nombre reservado con PREFECTURA CARABINEROS LIMARI

nombre reservado

Prefectura de Carabineros del Limarí Recurso de protección Rol Nº2162-2025 La Serena, veintiocho de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece el abogado don Juan Pablo Cortés Cortés, en representación de don nombre reservado, cédula de identidad N°RUT reservado, en contra de la Resolución Exenta N°09, de 24 de noviembre de 2025, emitida por el Prefecto (s) de la Prefectura del Limarí, la que dispone su baja por conducta mala con efectos inmediatos, alegando vulneración de las garantías de los números 1, 2, 4, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que la resolución impugnada funda la baja del recurrente por "conducta mala, con efectos inmediatos”, en la aplicación del artículo 127 N°4 del Reglamento N°8 de Carabineros de Chile, dictado en el año 1959, norma de carácter meramente reglamentario y preconstitucional, cuya aplicación señala ser jurídicamente improcedente por colisionar con el bloque constitucional de derechos fundamentales actualmente vigente, generándose así una antinomia normativa entre, por una parte, una disposición reglamentaria inferior, dictada con anterioridad a la Constitución Política de 1980, que habilitaría a la autoridad administrativa para disponer la baja inmediata de un funcionario sin la tramitación previa de un sumario administrativo, y, por otra, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile y vigentes, que imponen como exigencia mínima e inderogable que toda sanción administrativa —y con mayor razón una de carácter expulsivo— emane de un procedimiento racional y justo. Señala que esta antinomia debe resolverse a favor de la Constitución Política de la República, excluyendo la aplicación del referido artículo 127 N°4 del Reglamento, por ser la primera una norma de superior rango legal, debiéndose entender tácitamente derogado todo aquello que permite la baja inmediata sin procedimiento.

Concluye que la resolución impugnada al fundarse en el artículo 127 N°4 del Reglamento N°8 para disponer la baja por conducta mala con efectos inmediatos y sin sumario previo, incurre en ilegalidad y arbitrariedad manifiesta, al aplicar una norma reglamentaria incompatible con la Constitución y el bloque constitucional de derechos fundamentales.

Expone en cuanto a los hechos, que su representado era hasta el 24 de noviembre de 2025 funcionario de Carabineros, del escalón más bajo del sistema jerárquico de la Institución, con solo 1 año de servicio.

Alega que la resolución impugnada sostiene que su representado habría reconocido “libre y voluntariamente” mantener una relación sentimental con una menor de iniciales K.S.V.M., de 15 años, lo cual no se ajusta a la realidad y a lo declarado por el recurrente, incurriendo la autoridad administrativa en una tergiversación sustantiva de sus dichos, que resulta decisiva para la calificación jurídica efectuada y para la aplicación de la sanción extrema que se impugna.

Aclara que lo declarado por el recurrente fue que sostuvo una relación afectiva con una persona que le indicó expresamente ser mayor de edad, de 18 años. Indica que no fue ponderado que la contextura física, apariencia y comportamiento social de la adolescente no podía hacer inferir que era una menor de edad, además, la visitaba en su casa en presencia de su madre quien mantuvo una actitud pasiva, lo que confirmó su convicción de que la joven era mayor de edad. Añade que la resolución carece de fundamentación, pues la autoridad no explica cómo ni por qué desestima la alegación de desconocimiento de la edad, ni de qué manera descarta la razonabilidad de dicho error, limitándose a afirmar, sin análisis alguno, que existiría un reconocimiento libre y voluntario de una conducta que su representado nunca admitió en los términos que se le imputan.

Se refiere al contexto en que fue prestada la declaración del recurrente, indicando que era un entorno institucional claramente hostil, en un escenario marcado por una evidente asimetría de poder, y que fue conducido a declarar, sin información clara sobre sus derechos, o las consecuencias y sin asistencia de un abogado, por lo que arguye, que es improcedente sostener que su declaración fue prestada de forma libre, y tampoco fue prestada de forma voluntaria, sino que fue obtenida en un contexto de coacción emocional.

