FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA DE COQUIMBO con SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD

Fundación para la Infancia de Coquimbo Servicio Nacional de Discapacidad Recurso de protección Rol N°216-2026 La Serena, cinco de marzo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece la abogada Elena Yévenes Vidal, en representación de la FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA DE COQUIMBO, institución sin fines de lucro, con domicilio en domicilio reservado, interponiendo recurso de protección en contra del SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS), representado por su Director don nombre reservado, por el acto arbitrio e ilegal de dictar la Resolución Exenta N°3658-2025, de 31 de diciembre del 2025, que pone término al Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Modelos Residenciales para Adultos Con Discapacidad, suscrito con la recurrente.

Expone que, la Fundación asumió en el mes de enero del año 2022, el rol de Entidad Ejecutora, del "CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS, PROGRAMA MODELOS RESIDENCIALES PARA ADULTOS CON DISCAPACIDAD", suscrito con el SENADIS, y que, con posterioridad, ambas entidades suscriben un nuevo convenio durante el 2023, luego otro el 2024, y por último se suscribió el convenio del 2025, cuya duración es hasta el 2027, el cual fue aprobado por Resolución Exenta N°1797-2025, de 14 de mayo del año 2025.

Destaca que al momento del inicio de la relación laboral entre las partes, se les entregó la Residencia, ubicada en la comuna de Coquimbo, que en aquel entonces se llamada “Residencia nombre reservado”, en pésimas condiciones, lo que sindica como irresponsabilidad por parte de la recurrida, pues no se entregó inventario alguno, estados financieros, informes técnicos, no había reglamentos, plan de seguridad, evaluación de desempeño u otros, sino que fue la Fundación la que diseñó instrumentos de Gestión de la Residencia, tales como: Recursos Humanos, plan de seguridad, código de ética, diseño los protocolos, reglamento de emergencia, instaló la metodología de escribir bitácoras, y obtuvieron de la dirección del Trabajo poder para trabajar con turnos excepcionales, manteniendo un compromiso con los usuarios y trabajadores. Añade que el 2021, 2022 y 2025 ganaron fondos regionales, logrando acceder a Convenios con casas de Estudio Superiores y Técnicos.

Comenta que, en el 2024 se dispuso por el juzgado laboral el embargo de los bienes de la Fundación, entre ellos la cuenta corriente del Banco Estado de Chile, en la cual se debían depositar en el mes de octubre la tercera remesa del año 2025, por parte del Servicio recurrido, dinero con el que contaba la Fundación tanto para las gestiones que implica la mantención de la Residencia y sus usuarios, como para el pago de remuneraciones y cotizaciones. Añade que, la causa en sede laboral aún se encuentra en tramitación, y que podría ser dejado sin efecto aquel embargo, en contra del cual tanto la Fundación como el SERVICIO se han opuesto, presentando esta última inclusive una tercería.

Alega que, desde octubre de 2025 el Servicio recurrido se ha negado a realizar el pago de la tercera remesa del Convenio pactado el 7 de abril de 2025, lo que ha generado hasta la fecha un sin fin de problemas laborales, reputaciones, etc. Indica que, ha tratado por todos los medios de obtener el pago de aquella remesa, así se realizó una reunión el 16 de diciembre de 2025 con la finalidad de conversar con los trabajadores sobre la situación de la Residencia, asistió en representación de SENADIS, don nombre reservado, y que, dentro de los acuerdos se encontraba el que SENADIS presentaría una tercería de dominio, lo cual hizo, y se comprometió a revisar las alternativas de pago planteadas por la Fundación, entre las cuales se encontrada realizar el pago a una nueva cuenta corriente e inclusive pagar directamente a los trabajadores, lo cual no cumplió. Luego el 18 de diciembre de 2025, se llevó a cabo una segunda reunión, a la que compareció el Director de SENADIS, e indicó que debían hacer abandono de la Residencia Ayelén el 31 de diciembre de 2025, y que entraría otra organización a cumplir el rol de Entidad Ejecutora, lo cual derivaba de un supuesto “incumplimiento de contrato”, o del convenio dispuesto por Resolución N°763, de 26 de febrero de 2025, al no poder hacer pago a los trabajadores dependientes de sus remuneraciones de octubre, y se les indicó que previa entrega de la Residencia a la nueva organización liberarían las remesas, para pagar los meses de octubre, noviembre y diciembre de los trabadores, permitieron también que la residencia siguiera funcionando con normalidad.

