illapel la respectiva denuncia de vulneración de derechos fundamentales, tramitada bajo en RIT T-21-2025. Al respecto, es preciso considerar que, si bien, ambos procedimientos se tramitan ante tribunales diversos y se someten a reglas procesales totalmente distintas, el artículo 485 inciso final del Código del Trabajo dispone que “Interpuesta la acción de protección a que se refiere el artículo 20 de la Constitución Política, en los casos que proceda, no se podrá efectuar una denuncia de conformidad a las normas de este Párrafo, que se refiera a los mismos hechos.”

De la historia fidedigna de aquella norma es posible concluir que el legislador buscó que no se tramitaran de forma paralela ambos procedimientos pues, en el fondo, en ellos se debe analizar si determinadas conductas han afectado garantías constitucionales del trabajador, por lo que, si bien no constituye propiamente una litis pendentia a la luz de la triple identidad descrita en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil, el que exista un procedimiento sobre tutela laboral fundado en los mismos hechos de estos recursos de protección, de pronunciarse esta Corte sobre éstos, afectaría la imparcialidad del ente juzgador laboral, pues la decisión estaría teñida de una postura del órgano superior sobre la ocurrencia -o no- de los actos de acoso y maltrato descritos, afectando con ello los intereses de ambas partes, el debido proceso, la igualdad de armas y el contradictorio.

En efecto, es allí en sede laboral, en donde corresponde la rendición de prueba que concluya con la declaración de vulneración –o no- de los derechos de la actora, asunto que no cabe en este tipo de acciones constitucionales, por lo que cualquier decisión de esta Corte, en este contexto, se dictaría sin prueba y en un proceso, en esencia, no declarativo, lo que impediría acoger las pretensiones de la recurrente.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso se protección incoado en favor de nombre reservado en contra de la Ilustre Municipalidad de Illapel.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2181-2025 Protección