Alega que la resolución impugnada, sostiene además, que su representado mientras se encontraba de servicio y portando su uniforme y armamento fiscal, se habría tomado fotografías de contenido sexual que posteriormente fueron publicadas en redes sociales, lo cual refiere ser una grave simplificación de los hechos y de una errónea imputación de responsabilidad, al prescindir del contexto real en que tales circunstancias ocurrieron, y de los límites objetivos de control y previsibilidad que le eran exigibles. Indica que las fotografías fueron tomadas en un contexto privado al interior de un domicilio particular, en un espacio estrictamente privado, y a solicitud expresa de la propia joven, y fueron dos fotografías aisladas en donde aparece abrazando a la joven, captadas en un contexto íntimo y reservado, sin que existiera por parte de su representado, intención alguna de difusión, publicación o exposición pública de las mismas, ni tenía el control sobre aquel actuar.

Sostiene que faltan requisitos para la aplicación del artículo 127 N°4 del Reglamento N°8, pues la norma exige dos presupuestos copulativos: 1.- Que la falta sea de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario; y 2.- Que el inculpado se encuentre confeso o su responsabilidad sea evidente. Señala que en el caso de autos no existe confesión, al contrario, solo reconoció la relación, pero en ningún caso que fuera con una menor de edad, pues no lo sabía y “tampoco la responsabilidad es evidente”, por cuanto el recurrido luego de dictar la resolución de baja, ordena un sumario administrativo contradiciendo lo expresamente establecido en el artículo 5° del Reglamento de Sumarios Administrativos N°15, que prevé: “Artículo 5°.- Los Sumarios sólo podrán ser originados por alguna de las siguientes causales: c) Para determinar el grado de responsabilidad en las faltas disciplinarias graves en que aparezca involucrado el personal, siempre y cuando su culpabilidad y participación no esté fehacientemente establecida por otros medios.”, por tanto, refiere que la apertura del sumario después de la baja constituye una prueba irrefutable del error procedimental de parte del recurrido, puesto que, si se estimó necesario instruir sumario, es precisamente porque la culpabilidad del afectado no estaba fehacientemente establecida.

Afirma que, respecto de la imputación de una falta grave al principio de probidad administrativa, la normativa vigente establece un procedimiento reglado e imperativo para su determinación. Tanto la Ley N°18.575 como el Estatuto Administrativo exigen que dicha responsabilidad sea acreditada mediante un sumario administrativo o investigación sumaria, único medio idóneo para garantizar el debido proceso y el derecho a defensa del funcionario, y en el caso de autos la autoridad recurrida decidió su baja inmediata, sin que a dicha decisión le hubiese precedido el procedimiento administrativo legalmente establecido, por lo que su omisión configura una vulneración a las normas que regulan la potestad disciplinaria y al principio de juridicidad, tornando ilegal la actuación administrativa.

Se refiere a la conculcación de las garantías constitucionales del artículo 19 N°1, N°2, N°3 inciso 5°, N°4 y N°24 de la Carta Fundamental. En primer término, señala afectar la integridad psíquica al recurrente al generar angustia, incertidumbre y daños somáticos, producto de una separación anticipada e ilegal del servicio. En cuanto a la igualdad ante la ley, se infringe al imponer una la baja inmediata con pérdida total de remuneraciones, un régimen más gravoso e irrazonable que el aplicable a otros funcionarios públicos en situaciones análogas, configurando una discriminación arbitraria. Luego se refiere a la garantía de no ser juzgado por comisiones especiales, ya que la autoridad, al prescindir del sumario administrativo obligatorio, se arrogó facultades jurisdiccionales para reprochar conductas sin un procedimiento racional y justo. En cuanto al derecho a la honra, indica ser infringido al tratar al recurrente como culpable de un delito sin una sentencia condenatoria previa, dañando su reputación. Finalmente, se lesiona el derecho de propiedad al privarlo ilegítimamente de sus remuneraciones, estabilidad laboral y derechos previsionales adquiridos, sin un proceso legal que lo sustente.