Alega que no obstante lo anterior, luego el SENADIS Regional por medio de su Director informó que no se liberaría ninguna remesa, que en concreto no habrá ningún fondo más, y así sin más, sin mediar documento formal la Fundación debía dejar la residencia, entregándola a la nueva organización que se haría cargo.

Indica que, se han propuesto varias soluciones al Servicio para que entregue la remesa, pues deben cubrir las remuneraciones de los trabajadores, ofreciendo otras cuentas a las cuales se pudieran depositar estas, y que, inclusive se les planteó la posibilidad de que se emita algún instrumento bancario, o que, la recurrida directamente pague a los trabajadores, a fin de no acumular periodos adeudados, mucho menos, cotizaciones previsionales y en general todas las prestaciones de los trabajadores, cuestión que tampoco ha sido aceptada por el Director Regional.

Indica que, en la reunión sostenida el 30 de diciembre de 2025, nuevamente se conversó sobre las problemáticas, pero no hubo solución, y se señaló que la causal de término era por problemas con la rendición de cuentas de octubre, lo que llama su atención puesto que, está vigente el embargo en donde no solo es parte Fundación sino que también SENADIS, indicando que esto da cuenta de la informalidad en cómo se ha llevado el proceso, pues la causal invocada no estaría clara; y frente a lo anterior, se pidió una respuesta formal por correo electrónico.

Señala que, se dictó la Resolución Exenta N°3658-2025, la que pone término al convenio de transferencia de recursos del programa modelos residenciales para adultos con discapacidad, suscrito con la fundación para la infancia de coquimbo-residencia Ayelén. Refiere que, es ilegal y arbitraria la resolución pues esta se hizo efectiva el 31 de diciembre, sin siquiera ser notificada legalmente, menos haber sido realizado un análisis pormenorizado de los antecedentes, en atención a que desde el día 18 de diciembre a criterio de SENADIS, la causa que justificaba el término de la relación con la Fundación correspondía al no pago a los trabajadores, incumpliendo de esa forma el Convenio pactado, sin embargo, la Fundación debió abandonar forzadamente la Residencia, y no en forma voluntaria como expresa el acto recurrido, impidiendo la posibilidad a su representada de oponerse como corresponde, y de acuerdo a como lo indica la ley, siendo notificada por carta certificada que entregaron los funcionarios de la Residencia a la representante legal de la Fundación el 17 de enero de 2026.

Agrega que, la resolución impugnada, en sus cláusulas décima y décima primera, indican: "dicho embargo se originó en una deuda laboral de la entidad ejecutora ajena al convenio vigente, lo que ha derivado en un mal uso de los recursos públicos al ser desviados para cubrir obligaciones legales particulares de la Fundación, vulnerando la obligación de destinar los fondos exclusivamente al objeto del programa. Que, esta situación financiera provocó el no pago de remuneraciones al equipo de la residencia Ayelén durante los meses de octubre y noviembre de 2025, lo que resultó en múltiples multas aplicadas por la Inspección del Trabajo.". Aclara que, la Fundación jamás ha desviado recursos públicos para cubrir obligaciones legales particulares, y que, sin perjuicio de que no se pagaron las remuneraciones y cotizaciones a los trabajadores por el embargo de la cuenta corriente, donde se depositaban las remesas, aquello era conocido por la recurrida, haciéndose parte en la causa laboral, en tramitación, la que se originó sin culpa o dolo de la Fundación, pues indica que el culpable es otra entidad, es por ello que se buscaron alternativas a fin de pagar a los trabajadores, pero la recurrida se lavó las manos, y no prestó ayuda a los trabajadores que dependen de los pagos que dicha entidad realiza.

Agrega que, el actuar de SENADIS, no sólo es ilegal, sino que constituye una vía de hecho administrativa, toda vez que se ha prescindido de manera absoluta del procedimiento legalmente establecido, imponiendo un término de convenio de forma sorpresiva e incluso a su notificación, impidiendo cualquier ejercicio del derecho a ser oído, faltando al debido proceso, y la notificación del término se realizó mediante carta certificada enviada el 31 de diciembre de 2025, pero recién puesta en conocimiento de la representante legal de la recurrente el 17 de enero pasado, impidiéndole ejercer una defensa oportuna o buscar alternativas de continuidad, configurándose una vía de hecho que busca la indefensión total del administrado.