Concluye solicitando acoger el recurso de protección, y dejar sin efecto la resolución recurrida, y ordenar la reincorporación de su representado a sus funciones mientras se desarrolla el sumario administrativo. En subsidio de lo anterior, se ordene a Carabineros el pago de las remuneraciones de su representado mientras se mantiene alejado de la institución y mientras no sea sancionado por un acto administrativo terminal, de tal suerte de incentivar la pronta conclusión de la pieza investigativa.

Acompaña a su recurso: Copia Resolución Exenta N°09, de 24/11/2025, notificado con esa misma fecha, emitido por el recurrido y copia acta de notificación de Resolución Exenta N°09, de 24/11/2025.

SEGUNDO: Que, a folio 11, comparece la abogada Natividad Pereira Carrasco, en representación del recurrido Prefecto de la Prefectura de Carabineros del Limarí, acompañando el informe requerido.

Expone las circunstancias que motivó la imposición de la medida administrativa de “baja por conducta mala, con efectos inmediatos”, indicando que el Departamento de Asuntos Internos recibió una denuncia anónima que señalaba lo siguiente en relación al recurrente: “El carabinero nombre reservado tiene una relación sentimental con una me​nor de 15 años llamada K.S.V.M. Ella en su perfil de Instagram “catalinnhx_6.5_” tiene videos e imágenes donde ha sido etiquetado el funcionario cuyo perfil es “dur4n JdO”. Por ejemplo, el 8 de septiembre de este año salen juntos donde nombre reservado figura de uniforme, estando de servicio. El 10 de septiembre se publicó otra imagen donde nombre reservado aparece nuevamente de servicio y se ve un arma al cinto, donde se infiere que pudo ser tomada la fotografía el día anterior, donde el cabo está de 2 patrullaje. Existen otras imágenes donde sale el carabinero demostrando la existencia de esta re​lación”. (sic)

Señala que se procedió a verificar por la plataforma de programación de servicios integrado de información del personal, los servicios policiales rea​lizados por el carabinero Sr. nombre reservado, figurando el 8 de septiembre de 2025 de servicio 1er. Patrullaje en la domicilio reservado hrs., mientras que el 9 de septiembre de 2025, figura de servicio 2do. Patrullaje en la Población, de 20:00 a 08:00 hrs. Posteriormente, se verificó en la plataforma del Sistema de Registro Civil e Identificación, que la persona identificada en el Reporte de Información anónimo corresponde a la menor de iniciales K.S.V.M., cuya fecha de nacimiento es el 17 de febrero de 2010 de 15 años de edad.

Refiere que personal de Sección Especializada se entrevistó de manera voluntaria con el recurrente, quien libre y espontáneamente manifestó conocer a la menor de iniciales K.S.M.V., con quien señaló haber mantenido una relación sentimental, la que calificó como pasajera. Indicó, según su propia versión, desconocer la minoría de edad de la involucrada, expresando que esta le habría señalado tener 18 años y que se encontraba cursando su enseñanza media en modalidad 2x1. Añade que, reconoció ser la persona en las fotos publicadas por la menor en sus redes sociales, en las que se le observa abrazándola y tocando uno de sus senos, señalando que, efectivamente, el día en que dichas imágenes fueron cap​tadas se encontraba de servicio. No obstante, indicó no recordar específicamente de qué servicio se trataba, precisando únicamente que concurrió al domicilio de la menor debido a que ésta le había encargado una colación, situación que, según afirmó, se habría repetido en dos o tres oportunidades. Finalmente, señaló que en las ocasiones en que com​partió con la madre y la abuela de la menor, ninguna de ellas le habría informado respecto de la minoría de edad de la joven.