Menciona los efectos del acto administrativo recurrido, primero en los trabajadores de la Fundación, a quienes antes del término de la relación entre las partes no se les pagó sus remuneraciones, lo que dio paso a la judicialización de la situación, y la imposición de multas en contra de la Fundación recurrente por el no pago de remuneraciones y cotizaciones, y es por ello que ha insistido a la recurrida regularizar la situación de los trabajadores, con el pago de las remesas, o se les pague directamente a los trabajadores, lo cual no aceptó, y en cambio dio termino informalmente y de forma repentina al Convenio. Añade que, también se han producido efectos en la honra de la persona jurídica, pues se vulneró el prestigio, crédito o reputación comercial y social de la Fundación. Indica que los usuarios a pesar del no pago de las remesas desde octubre de 2025, no se vieron afectados, haciéndose cargo la Fundación de los gastos económico de la residencia.

Señala como han sido conculcadas las garantías constitucionales de la Fundación, señalando en primer término como infringida la igualdad ante la ley, pues la fundación ha sido víctima de actos arbitrarios, ya que los órganos del Estado terminaron un convenio sin seguir el debido proceso, aplicando la sanción antes de la resolución formal y sin conceder plazo para descargos, lo cual contrasta con un caso anterior (2023), donde sí se otorgó un plazo y se designó una administración provisoria para permitir su defensa adecuada. Dicho trato diferenciado y carente de procedimiento legal constituye una discriminación arbitraria e ilegal. Luego refiere vulnerado el debido proceso, pues este asegura la igual protección de la ley y un procedimiento racional y justo, garantías vulneradas por SENADIS al no llevar a cabo el proceso legal establecido, y esta omisión, que incluyó la falta de resolución y notificación oportuna, ha generado una deuda millonaria injusta para la Fundación y, más grave aún, ha afectado los derechos laborales de trabajadores inocentes. Indica que, la decisión de no pagar la tercera remesa del Convenio demuestra un actuar ilegal y desligado de la responsabilidad esencial para el programa, causando daños que pudieron evitarse. Prosigue señalando como infringido, el derecho al respeto y protección a la vida privada, y a la honra de la persona y su familia, protección que se extendería a las personas jurídicas en su dimensión de "honra objetiva", es decir, el prestigio y reputación comercial o social, señalando que, en este caso, la actuación ilegal y arbitraria ha dañado gravemente la honra objetiva de la Fundación, afectando su imagen de solvencia y confianza. Este desmedro social no solo perjudica su posición actual, sino que le ocasionará la pérdida de contratos futuros, consolidando un daño irreparable a su reputación y al bien jurídico que la Constitución protege.

Continúa señalando como infringida la libertad de trabajo y su protección, del artículo 19 N°16 de la Constitución, refiriendo que es plenamente aplicable a la persona jurídica, pues se ha impedido a la fundación actuar libre y legalmente en el ámbito de sus relaciones laborales. Y, por último, el derecho de propiedad de la Fundación, señala estar infringido pues la omisión sostenida de SENADIS, materializada en el acto administrativo impugnado, ha impedido a la fundación continuar con sus labores y ejercer normalmente sus relaciones laborales, pese a las mejoras realizadas desde que asumió la residencia. Esta situación ha generado un desmedro económico ilegítimo y permanente en su patrimonio, traducido en reclamos, multas y eventuales demandas laborales, lesionando actualmente su derecho de propiedad.

Concluye solicitando sea acogido su recurso, y se declare que la Resolución Exenta N°3658-2025, de 31 de diciembre de 2025, es un acto ilegal y arbitrario, y se ordene a la recurrida adopte de manera inmediata las medidas administrativas y financieras necesarias para liberar y pagar la tercera remesa, ya sea a una cuenta corriente no sujeta a embargo, o que realice el pago directo a los trabajadores, a fin de dar cumplimiento a las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores afectados, con costas.

Acompaña a su recurso: 1.- Copia de Convenios de Transferencia de Recursos, de los años 2022 al 2027, que acredita la relación jurídica entre las partes; 2.- Copia de correo electrónico de 31 de diciembre, remitido por doña nombre reservado, Jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Nacional de SENADIS, mediante el cual se comunica la forma abrupta del término del convenio, sin procedimiento administrativo previo; 3.- Notificación mediante carta certificada entregada por funcionarios de la Residencia, a la representante legal de la fundación, el 17 de enero de 2026; 4.- Copia de la Resolución Exenta N°3658-2025, que materializa en los hechos el término del Convenios de Transferencia de Recursos; 5.- RECLAMOS Y MULTAS, producidas a raíz del incumplimiento laboral que ha generado el no pago de la Tercera Remesa; 6.- Acta de comparendo de conciliación en donde es el propio trabajador quien indica que el término de la relación laboral fue de manera verbal, impuesto por la directiva de SENADIS; 7.- Correos electrónicos, en donde trabajadores y la representante legal de Fundación, solicitan reuniones e información a SENADIS; 8.- Acta reunión de 30 de diciembre de 2025, entre las partes y la nueva organización que se haría cargo de la Residencia; y 9.- Correos electrónicos enviado a la Dirección Nacional y Regional de SENADIS, a fin de buscar respuesta a nuestras problemáticas.

SEGUNDO: Que, a folio 8, comparece la abogada doña María del Carmen Brilladero Brilladero, en representación del Servicio Nacional de la Discapacidad – SENADIS, evacuando el informe solicitado.

Como cuestión previa plantea la improcedencia del recurso por no poseer un derecho indubitado la Fundación recurrente, ya que su acción pretender cuestionar el término anticipado de un convenio administrativo, y obtener el pago de una remesa de fondos públicos cuya transferencia se encontraba condicionada al cumplimiento íntegro de obligaciones contractuales, lo que excede manifiestamente el ámbito de aplicación de la acción de protección, pues son materias propias de procedimientos de lato conocimiento.

Expone que, el SENADIS el 7 de abril de 2025, suscribió con la parte recurrente un Convenio de Transferencia de Recursos, el cual fue aprobado mediante Resolución Exenta N°1.797, de 14 de mayo de 2025, y que dicho convenio tuvo su origen en el llamado a convocatoria pública del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, correspondiente al período 2025-2027, cuyas Bases Administrativas y Técnicas, así como el respectivo Formato de Convenio, fueron aprobados por Resolución Exenta N°5.055, de 23 de diciembre de 2024. Indica que, el convenio suscrito contemplaba cláusulas expresas que facultan al Servicio para poner término anticipado al instrumento en caso de incumplimiento grave de las obligaciones asumidas por la entidad ejecutora, particularmente aquellas que inciden directamente en la correcta ejecución del programa y en la continuidad del servicio comprometido, siendo un incumplimiento al convenio el no pago de remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal destinado a la ejecución del programa, lo cual habilitó legítimamente al Servicio para ejercer la facultad de término anticipado contemplada en el instrumento contractual.

Señala que, a consecuencia de los incumplimientos incurridos por la Fundación, se ha decretado un embargo judicial derivado de obligaciones de carácter laboral que la recurrida mantiene con ex trabajadores, circunstancia que resulta completamente ajena al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito, tanto en su origen como en su finalidad y ejecución.

Afirma que, la decisión adoptada por SENADIS fue debidamente fundada y se ajustó a criterios de razonabilidad y proporcionalidad, en atención a los antecedentes objetivos que daban cuenta de un incumplimiento que comprometía la ejecución regular del programa, y en su calidad de órgano de la Administración del Estado, no sólo se encuentra facultada, sino jurídicamente obligada a adoptar todas aquellas medidas necesarias para resguardar el correcto destino de los recursos públicos y asegurar su utilización conforme a los fines legalmente previstos. Por tanto, indica que, al haber la recurrente puesto en riesgo la continuidad del servicio — mediante la suspensión y/o interrupción en la prestación regular y permanente de los servicios en la Residencia— se generó un riesgo cierto, actual y objetivamente verificable para la integridad física y psíquica de los usuarios, personas con discapacidad, atendida su especial condición de vulnerabilidad y la dependencia directa y constante que mantienen respecto del cuidado, supervisión y asistencia integral que dicho establecimiento les proporciona. Señala que, en tales circunstancias, la actuación de SENADIS no sólo resultó legítima, sino necesaria para salvaguardar el interés público comprometido y la protección efectiva de los derechos de los usuarios del programa.