Afirma que, atendida la gravedad de los hechos denunciados, junto al mérito de las indagaciones efectuadas por la Sección de Asuntos Internos de esta dependencia, mediante Oficio N°288, de 24 de noviembre de 2025, el entonces Mando de Repartición solicitó formalmente a la Fiscalía Local de Ovalle, informar el actual estado de tramitación de la causa RUC 2501608612-9, asociada al Oficio Denuncia N°12, de 10 de noviembre de 2025; así como también, la calidad procesal del entonces Carabinero nombre reservado. Al respecto, señala que, el Ente Persecutor, mediante correo electrónico de 24 de noviembre de 2025, informó que la causa se encuentra actualmente vigente, y que el citado funcionario mantiene la calidad de imputado. En razón de lo anterior, señala que, conforme a la evaluación de los antecedentes, el entonces Mando de Repar​tición de acuerdo con las atribuciones y facultades que le confiere el ordenamiento jurídico institu​cional, se formó la convicción de que los hechos, y, en consecuencia, las inconductas en las que incurrió el ahora ex Carabinero nombre reservado, son de tal gravedad y trascendencia que hacen meritoria la aplicación de una medida administrativa de tal entidad como lo es la “Baja de las Filas de la Institución por conducta mala, con efectos inmediatos”. Refiere que la resolución tiene su sustento normativo en el artículo 127, N°4), inciso quinto, del Reglamento de Selección y Ascensos del Personal de Carabineros N°8, que precisa que ello tiene el carácter de condicional y se encuentra sujeto al resultado final del Sumario Administrativo que sobre el particular se haya ordenado instruir, asis​tiéndole al recurrente el derecho de ejercer las instancias de impugnación a partir de la notificación de la Vista Fiscal, en la forma y plazos que regula el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile N°15.

Precisa que, la resolución recurrida señala en su letra D.l) que si se le aplica en definitiva una sanción que no importe necesariamente su baja, será reintegrado a la Institución, percibiendo las remuneraciones devenga​das durante el tiempo que duró su licenciamiento, sino también, se consigna en la letra D.2) que a contar de la fecha en que se haga efectiva la sanción disciplinaria expulsiva, el ex Carabinero nombre reservado, será desvinculado de las Filas de la Institución, por lo que desde esa data no tienen derecho a percibir las remuneraciones del empleo en actividad, tal como lo ha precisado la Contraloría General de la República en sus Dictámenes N°53.449 y 60.053, ambos de 2019, y 31.214 de 2011, entre otros.

Señala que, se dispuso la instrucción de un Sumario Administrativo mediante la Orden de Sumario N°22614/1 de fecha 24.11.2025, a cargo de la Fiscalía Administrativa de su dependencia, con la finalidad de establecer la forma, causas y circunstancias en que ocurrieron los hechos descritos precedentemente. Agrega que, según lo establecido en el inciso final del artículo 84° Ter de la Ley N°18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, incorporado por la Ley N°21.427 que “Moderniza la Gestión Institucional y Fortalece la Probidad y Transparencia de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”, se dictó la Resolución Exenta N°929, que suspende la tramitación del mencio​nado proceso sumarial hasta el término de la causa seguida en razón del Oficio Denuncia N°12, de la Sección de Asuntos Internos de esta dependencia, direccionado a la Fis​calía Local de Ovalle.

Destaca que, una vez concluida la citada causa, se reanudará el proceso administrativo incoado, de lo cual será for​malmente notificado el ex Carabinero, con la finali​dad que aporte los antecedentes pertinentes, y así, una vez concluido dicho proceso, sea notificado del contenido íntegro de la Vista Fiscal, oportunidad en la que podrá ejercer las alegaciones y de​fensas, así como interponer los recursos administrativos que establece el Reglamento de Sumarios Administrativos de Carabineros de Chile, N°15.

Alega la improcedencia del recurso, en cuanto si bien el recurrente formula una serie de alegaciones sobre diversas situaciones, que se encuentran supeditadas al sumario administrativo que le afecta, y que su objeto, es dejar sin efecto la resolución que dispuso su “Baja de las Filas de la Institución”, pues en su concepto ésta sería ilegal y arbitraria, no siendo la vía adecuada la acción de protección, pues el asunto es de lato conocimiento, por lo que no se advierte que el recurrente posea un derecho indubitado, pues la resolución que por esta vía es impugnada, así como la defensa del actor, aún se encuentran en investigación, y no han sido asentados por la judicatura penal, o la autoridad administrativa que conoce de ellos.

Agrega que no concurren las hipótesis de ilegalidad y arbitrariedad, toda vez que Carabineros posee un sistema disciplinario, en el que, conforme lo previsto en los artículos 23 y 127 del Reglamento de Disciplina, establece, entre las sanciones disciplinarias, la baja por conducta mala con efectos inmediatos, y que la gravedad de la conducta será calificada por el Jefe que ordene la instrucción del sumario, lo que descarta vulneración de derechos fundamentales.

Finaliza indicando, que el actuar institucional se ha apegado a la normativa legal y reglamentaria que rige la materia, no presentándose por tanto un actuar ilegal o arbitrario, por lo que solicitan el rechazo del recurso.

Acompaña a su informe: 1.- Copia simple de la Resolución Exenta N°09, de 24.11.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; 2.- Copia simple Resolución Exenta N°929, de 24.11.2025 de la Prefectura de Carabineros “Limarí”; 3.- Copia simple acta de notificación de 24.11.2025; 4.- Copia simple Orden de Sumario N°22614/1, de 24.11.2025 TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección al afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expresado, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio que tenga la naturaleza jurídica de aquéllas a que se refiere el artículo 1° del Código Civil, aplicable al caso concreto, en otras palabras, el actuar u omitir es ilegal, cuando fundándose en algún poder jurídico que se detenta, se excede en su ejercicio, de cualquier manera; o bien, arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad indica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, esto es, falta de proporción entre los motivos y la finalidad que alcanza; y que, enseguida provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, contrariando a una o más de las garantías protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión de cualquier asunto como el que se ha propuesto en el presente caso.

QUINTO: Que, del mérito de autos, se desprende que lo alegado por el recurrente es la dictación de la Resolución Exenta N°09, de 24 de noviembre de 2025, la cual dispuso su baja de Carabineros, por conducta mala, de forma inmediata, en atención a una denuncia anónima que lo acusaba de mantener una relación con una menor de edad, alegando que aquella vulnera sus derechos constitucionales por ser ilegal y arbitraria, como carente de fundamento, pues sin investigación previa, lo ha privado de su trabajo y remuneraciones.

A su turno, la recurrida señala que la medida impuesta fue ordenada según las facultades que irroga al mando directo de la Prefectura de Limarí la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros, como los respectivos reglamentos, y que ésta es de carácter condicional supeditada al resultado del sumario administrativo, el cual aún no inicia, y en el cual el recurrente podrá realizar sus descargos, y en caso de resultar absuelto se le reintegrarán las remuneraciones que debió percibir de forma retroactiva.

SEXTO: Que, corresponde tener presente que el Capítulo VIII, del Reglamento de selección y ascensos del Personal de Carabineros N°8, trata sobre Eliminaciones, dispone en el inciso quinto del número 4° del artículo 127, que cuando la comisión de una falta que dé origen a un Sumario Administrativo o Investigación, fuere de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario en la institución, y, el inculpado confiese su responsabilidad, o ésta se haga evidente, el Jefe que ordene la instrucción del Sumario podrá eliminarlo de inmediato por conducta mala, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumarial o de la investigación, oportunidad en la cual deberá fijar la nota que en definitiva le corresponda, o bien, modificar o dejar sin efecto la causal de baja, según el mérito del Sumario o investigación.

Así resulta, que la resolución impugnada tiene sustento en la norma señalada, que prevé la hipótesis verificada en autos, sin que pueda estimarse el ejercicio de esta facultad de la recurrida como ilegal. En los mismos términos, tampoco ha de entenderse como arbitraria, encontrándose debidamente fundada y, en su hipótesis de discriminación arbitraria, no consta que la institución haya otorgado un trato distinto a funcionarios que estén en idéntica posición que el actor, siendo relevante que ésta tampoco es una instancia de acreditación de supuestos de hecho.