Refiere que, la medida de embargo decretada tuvo su origen en una obligación de naturaleza laboral contraída exclusivamente por la recurrente, derivada del incumplimiento en el pago íntegro y oportuno de las remuneraciones adeudadas a su personal contratado, obligación que le es propia e indelegable en su calidad de empleadora, conforme a la normativa laboral vigente, y a los principios que rigen la responsabilidad del empleador en materia de relaciones laborales, asimismo, indica que resulta aplicable lo dispuesto en la cláusula novena, denominada “Responsabilidad Exclusiva de la Entidad Ejecutora”, del Convenio de Transferencia suscrito el 7 de abril de 2025 y aprobado por Resolución Exenta N°1797, de 2025, la cual establece expresamente que: “La contratación de personas que celebre y/o mantenga la ENTIDAD EJECUTORA, serán por su cuenta y riesgo y no generará vínculo alguno ni civil, ni laboral, ni de ninguna otra índole, entre SENADIS y quienes presten sus servicios en virtud de dichos contratos para la ejecución del presente Convenio. Por consiguiente y a estos efectos, la ENTIDAD EJECUTORA, libera a SENADIS de cualquier responsabilidad en la contratación, debiendo, en todo caso, sujetarse a los perfiles requeridos por el Servicio.”.

Hace presente, que la situación judicial de carácter laboral que la recurrente mantenía con sus trabajadores jamás fue comunicada en forma oportuna por ningún medio a SENADIS, no obstante haberse interpuesto demanda ordinaria laboral el 19 de febrero de 2024, ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, causa RIT O-115-2024, procedimiento en el cual se dictó sentencia definitiva el 7 de noviembre de 2024, la que adquirió el carácter de firme y ejecutoriada, y solo tomaron conocimiento de los referidos antecedentes una vez que la Fundación informó que el embargo ya se encontraba materializado respecto de la cuenta corriente de propiedad de la recurrente. Añade que, la causa laboral ingresó a la etapa de cumplimiento, bajo el RIT C-176-2025, también sustanciado ante el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, instancia en la cual se dispuso expresamente: “Procédase al embargo de dineros depositados en cualquier cuenta, de cualquier naturaleza, que la ejecutada mantenga en el Banco del Estado de Chile hasta por el monto de $114.851.563.”.

Expresa que, la recurrente al no comunicar la situación oportunamente a SENADIS, infringió su deber de comunicación, colaboración y transparencia en el marco de la ejecución del convenio respectivo, así como las obligaciones de correcta administración y destino específico de los recursos públicos transferidos, por lo que el 9 de enero de 2026 SENADIS interpuso la correspondiente denuncia penal en contra de la Fundación para la Infancia de Coquimbo, encontrándose actualmente en tramitación bajo RUC N°2600075918-9 ante el Ministerio Público, por probable delito de administración desleal, lo cual se sustenta en que la deuda laboral que dio origen al procedimiento ejecutivo —ajena al convenio suscrito con SENADIS— habría implicado la utilización de recursos públicos transferidos en el marco del programa para solventar obligaciones legales propias y particulares de la Fundación, desviándolos de su finalidad específica y contraviniendo la obligación contractual y legal de destinarlos exclusivamente al objeto del proyecto financiado. Indica que el escenario descrito derivó, además, en la aplicación de multas y en la configuración de autodespidos por parte de trabajadores, generándose contingencias laborales que incidieron directa y negativamente en la continuidad, estabilidad y correcta ejecución del servicio comprometido, afectando un programa dirigido a personas adultas con discapacidad en situación de especial vulnerabilidad, cuyo resguardo constituye un interés público prevalente.