SÉPTIMO: Que, del mérito de los antecedentes se constata que, en el presente caso, los hechos fueron de tal gravedad que se interpuso una denuncia ante la Fiscalía de Ovalle, ello sin perjuicio de haberse dispuesto la instrucción interna del sumario administrativo tendiente a establecer fehacientemente la forma y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos sindicados, cuya tramitación se encuentra suspendida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 84 ter de la Ley N 18.961 Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, en el que el recurrente puede hacer uso de su derecho a defensa presentando prueba y los recursos que estime pertinentes.

OCTAVO: Que, en consecuencia, la autoridad que dictó el acto administrativo se encuentra jurídicamente habilitada para adoptar la decisión que motiva la acción constitucional impetrada, la que, según se lee de su texto, aparece fundamentada, y tal como se expresa su parte resolutiva, el reproche al funcionario es su falta a la probidad funcionaria, pues mantuvo una relación con una menor de edad, con quien se sacó fotografías las que fueron publicadas en redes sociales, portando su uniforme y arma de servicio. En suma, se trata de una facultad especial, en la que la separación del Servicio no tiene el carácter de irreversible, pues queda supeditada al resultado final del sumario administrativo que se tramite como expresamente se menciona en la reseñada regla del artículo 127 no existiendo, en consecuencia, aún, un acto administrativo terminal.

Así, esta medida cautelar encuentra su fundamento en la necesidad de velar por la buena conducta de los integrantes de Carabineros de Chile, facultades otorgadas por la normativa citada, la que, además importa la existencia de un régimen disciplinario, lo que permite entender que no se trata del ejercicio de una potestad sancionadora, sino que cautelar, lo cual explica, tal como indica la resolución recurrida, que, resuelto el sumario, se resolverá la situación del funcionario.

NOVENO: Que, vale tener presente, que, en la materia, ha resuelto la Excma. Corte Suprema que “...no existe contraposición entre el ejercicio de dicha facultad y el texto de la letra d) del artículo 43 de la Ley N 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros, conforme al cual el retiro absoluto del personal de la institución se produce, entre otras causales, por haber sido eliminado por lista de clasificación o sanción disciplinaria de carácter expulsivo, en proceso administrativo, puesto que una separación definitiva del funcionario, resulta un evento que no forma parte del reclamo en el caso, y pende del afinamiento del sumario administrativo respectivo.” (Rol N°167.174-2023, sentencia de 13 de noviembre de 2023; Rol N°26.985-2019, sentencia de 18 de marzo de 2020; Rol 5446-2019, sentencia de 11 de julio de 2019).

Y tal como se sostiene en los fallos antes citados, que se pronuncian en casos similares al de autos, “tampoco se advierte una privación de derechos constitucionales de orden procesal”, pues la baja inmediata “no perjudica las herramientas de defensa de que puedan valerse los recurrentes en el proceso sumarial que se seguirá contra ellos”, lo cual ratifica la naturaleza cautelar y provisoria y no sancionatoria e irreversible, de este tipo de medida. En este sentido, la decisión impugnada no constituye una especie de juzgamiento que emane de una “comisión especial” como sostiene la recurrente, por lo que los reparos en relación con la forma en que el procedimiento fue iniciado o las decisiones en él adoptadas, no pueden ser revisadas en esta vía, al no presentarse la antinomia que el recurrente imputa, además de no tratarse de un acto terminal, como ya se dijo, lo que, por ende, podría impedir a esta Corte conocer el fondo del asunto, cuando proceda.

DÉCIMO: Que finalmente, cabe señalar, que no corresponde analizar ahora la proporcionalidad de la medida disciplinaria aplicada, desde que ello, en definitiva, se revisará, en otra instancia, previas las correspondientes defensas que los recurrentes hagan en dicha sede administrativa.

A mayor abundamiento, lo pretendido por el actor sobrepasa los fines de la presente acción cautelar, por cuanto no posee un derecho indubitado, por lo que su arbitrio no podrá prosperar, sin perjuicio de las acciones que se puedan ejercer en la instancia declarativa respectiva.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto a favor de nombre reservado, en contra en contra de Carabineros de la Prefectura del Limarí.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°2162-2025 (Protección)