Explica que, la pretensión de la recurrente de ordenar el pago de la tercera remesa mediante un mecanismo distinto al debe ser íntegramente rechazada, pues el convenio estableció expresamente la forma de transferencia como obligación contractual esencial para el control y trazabilidad del gasto público, por lo que, modificar unilateralmente este mecanismo por la vía del recurso de protección implicaría alterar el contenido de un contrato válidamente celebrado, desconociendo la fuerza obligatoria del convenio, el principio de probidad administrativa y la sujeción estricta de los órganos administrativos al principio de juridicidad, ya que SENADIS no está facultado para actuar fuera de las atribuciones legales que rigen la transferencia de recursos públicos.

Por lo anterior arguye que, esta no es la vía idónea para modificar cláusulas contractuales, ordenar cumplimiento de obligaciones de dar sujetas a condiciones, ni resolver controversias patrimoniales complejas que requieren debate de lato conocimiento. Además, indica que, SENADIS está jurídicamente obligado a resguardar el erario fiscal y velar por la correcta administración de los recursos públicos (artículo 3 de la Ley N°18.575), debiendo actuar con eficiencia, eficacia y responsabilidad. Por tanto, acceder a la solicitud importaría desnaturalizar el régimen de transferencia, alterar la trazabilidad del gasto y comprometer la responsabilidad administrativa, exponiendo fondos fiscales a contingencias no previstas, mientras que la negativa a transferir en condiciones distintas constituye el cumplimiento estricto del deber legal de resguardar la legalidad del gasto público.

Indica que el acto recurrido, consistente en poner término anticipado al Convenio de Transferencia de Recursos suscrito con la recurrida, fundada en incumplimientos graves de las obligaciones contractuales asumidas por ésta, no obedeció a un actuar arbitrario ni carente de fundamento por parte de SENADIS, sino que se sustentó en antecedentes objetivos y verificables que daban cuenta de tales infracciones.

Concluye pidiendo el rechazo del recurso con costas.

Acompaña a su informe: 1.- Resolución Exenta N°5.055, de 23 de diciembre de 2024, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que aprueba Bases Administrativas, Técnicas, Formato de Convenio y llama a Convocatoria Pública del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad; 2.- Resolución Exenta N°539, de 5 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que declara proyectos admisibles de la Convocatoria Pública del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad; 3.- Resolución Exenta N°763, de 26 de febrero de 2025, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que declara propuestas adjudicadas de la Convocatoria Pública del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad; 4.- Resolución Exenta N°1.797, de 14 de mayo de 2025, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que aprueba Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, año 2025, suscrito el 7 de abril de 2025; 5.- Convenio de Transferencia de Recursos "Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad”, entre el Servicio Nacional de la Discapacidad y Fundación para la Infancia de Coquimbo Residencia Ayelén, de 7 de abril de 2025; 6.- Certificado de Pagos, emitido por BancoEstado, de 30 de mayo de 2025, SENADIS transfirió a la Fundación para la Infancia de Coquimbo, la suma de $112.992.000.- directamente a su cuenta corriente; 7.- Liquidación de Pago, identificador de pago N°8708494 emitido por BancoEstado, que certifica que el 13 de agosto de 2025, SEANDIS transfirió a la Fundación para la Infancia de Coquimbo, la suma de $84.744.000.- directamente a su cuenta corriente; 8.- Documento obtenido del Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas - SISREC, de la Contraloría General de la República, correspondiente a la ficha del proyecto a nombre de la Fundación para la Infancia de Coquimbo, en el cual constan las rendiciones de cuentas efectuadas respecto de los fondos transferidos en virtud del convenio materia de autos; 9.- Informe Técnico - Situación Actual de la Residencia Ayelén - Fundación para la Infancia de Coquimbo - noviembre 2025​; 10.- Resolución Exenta N°3.658, de 31 de diciembre de 2025, del Servicio Nacional de la Discapacidad, que pone término a Convenio de Transferencia de Recursos "Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad”, suscrito con Fundación para la Infancia de Coquimbo - Residencia Ayelén, aprobado por Resolución Exenta N°1.797, de 2025; 11.- Correo electrónico de 13 de enero de 2026, emitido por el Supervisor Financiero de la Sección Finanzas del Departamento de Administración y Finanzas del Servicio Nacional de la Discapacidad, en el cual constan las observaciones formuladas a las rendiciones de cuentas correspondientes al Folio 1797-2025, Residencia Ayelén de la Fundación para la Infancia de Coquimbo, las que deben ser subsanadas en la plataforma SISREC; 12.- Correo electrónico de 17 de diciembre de 2025, emitido por la Jefa del Departamento de Apoyos y Cuidados del Servicio Nacional de la Discapacidad al Director Nacional del mismo Servicio, mediante el cual informa y acompaña minuta de reunión sostenida respecto de la Fundación para la Infancia de Coquimbo - Residencia Ayelén; 13.- Informe Ejecutivo relativo a la Resolución Exenta N°158/2021 de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales de la Región de Coquimbo, de diciembre de 2025; 14.- Sentencia definitiva dictada el 7 de noviembre de 2024 por el Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena, en causa RIT O-115-2024, caratulada "nombre reservado con Fundación Chilena para la Discapacidad y otros”, conjuntamente con su certificado de ejecutoria de fecha 28 de julio de 2025; 15.- Acta de Embargo de 14 de octubre de 2025, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de La Serena.; 16.- Escrito de demanda de tercería de dominio interpuesta por el Servicio Nacional de la Discapacidad; y 17.- Denuncia penal interpuesta por el Servicio Nacional de la Discapacidad el 9 de enero de 2026.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, jurídicamente constituye una acción de naturaleza cautelar, que tiene por objeto amparar a personas naturales o jurídicas en el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que se enumeran en la misma disposición, y que por actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufran privación, perturbación o amenaza de tales garantías, pretendiendo que mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar frente a un acto de tal naturaleza, se restablezca el imperio del derecho.

CUARTO: Que, de lo antes expresado, aparece como requisito indispensable para el ejercicio de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a la ley, o arbitrario, producto de mero capricho de quien incurre en él, que afecte una o más de las garantías protegidas. Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

QUINTO: Que, por la presente acción constitucional, se recurre en contra del Servicio Nacional de Discapacidad, por dictar la Resolución Exenta N°3658-2025, de 31 de diciembre del 2025, la que pone término al Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Modelos Residenciales para Adultos con Discapacidad, suscrito con la Fundación recurrente, señalando que aquello es arbitrio e ilegal pues no se inició el procedimiento respetivo, y fue notificada de esta decisión el 17 de enero de 2026, lo cual le impidió ejercer su defensa. Añade y alega, asimismo, por el motivo del término anticipado, los compromisos adquiridos en reuniones con el SENADIS, los que no fueron cumplidos, todo lo cual además de vulnerar a los trabajadores infringe las garantías constitucionales aludidas en el recurso.

A su turno la recurrida, señala que se encontraba facultada para declarar el término anticipado del convenio por la falta a las obligaciones laborales de la recurrente, las que ponían en riesgo la ejecución del programa convenido, el cual tiene por objeto el cuidado de personas discapacitadas.

SEXTO: Que, de los antecedentes tenidos a la vista, y las alegaciones efectuadas, no se ha podido acreditar que la SENADIS tiene algún tipo de responsabilidad en el pago de las remuneraciones o cotizaciones de los trabajadores de la Fundación recurrente.

A lo anterior se suma, que la relación que liga a las partes, se encuentra establecida en el Convenio de Transparencia de recursos “Programa modelos residenciales para adultos con discapacidad” suscrito por las partes el 7 de abril de 2025, el cual establece en su clausula décima cuarta como causal de incumplimiento grave la destinación de los dineros transferidos a un fin que no corresponda a las obligaciones identificadas en el convenio; asimismo, se constata que las mismas partes en la cláusula vigésima tercera otorgan competencia a los tribunales de justicia ordinarios para todos los efectos derivados del convenio.

De lo anterior, se colige que la cuestión es controvertida y que, la petición de la Fundación recurrente que motiva la interposición de la acción de protección no puede ser determinada por medio de la presente acción de carácter cautelar, existiendo otras vías para resolver la problemática, por lo que fluye que la actora de autos no posee un derecho indubitado que pueda ser objeto de protección en esta sede, no siendo la vía idónea para establecer la veracidad de las alegaciones.

Por estas consideraciones, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto en favor de FUNDACIÓN PARA LA INFANCIA DE COQUIMBO, en contra del SERVICIO NACIONAL DE LA DISCAPACIDAD (SENADIS).

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol N°216-2026 (Protección).